Sebastián Lerdo de Tejada: Funcionario público, cabildero profesional… y hasta proveedor del gobierno

Por: Sandra Rodríguez Nieto - abril 22 de 2013 - 0:05Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 2 comentarios

 

 

Sebastián Lerdo de Tejada. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– A principios de 2010, al entonces Diputado priísta Sebastián Lerdo de Tejada se le veía en la Cámara trabajando sobre todo en temas de recaudación de impuestos, gasto público y rendición de cuentas. De las reuniones de la comisión especial de Presupuesto de Gastos Fiscales, que presidía, pasaba a las de Hacienda o a las del órgano de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en el que era secretario.

Por esos mismos días, en una oficina de Paseo de las Palmas se mantenía abierta una firma de cabildeo que Lerdo de Tejada había fundado en 2000 y que, entre otros servicios, ofrecía a sus clientes estrategias de negociación política para temas relacionados, precisamente, con el gasto público y con el pago de impuestos.

La empresa, aún en funciones, se llama “LTG Lobbying Mexico” y, además de competir en el oficio de la negociación política –o “cabildeo”– con las ventajas del servidor público, en esos primeros meses de 2010 era también contratista del gobierno de la República.

El servicio que la empresa vendía entonces, mientras Lerdo de Tejada era Diputado federal, consistía en monitorear las actividades legislativas para consumo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). O, como indican los contratos C042/09 y C026/10 del gobierno federal, para hacer  “seguimiento, análisis y escenarios de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión que inciden en la esfera de la ley Federal de Transparencia”.

El primer convenio estuvo vigente del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2009; es decir, durante casi nueve meses, entre ellos los primeros cuatro en los que Lerdo de Tejada –que tomó protesta el 29 de agosto– fungió como Diputado. El segundo convenio se firmó el 15 de enero de 2010 y terminó el 28 de febrero siguiente.

El monto del pago del gobierno federal a Lobbying fue relativamente bajo: de 400 mil pesos por los 10 meses de monitoreo. Pero ser legislador y cabildero de clientes privados, dice el académico y ex Diputado federal Jaime Cárdenas Gracia, implica un manifiesto conflicto de interés.

Ser además proveedor en el gobierno, agrega el también autor de una iniciativa para regular el cabildeo, podría ser una violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que exige a los funcionarios abstenerse de intervenir en temas que pudieran derivar en beneficios para ellos, sus familias, socios “o sociedades de las que formen o hayan formado parte”.

La gravedad de la irregularidad, dice Cárdenas Gracia –que como Diputado por el PT coincidió con Lerdo de Tejada en la LXI Legislatura– es que “estás teniendo un actividad profesional que entra en conflicto de interés evidente, y por el tema de estos contratos, debió haberse excusado”.

Lerdo de Tejada fue también quien, como representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral, defendió al partido tricolor en el proceso que confirmó que diversas entidades políticas contrataron a Banca Mónex para distribuir tarjetas durante la elección presidencial de 2012.

De ahí fue llamado al equipo de transición del Presidente Enrique Peña Nieto para coordinar el Plan Nacional de Desarrollo y, el 4 de diciembre pasado, fue nombrado director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ese mismo 4 de diciembre, en las oficinas de Lobbying se realizó una asamblea general extraordinaria para cambiar al administrador de la compañía, cargo que dejó entonces el segundo socio fundador de la empresa, el también ex Diputado priísta Ricardo Luis Antonio Godina Herrera. Dos meses después, Lerdo de Tejada lo llamó a su lado: lo nombró secretario general del ISSSTE.

El nombre de Lobbying resurgió en los medios de comunicación a mediados de marzo pasado, luego de que el periódico Reforma publicara que una empresa también dedicada al monitoreo y análisis de actividades legislativas pretendía vender al Congreso de la Unión una aplicación para smartphones en 115 millones de pesos.

Esta segunda compañía, a la que finalmente se le retiró el contrato, fue identificada como Pulso Legislativo o “Sistema de Seguimiento Legislativo Mexicano, S.A. de C.V”, fundada, de acuerdo con el acta constitutiva disponible en el Registro Público de la Propiedad, por Luis Godina Herrera.

Otro de los socios, de acuerdo con el mismo documento –disponible en el folio mercantil 481195 del Registro– es Ángel Lerdo de Tejada Salgado, quien explicó ser familiar en grado lejano del hoy funcionario federal y quien, en entrevista, precisó el alcance del servicio que daban al Congreso.

“Somos una agencia de inteligencia legislativa. Nos dedicamos a saber, analizar y explicar lo que ocurre en el Congreso, el fondo de cada iniciativa, sus implicaciones políticas, etcétera. Entonces, el servicio (que se le daba al Congreso) era mucho más profundo que sólo una aplicación; ésta era sólo un medio para entregar la información”, dijo Lerdo de Tejada Salgado.

El empresario también explicó que, si bien la salida de Luis Godina Herrera de Sistema de Seguimiento Legislativo Mexicano no consta en el Registro Público, la venta del total de sus acciones quedó internamente formalizada el pasado 7 de enero de 2013, un mes antes de que entrara al ISSSTE.

En el contexto de la publicación de Reforma, Lerdo de Tejada Covarrubias envió una carta al medio para precisar que, efectivamente, había fundado Lobbying en 2000, pero que se había separado de la misma al asumir como legislador en 2009. Desde entonces, agregó el funcionario, no había tenido actividad empresarial alguna.

Los datos del folio mercantil 264746 del Registro Público de la Propiedad, en contraste, contienen los cambios que hubo en Lobbying hasta el pasado 4 de diciembre, día de su última asamblea general extraordinaria, y no presentan registro de que Lerdo de Tejada Covarrubias haya renunciado a su cargo de “apoderado”.

En Lobbying, el personal que atendió una llamada de SinEmbargo informó que Lerdo de Tejada y Godina aún acudían a la oficina, pero “ya no con tanta frecuencia”, por lo que podían ser localizados en el ISSSTE.

En esta dependencia, una solicitud de entrevista con el funcionario no había sido respondida al cierre de este reportaje.

Soldado del PRI. Foto: Cuartoscuro

“MUY ALTA” INFLUENCIA

Lobbying México se localiza en el noveno piso del edificio 555 del Paseo de las Palmas. Tres letras color dorado montadas en la pared detrás del mostrador son parte de la escasa decoración del pequeño vestíbulo. Dicen LTG, las siglas de sus socios fundadores.

El lugar es uno de los pocos sitios donde aún se puede encontrar el libro “El lobbying en México”, publicado por Lerdo de Tejada y Godina en 2004 y ya casi inexistente en librerías.

El texto –que narra el surgimiento de “esta novedosa estrategia de negociación” en el mundo y en México– incluye un tabulador que calcula el poder político de cada cargo público y, mientras a secretarios y subsecretarios asigna un nivel de gestión cada vez más “bajo”,  de los coordinadores parlamentarios e integrantes de las mesas directivas de las comisiones legislativas concluye que la tendencia es tener una influencia “muy alta”.

“La complejidad que ha ido tomando la composición de fuerzas políticas en el país hace del lobbying una actividad natural”, dice el libro.

En su página en internet, Lobbying México informa que entre sus proyectos “destacan los relacionados con elaboración y promoción legislativa, temas hacendarios, aduanas, aranceles, gasto público e impuestos”.

Y son el cabildeo de este tipo de temas económicos, dice el ex Diputado Cárdenas Gracia, por los que más recuerda a Lerdo de Tejada en la LXI Legislatura.

Un ejemplo, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, es el punto de acuerdo que el priísta presentó el 16 de febrero de 2010, cuando ante las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda propuso crear un “presupuesto de gastos fiscales” que sería en realidad un fondo perdido por el gobierno federal por diversas exenciones de impuestos.

“Sería el monto anual que dejaría de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones…”, dice la propuesta.

La página electrónica de la firma no incluye la lista de sus clientes, pero es contundente al destacar el poder de sus negociaciones: “La práctica de Lobbying es necesaria porque una reforma legal que posibilite la ampliación del negocio es factible; un proyecto de inversión regional es viable si se elabora para su presentación ante las autoridades indicadas” y “hace real la concreción de los más diversos proyectos”.

Otros servicios de Lobbying están disponibles en el portal de transparencia del gobierno de Nuevo León, en el cual se observa que, entre 2007 y 2009, la firma ganó 5.6 millones de pesos por servicios prestados a dicha administración estatal.

Estos recursos, provenientes del gobierno del también priísta José Natividad González Parás, fueron entregados a la firma en 25 depósitos, dos de ellos a finales de 2009.

MARCA NACIONAL

El año en el que Lerdo de Tejada y Godina fundaron Lobbying es el año en el que el PRI pierde la Presidencia de la República, hace notar José de Jesús Gómez Valle, maestro en estudios políticos por la UNAM y autor de una tesis que narra el surgimiento de las oficinas de cabildeo en México.

“Era un momento en el que había habido un cambio en la administración pública federal: llegó un partido nuevo y, con eso, hubo un desplazamiento de la clase política de entonces”, dice el investigador en entrevista.

“Y lo que hicieron Lerdo de Tejada y Godina en esa época fue aprovechar la experiencia y los contactos que tenían gracias a su carrera política, y lo pusieron al servicio del sector privado o de otros gobiernos”, agrega.

No fueron los únicos. En su tesis “El cabildeo de los grupos de presión a la Cámara de Diputados en México”, Gómez Valle menciona otros ejemplo de funcionarios y ex funcionarios que se convirtieron en cabilderos, como el ex embajador Jorge Montaño, que fundó la firma Asesoría y Análisis, o el también ex embajador Jesús Reyes Heroles, que en 1998 participó en la creación del Grupo de Asesoría Estratégica, entre otros.

El riesgo de que la función pública sirva para el tráfico de influencias, dice Gómez Valle, está siempre latente, por lo que el mejor antídoto es regular y transparentar la práctica del cabildeo, publicar los nombres de los socios de las firmas y las de sus clientes.

“Digo, es legítimo que aprovechen su experiencia política y sus contactos, pero también es legítimo para los ciudadanos saber qué intereses están defendiendo o tratando de tutelar”, dice el académico.

Por separado, Cárdenas Gracia explica que, pese a la presentación de iniciativas para regular el cabildeo, en el Congreso ha avanzado sólo un reglamento que obliga a publicar la lista de empresas de lobbying que trabajan en el recinto legislativo.

Y en ese vacío, agregan ambos entrevistados, la práctica de combinar el trabajo político con la gestión de intereses privados es cada vez más común en el Congreso mexicano.

“Más de la tercera parte de la representación en el Congreso de la Unión pertenece a los clanes del dinero en México, mismos que además controlan las comisiones legislativas cuya materia de reglamentación es afín a la esfera de inversión económica en la que participan”, indica la iniciativa de Cárdenas Gracia, presentada en octubre de 2010.

En ese entonces, agregó la exposición del legislador, era también común leer en los medios que bancadas enteras, como la del Partido Verde Ecologista, representaban los intereses de las televisoras, o que había legisladores-abogados que litigaban contra los intereses del gobierno u otros –aunque no menciona nombres- “que a través de sus empresas de consultoría brindan servicios al Congreso”.

Los ejemplos anteriores, explica el ex legislador y hoy integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, son prueba evidente de que el Poder Legislativo mexicano y sus miembros están sometidos a continuos escenarios en donde puede haber conflictos de interés y, en ocasiones, franca corrupción.