Astillero
Profesores y petróleo
CNTE: batalla decisiva
Activismo del PRD
Cambios constitucionales, ¿señuelo?
Julio Hernández López
Unos 300 integrantes de la CNTE, la mayoría de Michoacán, junto con miembros del SME, marcharon por Paseo de la Reforma desde el Auditorio Nacional hacia el Senado de la República. A su llegada se sumaron más contingentes provenientes de otros puntos, y bloquearon el cruce de Insurgentes y Reforma, provocando un intenso caos vial. Varias personas descendieron del metrobús, microbús o taxi y continuaron su ruta a pie. Por la noche, los maestros marcharon hacia el Zócalo capitalino bajo una intensa lluviaFoto Prometeo Lucero
E
l curso accidentado de la presunta reforma educativa podría aportar algo de enseñanza a quienes creen desde el poder que la simple tramitación de iniciativas legales puede resolver problemas colectivos de fondo sin tomar en cuenta de verdad a los principales involucrados.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, las modificaciones relacionadas con lo magisterial han avanzado sin contratiempos, a tal grado que, aprobado lo sustancial en meses anteriores, ahora se pretende culminar la tarea en los próximos períodos extraordinarios de sesiones de las cámaras, con la autorización de las correspondientes leyes secundarias.
En lo político institucional y en lo carcelario, el camino también pareciera libre de obstáculos: la obstructora jefa sindical, Elba Esther Gordillo, ha sido recluida bajo cargos de la sabida y tolerada gran corrupción que practicó largamente mientras resultó funcional a los proyectos de los gobernantes en turno, y en su lugar fue instalado un personaje difuminado, Juan Díaz de la Torre, con aires de administrador habilitado por las circunstancias.
Tales
avancesen una reforma que va más al control laboral y a la reinserción de las bases magisteriales a la matriz priísta (luego del experimento autonómico del Panal) han sido ampliamente celebrados por el habitante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y por el también mexiquense Emilio Chuayffet, actual secretario de educación, al que por sus múltiples cargos importantes anteriores podría reputarse como agudo oficiante de la negociación política para evitar estallidos y rupturas.
Sin embargo, el reavivado movimiento sindical no oficialista, agrupado en términos generales bajo la sombrilla de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), está de nuevo en las calles con desplegadas banderas de guerra política. No se trata de una más de las cíclicas movilizaciones de protesta que suelen devenir en arreglos más o menos previsibles. En esta ocasión, la batalla se refiere a la nueva manera de regir la relación con el poder priísta absorbente y sobrerregulador.
No se está frente a un esfuerzo gubernamental legítimo en busca de mejorar la deprimente situación educativa nacional, sino en presencia de un manotazo de oportunidad que ha dado el
nuevoPRI en busca de realinear al sindicalismo oficialista, constituido por fuerzas sociales, políticas y, sobre todo, electorales, que en momentos críticos del partido de tres colores se le fueron saliendo de control y acabaron regateando apoyos al sistema e incluso chantajeándolo. Y, respecto a los segmentos
independienteso no oficialistas, se trata de supeditarlos a nuevas reglas de operación que sean mecanismos de división, confusión y reducción de esas fuerzas antipriístas.
Esa experta movilización masiva de profesores pertenecientes a la CNTE se suma a la creciente insatisfacción o enojo social (según el grado que cada cual asuma) por los términos de la pretendida reforma energética (RE). Conforme se van conociendo más detalles de lo que significarían esas modificaciones, y de la voracidad de grandes consorcios trasnacionales por el negocio que les ha sido ofrecido con toda anticipación, aumenta la percepción en una franja social de que es necesario actuar con energía para impedir la acometida final del peñismo en cuanto a privatizaciones en materia de energéticos.
Muy solícitos para tratar de darle cauce propio a esa inquietud ciudadana encaminada a convertirse en protesta masiva el próximo 8 de septiembre, con AMLO y Morena como principales actores y factores, los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática están explorando diversas formas de manifestarse críticos y relativamente opositores (un ejemplo épico: se
contrarrestarála campaña mediática oficial mediante el uso de los tiempos oficiales partidistas con espots contra la RE).
Ayer mismo se dio a conocer la redacción de seis preguntas con las que se realizará una encuesta nacional para que defina su posición un partido de izquierda al que, por lo visto, sus documentos básicos y su historia no le fueron suficientes para fijar una postura de manera tajante e instantánea. Tal ejercicio estará contaminado por la fundada mala fama que han adquirido en ese instituto político los ejercicios de emisión de votos y conteo de ellos. Esta vez, a esa opción preferencial por el fraude interno se añadirá la inductiva redacción de algunas de las preguntas, lo que, al hacer previsibles las respuestas, dará poco peso a los resultados finales, como si ese esfuerzo fuera en realidad una fórmula considerada para mostrar un oposicionismo ligero e incluso para pasar el tiempo mientras otros mecanismos políticos encuentran desenlaces.
Además de la consulta, como si ya se conocieran los resultados y por ello se les diera la consecuente forma de una iniciativa de reformas legales en el sentido señalado en las urnas, el PRD iniciará la semana en puerta con la presentación de su propuesta de reforma energética. Según se ha anunciado, a la cabeza estará Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, convertido en opositor abierto de cualquier cambio en la letra constitucional, especialmente en el artículo 28, aunque decidido a aceptar en general las fórmulas de participación privada que no contravengan las grandes líneas del nacionalismo trazado por su padre. ¿Hay un activismo de genuina oposición en el PRD, cuya sección capitalina realizó ayer reparto de volantes, activismo uniformado y mitin afuera del edificio central de Pemex, con oradores trepados en el techo de un camión? ¿El ingeniero Cárdenas y el PRD aprobarían las grandes líneas privatizadoras si a fin de cuentas
derrotaranal PRI y no se cambiara la letra de ningún artículo constitucional, en una calculada cesión peñista para
ganar legitimidady
desactivarprotestas morenas?
Y, mientras en Aquila, Michoacán, se aparenta el retorno a una normalidad vigilada por centenares de militares, con los pobladores alarmados porque, según su visión, se les va dejando inermes ante los Caballeros templarios, ¡feliz fin de semana!
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FUENTE. LA JORNADA OPINION
Dinero
¿Será la refinería de Tula para un empresario privado?
Los nuevos magnates petroleros
Adiós a la combi
Enrique Galván Ochoa
Como resultado de la propuesta de reforma del presidente Peña Nieto será posible que el sector privado participe en el negocio de la refinación de crudo. ¿Por eso es que está atorada la construcción de la refinería de Tula? ¿La idea es entregársela a un empresario? Como recordarán, Pemex puso a competir a varias ciudades de la República buscando la que mejores condiciones ofreciera para lo que sería su máxima obra. En abril de 2009, el entonces director, Jesús Reyes Heroles, anunció que había ganado Tula y le dio al gobierno de Hidalgo un plazo de 100 días para realizar los trámites necesarios y entregar las 700 hectáreas donde se levantaría el complejo. Tula había derrotado a Salamanca. La inversión sería de 9 mil 23 millones de dólares y la obra estaría funcionando el año 2016. La siguiente noticia que se tuvo fue que una empresa tamaulipeca había ganado el contrato para hacer la barda. Sin embargo, les tomó más tiempo que la famosa Muralla China. Más reciente, en abril de 2012, Pemex anunció que había asignado a ICA Fluor Daniel el contrato para desarrollar la ingeniería, con un costo de 135 millones de dólares. Han transcurrido más de 4 años desde que Reyes Heroles anunció la obra y hay justificada sospecha de que la tardanza es deliberada. Sin embargo, no se sabía la razón, dada la urgencia que tiene el país de dejar de importar gasolina de Estados Unidos. Ya comienza a desvelarse el misterio. Incluso el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Enrique Ochoa Reza (nada que ver con el autor de esta sección), dijo en Querétaro que la reforma abre la posibilidad de la construcción y operación de refinerías por parte de inversionistas privados. Por su lado, Xóchitl Gálvez, ex candidata panista al gobierno de Hidalgo, opina que ‘‘ninguna administración ha tenido realmente dinero para hacerla e invertir el presupuesto que se requiere. Entre Fox y Calderón se echaron la pelota, pero lo único que demuestra es la incapacidad de Pemex’’. Con la reforma de Peña Nieto y su reglamentación es probable –agrega Xóchitl– que una empresa privada pueda desatorar su construcción. Comienzan a barajarse nombres de los futuros beneficiarios. Si uno llegara a quedarse con la refinería inconclusa sería el primer multimillonario del petróleo. El argumento para venderla está listo: se disparó el presupuesto original en varios miles de millones de dólares y el gobierno no tiene dinero.
‘‘No hay, no hay…’’
Sin embargo, el Banco de México tiene invertidos 64 mil 500 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, a cifras de junio pasado. Aumentó su inversión en los meses recientes. En julio del año pasado era de 53 mil 900 millones. Son parte de las reservas internacionales del país que llegaron al nivel histórico de 169 mil 325 millones de dólares. Además, el mismo banco central invirtió otros 4 mil 543 millones en oro. Un negocio este último muy controvertido; no ha informado si compró lingotes o acciones de una empresa minera o algún derivado financiero. Agustín Carstens recibió una llamada de atención de la Auditoría Superior de la Federación para que diga con claridad dónde y cómo está el tesorito, aunque se supone que se halla en Londres. ¿Hay o no hay capital para invertir en Pemex en el desarrollo de la industria petrolera nacional? ¿Es necesario entregarla al extranjero?
Adiós a la combi
Uno de los medios de transporte más populares de México es la combi. También sirve para repartir mercancías o para salir de día de campo con la familia. Incluso para otras actividades que no viene al caso describir. Volkswagen lanzó una edición de 600 unidades; con ella se despide tras medio siglo de rodar por muchos caminos.
e@Vox Populi
Enfermarse en este país es una desgracia. Soy una clasemediera que tiene Issste y un (muy caro) seguro médico. Jamás iría a la primera opción, pues el trato es malo, tardan meses en dar una cita y después no hay medicinas. La segunda opción no sirve para enfermedades leves o medianas, pues sólo pagan a partir de cierta cantidad y restan el deducible y el coaseguro. Así que cuando uno tiene una simple gripa o malestar intestinal resulta muy oneroso ir al médico y comprar las medicinas (generalmente las más caras) que recete. Por ello, la solución más económica es ir a uno de esos consultorios adjuntos a una farmacia. Me parece terrible, sobre todo para los pobres, que hagan una campaña en contra de dichos consultorios. Si el gobierno es incapaz de proporcionar a los ciudadanos un seguro popular digno y eficiente, ¿por qué quiere privarnos de esta oportunidad de curación?
Carmen González Quijano
R: Querida Carmen: un mal no se resuelve con un mal mayor. Claro, el gobierno tiene la obligación de darnos un seguro popular digno, y buenos servicios en el IMSS y el Issste. Pero eso no quiere decir que debamos aceptar la salida falsa de las farmacias con anexo de consultorio donde suelen recetarnos medicinas caras, a veces innecesarias y con fecha de expiración vencida. Así que bienvenida la acción de Cofepris.
Twitter
El derecho sobre los recursos naturales corresponde al pueblo, y nada más. #PlebiscitoSobreReformaEnergética
Con compra que @eAzcarraga hizo de Cablecom (gracias a la condonación de 3 mmdp en impuestos) tendrá ya 91% de toda la televisión de paga.
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FUENTE. LA JORNADA OPINION
El juego de la repetición-Fisgón 
La reforma energética del gobierno
Cuauhtémoc Cárdenas
Resulta falaz y ofensiva la utilización que el gobierno está haciendo de la figura de Lázaro Cárdenas para justificar e impulsar ante el pueblo de México su antipatriótica y entreguista propuesta de reforma energética.
Ciertamente, la propuesta de reforma del artículo 27 constitucional que el Ejecutivo ha remitido al Congreso, recupera el texto reformado de ese artículo durante la administración de Cárdenas, con posterioridad a la expropiación, y en eso se ha centrado el amplio despliegue de propaganda oficial para tratar de hacer creer a la opinión pública que la propuesta corresponde a la ideología y a las luchas que Lázaro Cárdenas libró en vida en favor de México y su pueblo.
La propuesta de reforma del 27 constitucional podría resultar irrelevante si no estuviera acompañada de la propuesta para reformar al artículo 28 de la Constitución. De aprobarse la reforma de este artículo 28, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos y consecuentemente el manejo y cuidado de las reservas, hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte.
Con la iniciativa de reforma del 28 constitucional, queda clara la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado la conducción de la industria petrolera, por particulares. Esto es, se está ante la perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 vuelvan a ser las que manejen y se beneficien con la explotación de los hidrocarburos mexicanos.
La propuesta oficial, por otro lado, es intencionadamente incompleta, pues no da cuenta de qué leyes secundarias se propone modificar y en qué sentido, pero la intención de fondo, repito, ha quedado clara con la iniciativa de reforma del artículo 28 de la Constitución.
En el debate que se ha abierto sobre la reforma energética, es frecuente escuchar que no se tienen propuestas para combatir la corrupción. Combatir este mal no es cuestión de reformar leyes. Si el gobierno, si cualquiera de las instituciones del Estado o cualquiera de sus funcionarios tienen detectada alguna irregularidad o la comisión de algún delito, su obligación no es proponer la reforma de alguna ley, sino aplicar ésta con todo rigor y sancionar al culpable. Ninguna reforma de ley dirá castíguese a tal o cual individuo, y la ley ya establece que es responsabilidad del Estado corregir cualquier falla y perseguir y sancionar cualquier delito.
FUENTE. LA JORNADA OPINION
Subordinación del gobierno mexicano
Ana María Aragonés
La posición del gobierno mexicano ante el debate que se está dando en Estados Unidos en relación con la reforma migratoria, y que va a afectar a millones de mexicanos indocumentados que se encuentran trabajando en el país vecino, es prácticamente de silencio. El argumento esgrimido, por supuesto cuestionable, es que se trata de un asunto interno, doméstico, de Estados Unidos. Y a pesar de que voces muy autorizadas como la de Jorge Bustamante se han expresado objetando severamente tal decisión, el gobierno se ha mantenido como aquel que decía:
ni los oigo ni los veo. Y sin embargo, ante cuestiones que sí son decisiones de política interna del gobierno mexicano, como los temas de frontera sur y migración, el país ha permitido una intromisión por parte de Estados Unidos que es inaceptable pues, al tratarse de una frontera que compartimos con los centroamericanos, en todo caso somos ellos y nosotros los que debemos discutir las condiciones del flujo migratorio y garantizar, por encima de cualquier cosa, el respeto a los derechos humanos de esos migrantes.
En primer lugar llama la atención, aunque no debería, que en la última visita que realizó a México la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, propuso sin el menor rubor –y las autoridades dijeron por supuesto, sí señora– la forma en la que van a intervenir en la frontera mexicana, tanto la norte como la sur. Como señala La Jornada (25 de julio), en ausencia de autoridades centroamericanas, acordaron
el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur de nuestro país, a fin de lograr un flujo migratorio ordenado y con respeto a los derechos humanos, y cómo no, pues para el país del norte todo lo que sean fronteras son cuestiones de
su seguridad nacional.
Parecería el colofón de una larga historia de intervenciones, pues quien decide las políticas internas y las formas es, por supuesto, Estados Unidos. A partir del Tratado de Libre Comercio, una de cuyas consecuencias ha sido la devastación de enormes sectores productivos mexicanos, sobre todo del campo, y que ha dado lugar a la gran tragedia de los indocumentados a los que ahora, sin embargo, se les niega lo que en derecho les corresponde, la permanencia legal al haber entregado su vida beneficiando a la economía de ese país. Pero además del interés económico, que sin duda ha sido un instrumento de subordinación de la economía mexicana a Estados Unidos, también ha servido para expandir los intereses de seguridad nacional estadunidense a todo el continente, en el que México juega un papel central geoestratégico (Juan Manuel Sandoval).
Otro acontecimiento importante se dio entre los años 2001-2003, cuando se instauró un mecanismo para frenar la migración proveniente de la frontera sur de México, el llamado Plan Sur, reforzando la presencia militar y policial en dicha frontera, y que respondía a los compromisos adquiridos por Vicente Fox con Estados Unidos en una reunión en San Diego, California.
Después de los atentados del 11 de septiembre, los refuerzos a los mecanismos que garantizaran la seguridad nacional de Estados Unidos se incrementaron. Entre ellos están las llamadas
fronteras inteligentes, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que, como señala John Saxe-Fernández,
es un eufemismo de ocupación y/o anexión que aniquila la noción de igualdad jurídica de los estados a favor de Estados Unidos. Y finalmente la firma del llamado Plan México, o llamada Iniciativa Mérida, entre cuyos objetivos se encuentra la
capacitación y adiestramiento para controlar el flujo migratorio de las fronteras norte y sur.
Es decir, México tiene que detener a los migrantes centroamericanos pues así conviene y son las instrucciones de Estados Unidos. Por eso utiliza el mismo expediente, las inhumanas deportaciones, las detenciones, la persecución. Está haciendo el trabajo sucio, aun cuando se aprobó una ley de migración cuyo eje gira en torno a la no criminalización de los migrantes. La realidad es que en los hechos es letra muerta, pues se sigue criminalizando a los migrantes, siguen las autoridades coludidas con los criminales para extorsionarlos y torturarlos con total impunidad, son esos mismos policías los que atacan los albergues de migrantes, actos prohibidos por la ley, así como las redadas de esas corporaciones, que también están sancionadas por la ley de migración. Y para mayor escarnio, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que sus agentes seguirán participando en la detención de indocumentados y traficantes de personas por igual.
Se ha solicitado insistentemente, por parte de diversos grupos sociales, que, para abatir en cierta medida la vulnerabilidad de los migrantes se les otorgue una visa, ya sea de visitante, de tránsito o humanitaria. Pero se puede comprender que esto es impensable, pues Estados Unidos no lo aceptaría, y por lo tanto tampoco México. Triste situación, pues es una realidad que los gobiernos mexicanos no han defendido la soberanía nacional.
FUENTE. LA JORNADA OPINION
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