Las autodefensas como síntoma
La detención de 45 integrantes de la guardia comunitaria de Aquila, en Michoacán –41 de los cuales fueron trasladados e interrogados por la Procuraduría General de la República en espera de que se defina su situación jurídica–, constituye, más allá de los elementos judiciales particulares del caso, un mensaje ineludible del Estado mexicano a las distintas expresiones de autodefensa armada que han salido a la luz pública en semanas y meses recientes, particularmente en entidades como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Morelos, pero cuya existencia es de larga data en distintas comunidades del país.
En el caso de Michoacán, el escenario está atizado por factores particulares, como la pérdida de control del territorio de las autoridades ante el crimen organizado –fenómeno reconocido por el propio Enrique Peña Nieto–, el recrudecimiento de la violencia ejercida en esa entidad por el grupo delictivo de Los caballeros templarios, e incluso la inocultable debilidad política que acusa el gobierno de la entidad, mermado por la ausencia prolongada de su titular, Fausto Vallejo. Todo ello genera un caldo de cultivo para la exasperación ciudadana ante los embates de la criminalidad, para la pérdida de confianza en las autoridades y las instituciones políticas formales y para el surgimiento de grupos que deciden tomar las armas para asegurar su protección.
La operación de grupos de autodefensa no es, por mucho, el principal obstáculo para restablecer la legalidad en los puntos del territorio con presencia de ese tipo de organizaciones, como parece sugerir la decisión gubernamental de desarmar a la guardia comunitaria de Aquila y detener a sus integrantes. Mucho más grave es la pérdida de capacidad del Estado para contener a los grupos criminales en esas regiones y para cumplir con el mandato constitucional de garantizar la seguridad pública, prevenir los delitos, investigarlos, capturar a los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
La desesperante falta de cumplimiento de dichos preceptos constituye un factor mucho más subversivo del orden legal que la existencia misma de las autodefensas, por cuanto alienta a una ciudadanía desamparada a hacerse justicia por su propia mano, pone en tela de juicio el imperio de la legalidad y propicia que el país caiga en la ley de la jungla.
Sería ciertamente indeseable que expresiones de autoprotección comunitaria como las comentadas se convirtieran en en regla ante el retroceso generalizado del estado de derecho, no sólo porque ello contravendría la legalidad y las nociones más elementales del pacto social, sino porque albergaría el riesgo de que el vacío de autoridad fuera llenado no por grupos emanados de las comunidades, sino por las propias bandas delictivas o por poderes fácticos de otro tipo. Pero sería también inadmisible la perspectiva de un Estado que, ante el azote de inseguridad, violencia y criminalidad que padece el territorio, se limitara a combatir expresiones que son un síntoma, más que una causa, de ese escenario.
FUENTE: LA JORNADA INTERNET
Leyes secundarias-Magú 
Vida durante tiempo de guerra: resistiendo la contrainsurgencia
Gilberto López y Rivas
El colectivo de trabajadores que integra AK-Press, autodefinido como un pequeño grupo de orientación anarquista
que publica y distribuye libros y medios audiovisuales libertarios, y otros materiales alteradores de la conciencia, recientemente puso a la venta una importante compilación de casi una veintena de trabajos editada por Kristian Williams, Will Munger y Lara Messersmith-Glavin: Life during wartime: resisting counterinsurgency (Oakland, AK-Press, 2013), que expresa la perspectiva de un sector importante del pensamiento radical estadunidense sobre los efectos de la contrainsurgencia imperialista al interior de Estados Unidos, a partir de dos interrogantes claves: ¿cómo los horizontes culturales y sociales han sido perjudicados por la aplicación doméstica de la contrainsurgencia?, y ¿cómo rebeldes y radicales pueden elaborar estrategias inteligentes para resistir la represión del Estado?
La introducción a la obra, escrita por Williams, contiene importante reflexiones que expondré sintética y selectivamente. Dividida en tres partes, la primera analiza las relaciones entre represión, contrainsurgencia y Estado, partiendo de la hipótesis de que las izquierdas han sido lentas en percibir que la represión no siempre se manifiesta a través de la violencia, sino también por medio del mantenimiento de la normalidad por parte del Estado, movilizando ideología, haciendo concesiones, utilizando incentivos materiales, esto es, cooptación y coerción, que constituyen la base misma de la contrainsurgencia en su objetivo principal de conquistar legitimidad. Si la esencia de la contrainsurgencia es política, se hace énfasis en la inteligencia, la seguridad, el control de población, las operaciones pacificadoras, la propaganda y, sobre todo, en los esfuerzos por ganar la confianza del pueblo. Si el propósito de la contrainsurgencia es mantener el poder del Estado, sus aspectos estrictamente militares, si bien necesarios y siempre recurrentes, son acompañados de instrumentos más suaves y sutiles para lograr el apoyo para las fuerzas gubernamentales. Así, como política interna, el gobierno estadunidense ejerce su control no sólo a través de una red de diversas instituciones estatales, sino también del mundo corporativo que usa sus recursos para limitar libertades políticas, o espiar a opositores, como se demostró en el caso de Edward Snowden, e incluso, a través de organizaciones no gubernamentales o de la llamada sociedad civil, incorporando a la oposición política moderada, cuyos miembros actúan como interlocutores e informantes.
En un apartado intitulado
contrainsurgencia y neoliberalismo, Williams se pregunta: ¿el papel de la contrainsurgencia es limpiar el desorden que el neoliberalismo crea?, o ¿la contrainsurgencia es el camino por el cual se imponen las condiciones del mercado y la estabilidad necesaria para lograr las reformas neoliberales? Indicativamente alude que en América Latina ambos términos están asociados con las llamadas guerras sucias, mismas que han sido utilizadas para precisamente implantar a sangre y fuego el modelo neoliberal en el Cono Sur. Podría pensarse asimismo que la guerra social y el desastre humanitario que sufre México no son más que la forma de imponer la totalidad de las
reformas estructurales, que incluye la privatización de Pemex.
Williams presenta un interesante estudio en el que se analizan 30 operaciones contrainsurgentes recientes y se concluye que el gobierno fue derrotado en 22 de los conflictos (73 por ciento) y prevaleció en ocho (27 por ciento). Otro estudio examina 89 insurgencias que tienen lugar de 1934 a 2008, encontrando que en 28 casos el gobierno fue victorioso, en 25 fue derrotado, en 20 los resultados fueron mixtos y en 16 el proceso estaba en curso en el momento de realizar la investigación. Otro estudioso al servicio de la contrainsurgencia recomendaba democráticamente:
restringir la diseminación de ideas, prevenir que los radicales lleguen a tener influencia, e impedir sus esfuerzos de establecer organizaciones oposicionistas.
Nuestro autor destaca que las fuerzas de seguridad del Estado contrainsurgente han tenido que cambiar en materia de inteligencia, al convencerse de que la causa de los conflictos no es sólo una
conspiración subversiva, sino que deben lograr una comprensión amplia del sistema social, por lo que el Manual de campo 3-24 insiste en que los estrategas militares requieren de científicos sociales, esto es, sociólogos y antropólogos, al servicio de la represión contrainsurgente.
Williams concluye que si en la sociedad se mantiene la desigualdad y la catástrofe ambiental continua, habrá causas para rebelarse. Para enfrentar la contrainsurgencia se debe aprender a pensar como insurgente, reconociendo y asumiendo la complejidad política y estratégica. Cada insurgencia es singular y puede tomar formas muy diferentes de un año al otro. No hay recetas ni fórmulas, pero sí es necesaria una estrategia que corresponda a la realidad que se vive, que no se base en versiones idealizadas de pasadas revoluciones o en algunas utopías futuras y que no asuma una táctica favorita, ya sea pacifista o insurreccional, como artículo de fe. El antídoto para la represión es simple: más resistencia, ampliando las bases de apoyo del movimiento y tomando en cuenta que
para los rebeldes, como para las autoridades, la legitimidad es el principal objetivo.
FUENTE: LA JORNADA INTERNET
Desapariciones forzadas y trata: la terca pesadilla
Víctor M. Quintana S.
El próximo 30 de agosto, la Organización de Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Buena ocasión para informar y sensibilizar acerca de este problema que en los años recientes ha lacerado a decenas de miles de familias mexicanas.
Expresiones como esa, lágrimas, acusaciones, sollozos desesperados, tienen que escuchar el subprocurador para Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, y su equipo, durante toda la mañana del miércoles 7 de agosto en la ciudad de Chihuahua. Hay que reconocer la paciencia y la sensibilidad de todos los funcionarios ante el cúmulo de denuncias que se les presentan en una reunión organizada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), El Barzón, Justicia para Nuestras Hijas, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Resissste, entre otras.
Acá y no en los observatorios y estadísticas se palpan los terribles costos humanos de la estrategia calderonista-peñanietista de combate al crimen organizado. Acá es donde no hay cuentas sino tristes y desesperadas, pues las alegres se las dejan a quienes tienen que justificar elecciones, puestos y presupuestos.
El Cedhem respalda con fichas personales y datos estadísticos lo que dos docenas de madres, hijas, padres, hermanas desesperadas le exponen al equipo de García Cervantes: a pesar de una reiterada negativa del gobierno federal, por fin en febrero del presente año reconoce que obran en su poder 27 mil reportes de personas desaparecidas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que cuenta con más de 48 mil reportes entre 2005 y 2012. Tan sólo en el estado de Chihuahua, uno de los más golpeados por las desapariciones, las autoridades reconocieron en abril pasado tener mil 552 reportes, aunque hay muchas personas que no se animan a denunciar la desaparición de sus seres queridos, por miedo a que quienes reciban la denuncia estén coludidos con los autores de las desapariciones.
La mayor parte de los familiares de víctimas presentes en la reunión del 7 de agosto vienen de la región de Cuauhtémoc, que con otros 19 municipios serranos y del llano, varios de ellos controlados totalmente por el crimen organizado, forma parte de la región occidente de la Fiscalía General del Estado. Ahí, de acuerdo con los datos del Cedhem, tan sólo en dos meses de 2011 desaparecieron 61 personas, la mayoría hombres. En abril pasado, la fiscalía reconoció tener reportes vigentes de 352 personas desaparecidas, aunque los rebajó a 199 un mes después.
Todos los casos estrujan e indignan. Hay algunos que destacan: por ejemplo, el de ocho varones adultos de la familia Muñoz Veleta, padre, hijos, sobrino y yerno, el 19 de junio de 2011, abducidos por varios comandos uniformados y encapuchados, en Colonia Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc. O el de un jefe de familia, detenido por un patrullero de tránsito de ese mismo municipio, que nunca más fue visto. Y así se podría continuar. Los rastros, los informes oficiales, brillan por su ausencia. Sin embargo, en octubre de 2011, en el rancho Dolores, aledaño a Cuauhtémoc, se encontró una gran cantidad de restos humanos calcinados. Hasta ahora las autoridades no han revelado a cuántas personas pertenecen, aunque extroficialmente se sabe que hay cuando menos 200 sobres que contienen evidencias humanas.
Lo que es muy semejante en todos los casos es el proceso que siguen los parientes de las víctimas y la respuesta sistemática del aparato de procuración de justicia: denuncia de la desaparición; desdén de las autoridades, quienes la califican simplemente como una o unas
personas extraviadas; involucramiento de la familia en la investigación; negligencia de autoridades; amenazas a la familia, ya sea de los criminales o de las autoridades coludidas con ellos. Mismas actitudes con el gravísimo problema de la trata de personas. Lo denuncia con valentía Norma Ledezma, fundadora y directora de Justicia para Nuestras Hijas, madre de Paloma, desaparecida y asesinada hace 11 años, los mismos que lleva su madre en el activismo, en la denuncia, en el acompañamiento a otras mujeres. Buena parte de los feminicidios, señala, están relacionados con redes criminales de trata. Las policías lo saben, pero fingen o encubren. Ella, con otras madres, han tenido que convertirse en buscadoras de huesos en el desierto y, por desgracia, han encontrado restos de muchachas, a unos cuantos metros de las brechas recorridas incesantemente por patrullas. La trata antecede, acompaña y sigue a la guerra contra el narcotráfico, es otra de las facetas de la globalización del crimen, de la mercantilización hasta el extremo del cuerpo humano.
Las organizaciones derechohumanistas como estas de Chihuahua, y los colectivos de víctimas, van a aprovechar este Día Internacional de las Víctirmas de Desapariciones Forzadas para reiterar sus demandas a los representantes del Estado: implementación de la Ley General de Víctimas; cumplimiento de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre ese tipo de desapariciones; reconocimiento por parte de gobierno del estado del problema de las desapariciones forzadas y acciones consecuentes con ello; recepción de los expedientes integrados por las organizaciones derechohumanistas, información continua y mesas de trabajo con ellas: contratación de expertos independientes; creación de bancos de datos genéticos a escala nacional para identificar víctimas; fin a la impunidad de los autores de las desapariciones y de la trata.
Veamos cómo responde el Estado, pues hasta ahora, ante la doble pesadilla de las desapariciones y la trata, o no puede, o no quiere.
FUENTE: LA JORNADA INTERNET
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