Astillero- Tiempos de entreguistas- Obra pública y justicia ambiental

Astillero

Reforma retro

Cesión constitucional

Peñismo neocardenista

Soldados frente a civiles

Julio Hernández López

BLOQUEO EN CHILPANCINGO. Cientos de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) de Ayutla de Los Libres, cerraron el libramiento Tixtla-Chilpancingo para exigir la salida del Ejército Mexicano y la Marina de territorios guerrerenses. A partir de las 17 horas comenzaron a permitir el paso de vehículos luego de pactar una reunión con autoridades estatales

Foto Lenin Ocampo

 

La Bolsa Mexicana de Rumores Petroleros se movió ayer al alza en cuanto a versiones de que un jeque sexenal ha decidido apostar su capital en favor de reformas constitucionales que sabidamente pueden multiplicar anunciadas variaciones sociales en contra.

 

Miembros de la corte de los tres colores y sus aliados variopintos expresaron a lo largo de este martes su convicción (supuestamente revelada de primera mano por parte de arcángeles privatizadores absolutamente confiables, cuando menos en ese terreno de las compraventas) de que la sacra letra constitucional referente a asuntos energéticos habrá de ser modificada para cumplir con promesas hechas a príncipes extranjeros y en particular al reinado vecino, el de las barras, las estrellas y los barriles de petróleo.

 

El suspenso oficial fue mantenido por el primer actor nacional, quien reapareció ante cámaras (es decir, las mediáticas, no las legislativas) para dar prueba de que una tiroidea operación fue tan exitosa que él ya está de nuevo en plena brega política, con una voz ligeramente más grave, a juicio de este astillador sónico, con un rostro restablecido (¿así se dice?) y con propuestas de mejoría fiscal para pequeños y medianos empresarios.

 

El licenciado en jefe seleccionó para su vuelta a los foros un escenario significativo, el de los emprendedores, es decir, los empresarios. Así como los huracanes reciben nombres para diferenciarlos, ciertas etapas históricas toman denominaciones azarosas. En este caso, Enrique Peña Nieto ha declarado el inicio de la temporada de los emprendedores, con acompañamiento musical de las bandas de viento del sol azteca y del PAN actualmente con poca levadura. Creyéndose solista con derecho a pararse altivo a mitad del foro, el percusionista mexiquense César Camacho ha intentado la ejecución de un pasaje chusco, a la vez que provocativo, denominado Saldremos a las calles.

 

A fin de cuentas, el misterio por todos tan conocido sigue guardado en un cofre bajo presuntas siete llaves de las que muchos aseguran tener copias. El primer desenlace no se dará formalmente hoy, como mucho se había especulado sino, en todo caso, mañana, en una especie de posposición cronológica que es explicada por oficiosos como un esfuerzo final por dar detalles impecables a la obra en curso. Entre otras cosas, se ha procurado dar un barniz de oportunismo nostálgico (vintage político, telenovela de época) al proceso de cesión de la renta petrolera nacional a firmas privadas, ya sean nativas o foráneas, con especial acento en éstas.

 

El toque retro consiste en la utilización restaurada de parte del empapelado jurídico que en circunstancias específicas planteó el general Cárdenas en las horas difíciles de la retoma de la riqueza petrolera frente a retadoras potencias expropiadas no de lo que constitucionalmente ha pertenecido a la nación sino de instalaciones y otros haberes de superficie. Contentísimos de haber encontrado una presunta justificación para regresar a los antiguos poseedores de la riqueza petrolera mexicana lo que en 1938 les fue retirado, los neocardenistas de ocasión podrían más delante volverse neojuaristas a la hora de ceder paso, territorio y mando a tropas gringas en México conforme al fallido tratado Mc Lane-Ocampo. Todo cabe en un oportunismo histórico, sabiéndolo acomodar.

 

En todo caso, Peña Nieto y las compañías partidistas de teatro que le acompañan en esta escenificación han creído posible lanzar el reto máximo, en busca de modificar la Constitución para hacer plenas las promesas de apertura a capitales privados en el proceso de apropiación de las ganancias, aunque no se venda ni un ya mítico tornillo de Pemex. Tal es la apuesta, conciliando las propuestas del PAN y del PRD y confiando en que se podrá sobrellevar y desviar la movilización social de protesta.

 

El México que está más allá de pactos y arreglos palaciegos sigue, en tanto, ardiendo. El último reducto de contención institucional, el de las fuerzas armadas (años atrás intocable, impasable, tajante) es sometido día tras día a un desgaste y a riesgos muy peligrosos, frente a policías comunitarios y ciudadanos que apoyan a estos cuerpos civiles e incluso han llegado al extremo de impedirles el paso, cercarlos, acusarlos y hostigarlos como se ha visto en Guerrero pero también en otras latitudes.

 

Hasta ahora, los militares han cumplido con la instrucción superior de no responder agresivamente ante hechos que en otras circunstancias podrían derivar en el uso de la fuerza castrense, con las armas oficiales por delante. Pero mantener enfrentados a civiles hartos de la violencia criminal y su protección oficial, y a soldados entrenados para responder fogosamente a insubordinaciones o desobediencias, es un escenario que con facilidad puede derivar en hechos violentos de consecuencias desastrosas.

 

Y sin embargo, se mueve (la letra constitucional, con todos los riesgos que añade a lo ya presente).

 

Y sin embargo, habrá protestas este 1º de septiembre, cuando comenzará el periodo ordinario de sesiones en el que se pretende aprobar lo energético y lo fiscal (protesta convocada por medio de redes sociales, de manera tan difusa como suelen ser estos llamados, con los riesgos sabidos en este tipo de movilizaciones que no van por lo partidista o lo tradicional y por ello abren posibilidades de crecimiento como se ha visto en otros países) y la del 8 de septiembre, en el Zócalo capitalino, con Andrés Manuel López Obrador como eje.

 

En otro tema: por andar metido en los asuntos del pueblo gallego denominado Avión, y sus visitantes supermillonarios de fin de semana, este tecleador de a pie cometió la pifia de adjudicar a uno de esos viajeros trasatlánticos, el ex gobernador Miguel Alemán Velasco, la propiedad de Volaris, cuando sabido y recontrasabido es que lo es de Interjet. Este pasajero de clase económica ofrece disculpas por el error de vuelo, que no cambia en nada el sentido general de lo escrito sobre el tema de la misa de Avión y fortunas conexas. ¡Hasta mañana!

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FUENTE: LA JORNADA OPINION

Los hermanos cómodos-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

Tiempos de entreguistas

Luis Linares Zapata

La élite del poder nacional siente propicio el ambiente para coronar sus compulsiones entreguistas, ansias que ya les son intolerables: abrir el sector energético al capital privado. Siempre, al llegar a este punto de la narrativa oficial se suprime predicarle a la entrega hacerlo al capital externo, sin duda, su real alternativa y propósito. Hay que acometer la tarea sin prejuicios, sin tabúes decrépitos, afirman, ahítos de responsable valentía, los a sí mismos calificados como modernizadores: una caterva de adalides del PAN y el PRI, cobijados por refulgentes asociaciones empresariales y una pléyade de difusores adjuntos. Todo apunta a una tentativa adicional, que ya sienten madura, para darle vuelta a la misma tuerca de siempre. Y, como siempre también, las voraces fauces de poderes centrales asoman sus cargadas talegas detrás de toda esta baraúnda local en pos de amplias concesiones petroleras.

 

La línea argumentativa del oficialismo es repetitiva hasta el agotamiento verbal. Las premisas caen una sobre otra sin concierto ni prueba alguna de sus prometidos efectos derivados. Son como cartas marcadas de una misma baraja fantasiosa que es mostrada con fingida agilidad escénica. Desplantes, con fachada de tesis inmejorables, aplicables a un sector económico cualquiera. El desempolvado catálogo ya ha sido empleado para privatizar primero y extranjerizar después el grueso de la banca. Y algo parecido sucedió con los ferrocarriles, las mineras y demás. Pero la banca es caso señero aunque, a la distancia, resultó de nula contribución a los intereses nacionales. Pero, eso sí, tales empresas se han convertido en extremadamente redituables para sus matrices de origen. En la contracara, las esperanzas de miles de sus empleados quedaron estacionadas en una precariedad cierta.

Los principios que vuelven a esgrimirse sin demostración empírica se presentan como si fueran verdades reveladas que no necesitan soportes de realidad. Empieza el oficialismo diciendo que se trata de alentar la competencia para mejorar eficiencia; es decir, buenos precios y calidad creciente de productos y servicios. ¿Dónde y cuándo se ha oído esa cantaleta, en los teléfonos acaso? No se venderá ni un solo clavo de Pemex, alegan con donaire de mercadólogos versados. Y para empezar la tentativa se desincorpora parte de la refinería de Pajaritos en una operación tan opaca que requiere ir hasta el extranjero. Ninguna empresa puede hacerse cargo (lo extienden al mundo) de la totalidad de las operaciones petroleras. Se olvidan de Total, la francesa trasnacional integrada como pocas. El petróleo será, como lo asegura la Constitución, propiedad de la nación. Pero luego se reconoce que los inversionistas requieren registrar (en sus balances y en las bolsas de valores) como propias las reservas bajo contrato. Las inversiones son gigantescas y no se tienen los recursos para hacerles frente, continúan asegurando. No mencionan, por ejemplo, los ingresos de Pemex por cerca de un billón anual o sus enormes aportaciones al fisco. El cierre final de la andanada oficialista es soñado: la apertura detonará el crecimiento económico tan deseado y se convertirá la industria energética en el motor del desarrollo. Como si antes, en ese pretérito perdido donde Pemex fue en efecto detonador sin privatización alguna no existió nunca. El viejo modelo (priísta) recaudador será ahora empleado para crecer, M. F. Beltrones dixit. Una sentencia lapidaria, brillante, de estadista.
 

De la misma manera en que la élite del poder se sintió segura al lanzar su hoy atascada y hasta vilipendiada reforma educativa, los idus que ahora soplan le presagian tiempos propicios para su nuevo arranque entreguista. Para iniciar la epopeya la claque del PAN se lanzó, llena de enjundia reformadora, hasta el mero fondo. Todo quedará a merced del mercado, de la competencia, de aquellos que tengan los recursos para entrarle al negocio. Los sentimientos, estos sí de la nación (70 por ciento de los mexicanos se oponen) poco les importan: la calle no cuenta, concluyen orondos. El gran fracaso de sus gobiernos en la gestión del bienestar de los mexicanos no les intimida en lo mínimo. ¿Qué hicieron con los 8 billones de pesos recaudados en sus sexenios por la venta de crudo? No cabe duda que los panistas son personajes por completo desenchufados del drama nacional, allá ellos. Su triste lugar en esta historia lo cavan con ahínco.

 

La lógica de negocios que envuelve a Pemex y a la CFE es, por demás perversa. Requieren, ambas, completa reparación de urgencia. Pero la privatización no es la ruta adecuada. Se debe partir de reconocer, primero, que la operación, tal y como se observa en el estado de resultados de Pemex a la altura de la utilidad operativa, es de lo mejor que se puede encontrar en empresas de este tipo. Y esto que, a pesar de las enormes fugas mediante el sindicato y el funcionariado corrupto (que son abarcantes) los resultados operativos son aceptables. Vienen luego los castigos de Hacienda y ahí empieza el decaimiento y las incapacidades de la empresa. No es pensable exigir rendimientos, inversiones y utilidades finales con tan pesada carga. Ninguna empresa del mundo lograría buen desempeño con tal régimen fiscal expoliador. Exxon, la petrolera más redituable del mundo, paga, sin bien le va a la hacienda de EU, 5 por ciento de impuestos sobre utilidades. Exxon y Chevron, las dos más grandes de EU (por producción de crudo), no tienen, por ahora al menos y según declaran, el flujo de recursos adicionales para invertir en otras aventuras. Una vez que se han firmado los contratos de riesgo la renta petrolera quedará repartida en proporciones, si mucho, igualitarias entre los firmantes. Dichos contratos, además de crear derechos, quedarán sujetos al litigio en tribunales externos, siempre favorables a las trasnacionales. Además, el costo de rescatar reservas (soberanía) sería impagable en tales condiciones.

 

Tal parece que, los priístas, ya se espantaron del arrojo panista. Una cosa es servir como alfiles y otra muy distinta, provocar a la plebe. Las prisas actuales del oficialismo se explican ante la desorganizada oposición real. Pero las mareas cambian de manera tan insólita como inesperada.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Diagnóstico devastador-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Obra pública y justicia ambiental

Claudio Lomnitz

A mediados de julio el presidente Enrique Peña Nieto develó un plan sexenal en que se destinan 316 mil millones de dólares a obra pública en carreteras, puertos, y comunicaciones. En principio se trata (o se tendría que tratar) de una excelente noticia para la economía mexicana, tanto por el estímulo económico del gasto, como por la necesidad de mejorar las comunicaciones y, con ellas, la competitividad de la economía.

 

Sin embargo, un plan de gasto de semejante envergadura conlleva también serios riesgos. Primero, el riesgo de que el derrame gigantesco de recursos se derive en una proporción enorme a la corrupción –fraudes en licitaciones, pagos chuecos a cambio de apoyo político para tal o cual obra, o gastos abultados en obra mal planeada, y peor ejecutada. En segundo lugar está el riesgo ambiental. Éste se relaciona frecuentemente con lo primero –la corrupción– en la medida en que se dejen de tomar en cuenta factores ambientales a cambio de beneficios cortoplacistas para los constructores y sus aliados políticos, por ejemplo. El amor del mexicano a la carretera –o mejor dicho, el fetichismo del político mexicano para con las carreteras– mal-esconde todo un entramado de decisiones nocivas para el ambiente: la construcción de vivienda de interés social a decenas de kilómetros de los lugares en que trabajan sus habitantes, por ejemplo, o la promoción a todo trance del vehículo particular por encima del transporte público.

Y en tercer lugar existen también riesgos importantes a nivel de democracia y de justicia. Si se opta por estrategias corruptas para conseguir consensos en torno de obras públicas mal planeadas (o con consecuencias ambientales perversas), eso termina por generar tensiones entre los defensores del ambiente y quienes apoyan localmente los planes de gasto público. Se trata de una situación que hiere los procesos democráticos, porque convierte a los gobiernos locales en instrumentos de distribución de recursos destinados (corruptamente) al apoyo de equis y ye programa, mientras que los que se oponen a esos proyectos quedan vulnerables a toda clase de ataque. Los resultados pueden ser trágicos, sobre todo dada la falta de inversión efectiva en el sistema de justicia.

En días recientes se han prendido varios focos amarillos y rojos que alertan sobre esta clase de situación. El viernes apareció la noticia, trágica, del asesinato –a pedradas– de Noé Vázquez, un joven ambientalista de Amatlán, Veracruz, que luchaba contra de la construcción de una presa hidroeléctrica en su comunidad. El asesinato de Noé Vázquez se dio justo cuando el activista se preparaba para recibir a 500 delegados del Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que tenían congreso anual. El asesinato de Vázquez –hecho con terrible lujo de violencia– manda una señal clara a los militantes de Mapder, cada uno de los cuales corre un riesgo semejante al de su colega. ¿Existe realmente alguna garantía de que se le haga justicia a Vázquez? ¿Habrá protección a los militantes de Mapder? No lo sabemos, pero la desproporción entre los recursos que el gobierno destina a obra pública frente a la inversión en el aparato de justicia no genera demasiada confianza.
 

Y tampoco es que se trate de un caso único. Así, el periódico El País informa esta semana que en Sonora, cuatro investigadores (uno de El Colegio de Sonora, dos de la UNAM, y uno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia) han recibido amenazas, y sus vehículos han sido saboteados, por su participación en defensa de la comunidad guajiría frente, otra vez, a la construcción de una presa (Pinares-Bicentenario). El reportaje aclara que el mecanismo de consulta de parte del proyecto favorable a la presa se basó en tratos directos con los gobernadores tradicionales de la comunidad, y no en discusiones colectivas, mecanismo que se presta, justamente, para la compra de líderes.

 

Por último, está el caso, más conocido, de la ampliación de la carretera de cuota en Tepoztlán. En ese caso, aparentemente, la derrama de recursos a la comunidad (a cambio de la carretera) ha sido significativo. Finalmente, los gobiernos conocen ya la capacidad de respuesta y de resistencia de ese pueblo, frente a proyectos de desarrollo con efectos ambientales cuestionables. Pero aún así –y todo indica que la resistencia tepozteca en este caso ha sido, hasta ahora, menor a la que hubo contra del proyecto de un campo de golf de hace algunos años– la compra de la opinión de una parte importante del pueblo no equivale a una discusión informada de las alternativas.

 

En lo de Tezpotlán, llama la atención el mal trato que ha recibido el movimiento contrario a la ampliación de la carretera en gran parte de la prensa capitalina. Así, Sergio Sarmiento, de Reforma, alega que los tepoztecos se dividen en dos clases: los amantes del progreso y los conservadores a ultranza, que sólo quieren hacer de lado al progreso por mantener una comunidad tradicional, pobre y menguante. Esta clase de imagen ha aparecido, con algunas variantes, en buena parte de la prensa de la ciudad de México.

 

En lo fundamental, se trata de una opinión que le da el espaldarazo a toda la obra pública, que queda pintada siempre y en principio como progresista (independientemente de su contenido), y que, también en principio, presenta toda protesta como contraria al progreso. Se trata de una representación peligrosa. México tiene hoy un gobierno que se ha comprometido a hacer obra pública masiva, con muchos miles de millones de dólares por detrás. Importa, y mucho, que haya verdadera calidad democrática en la discusión de esos proyectos, y que las voces que se opongan a ellos se levanten con la seguridad de que no serán amenazadas, ni silenciadas con violencia.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

Situación alarmante-Fisgón

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