El Despertar
La hora de la verdad
José Agustín Ortiz Pinchetti
En diez semanas se va a definir el futuro del régimen: ese híbrido entre democracia y plutocracia. Peña tendrá que decidir las reformas energética, fiscal y política. No puede eludir la responsabilidad, ni echarse para atrás, y es difícil imponerlas.
Creo que todos estamos de acuer-do en que hay que reorganizar Pemex. Empezar por controlar el sindicato voraz, la administración corrupta y liberar del tributo brutal que le impide competir. Esta industria está vinculada con nuestra identidad histórica. En materia fiscal se necesitan más recursos y una reforma progresiva; que paguen más los que más tienen podría dar 400 mil millones. Y, en materia política, que se controle el dinero y a los medios para garantizar elecciones libres y justas.
Es probable que Peña se identifique ideológicamente con la oligarquía, pero para imponer una reforma a la Constitución, o aumentar el IVA, requeriría condiciones muy favorables que no existen: llegó al gobierno con ilegitimidad y no ha tenido buen desempeño, su estrategia contra el narcotráfico es apoyada sólo por 31 por ciento, y la violencia continúa en todo el país, aparecen grupos armados y el descontento y los combates se multiplican. Nuestra economía no crece; el desempleo sí. La pobreza aumenta y las desigualdades también. Gravar la comida o el cuidado de la salud sería muy impopular. La reforma política tramposa rompería el Pacto por México. Peña sabe que puede provocarse un conflicto prolongado y grave. Que no hay condiciones para ir a fondo. ¿El pronóstico? Peña se contentará con avances medianos para satisfacer a la oligarquía: dejar el IVA para otro momento, obligar a los más ricos a pagar una cuota mayor, pero módica, y hacer ciertas concesiones en la reforma electoral, sin ir demasiado lejos.
Es esto lo que aconsejaría el sentido común, no lo que hará Peña. Él ha vendido aquí y afuera la privatización de Pemex y el IVA generalizado. Puede confiar en el
aquí no pasa nadao en el poder de los medios para debilitar la inconformidad; puede pensar que la gente aceptará el cambio y que le volverá la espalda a AMLO. Pero incurriría en un error fatídico: la gente harta de 30 años de crisis puede cobrársela con él. Considerarlo un traidor y, ahora o después, pasarle la factura, no sólo a nivel electoral, sino en las calles. La palabra ingobernabilidad podría vibrar en el escenario. Sin embargo, la historia está repleta de decisiones absurdas de hombres poderosos e inteligentes que por sus errores han quebrado los regímenes que decían defender.
Twitter: @ortizpinchetti
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Misterios-Hernández 
La derecha y el petróleo
Arnaldo Córdova
La derecha es persistente en sus exigencias: toda la riqueza debe concentrarse en las pocas manos que la hacen producir de verdad, con eficiencia y eficacia. La riqueza, entendida como patrimonio de la sociedad, no tiene, para ella, ningún sentido. Dar la riqueza a los muchos (las mayorías sociales) es un verdadero desperdicio. Nunca la ha convencido la hipótesis central de la economía política clásica en el sentido de que cuando hay una buena distribución de la producción se ponen las bases para que se dé un aumento en la misma.
No estamos en contra de la propiedad de la Nación, claman los derechistas.
No queremos privatizar el petróleo ni la electricidad, afirman.
Sólo queremos que esa propiedad sea más eficiente, rematan. Lo que proponen es muy sencillo: que se les permita entrar a la casa de la Nación y a ésta ponerla a la puerta para que se hagan cargo de su funcionamiento, administración y manejo. Ya fuera de la puerta de su casa, la Nación puede jurar que sigue siendo propietaria de la misma y que goza de su usufructo, aunque se la haya echado a la calle y se la obligue, además, a aceptarlo como hecho consumado.
La iniciativa de reforma constitucional (a los artículos 25, 27 y 28) que la dirigencia del PAN y sus grupos parlamentarios presentaron a la Comisión Permanente del Congreso el pasado miércoles 31 de julio, es un ejemplo emblemático de ese modo de proceder de la derecha. Los mitos son obsoletos si es que algún significado histórico pueden tener. La expropiación petrolera es el mito por excelencia que define el nacionalismo mexicano (para afirmarlo, citan a Carlos Fuentes). Pudo haber tenido sentido en su momento, pero hoy ya no.
Se dan cuenta de que tienen que hacer las cuentas con esa tradición nacionalista. Dicen en su iniciativa:
Una reforma en el sector energético mexicano conlleva la necesidad de definir correctamente cuáles son los valores, conceptos, concepciones, normas y mitos que conforman las raíces cognitivas [sic] del imaginario popular [sic]. Todo eso no se puede obviar, pero ya es hora de romper con ello: “… sin olvidar la memoria histórica que nos ha forjado como nación independiente y democrática, proponemos romper los viejos tabúes que, con el pretexto de una defensa a [sic] la soberanía mal entendida [sic], han frenado el desarrollo económico del país”.
Después, el texto de la iniciativa panista se extiende prolijamente en un recuento histórico de la industria petrolera y de los esfuerzos legislativos que la acompañaron, centrándose en el periodo que siguió a la expropiación de 1938. No aparece por ningún lado la explicación del sentido de
la memoria histórica que nos ha forjado como nación independiente y democrática, según sus propias palabras; más bien, se trata de una continua tentativa de mostrar cómo todo lo que se hizo se hizo mal o, en todo caso, no tuvo los resultados positivos que se buscaban. El nacionalismo fue un total y completo fracaso histórico.
Simple y sencillamente, nun-ca funcionó. Hay una declaración casi al principio del texto que parecería aceptar que hubo algo positivo:
El modelo actual llegó a su límite y se encuentra en franco agotamiento puesto que no responde a las necesidades presentes de la sociedad mexicana y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios endógenos y exógenos que ponen en riesgo la seguridad energética, las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de la sociedad mexicana. Pero no hay tal. Su punto de partida es que la expropiación fue un error histórico.
El problema es que los panistas no tienen el valor de decirlo con todas sus letras, por miedo evidente a ese
imaginario populardel que no entienden ni nunca han entendido nada, pero al que siguen temiendo como al demonio, almas santiguadas como son. Cada reforma constitucional y legal (sobre todo a la Ley de Expropiación de 1936) que se llevó a efecto después de la expropiación de 1938 les resulta abominable, sobre todo porque es para ellos una continua violación del derecho de propiedad privada y una constante negación de lo que para ellos es sagrado, la iniciativa y la libertad de empresa.
Su propuesta esencial es echar a la Nación (así, con mayúscula, como está inscrito en la Constitución) de lo que queda de su casa en el sector energético, Pemex y CFE, dejándola como
propietarianominal y entregando todos los procesos productivos y distributivos a los privados, llamados operadores en la iniciativa. ¡Oh, por supuesto!, ni el petróleo ni los demás energéticos se entregarán a los privados. Irán, finalmente, a Pemex y a la CFE.
No se dice en qué forma, pero se entiende que después de haberlos pagado en todo su valor a los mismos privados que los exploraron, extrajeron, generaron o refinaron.
Lo que no se entiende es qué diablos harán las empresas nacionales en unas cadenas productiva y distributiva en las que no tienen ningún pito que tocar. Ya ni siquiera es posible entender su muy posible papel como simples administradoras de contratos con los operadores. Si, además, se dice que se compartirán los beneficios, entonces ya no se entiende nada. ¿Qué más harán Pemex y CFE, además de pagar los servicios de los privados?
Los panistas no se andan por las ramas: proponen modificar radicalmente el párrafo sexto del 27 constitucional como quedó después de la reforma de 1960 y que dice: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos (…) Corresponde a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”. En su lugar, proponen la siguiente parrafada:
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación por conducto de operadores que realicen las actividades de exploración y producción conforme al artículo 28 de esta Constitución. Asimismo, para asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, el Estado desarrollará estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.
Es probable que los panistas no hayan hecho sino adelantar lo que los priístas se proponen. Lo muestra el que los que más satisfechos se vieron con la propuesta blanquiazul fueron los propios priístas.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Las elecciones y los gobiernos
progresistas
Guillermo Almeyra
El último semestre de este año, tan desgraciado para América Latina, marcado por la imposición de Peña Nieto, la muerte de Hugo Chávez y las dificultades económicas, será teatro de dos elecciones importantes –en Argentina y Chile– y de cambios en las relaciones de fuerza internas en las instituciones como el Mercosur o la Unasur. El 27 de octubre Argentina votará la renovación de las cámaras (las elecciones primarias serán el 11 de agosto), el 11 de noviembre Chile irá a las urnas para elegir presidente, diputados y senadores. Además, en octubre del año próximo Brasil y Uruguay elegirán presidente.
En Argentina, las encuestas para las primarias de agosto no sugieren grandes cambios en las elecciones de octubre: el kirchnerismo mantendría, bien o mal, el control de ambas cámaras y aparecería como primera minoría, con alrededor de 35 por ciento de los votos, peleando el primer lugar en el principal distrito electoral –la provincia de Buenos Aires– y a lo mejor también en Santa Fe –hoy en manos de una alianza entre los socialistas y la derecha– y un segundo o tercer lugar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, además de ganar en todas las otras provincias, salvo Córdoba y quizás Mendoza.
Hay que aclarar que cuando hablamos de kirchnerismo nos referimos a un conjunto muy heterogéneo de
baroneslocales, ligados al gobierno central por su propio interés, pero no por sus ideas. Basta decir que en la provincia de Salta, gobernada por el kirchnerista Urtubey, la policía tortura abiertamente, el gobierno local impuso contra la Constitución la enseñanza religiosa católica en las escuelas públicas y a pesar de la ley nacional que permite el aborto gratuito en los hospitales, en el ámbito provincial está prohibido.
La presidenta Cristina Fernández elige a sus altos funcionarios en los sectores más conservadores (el actual secretario de la Presidencia, verdadero primer ministro, viene de la derecha católica nacionalista; el vicepresidente, Amado Boudou, viene del partido de Alsogaray, neoliberal puro y duro, al igual que el candidato para la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Los más altos funcionarios financieros provienen, como Aníbal Fernández, ex secretario general de la Presidencia y actual jefe del bloque de senadores, de las filas del menemismo). Por eso sus adversarios más peligrosos fueron también elegidos por Néstor Kirchner o por ella y altos funcionarios kirchneristas, como el candidato de la derecha en la provincia de Buenos Aires, el ex secretario de la Presidencia, Sergio Massa, otro de la camarilla de Alsogaray, o el ex ministro de Finanzas, Martín Lousteau, quien ideó el impuesto que llevó al choque con los terratenientes y exportadores de granos y que ahora es candidato precisamente de los que resistieron
suimpuesto.
Crece, por tanto, un desorganizado sector de centro que busca separarse de la derecha clásica, pero también del kirchnerismo y hasta es posible la elección de algún diputado de la izquierda. Pero, al fin y al cabo, si en octubre se confirmasen estas previsiones, Cristina Fernández podría encarar la modificación de la Constitución para permitir su relección por un tercer periodo o, si no consiguiese los dos tercios de los votos en el Parlamento necesarios para esto, una selección más calma de su sucesor, ya que hasta ahora los precandidatos no tienen peso propio o son impresentables.
De este modo, ha comenzado ya la campaña para la elección de 2015 y la preocupación central del gobierno es asegurar su supervivencia y no el Mercosur, donde subsisten las diferencias con Uruguay y con Brasil ni tampoco impulsar la Unasur. Como en Uruguay el más probable candidato del Frente Amplio parece ser el más que moderado ex presidente Tabaré Vázquez, el remplazo de José Pepe Mujica, su elección alejaría más a Montevideo de Caracas y Buenos Aires y lo acercaría más a Brasilia y, sobre todo, a Washington.
Todo el peso de la Unasur descansa, por tanto, en el gobierno de Nicolás Maduro, que está siendo jaqueado por las dificultades financieras y la lucha contra la corrupción y el golpismo de la derecha alentada por Washington. La ayuda que le prestan Rafael Correa y el gobierno de Ecuador es relativa, ya que la economía ecuatoriana todavía no ha podido romper su dependencia del dólar e igualmente relativa es la de Evo Morales y Bolivia, también en pleno proceso prelectoral.
Por supuesto, todos estos son cálculos que no tienen en cuenta ni las movilizaciones sociales repentinas y el estallido de huelgas y movimientos sociales. Ahora bien, como lo muestra el ejemplo de Brasil, donde las movilizaciones hicieron caer la popularidad de Dilma Rousseff de 57 a 30 por ciento, o sea, de una elección segura en el primer turno a una dura competencia en el segundo, los
convidados de piedrapopulares pueden cambiar todos los astutos cálculos de los politólogos…FUENTE: LA JORNADA OPINION
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