Consulta sobre la reforma energética y fiscal- Frente a la insensibilidad, el compromiso- Las aporías del sector energético

Consulta sobre la reforma energética y fiscal

Antonio Gershenson

El pasado 30 de julio se formó un Consejo Nacional Ciudadano para una consulta sobre las reformas petrolera y fiscal. Se formó con conocedores de estas ramas, pero también con gente experimentada en consultas y actos masivos similares. Hubo diferentes orígenes políticos –a mí me invitaron de la Alianza Cívica– y en la primera reunión rebasábamos ligeramente los 20 participantes.

 

La idea es culminar el 25 de agosto y el primero de septiembre, dos domingos, la mitad de los estados en cada uno. El trabajo incluye una labor previa para que los ciudadanos estén lo mejor informados posible y, por supuesto, se divulgaría la información sobre el resultado en cada caso y en total.

Se ha puesto énfasis en la imparcialidad de la preparación y de la consulta misma. Se evitó la participación de partidos en el trabajo y en las conclusiones.

En el desarrollo del trabajo, se encontraron varios aspectos interesantes. Se tomó en cuenta una encuesta llevada a cabo por el suplemento mensual científico del periódico La Jornada de Oriente (Puebla y alrededores), en una edición especial titulada Reforma Energética. Los encuestados, por mayoría más o menos moderada, rechazaron los aspectos de la posición oficial. Pero hubo un punto que sí recibió aprobación: Pemex debe invertir en refinerías, pues en las dos fechas en las que se preguntó, la respuestas fueron positivas en 92 y 95 por ciento, respectivamente.

Este ejemplo nos muestra un punto con mucho apoyo. En el estudio aquí llegamos a una aproximación un poco más amplia: por lo pronto se reanudará la construcción de refinerías por Pemex, de modo que se importen menos gasolinas y otros combustibles, y dejen de subir de precio.

Este es un ejemplo de un resultado con alto nivel de apoyo (por lo pronto en Puebla y alrededores). Se han planteado diferentes formas de aprobar o reprobar fuentes oficiales:

¿Estás de acuerdo con cambios en el artículo 27? ¿El 28? ¿Estás de acuerdo en que se siga comprando gasolina y gas? ¿Qué haríamos para dejarlas de comprar? ¿Cómo se pueden producir en Pemex?

En estos días el Consejo Nacional Ciudadano trata de definir las alternativas para presentarlas y que resulten lo más claras posibles.
 

También se está planteando qué participación privada puede o debe haber.

 

Se ha hablado también de la industria eléctrica, sobre todo a partir de la propuesta del Partido Acción Nacional. No sólo es un sí o un no, sino qué peso puede tener en la discusión, ante la evidencia de las posiciones que plantea para Pemex.

 

Una posible pregunta, surgida en la discusión: si ya se hizo en 2008 una serie de cambios a Pemex, ¿procede otra modificación?

 

En cuanto a la reforma fiscal hay versiones sobre una propuesta para cancelar la tasa cero del IVA para alimentos y medicinas. También el aumento al IVA en general. Habrá muchos en contra, pero la cuestión es ¿qué hacer en su lugar?, ¿cómo suplir el dinero que se quiere obtener? ¿Qué hacer con el impuesto sobre la renta? ¿Qué hacer con grandes empresas que prácticamente no pagan?

 

Hay que considerar que en los próximos días se anunciará el proyecto oficial, el cual no sabemos qué va a plantear ante problemas difíciles de eludir como la caída de la producción de gas y de petróleo en áreas con fuerte participación de trasnacionales, y cuya producción está en caída, como Burgos, Veracruz y Chicontepec.

 

La virtual quiebra de la Comisión Federal de Electricidad, debido que entrega todo a las trasnacionales y sus ingresos son totalmente insuficientes.

 

La continua caída en la producción de Cantarell, ligada a la compra de nitrógeno y a la declinación a menos de una quinta parte de la producción que había en 2004.

 

Debe aclarar el discurso del supuesto aumento de la producción, que choca con la realidad. Ya no digamos el proyecto de aguas profundas, que con 10 años de muchísimo gasto no ha producido nada.

 

En los próximos días y semanas vamos a ver qué va a opinar la gente sobre estos problemas.

 

Aclaración: una agencia de noticias, y tal vez alguien más, publicó que la consulta la realizará el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en todo el país, esto es falso y me consta porque he estado en todas las reuniones del Consejo Nacional Ciudadano, donde se abordó unánimemente que esto no lo haría un partido político, sino los mismos organismos que preparan la consulta.

antonio.gershenson@gmail.com

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Frente a la insensibilidad, el compromiso

Rolando Cordera Campos

Las cifras sobre pobreza y carencias sociales presentadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) el lunes pasado son contundentes: hoy hay más mexicanos pobres que hace dos años y no se ha superado la carencia crucial que se refiere a la falta de acceso a la seguridad social que sufren millones. Tampoco dejamos atrás, aunque fuese por un poco, el número de compatriotas que tiene ingresos por debajo de las llamadas líneas de bienestar y bienestar mínimo.

 

Para darnos una idea de lo que ocurre: la población en situación de pobreza, definida por tener al menos una carencia social y percibir ingresos por debajo de la línea de bienestar ascendió en 2012 a 53.3 millones de personas. Por su parte, los que tuvieron ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, definido por el costo de la canasta alimentaria, llegaron a 23.5 millones, mientras que aquellos con ingresos por debajo de la línea de bienestar, equivalente al costo de las canastas alimentaria y no alimentaria juntas, representan 51.6 por ciento de la población total, poco más de 60 millones de mexicanos.

Contundentes son, sin duda, pero a juzgar por las primeras reacciones de la opinión pública, no logran ser convincentes. Para algunos, estos hallazgos ponen en entredicho los miles de millones gastados en programas contra la pobreza, porque lo que han hecho es producir más pobres. Para otros, no se trata sino de una muestra más de la ineficacia del modelo implantado al calor del cambio estructural de fin de siglo.

Sin menoscabo de la necesidad de evaluar con mayor precisión los cómos del gasto social a lo largo de los años; mucho menos de la conveniencia de examinar las relaciones sociales y productivas fundamentales del susodicho modelito, habría que decir, para empezar, que las realidades resumidas en el informe de Coneval nos retratan de cuerpo entero.

Más allá de modelos, malos usos y abusos del gasto y de las obsesiones con la eficiencia y la focalización que inspiraron los programas actuales contra la pobreza y las carencias de la población, están una estructura y un carácter sociales articulados por la segmentación profunda de sus contingentes y una acentuada insensibilidad de la política respecto de la pobreza y la desigualdad.
La otra cara del ominoso fenómeno de inmovilidad social que se apoderó de nuestras relaciones fundamentales en las pasadas décadas, sobre el cual el Centro de Estudios Espinosa Yglesias ha hecho estudios importantísimos (Informe de Movilidad Social en México 2013: Imagina tu Futuro).
 

Juntas, desigualdad, pobreza y estancamiento social, ofrecen un panorama ominoso que, por lo menos, debería reclamar la atención prioritaria del Congreso y el Ejecutivo. Sin un ascenso social inscrito en el crecimiento económico y los cauces institucionales, la lucha distributiva se vuelve un cuerpo a cuerpo donde anidan la violencia y la opción criminal, y para los jóvenes un fantasmal y cruel placebo.

 

Como sociedad nacional poseedora de una de las 15 economías más grandes del planeta, México no debería admitir el mal empleo, convertido ya en mayoritario dentro del de por sí precario mercado laboral; mucho menos regodearse con una estabilidad financiera y monetaria cuyo mantenimiento a ultranza está en la base de los resultados reseñados. Pero así ocurre.

 

Además, al hablar de nuestras instituciones, tendríamos que poner entre paréntesis la grandilocuencia con que solemos referirnos a ellas y reconocer que no han estado a la altura de su mandato constitucional de asegurar y garantizar a la población sus derechos fundamentales para una vida digna. Habría que preguntarse ya si ese conjunto de agencias, organismos y leyes que sustentan la acción del Estado en materia social puede cumplir con los nuevos mandatos constitucionales sobre los derechos humanos surgidos de la reforma de 2011.

 

De estos reconocimientos hay que partir para trazar un nuevo curso para nuestro desarrollo, marcado por la equidad y por el compromiso con la igualdad del Estado y de la sociedad en su conjunto. De poco sirve desgarrarse las vestiduras por los millones mal gastados, o desgañitarse por la absurda persistencia de una estrategia que no ha sido incapaz de arrojar los frutos prometidos, además que ha empezado a tener rendimientos negativos para la economía y la vida de los mexicanos, sino anteponemos la voluntad política y moral de cambiar los criterios y objetivos de nuestra evolución como Estado nacional.

 

Lo que hoy está ante nuestros ojos y oídos es la evidencia descarnada de que ni esos millones ni esos programas son suficientes, ni tienen la capacidad de abatir sostenidamente este cáncer que debería ser motivo de nuestra vergüenza. Lo que urge es que la economía crezca cada vez más rápido para crear los empleos necesarios, así como llegar a un compromiso fundamental con la dignidad del trabajo, que siempre ha querido decir seguridad y protección sociales efectivas, salarios decentes, salud y educación adecuadas.

 

Los que hoy no tenemos, pero de los que depende el mañana de la nación mexicana.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Las aporías del sector energético

José Antonio Rojas Nieto

Permítaseme hoy retomar algunas ideas fundamentales de la Estrategia Nacional de Energía (ENE) presentada por el gobierno al Congreso y ratificada por el Senado de la República este difícil año 2013. Y es que me parece muy importante recordar algunos ejes articuladores de la ENE2013 –como se la identifica coloquialmente en el medio energético actual– para mostrar que la discusión sobre la reforma energética obligatoriamente debe tener un marco de referencia que trascienda –lo he tratado de decir en otro momentos– la visión reduccionista entre privatizar o no privatizar Pemex. Incluso CFE.

 

Un ejemplo claro de cómo ese reduccionismo no nos lleva a nada es el coro empresarial que asegura –lo escuchamos del mismísimo Candiani– que no debe privatizarse Pemex. ¿Pero qué más, diría yo? Nada, por lo pronto. Los empresarios no han podido decir nada. Y la propuesta de los azules presentada esta semana –incapaz de superar ese reduccionismo– no hace sino repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sin mostrar la coherencia lógica de su iniciativa. No sólo respecto del ideario del mismísimo PAN (¡Cómo no extrañar –por cierto y salvadas las diferencias– la altura de miras de Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Miguel Estrada Iturbide, Juan Landerreche, Rafael Preciado, incluso Luis Calderón, Adolfo Chriestleb, Efraín González Morfín, Carlos Castillo Peraza, entre otros), sino respecto del momento que vive el mundo en general y vive México en particular. Y es que –según asegura la ENE2013– nuestro hoy nos obliga a encauzar las fuerzas de la oferta y la demanda de energía de modo que se brinde viabilidad al crecimiento económico de México y se extienda el acceso a servicios energéticos de calidad a toda la población, a fin de que reciban los beneficios que derivan del consumo eficiente y responsable de la energía. Eficiente….Responsable… Es decir…

Entonces, ¿por qué hablar de apertura indiscriminada al capital privado en todas las fases de la industria petrolera y en la industria eléctrica, sin antes ofrecer un diagnóstico serio sobre el mayor o menor cumplimiento de esta misión de una u otra forma? ¿Por qué no evaluar la mayor o menor capacidad para cumplir los objetivos que –a decir de la misma ENE2013– deben ser, en primer lugar, brindar viabilidad al crecimiento económico de México y, en segundo, extender el acceso a servicios energéticos de calidad a toda la población, a fin de que reciban los beneficios que derivan del consumo eficiente y responsable de la energía? ¿Por qué? ¡Caramba, de nada le sirvió a Cordero su paso por la Secretaría de Energía! Sea lo que sea –lo digo en serio a sabiendas de mi persuasión profunda sobre la necesidad de empresas pública fuertes y sólidas, aunque limpias y eficiente, y mi convencimiento de los principios constitucionales del 25, 27 y 28 como están hoy –es urgente, muy urgente apostarle a la sustentabilidad, a la eficiencia y a la seguridad energéticas.
 

Concientes, por cierto, de lo mucho que podemos hacer. Pero también de lo poco que representamos en un mundo donde Estados Unidos, China y la India, por sólo mencionar a tres países con mayor responsabilidad en el asunto, con 44 por ciento del consumo mundial de energía primaria son responsables de la mitad de las emisiones de CO2 en el mundo de hoy. Y enfrentar con rigor las aporías que desencadenan estos tres principios normativos que orientan el ánimo de sustentar el desarrollo económico con –digámoslo en palabras gubernamentales de hoy– firme inclusión social.

 

Sí, hay dificultad en el paso para asegurar la disponibilidad de combustibles y electricidad, pero al menor costo y con una sólida participación de fuentes no fósiles, renovables primordialmente. Y también dificultad en el paso para certificar la mayor eficiencia y el menor costo de suministro de combustibles y electricidad, sin perder la seguridad de dicho suministro energético, ni la capacidad para respetar la naturaleza, el ambiente y mitigar al máximo los gases de efecto invernadero. Finalmente hay dificultad en el paso para impulsar las fuentes renovables de generación de electricidad también al máximo posible –incluso más– pero sin dilapidar recursos en ese esfuerzo virtuoso ni comprometer nuestra seguridad para un suministro continuo y de calidad de combustibles y electricidad.

 

Lamento mucho que el gobierno anterior no haya reflexionado con cuidado no sólo sobre las implicaciones de su normativa energética y ambiental, sino sobre las condiciones de posibilidad de sus mejores metas. En ristre –sí en ristre– aprobó leyes, reglamentos, estrategias, planes y programas, sin lograr un marco global coherente de todos ellos. Ni garantizar los instrumentos para su cumplimento. Menos aún el consenso social que las sustenta.

 

Este gobierno o cualquier otro deben reflexionar a fondo sobre estas aporías, estas dificultades, estas oposiciones en las que se encuentra el sector energético mexicano hoy. Y –como escribió Murner a principios del siglo XVI– no tirar el agua con el niño. Pemex y CFE son más que empresas, corporativas, presidencialista y vinculadas al o los partidos de Estado. Incluso para los ciegos amantes o amantes ciegos de la competencia, la existencia y el fortalecimiento de estas empresas es fundamental para evitar –diría Perogrullo– monopolios o duopolios u oligopolios como lo que acontece en telecomunicaciones. Hay mucha vida de obreros, técnicos, profesionistas y –¡qué duda cabe!– directivos que –viviendo al lado de la vergüenza de la corrupción que todos conocemos– nos enorgullecen profundamente. ¡A mí, sin duda! Con todo y todo. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx

FUENTE: LA JORNADA OPINION