Iniciativa de decreto: insostenible- Raúl Álvarez Garín: otro de sus desafíos al Estado- Privatización petrolera y rizoma social

Reforma Energética

Iniciativa de decreto: insostenible

John Saxe-Fernández

Enrique Peña Nieto cuenta con los votos de PRI y PAN para, como dijo el senador y ex secretario de Hacienda de Calderón Ernesto Cordero, consumar su aspiración máxima: la apertura total del petróleo mexicano al capital privado (nacional y/o extranjero). Ese honorable senador le sugirió a Peña no desanimarse en el intento de constitucionalizar el gran despojo en curso y, en efecto, procedió rápido y furioso a consumar una hazaña antinacional que es componente vital del vasto programa de ajuste estructural en los tiempos del techo del petróleo, a sólo ocho meses de iniciado este sexenio. Tampoco escatimó invocaciones a Lázaro Cárdenas, como quien dejó las puertas abiertas a la privatización a lo largo del texto o aducir el agotamiento de los estratos convencionales –de bajo precio, fácil acceso y alta calidad– en la enmarañada e infundada argumentación histórica y técnica usada como sostén de la iniciativa de decreto que presentó hoy, 12 de agosto de 2013, a la Cámara de Senadores para mutilar la Carta Magna, en artículos cruciales, obstáculos formales que los cabildos de la cleptocracia doméstica e internacional han querido vencer desde hace décadas.

 

Me referiré sólo al petróleo. La iniciativa para reformar la Constitución, además de innecesaria, choca con los argumentos de que es para fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera, promover el crecimiento económico, un desarrollo incluyente, la seguridad energética, la transparencia y la sustentabilidad y protección del medio ambiente, ¿abriendo las puertas a la explotación extranjera, entregando la renta petrolera, alentando el uso de técnicas de comprobada devastación ambiental? Ninguno de los argumentos, o excusas para entregar un patrimonio que no es suyo, tiene solidez histórica o técnica. Esa es una ausencia notable imposible de soslayar escudándose en una versión distorsionada del pensamiento y acción de Lázaro Cárdenas y en una versión sesgada de la experiencia internacional, en especial por su trascendencia regional y mundial, la de Brasil, que todavía se esfuerza por recuperar a plenitud su renta petrolera, luego de la transformación privatizadora y desnacionalizadora de F.H. Cardoso, en 1997, cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera, como ahora lo propone ¿Peña? aquí.

Al respecto, Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, advirtió que México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control de Estado sobre sus recursos ( La Jornada, 12/3/2008)
 

Además de esas distorsiones, uno de los principales problemas que saltan a la vista es la precipitación con que se quiere proceder con la iniciativa de modificación constitucional, sin argumentos ni convincentes ni técnicamente sólidos. No ofrece la iniciativa la mínima información cuantitativa sobre los recursos no convencionales disponibles en aguas profundas o en gas y petróleo de lutitas. Sabemos, por informes públicos, que a los Rex Tillerson de este mundo sí les urge contar con reservas probadas, porque en los dos primeros trimestres de 2013, aunque Exxon obtuvo ganancias, la actuación del área de exploración y producción fue mediocre.

 

Los legisladores tendrán que proceder sin información sobre dónde están localizados los recursos no convencionales, los plazos temporales involucrados y las cantidades esperadas de recuperación. A menos que recurran a la información y mapas que ofrece la Administración de Información sobre Energía (Energy Information Administration, EIA) del Departamento de Energía de EU –de confiabilidad comprometida– ya que fuentes anónimas citadas por The New York Times indican que algunos de sus geólogos y especialistas que diseñan sus mapas, a los que con frecuencia recurre la cúpula de Pemex en sus presentaciones, tienen vínculos contractuales con las grandes petroleras interesadas en operar en México o Argentina. La otra fuente sería la Agencia Internacional de Energía –con sede en París–, más confiable, aunque nacida para contrarrestar a la OPEP.

 

Se nos dice que es necesario mochar la Constitución porque con los no convencionales estamos tratando con yacimientos de gran complejidad que demandan capacidades de ejecución e inversión que sólo se pueden alcanzar con la concurrencia de diversas empresas petroleras. Por eso, ¿modificar la Constitución? Acaso ¿no existen firmas especializadas en el mercado con recursos disponibles, sin saquear a la nación? Son alianzas estratégicas muy comprometedoras. Si Peña insiste en tener referencias internacionales, mejor que revise la enorme semejanza entre su iniciativa y la compare con los planes transformativos de Exxon en África Central.

 

¿Y para qué hablar del eje de la iniciativa sobre Sustentabilidad y Protección del Medio Ambiente? ¿Cómo es posible colocar esas aspiraciones ambientales junto a un proyecto de explotación por medio de la fractura hidráulica?

jsaxef.blogspot.com

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Raúl Álvarez Garín: otro de sus desafíos al Estado

Magdalena Gómez

Dentro de sus múltiples contribuciones a la democracia y justicia en nuestro país, el emblemático líder de 1968 Raúl Álvarez Garín emprendió una singular batalla con Félix Hernández Gamundi y Jesús Martín del Campo de manera destacada, bajo el manto del Comité de 68 por las libertades democráticas. Se trata de la activa participación para lograr el juicio y condena penal para los responsables de los crímenes de lesa humanidad que el Estado mexicano cometió en 1968 y 1971. Dentro de los cuales y tras la muerte de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez fue y es el acusado central. La convicción de los promoventes, entre muchas otras, parecía expresarse en una suerte de desafío contra la impunidad.

 

La creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) se convirtió en el espacio idóneo para aportar los múltiples testimonios y pruebas documentales que por años habían reunido. Se buscaba acercar la verdad real e histórica a la construcción de la verdad jurídica.

Tuve el privilegio de ser invitada a acompañar este proceso y asistir por ello a las deliberaciones y seguimiento que Raúl aportaba con una energía tremenda, pues el asunto es importantísimo, como suele decir nuestro amigo entrañable. En todo momento estaba atento y emprendedor ante cualquier pista que abriera camino para caracterizar los crímenes de Estado en el marco del genocidio y establecer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Se acercó a las experiencias chilena y argentina en cabildeo político incesante en busca de aliados y de referencias doctrinales, de derecho internacional humanitario y jurisprudenciales. Con el Senado mexicano logró respaldo para la celebración de tres importantes foros internacionales que abordaron estas temáticas.

Se trató de aprovechar que habían salido de Los Pinos los priístas que a su vez fueron responsables de las masacres del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y la guerra sucia. Esta etapa de la trayectoria de Raúl Álvarez Garín es perfectamente congruente con lo que ha sido en su vida la convicción de la lucha por la democracia en nuestro país en su sentido más amplio; para ello ha sido consciente de que se requiere terminar con la impunidad de Estado que ha prevalecido. En los años de la fiscalía, ésta efectuó acciones altamente simbólicas, como lograr la presentación, en calidad de indiciados, de Luis Echeverría Álvarez y Luis Gutiérrez Oropeza, por los crímenes de 68, y de Mario Moya Palencia, Alfonso Martínez Domínguez, entre otros, por los de 71. Poco a poco se fue mostrando que este proceso jurídico-político también sacudió al Poder Judicial en su conjunto. Fue dura y memorable la sesión en la Suprema Corte de Justicia en la cual, tras la lectura del proyecto del ministro Silva, quien sostuvo la no prescripción de los delitos de lesa humanidad y el resto de la primera sala la rechazó al ubicar al derecho interno por encima del internacional. A cada una de las posturas asumidas el Comité 68 respondía con sólidos argumentos. No sorprendía la solvencia y seguridad con que Raúl abordaba las estrategias jurídicas pues él había sido su propio defensor en sus históricos escritos junto a sus compañeros en los aciagos días de la cárcel.
 

Mientras las decisiones judiciales surgían con altibajos, se avanzaba en materia de no prescripción del delito de genocidio, pero no en que se fincaran responsabilidades concretas. Un momento de alta tensión fue cuando la Femospp ubicó la matanza del 10 de junio de 1971 como parte de la cadena que implicó el delito de genocidio, más aún al señalar presuntos responsables a destacados priístas, en especial el ex presidente Luis Echeverría, lo cual desencadenó la guerra abierta contra dicha instancia, su responsable y los promotores de dichas investigaciones. Fue célebre el discurso del secretario de Defensa general Ricardo Clemente Vega sobre la necesidad de promover la conciliación para no destruir a la nación. Ante todo ello, Raúl –incansable– analizaba espacios de nuevas oportunidades para avanzar en el objetivo que no era otro que lograr las bases para un nunca más. Así se fue tejiendo lo que diría constituye jurisprudencia de la historia. Basta ver la riqueza que contiene la serie de 10 tomos de México: genocidio y delitos de lesa humanidad 1968-2008, publicados por el Comité 68.

 

Lo dijo bien Raúl: Como soy un poco obsesivo, la tarea que tenemos enfrente es meter a la cárcel al ex presidente Luis Echeverría, porque sería un hecho político indeleble. No es cierta la idea de que los juicios en su contra no sirvieron para nada. En México quedó admitido que sus delitos son de genocidio y no prescriben, e incluso estuvo en arraigo domiciliario. No es cierto que está exonerado, está libre bajo reservas de ley, y mañana mismo se le podría procesar ( La Jornada, 5/8/13).

 

Estos días Raúl Álvarez Garín libra una batalla por restablecer su salud; su triunfo será nuestro. ¡En la lucha nos veremos!

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 Tiempo de abrochar cinturones-Magú

magu@jornada.com.mx

Privatización petrolera y rizoma social

Luis Hernández Navarro

El presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética en un momento muy delicado. Confluyen en la arena política un amplio rechazo ciudadano contra la privatización petrolera y un rizoma social opositor de gran calado en torno a cuestiones educativas, la devastación ambiental y la inseguridad pública.

 

Por si fuera poco, la situación económica se torna cada día más desfavorable. Las cifras de crecimiento económico para 2013 han caído de manera sostenida. El país acumuló 11 meses seguidos de desaceleración. El Banco de México prevé una baja del producto interno bruto (PIB) de entre 2 y 3 por ciento. La institución redujo su estimación sobre la generación de nuevos puestos de trabajo en 100 mil empleos. Grandes empresas despidieron durante el primer semestre de este año a más de 68 mil personas. La deuda pública se encuentra en su mayor nivel en el curso de este siglo. En los primeros seis meses de este año aumentó 950 millones de pesos diarios. Además, entre mayo y junio salieron de las arcas nacionales 178 mil millones de pesos, la más importante fuga de capitales en dos décadas.

Es cierto que el jefe del Ejecutivo cuenta en el Congreso con los votos necesarios para sacar adelante su reforma; sin embargo, tiene en contra a la opinión pública. Desde febrero pasado al menos tres encuestas muestran que más de la mitad de los mexicanos rechazan al capital privado en el sector energético. Los sondeos de opinión de Buendía y Laredo, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y de Parametría no dejan lugar a dudas en ello.

Hasta ahora, la oposición a reformar la Constitución en materia energética es, básicamente, una corriente de opinión. Pero conforme avance su discusión en las cámaras es muy probable que se transforme en una movilización política y social.

Quienes impulsan la reforma privatizadora apuestan a que su mayoría parlamentaria, los recursos que movilicen los poderes fácticos y el Pacto por México son factores suficientes para lograr su aprobación. Calculan que Andrés Manuel López Obrador está políticamente disminuido. Suponen que al no contar con los recursos de un partido político su capacidad de convocatoria y movilización es muy limitada.

Sin embargo, una cosa es que arriba se haya amarrado a la clase política y a los intereses en favor de la privatización y otra que abajo la situación esté bajo control. Basta con asomarse a lo sucedido en Guerrero a lo largo de este último año para comprender que las reivindicaciones, dinámicas y tiempos políticos del México de abajo no coinciden con las del México de arriba.

El rechazo a la privatización petrolera está vivo en la conciencia nacional-popular de amplios sectores de la población. Lejos de ser la reivindicación de una parte de la sociedad, atraviesa todas las clases y actores sociales. Por más que los neoliberales quieran presentar la defensa de la soberanía petrolera como una reminiscencia del pasado y un lastre para el crecimiento económico, quienes la defienden sostienen que es la palanca para el desarrollo del país de acuerdo con intereses verdaderamente nacionales. Aunque el gobierno argumenta que su reforma busca modernizar la industria, quienes se oponen a ella responden, con razón, que lo que se pretende es entregar una parte de la renta petrolera a empresarios trasnacionales.
 

Pero, además, en el México de abajo muchas cosas están desamarradas. El rizoma social crece horizontalmente emitiendo raíces y brotes de descontento. En el terreno de la enseñanza, cientos de miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan meses movilizados frente a la contrarreforma educativa. Lejos de amainar con el paso del tiempo, la protesta se ha extendido a varias regiones. La pretensión de aprobar a fin de este mes las tres leyes secundarias en la materia, sin escuchar los señalamientos y reclamos del magisterio democrático, amenaza con provocar un pleito de pronóstico reservado.

 

En el mismo sector educativo se han producido protestas en las escuelas normales, la Universidad de la Ciudad de México, los CCH de la UNAM, el Colegio de Bachilleres, las escuelas de educación media superior del Distrito Federal e innumerables universidades públicas. Aunque varios de estos problemas han sido parcialmente solucionados o desactivados pueden resurgir en cualquier momento.

 

A lo largo de todo el país los afectados ambientales luchan por mantener bajo su control los recursos naturales que necesitan para su vida, frente a las amenazas de que pasen a servir a intereses empresariales. Las páginas de este diario se han llenado estos últimos meses con información sobre estos conflictos, y la saga trágica de asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de quienes dirigen esta resistencia. El Tribunal Permanente de los Pueblos ha documentado más de 300 de estas luchas.

 

La crisis de la seguridad pública ha precipitado el surgimiento de policías comunitarias en, al menos, 14 entidades del país. Una encuesta de Parametría efectuada en febrero de este año concluyó que 57 por ciento de la población estaba de acuerdo en que las comunidades se organicen y conformen una policía propia para defenderse de la delincuencia. Los roces entre los grupos de autodefensa y el Ejército son cada vez más frecuentes, al tiempo que el malestar de las fuerzas armadas con esta situacón es cada vez mayor. Simultáneamente, se mantiene activa una persistente movilización de familiares de desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico, que exige la presentación con vida de sus seres queridos.

 

Aunque cada uno de estos rizomas tiene su propia dirección, demandas y dinámica, existe la posibilidad de que converjan en las movilizaciones contra la privatización petrolera. Por principio de cuentas, ninguno de ellos apoya la reforma energética.

 

¿Saldrán adelante las reformas energéticas sin graves expresiones de inconformidad social? Pronto lo sabremos. Mientras, la confrontación social crece.

Twitter: @lhan55

FUENTE: LA JORNADA OPINION