Iniciativa de ley «Lázaro Cárdenas del Río»- Rechazar la privatización encubierta- La trampa modernizadora

Iniciativa de ley Lázaro Cárdenas del Río

Javier Jiménez Espriú

La iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo debía, según la fuente inspiradora de la misma, llamarse Iniciativa de ley Lázaro Cárdenas del Río. Resulta, para sorpresa de todos, que el general Cárdenas, así de visionario, dejó marcadas en su sagradas escrituras las líneas modernizadoras de la industria petrolera de México, para que un día un mesías sexenal, interpretando adecuadamente el pensamiento nacionalista del viejo presidente salvara a la industria y a la patria en beneficio de los mexicanos.

 

Si eso nos hubieran dicho desde el principio, si no nos hubieran acusado de dogmáticos y de falso nacionalismo cuando invocábamos la figura del señor general y la gesta soberana de 1938, que llamaban tabús con los que había que acabar para romper las amarras con un pasado ya pasado; si nos hubieran advertido que eran, ni más ni menos, la letra y el espíritu de la expropiación petrolera lo que guiaba los propósitos del gobierno para su reforma energética y que lo que se preparaba era tan sólo la forma de hacer válidos los postulados de soberanía y dignidad que acompañaron la expropiación, ante las amenazas de quienes quieren apoderarse de nuestro petróleo, jamás hubiéramos pensado que de lo que se trataba era de entregar el petróleo de México a los ricos de aquí y de allá y seguramente la hubiéramos apoyado a ojos cerrados.

Pero, basta de ironías, que esto es muy serio y los mexicanos no somos estúpidos; vemos con claridad que la letra y el espíritu de lo que se ha presentado como iniciativa, no tiene nada que ver con Cárdenas y su gesta patriótica y es, por el contrario, la antítesis de lo que fue aquello.

Resulta, por tanto, indignante, poco ético, una manipulación burda, salir ahora con una enorme patraña, vulgar y obvia, queriendo confundir a quienes saben del patriotismo del general Cárdenas, endilgándole la paternidad de su reforma.

Don Lázaro vio con enorme entusiasmo, porque fue consultado en su momento, la inclusión en el artículo 27 constitucional de la prohibición de los contratos de riesgo. Lo sé de fuente directa, en conversaciones personales que tuve con mi suegro, el ingeniero Pascual Gutiérrez Roldán, quien era en 1960, cuando esto tuvo lugar, director general de Petróleos Mexicanos.
 

El presidente Cárdenas no habría aceptado nunca, tampoco luego de la expropiación que tanto costó al pueblo de México, que se entregara a la iniciativa privada nacional y extranjera y seguramente más extranjera que nacional, la corriente hacia abajo que se inicia en la refinación, como ahora se pretende.

 

Son las múltiples referencias al presidente Lázaro Cárdenas, a los fundamentos cardenistas, al espíritu de las reformas cardenistas, a las ideas fundamentales del presidente Lázaro Cárdenas, al modelo cardenista, al marco jurídico promovido por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, a la historia de las reformas cardenistas, que plagan la iniciativa presentada, un engaño más en la cadena interminable de falacias con las que se trata de que el pueblo se trague la píldora.

 

Se trata de un acto de temor a hablar con la verdad de lo que se persigue y que lleva a abrazarse a lo que tanto se criticó en todos los discursos de los corifeos incondicionales: A los mitos y los dogmas del pasado, como los llamaban despectivamente para descalificar.

 

Engaño igual a los que se presentan como carnada para pescar voluntades, como la creación millonaria de empleos, la disminución del precio de los combustibles, aumento del ingreso per cápita, etcétera, que hoy nadie puede refutar, como nadie puede confirmar.

 

Ya hablaremos de las otras falacias. Hoy valga sólo manifestar el enorme malestar de constatar a qué se está dispuesto con tal de salirse con la suya: el compartir –¿entre quienes?– la renta petrolera y los negocios de largo plazo de la industria de los hidrocarburos.

 

¡Ah, y me refiero a todos: los convencionales y los no convencionales!, que todos son hidrocarburos, recursos no renovables, pertenecientes a la Nación.

Twitter: @jimenezespriu

jimenezespriu@prodigy.net.mx

FUENTE: LA JORNADA OPINION

De último momento-Magú

magu@jornada.com.mx

Rechazar la privatización encubierta

Alejandro Nadal

La reforma en materia energética impulsada por el gobierno pretende aniquilar la autonomía patrimonial de México. Las medidas propuestas carecen de sustento jurídico y no se justifican desde el punto de vista económico. Es un paso más en la consolidación del neoliberalismo y en el sometimiento del pueblo de México a la rapacidad del capital nacional e internacional. Es el último ejemplo de la profunda crisis por la que atraviesa el Estado mexicano.

 

Desde el punto de vista económico, nada justifica la privatización embozada. El paquete de política macroeconómica y sectorial que constituye el alma del modelo neoliberal impuesto en México no permite crecer, ni mucho menos acercarnos al desarrollo económico y social. El tipo de inversiones que serán atraídas por la privatización no generarán un número elevado de empleos y carecerán de los eslabonamientos industriales que se requieren para dar impulsos dinámicos a la economía mexicana.

La promesa de reducciones de precios de gasolinas y luz no tiene ningún fundamento. Recuerda las promesas huecas sobre la reducción del precio de la tortilla cuando se incluyó el maíz en el TLC y la palabrería sobre la disminución en el costo de los servicios financieros cuando se privatizó y se liberalizó la banca.

En cuanto al régimen fiscal, ya sabemos que el gobierno buscará próximamente incrementar el IVA e imponerlo sobre alimentos y medicinas para compensar el agujero que dejará la privatización de Pemex.

Claro que existen alternativas para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Pero no pasan por profundizar el modelo neoliberal que está detrás de la crisis que hoy hunde a la economía mundial.

La inconstitucionalidad de la reforma propuesta es indiscutible. El gobierno pretende erigir al Congreso como un órgano revisor de la Constitución. No es la primera vez que lo hace, pero esta forma de proceder ignora que el Congreso en sus funciones normales no puede desempeñarse como revisor de las decisiones políticas fundamentales plasmadas en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien señaló Mario de la Cueva, para evitar la simulación y la destrucción de los conceptos medulares de una Constitución política, el poder revisor constitucional no puede ser ilimitado. El Congreso de la Unión no es depositario de las facultades y atribuciones que tuvo en su momento el poder Constituyente de 1917.

No hay que olvidar un hecho fundamental. El texto original del artículo 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos emanado del Constituyente de 1917 es muy claro: Tratándose del petróleo y de los carburos del hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Ningún órgano revisor puede alterar este precepto sin romper el orden constitucional.
 

Es cierto que las constituciones pueden modificarse, pero para hacerlo, el poder revisor debe ser ejercido exclusivamente por una instancia que pueda equipararse al Congreso Constituyente. Para ello se requieren figuras jurídico-políticas que son esencialmente distintas del Congreso en sus funciones legislativas convencionales. A contrario sensu, si el Congreso de la Unión puede arrogarse facultades que sólo competen al Constituyente, el orden político fundamental estará constantemente amenazado. La simulación y el engaño pueden erigirse en norma de gobierno, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país. El caos y la violencia que hoy vivimos es en buena medida resultado de muchos años de convertir a la Constitución en un simple reglamento que fue modificado por una reforma constitucional cada vez que se le antojaba al gobierno en turno.

 

El poder revisor consagrado en el artículo 135 constitucional no da un cheque en blanco al Congreso para reformar la Carta Magna. Ese poder revisor está limitado. El artículo 136 constitucional define que de establecerse un gobierno contrario a los principios que la Constitución sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. ¿De qué principios fundamentales está hablando el Constituyente? Por supuesto que está refiriéndose a la Constitución del Estado republicano, con división de poderes, basado en el reconocimiento de los derechos humanos y el régimen de derecho. Pero también está haciendo referencia a los principios relacionados y emanados de las luchas del pueblo mexicano por ser dueño de su propio destino. Y no hay mejor ejemplo que la resistencia del pueblo mexicano frente a los designios del imperio económico y las tentativas de despojo. Esa es la razón de ser del artículo 27 constitucional.

 

El intento de llevar a cabo la privatización encubierta del petróleo mexicano es el último ejemplo de la captura de la que es objeto el gobierno mexicano por parte de las grandes corporaciones, nacionales e internacionales, desde que se impuso el modelo neoliberal. Debe ser rechazado enérgicamente por el pueblo de México.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

La trampa modernizadora

Luis Linares Zapata

El oficialismo en pleno se ha lanzado, con todo su endeble bagaje político, a la privatización energética revestida de modernismo. El anuncio de la cesión al extranjero de una buena tajada de la renta petrolera se llevó a cabo desde Los Pinos. Después de este gran salto al vacío el futuro de la nación será, con amplio margen de seguridad, una aventura de nulo beneficio para las mayorías. Y lo será desde diferentes órdenes de considerandos. El más profundo consiste en trastocar, con notoria frivolidad interesada, el principal sustento jurídico del orgullo y la independencia nacional: la riqueza petrolera resguardada por el artículo 27 constitucional. Las muchas consecuencias derivadas de tal modificación, considerada por algunos como un paso valiente, no se resentirán de inmediato pero deformarán, aún más, el ya de por sí torcido desarrollo general del país. Tal deformación agudizará la desigualdad que hoy se considera como el meollo mismo del problema social.

 

Los cálculos que se han hecho en las cúspides para la venta de garaje son por demás pedestres y saturados de mezquinos intereses personales y de grupo. El componente ideológico, de colonizada fe neoliberal, juega también un papel estelar en el proceso de entrega ya en curso. El negocio previsto desde las sedes de los poderes centrales para dar una tarascada mayúscula (con seguridad mayor a 50 por ciento de los rendimientos entrevistos) a la renta petrolera ofusca muchas ambiciones locales, ya de por sí enajenadas. Toda la cadena energética entrará a la subasta: exploración, extracción, refinación, distribución y la logística de transporte y almacenaje completa serán puestos en la charola de los vendedores. Las energías alternativas engrosarán los ya avanzados enclaves externos. También se irá, como pilón, toda la mayor parte de la generación y hasta puede que la trasmisión de la electricidad. Es decir, el espectro completo del sector energético, impulsor básico de la fábrica del país y con incidencia en otros vitales aspectos de la vida organizada. La extranjerización del sistema bancario y financiero será recordada, de aquí en adelante, como un asunto de menores consecuencias soberanas. Total, la misma soberanía es un concepto vetusto y torpe, como siempre presumen los tecnócratas. ¿Qué tiene de malo que inversionistas de fuera se hagan cargo de la energía, la banca, los alimentos o los ferrocarriles, minas y un largo etcétera? Ellos lo hacen mejor, se lo merecen por sus arrojados capitales y tecnología, dirá el enorme coro de apoyadores. ¡Bravo, señor Presidente, ahora es cuando! Hay que hacerlo cuando se tiene la mayoría legislativa, escriben alborozados, sin recato alguno, los abundantes columneros orgánicos.

Las posibles reacciones de esa gran parte de los mexicanos que no están de acuerdo con la enajenación de la industria energética se han menospreciado. Unas cuantas manifestaciones poco o nada cambiarán, aseguran con sorna de catrines citadinos. Llegó por fin la hora de la revancha panista. Las premoniciones adelantadas por algunos personeros de la izquierda agitando siempre al México bronco son ¡simples bufonadas!, concluyen. Mientras, las campañas de convencimiento de las legítimas bondades futuras están difundiéndose a plena intensidad. ¡No se privatizará ni un solo tornillo de Pemex! Tampoco se subastará en los mercados parte del capital de la CFE o de Pemex, se desgrana desde las alturas. Como si el meollo fuera una cuestión de interpretaciones semánticas del término privatizar. A los contratos de riesgo ahora se les llaman de utilidades compartidas. ¿Qué comparten?, se oye por aquí y por allá, y los enterados arguyen, se compartirán los riesgos, no más. Nada dicen del reparto por los hallazgos, por la extracción, por la refinación o el transporte y la generación eléctrica. De eso no hablan, nada dicen, todo lo disfrazan diciendo que el crudo, la electricidad y el gas quedarán bajo el control y propiedad de la CFE y de la nación. Como si alguien quisiera llevarse las utilidades convertidas en paquetes de luz o en bidones de gasolinas en vez del contante y las reservas registradas en sus balances.
 

Cambiar la Constitución, en particular su ar­tículo 27, es un paso necesario, alegan concitando al general Cárdenas para justificar la osadía. No se arrancará la piel a nadie, se dice como novedad periodística. No se desgarrará la nacionalidad o la soberanía con tales cambios. No hay que ser un guadalupano constituyente que todo lo convierte en religiosa negativa. No, señores sabios de la academia, en efecto, no será el simple hecho de modificar el lenguaje constitucional lo que afecte el progreso, la modernidad. Lo que lo hará será la entrega real de la industria energética al extranjero para repartir, entre algunos pocos, la renta petrolera lo que agrandará la pobreza. Lo que se quiere evitar al oponerse a los cambios de la ley básica es preservar, en manos propias, la riqueza del subsuelo, esa materia prima tan ambicionada por moros y cristianos de dentro y fuera. Lo que se quiere es dejar el sector para que la inteligencia, el capital e imaginación de los mexicanos la usufructúen y agranden.

 

La premisa básica para abrir el sector al capital extranjero se agota en el aumento de la extracción de crudo y gas. Algo, por cierto, arto inconveniente. Quienes lo están solicitando aumentar son los agentes de la especulación, los refinadores externos y, de manera absurda, los funcionarios y políticos locales. Estos personajes no quieren obligarse a castigar a todos los evasores, que son muchos y bien conocidos para engrosar la hacienda pública. Se quiere, también, exportar más crudo para seguir importando hasta lo superfluo a costa del desarme de la planta productiva propia. Para eso, y otros negocios laterales de ciertos particulares, se quiere expandir la extracción de crudo. Lo cierto de todo este enredo energético, de aprobarse como se pretende, es trasferir más riqueza al capital privado y agrandar la enorme tajada que ya se lleva del ingreso nacional (PIB). Continuar la acumulación y, con ella, aumentar la ostentosa desigualdad con su cauda de pobreza y marginalidad será la inevitable consecuencia de esta irresponsable reforma.

FUENTE: LA JORNADA OPINION