Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 5 de agosto de 2013

Pragmatismo petrolero- Inteligencia y economía criminal- Aprender a aprender

Pragmatismo petrolero
John M. Ackerman
 
La ideología neoliberal de Enrique Peña Nieto y sus aliados en el Pacto por México indica que el Estado debe limitarse a tender la cama y lavar los platos sucios del gran capital. En contraste, un enfoque pragmático facilitaría la liberación del Estado de su servidumbre actual y lo llevaría a trabajar junto con las fuerzas populares para generar un robusto desarrollo social para todos. En esta tarea son grandes aliados el texto vigente del artículo 27 constitucional y el régimen de control estatal sobre la renta petrolera. Ambos proporcionan al Estado herramientas fundamentales para garantizar los derechos constitucionales de la población a la vida, la salud, la alimentación, la educación y el trabajo.
 
Es necesario rechazar las reformas energéticas privatizadoras no solamente porque constituirían un robo al patrimonio nacional, sino también porque minarían los cimientos del Estado social emergido de la Revolución Mexicana. Es nuestro avanzado texto constitucional lo que ha evitado que más ciudadanos caigan en la pobreza, la miseria y la violencia durante la larga noche neoliberal. No podemos permitir que los mitos y las fantasías de los oligarcas opaquen el pensamiento racional y ponderado que caracterizan la cultura popular mexicana.

En principio, aumentar el control de empresas trasnacionales sobre la renta petrolera no generaría ganancia alguna para el pueblo, sino todo lo contrario. En lugar de que el gobierno reciba las ganancias para poder gastarlas en escuelas, centros de salud y carreteras, las recibirían estas empresas para poder complacer a sus accionistas. La privatización tampoco ayudaría con el combate a la corrupción. Las últimas dos décadas con experiencias similares en los sectores bancario, minero, telecomunicaciones, aviación, entre otros, han demostrado claramente que la desincorporación de activos estatales genera más, no menos, enriquecimiento ilícito.

Tampoco existe garantía alguna de que las empresas transnacionales realmente vayan a invertir grandes cantidades de recursos en la extracción o la refinación del petróleo mexicano. Lo que les interesa a estas empresas es poder reportar a sus accionistas su control sobre los recursos (el famoso booking de las reservas) y no necesariamente su explotación directa. Asimismo, los numerosos desastres ecológicos causados por la irresponsabilidad de las empresas petroleras, incluyendo, por ejemplo, el masivo derramamiento en el Golfo de México por British Petroleum en 2010, demuestran que su tecnología tiene peligrosas fallas.

Resulta evidente que la estrategia más pragmática y menos riesgosa para fortalecer la industria petrolera nacional sería reducir la carga fiscal a Pemex, combatir seriamente la corrupción no sólo en el sindicato, sino también en la licitación de jugosos contratos a empresas privadas, así como aumentar significativamente la inversión estatal en tecnología petrolera. México cuenta con grandes científicos e ingenieros en el Instituto Mexicano del Petróleo, la UNAM y el IPN quienes evidentemente están a la altura del reto histórico. Estas inversiones podrían ser financiadas con un pequeño aumento en los impuestos para las personas físicas y morales más ricas, junto con un fuerte combate a la evasión fiscal.
 
Pero a Peña Nieto y sus socios no les interesan las soluciones pragmáticas, sino cumplirles a sus patrocinadores. Para la clase política reunida en el Pacto por México el objetivo de la reforma energética no es económico o técnico, sino netamente político e ideológico.
 
La regla básica de la ideología económica vigente es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Desde este punto de vista, el Estado no tiene derecho a generar ganancias propias, para después invertirlas en el desarrollo social, sino que su única función es mantener condiciones favorables para el aumento de los ingresos de las empresas privadas. De acuerdo con esta lógica, el Estado también debe asumir las pérdidas del sector privado por medio de costosos rescates cuando los integrantes de la oligarquía despilfarran sus recursos. El caso del millonario y fraudulento rescate bancario por medio de Fobaproa a finales de los años 90, para lo cual el pueblo hoy sigue pagando las deudas vencidas de las familias más adineradas del país, es solamente uno de muchos botones de muestra.
 
Habría que invertir totalmente esta perversa lógica. Los ganadores tendrían que ser los ciudadanos más humildes y, en caso de que haya pérdidas, las empresas más poderosas deberían asumir los costos de manera solidaria. Afortunadamente, en México todavía contamos con una Constitución de vanguardia, surgida de una revolución social, que está basada precisamente en el principio de priorizar el bienestar general por encima de la avaricia personal o empresarial. Los ciudadanos conscientes tienen la responsabilidad de defender su valiosa Constitución, reflejo de un verdadero pacto nacional, del ataque de un grupo de personajes públicos desacreditados cuyos únicos intereses son el enriquecimiento personal y el poder político.
Twitter: @JohnMAckerman
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Segundo rescate-Magú
Inteligencia y economía criminal
Carlos Fazio
Todo indica que Michoacán será otra vez el laboratorio de la política de (in)seguridad del régimen. El 1º de agosto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, anunció que el gobierno federal entrará en pleno a esa entidad para combatir municipio por municipio, comunidad por comunidad a los grupos de la economía criminal. Garantizó que el Ejército, la Marina y la Policía Federal continuarán en ese estado hasta devolver la paz y la tranquilidad a los michoacanos. Dado que el antónimo de paz es guerra, el rescate de Michoacán se hará en clave militar. Y como su antecesor Felipe Calderón, Enrique Peña impulsa ahora una política de recuperación de territorios de manos de la criminalidad; aunque, como dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no habrá milagros.
 
A simple vista parece un cambio de estrategia que rompe con la narrativa que venía ensayando el gobierno, discurso propagandístico que priorizaba las tareas de investigación e inteligencia frente al uso de la violencia estatal en el combate a la delincuencia. Apenas dos días antes (30 de julio), durante un acto de premiación a oficiales de las fuerzas armadas, había dicho Peña: En el gobierno de la República estamos privilegiando el uso de la inteligencia por encima del uso de la fuerza. Una nueva narrativa que, en su afán por desmarcarse de la catástrofe humanitaria generada por la guerra de Calderón, reivindicaba la unidad y la coordinación interinstitucionales (federal/estatal) y el respeto a los derechos humanos, en el marco de una estrategia de deliberado ocultamiento de los hechos de violencia, destinada a crear entre la población la percepción de que ésta está bajando.

El plan B del Ejecutivo podría conducir al mismo pecado original que su equipo atribuyó a Calderón: que las disputas de poder generaron una falta de coordinación entre los miembros del gabinete de seguridad nacional. Pero cabe consignar que si algo existió −y hasta en exceso− bajo el régimen de Calderón, fue inteligencia. El Ejército, la Marina, la Policía Federal y otros servicios han venido contando con sofisticados aparatos y personal entrenado y capacitado para desarrollar labores de investigación, inteligencia y espionaje interno. El problema es otro y tiene que ver con el uso y los fines de la información de inteligencia.

Al respecto, los papeles de Wikileaks y el caso Snowden han venido a confirmar lo señalado de manera temprana en La Jornada sobre la presencia, por ejemplo, de compañías como Verint Technology Inc aquí (ver El Plan México: militarización, daños colaterales y soberanía, 21/7/07, y La intervención va, 22/8/11, C. Fazio). El caso Verint remite a la instalación, en 2007 (a un par de meses de la llegada de Calderón a Los Pinos), de un equipo para interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México.

Licitado por el Departamento de Estado estadunidense como parte de la avanzada de la Iniciativa Mérida (septiembre 2007) y destinado a la Procuraduría General de la República (PGR) del entonces titular Eduardo Medina Mora (ex Cisen y actual embajador en Washington), el equipo fue operado a discreción por Genaro García Luna al mando de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública. Su misión era monitorear o captar todas las comunicaciones privadas (correos, chats y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos, celulares y redes internas), lo que incluía, a pedido de García Luna, la intercepción de todas las llamadas de Telmex, Telcel, Nextel, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.
 
Equipos de intrusión similares fueron adquiridos por el Cisen (el servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la PGR (al final de la gestión de Marisela Morales, actual cónsul en Milán, la dependencia compró a la firma Obses el software FinFisher/Finspy, para grabar conversaciones de teléfonos inteligentes, tipo Blackberry).
 
La ganancia para Washington fue la penetración de los distintos organismos de inteligencia del Estado mexicano con la anuencia de Felipe Calderón, quien incluso permitió la instalación aquí de la llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), bajo control estadunidense, con sus tres oficinas satélites en Tijuana, Ciudad Juárez y en la base militar de Escobedo, Nuevo León. Con el agravante de que Washington no sólo ha venido obteniendo información de inteligencia en tiempo real en el territorio nacional −en abierta violación de la soberanía de México−, sino que además utiliza sistemas de espionaje con lenguajes encriptados, a lo que se suma información recabada vía satélite y drones (aviones no tripulados) sobre temas militares, energéticos y de los grupos de la economía criminal.
 
De vieja data, la sistemática vigilancia furtiva de instituciones, funcionarios y ciudadanos mexicanos por diversas agencias estadunidenses −reveladas y documentadas en julio por el ex asesor externo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden− permite concluir que el Pentágono, la CIA, la DEA, la FBI y otras instancias tienen cuadriculado el territorio y cuentan con información suficiente que, suministrada a sus contrapartes locales, permitiría desarticular a los grupos criminales que hoy controlan territorios y tienen al país en guerra, amén de que los aparatos de seguridad del Estado mexicano también cuentan con sofisticados sistemas de espionaje.
 
Ergo, inteligencia sobra y recursos también. La pregunta es por qué no se usan. ¿Será porque sólo se busca −hoy, como antaño− administrar los lucrativos negocios de la economía criminal, vinculada con megaproyectos, la minería, el agua y la tala clandestina? Con anuencia de Washington, ¿se inicia en Michoacán el nuevo reparto de la narco-para-política bajo el régimen de Enrique Peña?
Enlaces:
FUENTE: LA JORNADA OPINION
 
Aprender a aprender
Gustavo Esteva
Llegó la hora de aprender. Esta semana empezará la celebración en los caracoles y en la próxima tendrá lugar el primer curso para aprender libertad con los zapatistas. Llegarán de muchas partes de México y del mundo quienes han sido expresamente invitados a la estancia de aprendizaje en las comunidades zapatistas. Las fiestas en los caracoles, del 8 al 10 de agosto, y los actos de la cátedra Tata Juan Chávez, el 17 y el 18, estarán abiertos a cuantos quieran acercarse.
 
Los lectores de La Jornada han podido seguir, a partir del 21 de diciembre de 2012, la serie de comunicados que conducen a estos eventos. Es posible aún encontrarlos en línea.

No será fácil la estancia. Se exige reaprender a aprender, particularmente cuando se explica que los maestros no serán profesores certificados y se carecerá de pedagogos expertos. No se cumplirá ninguno de los requisitos formales de un salón de clases o un espacio académico. Y no se trata de aprender sobre el mundo, sino del mundo, y de aprender de aquellos que están haciendo el mundo nuevo. Hace tiempo se comentó que cambiar el mundo era muy difícil, quizás imposible; lo que era posible, en cambio, era hacer un mundo nuevo. Serán maestros quienes lo están haciendo. Por eso se necesita reaprender a aprender.

Pero lo más difícil será el contenido: se trata de la libertad.

La palabra produce inmediata asociación con quienes la han perdido y genera solidaridad con los que están en la cárcel. Sin duda hay que ocuparse y preocuparse por ellos: en su mayoría son inocentes. Hay que luchar por ellos y mostrar la profunda injusticia de que se les encarcele mientras los verdaderos culpables del horror que nos rodea se pasean impunemente por las calles.

Traeré una vez más a colación al poeta John Berger. Hace tiempo nos dijo: si me viera forzado a usar una palabra para expresar lo que pasa en el mundo, pensaría en la prisión. En ella estamos, incluso quienes pretendemos estar libres. Se trata de aprender qué es la libertad para los zapatistas y quizás, con ese aprendizaje, aprender a ver nuestras rejas.

De libertad también, inevitablemente, trata un comunicado oportuno y necesario que anuncia para el 19 de junio la apertura de La casa de todas y todos en Monterrey. Se trata de la determinación de ser libres y de los principios y la moral como sustento de una actitud revolucionaria.
 
No puede decirse que fuera famosa la casa del doctor Margil, la que vio nacer a las Fuerzas de Liberación Nacional hace más de cuatro décadas. Vandalizada hace unos meses, se encuentra ahora en restauración. Anuncia una página, www.casadetodasytodos.org, en la que se irán publicando comunicados y materiales de esa organización.
 
Sabemos muy poco de ella. El nombre ha circulado como antecedente del EZLN, pero poco se ha dicho de su propia historia, de su gestación, de sus alcances. El número 20 de Contrahistorias, actualmente en circulación, publica una serie de entrevistas de cuadros del EZLN en que se refieren a las Fuerzas de Liberación Nacional. Pero son solamente apuntes fragmentarios de la organización.
 
El espléndido documental de Luisa Riley Flor en otomí, que se estrenó en la ciudad de México el 19 de abril de 2012 y circula desde entonces por circuitos alternativos, nos permitió atisbar la vida de Dení Prieto y el horror de la casa de Nepantla, pero aumentó, en vez de calmar, el apetito de saber más. Es bueno saber que ahora tendremos, de la fuente original, el material que permitirá ganar esta batalla de la memoria contra el olvido.
 
Dos ingredientes del comunicado en que se informa de la apertura de la Casa de todas y todos muestra la continuidad con lo que pasará en estos días. Al referirse al primer comunicado de las Fuerzas de Liberación Nacional, del 2 de agosto de 1971, que circuló en copias al carbón entre los miembros de la organización para informar sobre su primera confrontación armada con el Estado, se destaca con toda claridad lo que hoy también ocupa el primer plano: que se trataba desde entonces de una lucha por la libertad y que, desde entonces, los principios, la moral, eran el sustento de todo comportamiento, de toda acción política. Estos elementos marcaron a lo largo de cuatro décadas su diferencia con las clases políticas, con los gobiernos, con los partidos, y también con muchas fuerzas públicas o clandestinas de pretensiones revolucionarias. Es la diferencia que hoy importa, más que nunca, seguir sosteniendo.
FUENTE: LA JORNADA OPINION

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