Astillero
Una misa en Avión
Slim y Olegario
Doctrina Salinas
Pemex, en ruta
Julio Hernández López
De izquierda a derecha: Carlos Slim, Daniel Goñi, Miguel Rincón y Olegario Vázquez Raña, en un bar de Avión
Foto Cortesía del diario Público
El cardenal Norberto Rivera (tal vez ya en cumplimiento de los exhortos papales de Francisco para tener más compromiso con los pobres) ofició una misa especial de domingo al iniciar las festividades de San Roque, el protector de peregrinos, enfermos y desposeídos, además de amoroso benefactor y beneficiario de canes (para saber más de él, en la Santopedia: http://bit.ly/13dESWx ).
La ceremonia no fue en la catedral metropolitana de la ciudad de México, sino en el pequeño pueblo de Avión, perteneciente a la provincia de Orense y a la Comunidad Autónoma de Galicia, en España. Habitado por poco menos de 2 mil 500 personas, y con una tradición migrante que deja siempre a las cifras demográficas oficiales en predicamento (está en proceso de exhibición un documental con Minotauro y TV UNAM como coproductores mexicanos: Avión, el pueblo ausente http://bit.ly/18X4Jq7 ), esa comunidad es ejemplo del éxito económico alcanzado por viajeros que dejaron las precariedades de su tierra para hacer, sobre todo, la América y, en especial, el México (los abuelos maternos de Juan Camilo Mouriño Terrazo, por ejemplo, oriundos también de Avión).
En esta ocasión, a la misa oficiada por Rivera asistieron dos de los principales hombres de negocios de México. Uno de ellos, nacido en México pero de familia oriunda de Avión, es Olegario Vázquez Raña, quien tiene acá una mansión a la que invitó a otro compañero de banca en la iglesia pueblerina a la hora de la misa, Carlos Slim, el hombre cuya fortuna fluctúa a la velocidad de un suspiro entre la más importante del mundo o la segunda.
Olegario, entre cuyos hermanos está Mario, el poderoso dueño de la Organización Editorial Mexicana y ejecutante de un poder de larguísima duración en asuntos deportivos olímpicos, es uno de los aspirantes a conseguir una de las cadenas nacionales de televisión abierta que habrán de licitarse próximamente (el grupo empresarial de Olegario tiene el diario Excélsior, la televisiva Cadena Tres y el radiofónico Imagen), tan aspirante como lo es el propio Carlos Slim.
Por lo pronto, en el bar de Moncho, luego de una fiesta familiar de cumpleaños que los ha traído acá, han jugado dominó Slim, Vázquez Raña, y otros dos personajes menos conocidos, el ingeniero Miguel Rincón Arredondo, presidente de Corporación Durango (estado de donde es oriundo el cardenal Rivera), que en 1998 compró PIPSA, la estratégica empresa controladora de papel periódico y que hoy preside Bio-PAPPEL, la mayor productora de papel en el país; además, el notario Daniel Goñi, quien fue presidente de la Cruz Roja Mexicana.
En México, mientras tanto, otras fortunas reciben buenas noticias. El ingeniero Raúl Salinas de Gortari espera pasar las últimas aduanas judiciales para tomar posesión de los inmuebles, las cuentas bancarias y otras propiedades que sufrieron retención legal mientras los procesos se desahogaban (una de esas inversiones que dijo haber hecho fue el préstamo de 30 millones de dólares para que Ricardo Salinas Pliego pudiera comprar los canales que ahora forman Televisión Azteca, 20 años atrás).
La virtual exoneración del hermano de quien fue presidente de la República significa una declaración oficial de autorización para el enriquecimiento de particulares al amparo de negocios hechos desde el poder público. Así como en 2006 se estableció la tesis jurídica del
Haiga sido como haiga sido, que en tribunales reconoció múltiples violaciones al proceso electoral pero acabó reconociendo el ejercicio fáctico del poder al beneficiario de esos delitos sin castigo, ahora se advierte con toda claridad a los mexicanos que a pesar de las evidencias de crecimiento económico desproporcionado de personajes ligados a la política, al final imperará la impunidad. Por si alguien tuviera dudas.
En ese proceso de construcción de nuevas fortunas, o de acrecentamiento de las actuales, se inscribe el esfuerzo peñista de reformas legislativas para dar paso a capitales extranjeros y locales en el gran negocio del petróleo y otros rubros energéticos. Los beneficiarios de sexenios anteriores multiplicaron sus cuentas gracias a la voluntad amable de los detentadores del poder que así facilitaron a sus amigos, favoritos y socios la compra de bienes de la nación a ínfimo precio y con muy amplias facilidades, Telmex como ejemplo y caso de estudio.
En el caso de Pemex, la corrupción ha sido institucionalizada, y los políticos llegados a su administración por razones de grupismo político se han dedicado a ordeñar el presupuesto y a dosificar contratos, concesiones, permisos y otras asignaciones, siempre con la vista puesta en la comisión por debajo de la mesa, la cesión de acciones en las empresas beneficiadas y la burda entrega de billetes sin más disfraz.
La ruta para el magno enriquecimiento de otros más (los mismos de siempre, más los nuevos compañeros de aventura garantizada) y el daño profundo al futuro de la generalidad de los mexicanos (el hoyo presupuestal causado al entregar la renta petrolera a la voracidad en camino, y la compensación de esos huecos mediante IVA extendido a alimentos y medicinas) está claramente trazada.
Ayer, el habilidoso controlador de la cámara de diputados, Manlio Fabio Beltrones, hizo saber que este miércoles, cuando llegue a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta peñista de reforma energética, dará inicio la discusión del tema. Tal rapidez procesal anunciada tuvo como leve contrapunto el anuncio de los demás coordinadores de bancadas del PRI y el PAN en el sentido de que dicha reforma no será votada en un periodo extraordinario (lo que sería un madruguete que se estuvo evaluando: acotación astillada), sino hasta el ordinario que comenzará en septiembre. El PRI va con todo, el PAN deja sus broncas internas a un lado para apoyar esa reforma y el PRD-Chucho juega a Poncio Pilatos con una encuesta que es pretexto para dejar pasar a los otros coaligados. ¿No podrá el cardenal Rivera hacer alguna misa en México para pedir milagros y ayuda para los mexicanos que parecen enfilados hacia una crucifixión energética? ¡Hasta mañana!
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FUENTE: LA JORNADA OPINION
Justicia cómoda-Rocha 
Enriquecimiento con obra pública
Iván Restrepo
Algunos funcionarios suelen enriquecerse a la sombra de la obra pública. Ello explica la fortuna que lograron en los sexenios del partido que gobernó el país por más de 70 años y en los dos a cargo de Acción Nacional. Pero antes se cuidaban de ocultar lo más posible las formas para hacerse de dinero ajeno. Los últimos años no. Como Juan Manuel Oliva, ex gobernador panista de Guanajuato. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos federales por decenas de millones de pesos para comprar los terrenos en los que estaría la nueva refinería de Pemex, para un tren interurbano y la Expo Bicentenario.
fantasma)
a precios alzados, obteniendo ganancias millonarias. Actualmente están abandonadas. Durante el sexenio del que luego acompañó con sus luces a Josefina Vázquez Mota en su campaña electoral, abundaron las empresas fantasma. Sólo en el sector agropecuario se les asignaron obras que no se realizaron por más de 100 millones de pesos. Otro personaje favorecedor de amigos y familiares con dinero del erario es el químico Granier durante su desastroso paso por el gobierno de Tabasco. Pero también hay ejemplos, no tan divulgados ni notables, que muestran lo común de hacer negocios desde el poder. Cito tres.
El secretario de Obras Públicas de Guanajuato, José Arturo Durán, tiene una empresa, Demist, a la que se le adjudicó realizar el anteproyecto de la autopista Silao-San Miguel de Allende. Por ese trabajo cobró 3.5 millones de pesos. Los 15 mil integrantes de las comunidades ñañús y otomíes se oponen a dicha obra porque afectará su territorio ancestral, sus sitios sagrados y vestigios arqueológicos. El gobierno panista de esa entidad se empeña en realizarla, pese a no tener los permisos ambientales y violar la ley que protege a los grupos indígenas. En cambio tuvo el aval de la anterior delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guillermina Gutiérrez, hoy funcionaria del citado gobierno. Quien quedó en su lugar, Gisela Cuén, sostiene que la autopista dañará zonas arqueológicas y el patrimonio tangible e intangible de la cultura ñañú.
Otra autopista, La Pera-Cuautla, en Morelos, es insuficiente y un peligro para quienes la transitan. En especial por las grandes unidades automotrices que transportan materiales y mercancías. Al año se registran cerca de 100 accidentes y van en aumento. El gobierno estatal acordó con el de la Federación ampliar 60 metros los 21 kilómetros de la vía. Pero sin tomar en cuenta a los comuneros y ejidatarios cuyas tierras se verán afectadas por la obra. Y pasando por alto que el nuevo trazo será una amenaza permanente para quienes viven a la orilla de la autopista. Se ha denunciado que en la obra tienen intereses económicos el anterior edil de Tepoztlán y familiares del actual. Poseen negocios de materiales y camiones de volteo que utiliza la compañía Tradesco, responsable de la ampliación. Los habitantes de ese pueblo mágico (con tradición de lucha al defender su patrimonio material y cultural), están divididos por esa obra. Entre quienes la aprueban figuran los empleados de los gobiernos municipal y estatal.
Leninger Raymundo Carballido es digno de novela. Se hizo pasar por muerto en 2010 con la complicidad del Registro Civil para evadir la acción de la justicia. Lo acusan de violación tumultuaria. Luego resucitó con tan buena salud que lo eligieron alcalde de su pueblo, San Agustín Amatengo, Oaxaca. El Lázaro moderno es uno de los propietarios de la empresa, Dijical Construcciones, que ganó contratos por 5 millones de pesos para edificar aulas escolares y
anexos. Para justificar las adjudicaciones, funcionarios estatales señalaron que Dijical es
cumplidora. Y que al asignar obras no comprueban si sus dueños tienen antecedentes penales, adeudos con el fisco o están muertos.
Leninger está preso por violación tumultuaria, pero en cambio gozan de libertad muchos funcionarios que se enriquecen a través de las obras o servicios públicos.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Detallazo-Hernández 
Resistencia ambiental: acoso y barbarie
El pasado viernes, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, fue asesinado el activista ambiental Noé Salomón Vázquez Ortiz, integrante de la organización Defensa Verde: Naturaleza Siempre, y dirigente de la oposición social a proyectos hidroeléctricos en esa entidad. El homicidio del ecologista veracruzano, así como el grado de encarnizamiento empleado para cometerlo, da cuenta del entorno de violencia, persecución y muerte que padecen los defensores y defensoras del medioambiente.
Además de las fallas evidentes en las tareas de Estado de proveer seguridad y hacer justicia, crímenes como los referidos se encuentran estrechamente vinculados con el modelo económico vigente en el país desde hace casi tres décadas: en todo este tiempo, y en aras de una supuesta modernización y de la generación de
ventajas comparativas, las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal han adoptado como política la aplicación de legislaciones laxas en materia ecológica y han otorgado a los grandes consorcios internacionales amplio margen de maniobra para la devastación ambiental; han claudicado en su obligación de preservar y defender los ecosistemas y han allanado el camino, en suma, con los intereses privados en perjuicio del equilibrio ecológico y de la vida de comunidades enteras, en su mayoría integradas por campesinos pobres e indígenas.
La situación ha derivado en un rosario de batallas jurídicas y sociales –relacionadas con construcciones carreteras, presas hidroeléctricas, crecimiento irracional de asentamientos urbanos y devastación deliberada de los entornos agrícolas, junto a otros proyectos que afectan el entorno– entre las comunidades de los territorios afectados y los poderes fácticos –grupos de talamontes, impulsores de megaproyectos, empresas mineras, de energía o de explotación hídrica–, con el telón de fondo del alineamiento gubernamental en favor de los segundos. Ello deriva en actos de corrupción, despojo, persecución judicial y, en casos extremos, en el asesinato de ecologistas populares.
No deja de ser significativo que, a contrapelo de la difusión de políticas gubernamentales para proteger el medioambiente, la defensa popular de los ecosistemas y los derechos ambientales, así como la demanda por introducir elementos de racionalidad, control y protección de los recursos naturales, hayan terminado por volverse causas perseguidas, criminalizadas y sumamente peligrosas, si se atiende al número de activistas ambientales muertos en los últimos años. Ante la inacción y la complicidad de las autoridades, la sociedad debe repudiar crímenes como los comentados; debe exigir su esclarecimiento y la suspensión del acoso de los poderes fácticos y los formales en contra de quienes han dedicado su vida a la defensa del medio ambiente y el bienestar común.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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