El acoso contra Manning y Snowden- Perdonen las molestias que les causa esta matanza- Petróleo: la gran transa

El acoso contra Manning y Snowden

Con una sentencia de 35 años de prisión culminó ayer el juicio militar contra el soldado Bradley Manning, acusado de filtrar a Wikileaks cientos de miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado que fueron posteriormente proporcionados a algunos medios informativos del mundo –este diario, entre ellos– para su elaboración periodística y difusión al público. El proceso estuvo plagado de arbitrariedades, incongruencias y paradojas.

 

Cabe mencionar, entre ellas, el hecho de que, mientras Manning ha sido sentenciado a más de tres décadas de cárcel, se encuentran libres los responsables políticos, intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad documentados en algunos de los materiales que, gracias al convicto, fueron conocidos por el mundo. Otra inconsistencia devastadora es que un gobierno recientemente puesto en evidencia como el mayor promotor de espionaje en el mundo –espionaje político, militar, comercial, industrial y diplomático– haya tenido la dureza facial requerida para juzgar a Manning precisamente por espionaje. Una tercera es el castigo impuesto a un joven soldado que –a contrapelo de lo que fue obligado a declarar– no ha causado con sus acciones daño alguno a la seguridad de Estados Unidos, por más que éstas hayan colocado a la clase política y al gobierno de Washington en lo que es, posiblemente, su momento de mayor desprestigio y de pérdida de credibilidad.

Ciertamente, comparada con el siglo de prisión pedido en un principio por la parte acusadora contra Manning, la sentencia que le fue impuesta resulta moderada, pero ello no debe distraer del hecho de que el proceso que terminó ayer en Fort Meade fue eminentemente político y tuvo como propósitos principales dar un escarmiento a cualquier filtrador, por un lado, y hacer acopio, por el otro, de elementos para construir una acusación penal contra Julian Assange, fundador de Wikileaks. En ese sentido, si bien el juicio contra Manning derivó en una pena más breve de lo que originalmente se temía, el proceso ha tenido un claro signo persecutorio, arbitrario y contrario a reglas básicas en materia de derechos humanos.
 

La persecución en curso no se circunscribe a la del gobierno estadunidense contra Manning; el domingo pasado fue detenido en el aeropuerto de Londres, con base en una ley antiterrorista, el brasileño David Miranda, esposo del periodista Glenn Greenwald, quien, a su vez, recibió de manos de Edward Snowden documentación sobre los sistemas de espionaje ilegal montados por Washington en muchos países y en el mismo territorio de Estados Unidos, lo que constituye una flagrante vulneración de las libertades y garantías individuales, además de un delito en los países donde han operado las intercepciones telefónicas y digitales del gobierno estadunidense. Desde junio pasado, Greenwald ha venido divulgando información basada en los documentos de Snowden.

 

En el aeropuerto de Heathrow, Miranda fue interrogado durante nueve horas por policías británicos que le exigieron la entrega de toda la información en poder de su pareja y le quitaron el teléfono celular, la computadora y varias memorias externas. Tal acción –de la que Washington tuvo conocimiento y que pudo haber sido coordinada con las agencias policiales estadunidenses– resulta impresentable como medida antiterrorista; ha de entenderse, en cambio, como flagrante violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos.

 

En la persecución contra Manning, Snowden y Julian Assange, en suma, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña se deslizan a la condición de regímenes policiales, autoritarios y ajenos al imperio de la legalidad.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Perdonen las molestias que les causa esta matanza

Adolfo Sánchez Rebolledo

Robert Fisk ha dejado en sus crónicas egipcias algo más que la descripción cruda del comienzo de una guerra civil en la que se anudan las motivaciones políticas con las religiosas: son la constancia de que allí donde la intolerancia se apodera de la conciencia y la voluntad de la gente sólo cabe esperar una tormenta de odio y violencia, el triunfo de Tánatos. Y que tras los muertos anónimos hay siempre intereses, hombres con nombre y apellido. La plaza Tahrir en El Cairo fue el símbolo de que el cambio era posible en ese país tan viejo como la civilización misma, según lo pregonaba el discurso modernizador de la juventud, expuesto a tiempo y hora con los deseos de las masas, de suyo desencantadas por el desempleo y la amenaza nada hipotética del hambre, es decir, por el fracaso de un Estado autoritario incapaz de afrontar la crisis contemporánea. Ganaron. Las grandes movilizaciones populares lograron la caída del odioso hombre fuerte, el fin del corrupto Mubarak. Y al vencer, los hechos ayudaron a crear la fantasía de que ya no eran necesarios los partidos ni las elecciones; tampoco un aparato armado paralelo, insurreccional, pues tenían de su lado al mando militar envejecido en sus laureles. La revuelta cívica, la acción individual, la resistencia de la mayoría bastaban para anular la respiración del adversario, obligándolo a ceder. Gracias a eso, la democracia directa fue reivindicada de nuevo como la alternativa para sacudirse del peso muerto de los políticos parasitarios y como solución al divorcio entre las instituciones del Estado y la gente corriente. Frente al poder paralizante de los medios la instantaneidad de las redes sociales; la cultura de la modernidad contra la solemne rigidez de las fabulaciones del poder decadente. Y detrás, la crisis de un orden incapaz de reciclarse sin ahondar los sufrimientos del pueblo.

 

Pero la revolución soñada tuvo que esperar a que el ejército decidiera el rumbo del país. Los militares quitaron a Mubarak, aceptaron celebrar elecciones, vigilaron el proceso constituyente y se aseguraron de tener la última palabra como garantes del Estado. La sociedad civil aplaudió como héroes a los jefes del Ejército, reviviendo el recuerdo de otras épocas gloriosas. Los observadores se congratularon con la victoria electoral del islamismo moderado, en el entendido de que la naciente democracia egipcia sería la llave para mantener la unidad del país, cosa que por desgracia no ocurrió, como trágicamente los demuestran los hechos posteriores. Al menos, se dijo, la estabilidad se mantendría sin cambios peligrosos. Se acataba así el mandato de Tahrir, pero la revolución anunciada pasaba al baúl de las utopías canceladas.

Si la crisis del viejo laicismo nasseriano había dado alas al islamismo, el abandono del proyecto de liberación árabe terminó por subordinar los intereses del Estado egipcio a la geopolítica imperial en el Medio Oriente. En esas condiciones, la revolución democrática, pacífica, concertada, se imponía como una necesidad para superar el empantanamiento del Estado egipcio. El reconocimiento de la victoria en las urnas de la hermandad se asumió como señal de madurez de la sociedad, lista para dar un salto en aras del progreso. Sin embargo, una vez en el gobierno los musulmanes de Mursi y Badie impusieron la sharia, como si la mayoría ganada legítimamente les autorizara para cambiar las reglas del juego que todas las fuerzas habían contribuido a crear, dándole así inesperados argumentos a los partidarios del ex dictador para rebelarse. La madurez democrática era un espejismo. El principio de mayoría exige un principio racional aceptado sin excusas por las fuerzas en pugna, pero no ocurrió así. Sin embargo, los islamistas no eran los únicos en ignorar las lecciones de Tahrir, ya que por lo visto ninguna de las partes –ni el ejército, ni los Hermanos Musulmanes, ni los liberales, por no hablar de los revolucionarios que se sintieron traicionados, tomaron en cuenta al otro, no calcularon su fuerza y juntos caminaron al precipicio. Los hermanos quizá se creyeron intocables al creer que la cúpula militar no se atrevería a romper la solución vigilada por Estados Unidos, el gran patrocinador del orden. La oposición al gobierno de Mursi supuso que el ejército les sacaría las castañas del fuego para instaurar un poder consecuente con las demandas de la primavera árabe. Y, en efecto, el ejército dio el golpe, aunque el gobierno estadunidense prefiera calificarlo con eufemismos para no alterar el papel de sus aliados egipcios en Medio Oriente. Lanzó a los islamistas a la protesta reclamando respeto al voto popular, ahora envuelta en el ropaje religioso más agresivo e intolerante. La ley del talión, en un mar de sinrazones. La escritora egipcia Ahdaf Soueif, en 2011, reflexiona sobre lo ocurrido. Una de las cosas más deprimentes que vimos fue cómo una rama progresista o liberal de lo que fue la revolución retrocedió por completo, apoyó e incitó a los militares y a la policía y demonizó completa e implacablemente a los Hermanos Musulmanes y a las corrientes islamistas, como si se tratara del guión de una mala película y no de la realidad. Fisk ha narrado con claridad (no exenta de dolor) lo que siguió, la exaltación de la violencia sectaria y la represión, la caída en el terror como recurso primario, la indifrencia ante la vida humana. Igual que en los Balcanes, de la noche a la mañana la sociedad se polariza y escinde a favor o en contra de las partes. El odio brota por todas partes. Los discursos se incendian antes de que las balas de los francotiradores caigan contra la multitud, mientras la ciudadanía se refugia en sus casas. No actúa pero en cierta forma convalida la deshumanización de los procedimientos, la utilización de la fuerza como argumento exclusivo. El resultado es que se producen nuevos horrores a diario, escenas espeluznantes que los egipcios nunca podrían haber imaginado, informa el corresponsal de Democracy Now! en El Cairo, Sharif Abdel Kouddous. No se necesita ser un experto para ver como se instala la lógica del conflicto amigo/enemigo donde las víctimas, los otros, no son reconocidos como humanos, con derechos inalienables.
 

Desde fuera resulta difícil comprender cómo se ha llegado a estos niveles de intolerancia justo después de Tahrir. La principal responsabilidad le toca al Estado, que decidió arrasar a sangre y fuego la protesta islamista, pero hay algo más, a juzgar por la manera inquietante como muchos testigos juzgan la situación partir de las alteraciones a su cotidianeidad, revestidas por el odio genérico al adversario. En uno de sus reportes, la corresponsal de El País comenta alucinada el estado de ánimo que observó tras un día de matanzas, le sorprende la alegría que exhibían los vecinos y la ausencia de cualquier rastro de solidaridad, pese a la brutalidad del desalojo policial realizado bajo sus ventanas. La justificación, lejos de ceñirse a las grandes causas, apelaba al malestar difuso de quien ha tenido que soportar las molestias del cambio de rutina. Así no podíamos seguir. Nos resultaba imposible aparcar en ningún sitio y para movernos a cualquier lugar teníamos que emplear gran cantidad de horas. Varios de mis vecinos han perdido sus trabajos porque la mitad de los días llegaban tarde y sus jefes se cansaron de aceptar excusas, afirmaba el abogado y vecino Ahmed Gamad. Parece increíble: el gobierno y los islamistas podrían haber puesto un cartel que dijera: Perdonen ustedes las molestias que les causa esta matanza.

 

PS. No existe evidencia alguna de que al ordenar la entrega de información se haya puesto en riesgo alguno la seguridad nacional o la estabilidad económica del país. El Ifai, ante el intento priísta de dar marcha atrás en materia de transparencia.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 Hablando de combustible-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Petróleo: la gran transa

John Saxe-Fernández

En medio de titulares en Estados Unidos sobre el fin del monopolio estatal (artículos 27 , 28 y Pemex) o que ya era hora de que llegara la muerte, del monopolio de 75 años (en Forbes México se anunció que las petroleras... ya se frotan las manos), Enrique Ochoa, subsecretario de Energía, que parece cabildero de esas petroleras, confirmó a los reporteros extranjeros en la ciudad de México que, literal: (El plan de Peña Nieto) permite a firmas privadas como Exxon Mobil y Chevron extraer crudo por primera vez desde 1938, cambiando los artículos 27 y 28 de la Constitucion. Para calmar dudas de que el plan va en serio y, en efecto, aniquila la nacionalización petrolera, agregó que aunque el gobierno retiene la propiedad del petróleo, el plan es “suspender (lift) las restricciones para que las firmas registren el valor de sus contratos ante la Securities and Exchange Commission (SEC)”.

 

Ochoa fue claro: (Según la propuesta las compañías recibirían una porción de las ganancias en un modelo de riesgo compartido que también les permitiría registrarlas como un porcentaje de las reservas bajo las normas de la SEC a través de contratos de riesgo o de utilidades compartidas (que) contienen un interés económico de largo plazo, por lo que la SEC los incluye para definir el porcentaje que la compañía puede usar para registrar las reservas de un proyecto dado. Mientras Bloomberg destacaba que para Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, los contratos propuestos son similares a los usados en Ecuador e Irán ¿para aplacar la crítica ya que ambos son integrantes de la OPEP? El orden de magnitud de la transa/acción lo calibró Citigroup (dueño de Banamex y de un importante bloque accionario de Exxon Mobil) asi: permitir a las firmas registrar algunas reservas les facilita financiarse, pero quitar esas restricciones es algo secundario. Lo importante es la propuesta del gobierno (mexicano) de modificar la Constitución para que los privados desarrollen campos (petroleros) por primera vez desde 1938. Bloomberg agregó que si hasta ahora el petróleo y toda la cadena productiva, refinación y distribución ha sido la propiedad legal del pueblo mexicano desde 1938 eso cambiaría. Ahora otras firmas podrían hacerlo corriente arriba (exploración y extracción) hasta agotar el recurso, interviniendo además corriente abajo, en la inmensa cadena de transformación, distribución y comercialización. La meta es que las grandes firmas le entren a todo, hasta a la combinación petroeléctrica que, aseguran especialistas, tiene mayor potencial para las ganancias que cada actividad por separado, algo que ha venido practicándose en México como actividad nacional desde tiempos de Cárdenas en petróleo y de López Mateos en electricidad. Lo que ahora se busca es terminar de desactivar y luego extranjerizar, las sinergias y ganancias petroeléctricas.
 

La apertura es estación de paso a más extranjerización y descontrol nacional, como en Ferrocarriles, agroindustrias, banca, etcétera. Dar curso a la competencia internacional significa que las refinerías y gasolineras de estas firmas, se desplazarían –como CocaCola– por todo México (hasta el último rincón) –un negociazo con nuestro gas petróleo– alimentando y enviando fuera un enorme flujo de riqueza. Es todo un saqueo integral articulado paso a paso de tiempo atrás; una gran transa cuyo diseño por el Banco Mundial cumple la tecnocracia desde 1983, paso a paso, permitiendo: 1) contratos de riesgo, 2) que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en filiales separadas, 4) la competencia interna e internacional frente a Pemex y 5): privatizar Pemex.

 

En Brasil los resultados de un recetario similar los sintetizó Fernando Siqueira, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras en entrevista con Carmen Aristegui: el cambio de la ley fue malo para Petrobras y pésimo para Brasil. Brasil, que tenía ciento por ciento de la propiedad del petróleo pasó a tener 10 por ciento de impuestos. Por ser el sector tan estratégico y redituable, una vez que se abre no se tiene más control. La apertura tiende a crecer cada vez más, las compañías, muy poderosas, presionan a la prensa, a la sociedad, presionan de tal forma que es difícil controlar (y) aunque esta apertura sea gradual, no tiene control.

 

Ya Lázaro Cárdenas advirtió a la nación que la presencia de las compañías petroleras en México ha hecho mucho daño al país. La serie de crímenes y asesinatos dirigidos por los directivos de las empresas para asegurar sus instalaciones, su actitud altanera frente a las autoridades del país y su provocación constante para crear conflictos en el interior y en el exterior, son dolorosa experiencia de la nación mexicana, que ha pagado muy caro su vieja política de facilitar la inversión de capitales extranjeros para el desarrollo del país que habían usado algunos gobiernos anteriores como el de Calles y, por supuesto, el de Porfirio Díaz.

jsaxef.blogspot.com

FUENTE: LA JORNADA OPINION