Astillero- Conflicto magisterial: descontento y mesura- La deslegitimación: las leyes secundarias de educación

Astillero

Mensajes sembrados

Cámaras contra pacto

Bombardeo propagandístico

Oposición proporcional

Julio Hernández López

El legislador priísta Manlio Fabio Beltrones platica con elementos de la Policía Federal que custodian el Centro Banamex, lugar donde se realizan las sesiones de la Cámara de Diputados, debido a que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen bloqueados los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro

Foto Marco Peláez

 

Además de los motivos que están en la superficie, los incidentes del Congreso federal y sus periodos extraordinarios de sesiones tienen componentes poco visibles pero también poderosos: algunas de las bancadas partidistas, y en especial los liderazgos de Manlio Fabio Beltrones en el PRI (San Lázaro) y de Miguel Barbosa en el PRD (éste, en el Senado ya dejó ver abiertamente su interlocución directa con los profesores en protesta), están mostrando a los miembros del Pacto por México que no basta con procesar los asuntos políticos en esa cúpula, sino en la planicie legislativa que no necesariamente puede aplicar a rajatabla los acuerdos pactados.

 

El Congreso desplazado, del que ayer se hablaba aquí, reacciona con signos de descompostura para hacerle ver al dirigente real del PRD, Jesús Ortega (Zambrano es un ejecutor) y al propio Enrique Peña Nieto (colocado en la antípoda del grupo de Beltrones) que los arreglos políticos deben darse en ese intrincado ámbito legislativo. En el PAN, aunque solidarios en este tramo con las leyes secundarias relacionadas con lo educativo (deplorando incluso que se haya sacado de la agenda la iniciativa de ley sobre el servicio docente), también se viven turbulentas batallas internas: el grupo de Felipe Calderón, con Ernesto Cordero como operador a larga distancia, mantiene en el Senado una postura de independencia y confrontación con el del pactado dirigente partidista, Gustavo Madero, y su coordinador senatorial decorativo, Jorge Luis Preciado.

 

En ese contexto de inconformidad en las cámaras por el manejo a trasmano que hasta ahora se había hecho desde el Pacto por México, podría ser que éste hubiese llegado ya a su final como instrumento operativo de la voluntad del ocupante de Los Pinos y que los legisladores itinerantes, el aberrante sesionar en un centro bancario de convenciones, el de Banamex, y en la inmediatez protectora de la Secretaría de la Defensa Nacional, hayan tenido el simbolismo de devolver a San Lázaro y al Senado la gran porción de ejercicio político que les había sido arrebatado mediante pactos entre dirigentes partidistas y el poder pinolero.

 

Esos y otros detalles fuertes de la crisis política en curso deberían ser asumidos por el grupo encaramado en el poder público federal con los mismos aires de optimismo voluntarista con el que se está abordando lo económico. Para el virrey de la Hacienda de Los Pinos, Luis Videgaray, no es una desgracia la caída en las estimaciones de crecimiento económico para el presente año (a la mitad de lo que se anunciaba en el cálculo inmediatamente anterior), sino una extraordinaria oportunidad para confirmar lo mal que estamos y, por ello, empecinarnos en la aprobación de las reformas propuestas por Peña Nieto (en ese dialéctico horizonte de tan amplio criterio, el peñismo pactista debería entender que el rechazo activo a la reforma laboral educativa debería llevar a un nuevo diseño, para superar lo rechazado, y que la crisis del actual sistema político representativo debería ser motor para profundas reformas en el tema).

 

En estas filosofías enrevesadas de la presunta New Age PRI, los mensajes explícitos también merecen una lectura más profunda. La administración del lic. Peña ha decidido sabotear cualquier posibilidad de un debate serio, informado y equilibrado, al bombardear a la población con cargas propagandísticas con tufo fascistoide que buscan convencer mediante imágenes alegres y palabrería somera de que una propuesta de reformas en materia energética debe ser aprobada casi por aclamación frente a las pantallas de televisión.

 

Al aplastante uso, en cuestiones energéticas, del espot como suplente del análisis, y de las casas de publicidad como relevo del pensamiento político, se ha agregado la cada vez más evidente manipulación de las posturas oficiales de comentaristas y conductores de programas de radio y televisión que repiten como cantaleta pautada ciertos estribillos a gusto del cliente superior, en busca de generar condiciones políticas y sociales para la represión concreta contra los profesores en lucha, en el caso de los días recientes, y en general contra el ejercicio proporcional de la crítica y la oposición.

 

Ejercicio proporcional, se ha escrito, pues no ha de esperarse que, ante los embates disparados desde el poder contra intereses nacionales y populares, la respuesta de los segmentos agraviados sea mediante cartas perfumadas en espera de acuse de recibo y sello oficial: a toda acción corresponde una reacción. Lo que hoy se vive –aunque a los comentaristas y locutores antes aludidos les cause gastritis– es consecuencia del mismo sistema que hoy hace como que se asusta y promueve coros que le azucen a usar la mano dura que ya tiene preparada desde largo rato atrás, pero diversas circunstancias de máximo interés mercantil petrolero no le han permitido desplegar a gusto.

 

¡Han secuestrado al Congreso!, en la neohabla de la era peñista significa ¡entren comandos especializados al rescate de los pobrecitos diputados y senadores, tan inocentes!; profesores doblan a legisladores pretende ser traducido como ¡Recuperen los poderes su honor y enseñen a esos opositores a que aprendan a respetar!; ¡no cedan al chantaje!, como proponen los representantes del inmaculado sector empresarial, conlleva la intención de que se imponga orden a golpe de tolete y que se castigue ejemplarmente a quienes pelean abiertamente en defensa de sus intereses en una nación largamente sujeta al chantaje de políticos, empresarios y narcotraficantes, por dar algunos ejemplos. Maniqueísmo informativo y opinante: sólo ver un lado del problema, el que conviene a los poderes anunciantes y financistas. Múltiples mensajes sembrados.

 

Y, mientras se sabe si los siete cuerpos encontrados sin vida en una fosa clandestina del estado de México tienen relación con desaparecidos en el Distrito Federal, ¡hasta el próximo lunes!

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FUENTE: LA JORNADA OPINION

Legislacayos-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Conflicto magisterial: descontento y mesura

El descontento magisterial y social generado por la reciente reforma constitucional en materia de educación y por la discusión de su legislación secundaria ha derivado en días recientes en actos de protesta por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): bloqueos a vialidades del centro de la capital desde principios de semana y cercos a las sedes de ambas cámaras legislativas e incluso a la sede alterna a la que diputados y senadores se trasladaron ayer. En lo inmediato, como resultado de estas movilizaciones, los profesores disidentes lograron diferir la aprobación de la Ley del Servicio Profesional Docente, uno de los ejes fundamentales del descontento magisterial.

 

Es verdad que acciones como las realizadas ayer y anteayer por el magisterio inconforme suelen resultar incomprendidas y contraproducentes para las reivindicaciones que las generan, en la medida en que aportan argumentos a quienes exigen la represión de las disidencias, y la criminalización de los movimientos sociales y provocan molestia en el común de la población.

Pero más allá de esas consideraciones inmediatas y de las afectaciones ocasionadas, es pertinente señalar que tras los hechos referidos hay descontentos reales, cuyo factor originario es el desgaste de las instancias institucionales de representación y de mediación entre lo social y lo institucional: para esta última esfera parecieran irrelevantes y sacrificables los intereses y las necesidades de la primera. Dicho desfase entre la elite política y la inconformidad social da cuenta de la crisis de representatividad que arrastran las instituciones del Estado y expone las severas limitaciones de los partidos políticos para cumplir con su papel de incorporar los distintos intereses, demandas e inconformidades que tienen lugar en el país y de encauzarlos por las vías institucionales, pacíficas y legales.
 

En el caso de la reforma constitucional en materia de educación ese carácter excluyente fue claramente expresado en la decisión del gobierno federal y sus partidos aliados en el Pacto por México de no acordar con integrantes del magisterio una reforma que, en última instancia, será ejecutada por los propios docentes y que tendrá en ellos los principales afectados.

 

Desde esta perspectiva, no hay lugar para el amplio y generalizado linchamiento mediático que ha sido lanzado contra los docentes inconformes, ni mucho menos para los reclamos de salidas represivas en contra del magisterio disidente de algunos actores políticos y económicos. Las salidas represivas como sucedáneos de los mecanismos políticos tienden a agravar los conflictos generados y a llevarlos a puntos de no retorno.

 

En la circunstancia presente, lo pertinente y necesario es que las partes involucradas en el desencuentro exhiban voluntad política, sensatez y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas y concertadas. La contención y la mesura debe prevalecer también en los medios de comunicación y en la sociedad en general.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 Sacar el cobre-Rocha

rocha@jornada.com.mx

La deslegitimación: las leyes secundarias de educación

Hugo Aboites

Ahora que el Congreso discute las iniciativas de leyes secundarias es posible ver el proceso de deslegitimación de los principales actores políticos en el terreno de la educación a partir de esta desafortunada reforma. Primero, porque en el proceso de construcción de las propuestas, los funcionarios federales excluyeron deliberada y sistemáticamente los puntos de vista de los actores claves de la educación: maestros y estudiantes. A la basura o al archivo (que para el caso es lo mismo) se enviaron la enorme cantidad de argumentaciones, testimonios, críticas, debates, acuerdos con legisladores y detalladas propuestas que generaron maestros, estudiantes, padres de familia y académicos en lo que fue algo cercano a un diálogo nacional, en el que, a regañadientes, incluso participaron la Secretaría de Gobernación y legisladores. Los maestros le apostaron no sólo a las movilizaciones en las calles, sino también a un monumental y prolongado esfuerzo de reflexión, análisis y propuestas que ofreció al país y a la reforma una vía de legitimidad fincada en el diálogo y la razón. Al despreciar esta vía, el Ejecutivo no sólo presenta iniciativas que no tienen más sustento que su autoridad, sino que, al mismo tiempo, se deslegitima a futuro como conductor de la educación: desde el arranque habrá demostrado su vocación conflictiva.

 

Segundo, porque también el contenido mismo de las iniciativas deslegitima a la reforma y a sus conductores. Es un error entender la calidad como vigilancia, y más cuando se arma todo un sistema nacional específicamente diseñado para detectar conductas y actitudes sancionables. De seguro que entre los más de un millón de maestros se encontrará a decenas de miles que deben ser sancionados o amenazados con despido. Se creará así un problema laboral y constantes conflictos a lo largo y ancho del país, pero además a tal punto se enrarecerá el clima de escuelas y regiones que se hará mucho más difícil crear y mantener los acuerdos que requiere una profunda reforma de la educación. Hasta la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, manifestó su preocupación ante la posible aplicación de estas leyes y atentamente ha pedido que quede exento pues se trastocaría la vida interna y las relaciones laborales del instituto (Elizabeth Velasco, La Jornada, 15 de agosto, página 33). Si fuera patente que la reforma contribuirá a la calidad, ¿no habría demostraciones de entusiasmo en lugar de solicitudes de exención?
 

En tercer lugar y en concreto, la directora del IPN no quiere la evaluación, y con razón, porque ésta y la reforma se han venido presentando con un discurso confuso y contradictorio que, como lo acepta la junta directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), genera mucha incertidumbre (Ballinas y Becerril, La Jornada, 16 de agosto, página 13). Y también confusión: el INEE es autónomo pero en la iniciativa de ley aparece como una especie de ayudante cómplice de la SEP, pues le toca “supervisar el diseño y aplicación de instrumentos de medición para las evaluaciones de los componentes procesos o resultados… que realicen las autoridades educativas” (artículo 27). Se dice que no habrá pruebas estandarizadas para los maestros sino encuestas a directores y padres de familia, portafolios, videograbaciones, pero arriba se habla precisamente de medición, es decir, un test estandarizado. En otra parte, además (artículo 28), la SEP es quien decide y al INEE le corresponde completar la tarea, autorizar para la educación básica y media superior los parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles aprobados por las autoridades educativas, para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente. Por cierto, aunque se repite que la evaluación no será punitiva, en ese artículo es claro que se incluye la permanencia, el despido de maestros. La confusión y contradicciones, en el fondo, son sólo un juego de sombras que oculta la realidad: serán la junta directiva del INEE, las autoridades y los legisladores pactistas los que definirán lo que será la evaluación, como si no hubiera más de un millón de maestros allá afuera que no fueron ni consultados, ni informados. Un desdén que tiene un costo altísimo en legitimidad: los maestros nunca verán la evaluación como propia y, menos, como el camino para mejorar la educación.

* Profesor/investigador de la UAM-X

FUENTE: LA JORNADA OPINION
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