Reforma educativa: menú empresarial a la carta- Patishtán: ¿juzgar con el corazón?- ¿Habría una mejor coordinación?

Reforma educativa: menú empresarial a la carta

Luis Hernández Navarro

El 14 de agosto, en su cuenta de Twitter, el empresario Claudio X. González escribió, jubiloso y categórico: Ya era hora que Ejecutivo enviara iniciativa de leyes secundarias educativas. Ahora toca al Legislativo ir a fondo para transformar el sistema. Ese mismo día, remató su regocijo con un nuevo mensaje: El arte supremo de la guerra es vencer al enemigo sin necesidad de pelear: Sun Tzu.

 

El beneplácito del presidente de Mexicanos Primero hacia la iniciativa del gobierno federal y su orden al Legislativo fueron desencadenados por el anuncio del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, la tarde del 13 de agosto, de que la Presidencia de la República enviaría esa misma noche al Congreso las iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa.

La cita de Sun Tzu no fue un desplante de erudición, sino algo mucho más banal: una notificación, no muy sofisticada, de que el proyecto educativo de la coalición que él representa, se había impuesto sin tener que luchar abiertamente. Sus chantajes, presiones y amenazas dieron resultado. El Ejecutivo presentó como propia la propuesta empresarial de reforma a la enseñanza, diseñada por la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económicos (OCDE) y cabildeada por las cámaras patronales.

Por supuesto, quien salió a defender y explicar las iniciativas de leyes en público no fue el gobierno federal, sino el mismo Claudio X. González. Para que no quedara duda de que la propuesta educativa es suya, el hasta hace no mucho tiempo presidente de la Fundación Televisa, dijo a Denise Merker que ya era hora de que se aprobaran leyes secundarias para evaluar la función de los profesores frente a grupo. Y detalló: Si entraste como profesor antes de la modificación al artículo tercero de la Constitución, tienes derecho a tres pruebas, si repruebas las tres se te retira del grupo y se te reubica, ya sea en el servicio público o bien dentro de la Secretaría de Educación Publica, y “si eres profesor ‘nuevo’ y repruebas las tres pruebas dejas el servicio público y no se te reubica en ninguna parte”.

Unos cuantos días antes, el 9 de agosto, Emilio Chuayffet justificó su propuesta arguyendo que busca permitir al Estado recuperar la rectoría del sistema educativo, prisionero de los poderes fácticos. Sin embargo, la apresurada proclamación de triunfo de Claudio X. González, demuestra que la afirmación del funcionario es fallida. El Estado no recuperará la rectoría del sistema pedagógico nacional, sino que se la entregará a la iniciativa privada y a la OCDE. A partir de ahora, la agenda y el marco normativo de la educación pública estarán en manos de esos dos poderes fácticos.

En lugar de reconocer que las leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo al Congreso son un menú a la carta dictado por los intereses empresariales, Chuayffet pretende disfrazar su sometimiento afirmando que éstas incorporan las propuestas del magisterio democrático. Algunas –aseguró– fueron entregadas a las autoridades del Pacto por México, y evidentemente tuvimos en cuenta algunas de esas propuestas. Por supuesto, sus palabras son falsas. El secretario no hace sino copiar el mismo guión de Enrique Peña Nieto, que trata de legitimar sus pretensiones de privatizar la industria petrolera usando la figura de Lázaro Cárdenas. No hay en ello novedad. Como suele hacer, Chuayffet miente. Esto no es cierto. Lo que se incorporó a las leyes secundarias fueron palabras e ideas de la CNTE de manera aislada y descontextualizada, dejando fuera lo central de su argumentación.
 

Las iniciativas de leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo son un asalto a las conquistas la­borales del magisterio y al principio de bilateralidad en la negociación de sus condiciones de trabajo. Confirman que la reforma educativa es, en realidad, una reforma laboral y administrativa que busca desprofesionalizar al magisterio, vigilarlo, controlarlo y castigarlo. Una reforma basada en la evaluación que hace de la amenaza y el miedo al despido o a la degradación laboral el centro de una supuesta mejoría profesional del magisterio y la ruta para alcanzar la calidad educativa.

 

Los empresarios, que tienen menos pruritos que los legisladores, lo han reconocido con absoluta claridad. “La importancia real de la evaluación docente recae –sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado– en las consecuencias que deben enfrentar los maestros de no cumplir con los requisitos que marque la ley. No puede haber marcha atrás en lo que ya se legisló en esta materia.” Y, para que no hubiera duda en sus propósitos, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la evaluación de los docentes debe tener consecuencias, positivas y punitivas también.

 

La aberración de este proyecto salta a la vista si se considera que ni los médicos que trabajan como personal de base en las instituciones públicas, ni los abogados que litigan, ni los ingenieros que realizan obras son evaluados permanentemente para ejercitar su profesión. Una vez que se han recibido, cuentan con su título y cédula profesional y han sido contratados, pueden laborar sin tener una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Sin embargo, la nueva legislación establece que los maestros son trabajadores de excepción con un régimen laboral especial, y que deben estar sujetos a vigilancia permanente.

 

Por si fuera poco, el corazón de las propuestas que se discutirán a partir de mañana en el Congreso implica, en los hechos, el fin del normalismo. Las escuelas normales seguirán existiendo, pero su función estará completamente desnaturalizada. Sus egresados no se diferenciarán en nada de los de otras instituciones educativas.

 

Las leyes secundarias en materia de enseñanza no resolverán los grandes problemas educativos del país, por el contrario, los agravarán. Lo que sí harán será incendiar la pradera del descontento magisterial. Los grandes empresarios pueden estar contentos, pero no deberían olvidar que no son los únicos que leen a Sun Tzu.

Twitter: @lhan55

FUENTE: LA JORNADA OPINION

El Tata y su marketing-Magú

magu@jornada.com.mx

Patishtán: ¿juzgar con el corazón?

Magdalena Gómez

No exagero al señalar que el tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chia­pas, tiene la vida de Alberto Patishtán en sus manos. Es inminente la resolución sobre el reconocimiento de inocencia que les ha sido planteado por la defensa del profesor tzotzil, que más bien deberíamos invertir para expresar tzotzil profesor, en ese orden, por las razones que anotaré, en una suerte de intento de que los magistrados las incorporen a las reflexiones que orientarán la decisión que tomen.

 

Patishtán ha planteado a los magistrados que vean su expediente con el corazón y yo me pregunto si entenderán el significado de tan singular petición; es posible que simplemente no presten oído a la misma, ignorando que ésta tiene contenido jurídico. Sí, dije bien. ¿A qué me refiero? Uno de los sentidos del reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y a sus integrantes, tanto en el Convenio 169 de la OIT como en la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, es el respeto a su cosmovisión y la expresión aludida es un reflejo de ello. ¿De qué estamos hablando?, me dirán los magistrados. Pueden incluso agregar que en el expediente de la causa no hay elementos que les aporten a esta mirada. Parece ser que se preguntó al tzotzil profesor si habla español y su respuesta afirmativa sirvió para que todos se desentendieran de su dimensión indígena, siguiendo la muy lamentable tendencia reduccionista que asocia el continente de la lengua indígena al contenido y complejidad de la identidad. Incluso la propia Suprema Corte de Justicia se ha cuestionado si es suficiente la observación a simple vista de que un indiciado hable español para eludir la obligación de proporcionar un intérprete; más aún ha señalado que se debe garantizar un defensor que conozca la cultura específica sin que aun se avance en esa dimensión hacia ministerios públicos y jueces. Sin embargo, el carácter de cosa juzgada que han adquirido las resoluciones contra Alberto Patishtán para el caso de ver el expediente con el corazón al resolver el reconocimiento de inocencia, tiene hoy elementos cuya omisión en el pasado no significa que deba mantenerse. Se trata de la reforma en materia de derechos humanos al artículo primero constitucional y de la nueva atribución de realizar el control de convencionalidad. ¿Qué significa el debido proceso en lógica pluricultural?

Existe la obligación para los magistrados de considerar que un indígena, en este caso tzotzil, fue juzgado en un contexto de violación estructural al debido proceso que hasta ahora se aplica con criterios de homogeneidad cultural. Y no se pide que los magistrados legislen, como suele responderse, sino que interpreten y apliquen las normas que ya existen y a las que aludimos arriba. Por otra parte, es importante colocar la mirada en el testigo de cargo que le ha incriminado sin la garantía mínima de imparcialidad al estar involucrado en redes familiares y sociales con las que el tzotzil profesor mantenía diferencias políticas en el tiempo que sucedieron los hechos. Por otra parte, si se considera para la próxima resolución de los magistrados el factor cultural, pueden observar como testimonio colectivo las múltiples expresiones comunitarias en respaldo a la inocencia del tzotzil profesor. Aún más, el escenario del conflicto que derivó en los hechos por los que resultó sentenciado, forma parte del ámbito espacial de vigencia de la ley para el diálogo, la negociación y la paz digna en Chiapas, en cuya violación aún hay responsabilidades de Estado que no han sido delimitadas y en su caso sancionadas. Por tanto, el ambiente político en que se desarrollaron los hechos que motivaron el juicio y la nada pulcra investigación sobre los mismos forma parte de la cadena de incumplimiento oficial para atender las causas que dieron origen al conflicto armado en Chiapas, como señala la ley referida. Esta resolución mostrará si el derecho puede suspender una injusticia dictada bajo consigna política. Aunado a lo anterior y en lógica de filosofía jurídica liberal, vale la pena considerar los argumentos de Ronald Dworkin y decidir con base en principios, así contraríen intereses en juego.
 

Somos muchos, organizaciones y personas, que en todo el mundo estamos en espera de la justicia en este caso. Durante la Cátedra Caminante Tata Juan Chávez Alonso, realizada en Chiapas el pasado fin de semana, Gabriela Patishtán Ruiz saludó en tzotzil, y leyó una carta de su padre, en la que señaló: Es el momento de defender nuestros derechos, la madre tierra, nuestros recursos naturales y lamentó que lo que hacemos bien para nosotros muchos lo ven mal, nunca he robado nada y ahora no veo justicia, las autoridades me quieren ver morir en esta prisión. De esa dimensión será la resolución de los próximos días. Mañana realizarán en Tuxtla una peregrinación quienes se niegan a perder la esperanza en la justicia porque se toman los derechos en serio.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

¿Habría una mejor coordinación?

Jorge Carrillo Olea

Todo mundo habla de los fantasmas, pero nadie los ha visto. Así pasa con la nueva estrategia de seguridad pública para enfrentar a la delincuencia organizada. Discursos van y discursos vienen, pero en térmi­nos con­cretos no se sabe nada.

 

Parte de esos lucimientos verbales es que los grandes éxitos se deben a que ahora sí hay coordinación, aunque no se explique en qué consiste y mediante qué ingenios se logró. De la expresión autocrática del Presidente he girado órdenes precisas se infiere que él debe disponer en cada caso el qué hacer. Ergo no hay una libre iniciativa producto de una coordinación.

Es muy creíble que se hayan dado instrucciones para que los actores principales de la estrategia funcionen mejor: SG, SDN, SM, PGR y eventualmente fuentes extranjeras como Interpol. Más aún: de cumplirse ello no sería ni suficiente ni eficaz, porque hay dos problemas de origen:

1. Al diseñar el nuevo gobierno no se tuvo en cuenta el principio de la sencillez. Al secretario de Gobernación se le asignó, además de ser coordinador del gabinete, el control de siete subsecretarias y 14 órganos descentralizados y desconcentrados, creándose un inmanejable tramo de control. 2. No menos importante es que no se diseñó, reglamentó ni estableció un sistema integral de comunicación.

La coordinación no puede establecerse por mandato y exclusivamente entre los titulares. La requerida debió ser concebida y establecida mediante un sistema de información automatizado que aportara y recibiera datos y hacerlos descender hasta los últimos niveles. Ello sólo hubiera sido posible si se dispusiera de analistas de inteligencia (que no los hay) y mediante meses de trabajo de implantación.

La configuración estaría integrada por subsistemas que harían circular la información continuamente hasta todas las células, o sea los últimos actores secundarios que operan en el campo. Esto permitiría que además de coordinarse entre ellos, se invirtiera el flujo hacia arriba para alimentar la toma de decisiones. Se podrá alegar con enfado que así se actúa, sí, pero de forma tan rudimentaria que es deplorable.

Hoy podrá haber voluntades, pero no hay sistemas. Menos la aplicación de los recursos tecnológicos disponibles. Lo deplorable es, por ejemplo, que si los estados mayores de las regiones militar y naval con responsabilidades en Guerrero tienen sus cuarteles generales a 300 metros de distancia no se comuniquen sino eventualmente. Ni la Policía Federal ni la autoridad local tienen tampoco interconexión con ellos.
 

Cómo pensar en aplicar procedimientos que con el uso de hardware se hablaran solos mediante teleprocesos y en tiempo real. Cómo si carecen de directores y analistas de inteligencia, de procedimientos estandarizados de operación, de códigos homologados, de bases de datos y si sus medios de comunicación ni siquiera son compatibles, ¿cómo podrían estar coordinados si no se entienden?

 

Es cierto que las reuniones del más alto nivel son habituales, pero en ellas cada titular presenta un concepto, documental o no, que resulta poco constructivo por su individualidad. Resultan así porque no suele haber reuniones preparatorias en un segundo nivel que sean ricas en debate y al final conciliatorias del contenido y conclusiones a las que debiera arribar la reunión superior. Elemental: eso sería coordinación.

 

Por la falta de un método sistémico, aun en el nivel superior se alcanzan logros que suelen resultar menores a lo deseable, consecuentemente en los niveles subordinados sólo puede esperarse menor efectividad. La coordinación y sus mejores resultados seguirán siendo sólo una expectativa mientras no exista un diseño integral altamente tecnificado.

 

Está disponible un gran acervo de nuevos conceptos, técnicas y procesos sobre problemas y soluciones que se deberían incorporar como herramientas de coordinación. En apoyo consecuente a ese saber hacer no se pueden desdeñar los avances en diseños de flujos, telecomunicaciones, teleprocesos y automatización en general. Renunciar a ese auxilio sería inexcusable.

 

La conflictividad que se vive en el país, la que lamentablemente se anticipa y simplemente el deber de incorporar todo recurso de modernidad son ineludibles. Implican que no es posible seguir con un enfoque tan pobre como el actual. La satisfacción que expresa el Presidente por una supuesta eficacia derivada de una nueva situación de coordinación es desconcertante, porque no coincide con la realidad.

 

Pero volviendo a la tierra, si no hubiera modestia en la aceptación de que lo que se hace es manifiestamente insuficiente y de que sí hay recursos de todo orden para lograr lo que se pretende, nada sería posible. Siempre estaríamos cortos.

hienca@prodigy.net.mx

FUENTE: LA JORNADA OPINION