Los ventanales rotos
Abraham Nuncio
En San Pedro Garza García se concentran algunas de las fortunas más
grandes del país. Es la sede de los corporativos de bancos, industrias y cadenas
comerciales de mayor tamaño en el noreste de México. Residencia no sólo de la
elite económica y política de Nuevo León, sino de una clase media acomodada que
se identifica con su modo de vivir y con sus ideas, ahora se suma al resto de
las ciudades y villas que viven las consecuencias violentas de la presencia
creciente del crimen organizado, de un modelo económico profundamente injusto y
un régimen que lo ha abrazado con la fuerza y el destino trágico propios de
quien busca el abrazo de la muerte.
A muchos de los habitantes de San Pedro les cuesta creer que las balaceras y
sus víctimas se produzcan en las calles emblemáticas por donde transitan a
diario. La calzada Del Valle y la calzada San Pedro flanquean la colonia Del
Valle, símbolo del municipio desde donde se gobierna Nuevo León. Antes se lo
hacía desde su capital, Monterrey. Pero las cosas han cambiado. San Pedro era
entonces de Monterrey; ahora Monterrey es de San Pedro. Los representantes de
los llamados poderes constituidos y aquellos a los que ahora se denomina poderes
fácticos fueron abandonando Monterrey como lugar de residencia, coexistencia y
convivencia, y se concentraron en San Pedro.
A pesar de las medidas del alcalde Mauricio Fernández Garza, la delincuencia
organizada balea policías y civiles en las calzadas Del Valle y San Pedro como
lo hace en cualquier zona de menor rango inmobiliario. Antes del asesinato de un
policía y un civil, del cual se ignora aún su trayectoria en relación con las
bandas delictivas, el alcalde Fernández ya había aceptado que el Ejército
patrullara ese municipio y con el gobernador Rodrigo Medina firmó un convenio
para reforzar la seguridad en su territorio. Algo parecía salirse de su control.
Para imponerlo se ha valido de un grupo de
rudos–cierto, ha dicho que ya no existe–, lo cual puede resultar peor como remedio que la misma enfermedad.
Los sampetrinos ya sabían, no obstante, de ese tipo de crímenes. La
ejecución del director de la Agencia Estatal de Investigaciones,
Marcelo Garza y Garza, en septiembre de 2006, fue el punto de inflexión en la
violencia que vive el estado, según la evaluación del consulado estadunidense
(ver Wikileaks en La Jornada del 10/02/11).
Dos pronunciamientos siguieron a las masacres de 20 y 19 personas con
diferencia de pocos días, antes de las últimas ejecuciones en San
Pedro. Uno, el de los organismos empresariales de la localidad, que culpaba al
gobernador de la situación imperante sin hacerse cargo de las condiciones
sociales que ellos mismos han propiciado para descomponer la sociedad. Otro, de
mayor sustancia, el de un grupo de 14 empresarios, algunos con acento en
actividades públicas, profesionales y editoriales. Demandaban abandonar el
combate al hampa por medios estrictamente policiacos, legalizar las drogas y ver
su consumo como problema de salud pública –lo que hace nueve años planteó
Fernández, cuando contendía por el gobierno de Nuevo León–, y abrir un debate
franco sobre el tema. Su solo planteamiento basta para conferirle atención a la
postura de estos empresarios frente a la violencia. Una violencia que a muchos
de sus pares y a los políticos más encumbrados los ha hecho emigrar o mantenerse
con un pie en su lugar de operaciones, y el otro en el Distrito Federal, en el
Valle de Texas o más lejos.
Desde ningún lugar más localizado geopolíticamente que San Pedro podría
analizarse mejor lo que han sido las causas del impresionante crecimiento del
crimen como modus vivendi, su fallido combate desde el gobierno y lo
que socialmente representa para toda la sociedad mexicana. La posición de los
líderes sampetrinos ha sido de apoyo decidido a las medidas impuestas por la
modalidad neoliberal del capitalismo. Esta modalidad ha concentrado la riqueza y
ha expandido la pobreza hasta límites intolerables. Voces aisladas, como la de
Alejandra Rangel Hinojosa, una de las firmantes del desplegado del grupo de los
14, así lo han venido señalando desde hace tiempo.
Ni los priístas ni ahora los panistas –gran mayoría en San Pedro y en el
resto de Nuevo León– han querido admitir que, aun en un régimen capitalista,
primero son los pobres; porque cuando no es así, los beneficiarios del
neoliberalismo más temprano que tarde también se convierten en sus víctimas. Y
San Pedro Garza García es la mejor muestra de ello.
La teoría de las ventanas rotas, superficial como es, ofrece una metáfora de
lo que ocurre cuando al crimen no se le combate en sus causas sino sólo en sus
efectos. En su versión original, tal seudoteoría indica que si no se repara la
ventana rota de un edificio se constituirá en la invitación para que otras sigan
el mismo destino.
San Pedro destaca, en el paisaje urbano del área metropolitana de Monterrey,
por sus mansiones y torres construidas a base de ventanales. Una moda que ya se
apreciaba en ciudades estadunidenses como Dallas hace más de tres décadas.
Quienes se alojan en esos espacios saben que corren riesgo. Pero no asumen que
la gestación de la violencia se debe a su voluntad, tácita o expresa, de alentar
la desigualdad social. Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública en el
anterior gobierno encabezado por Natividad González Parás, lo ha podido ver con
agudeza (ver Proceso del 24/07/11). Para que
México sea convertido en Holanda–dice–, donde se ha legalizado el consumo de ciertas drogas, no debería haber pobres, pedigüeños y gente en situación de calle.
En el supuesto de que se pudiera erradicar el tráfico clandestino de drogas,
previa autorización de Estados Unidos, el crimen organizado, en sus otros muy
variados giros, se seguirá nutriendo de pobres que quieren dejar de serlo a
costa de lo que sea: secuestrar, torturar, matar, descuartizar.
No hay que llamarse a sorpresa ni a engaño: si la ventana rota de la
desigualdad social no se arregla, las demás ventanas, incluidos los ventanales,
seguirán el mismo destino.
No + odio
Gabriela Rodríguez
Hablar del odio es tocar lo más negativo y sombrío del ser humano,
desear el males un sentimiento que puede ser controlado o que puede ser exaltado, y que puede conducir a diversas formas de violencia. Anders Behring Breivik odia a cualquiera que sea del Islam, odia al que no sea extremista o cristiano como él, odia al gobierno de Noruega, odia al que piensa distinto… pero sobre todo
odia.
El contexto de la violencia generalizado que se vive en el país y los
recientes hallazgos de mujeres asesinadas de manera violenta son expresiones del
odio que nos rodea. Ello nos lleva a reconocer cuando el Estado realiza un acto
para contrarrestar las más extremas formas de violencia. De acuerdo con la
definición del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), éste se
define como aquellos asesinatos de mujeres que resultan de la violencia ejercida
contra ellas por su condición de género. Se trata de asesinatos violentos de
mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este
género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad
sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado. La
noción de feminicidio incluye tanto los crímenes cometidos dentro de la
esfera
privadacomo
pública.
Los estados donde se registró un mayor número de feminicidios de
enero a diciembre de 2010, según cifras del OCNF, son: Chihuahua con 446 casos,
225 en el estado de México, 111 en el Distrito Federal, Sinaloa con 108 y
Quintana Roo con 89 casos.
El pasado 29 de junio la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la
tipificación del feminicidio como delito autónomo y de acreditación
objetiva. Dicha aprobación responde a la reciente reforma constitucional en
materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional el cumplimiento de
las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano establecidas en tratados
internacionales, específicamente en materia de discriminación y violencia contra
las mujeres. Esta reforma es resultado del compromiso por parte del Instituto de
las Mujeres del DF, del Gobierno del DF, de la Procuraduría General de Justicia
del DF, la Comisión de Feminicidio, el Tribunal Superior de Justicia del DF y
del trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, quienes el
pasado 8 de marzo presentaron la iniciativa de ley, ahora aprobada, para
tipificar el feminicidio y establecer los lineamientos mínimos para la
investigación eficaz de estos crímenes en la ciudad de México.
La importancia de la reforma estriba no sólo en elevar las penas, sino en que
da un tratamiento integral y especializado a este tipo de conductas. Obliga a la
creación de protocolos de investigación con perspectiva de género (resolutivo 18
de la sentencia Campo Algodonero). Obliga a la Procuraduría General y al
Tribunal Superior de Justicia del DF a capacitar continuamente al personal
encargado de implementar los protocolos de investigación pericial, ministerial y
policial. Obliga a la creación de un banco de datos de información genética de
mujeres desaparecidas o asesinadas no identificadas (resolutivo 21 de la
sentencia Campo Algodonero), lo cual permitirá que sean buscadas mujeres que
están consideradas como desaparecidas o ausentes, a través de los registros de
ADN de víctimas de feminicidio no identificadas, muchas de las cuales
están relacionadas con secuestros y con la trata de personas con fines de
explotación sexual, pornográfica o tráfico de órganos. Además se contribuye en
garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en los procedimientos penales,
que antes de esta reforma eran entorpecidos por prácticas discriminatorias por
parte de los operadores de justicia.
La homofobia es otra forma de odio. Christian Iván Sánchez Venancio,
activista e integrante de la Coordinadora para la Diversidad Sexual del PRD-DF,
es la más reciente víctima de un crimen de odio; fue asesinado con brutalidad
quien se distinguió por luchar por los derechos humanos de la comunidad
homosexual en la ciudad.
Hoy hasta los procesos electorales exaltan el odio, entre candidatos y
partidos, particularmente en las redes electrónicas; aun entre militantes de un
mismo partido o de la misma tendencia política, el lenguaje del odio también
propicia el odio. En la actualidad parece difícil recuperar la capacidad de
diálogo, respetar el disenso y hacer críticas argumentadas que permitan expresar
la indignación.
Los feminicidios, los crímenes de odio y un acto terrorista como el
de Oslo tendrían que llevarnos a pensar cuáles son las condiciones del mundo
actual que están propiciando la exaltación del odio y la violencia. ¿Serán las
guerras? ¿El narcotráfico? ¿Armar a los ciudadanos? ¿Abusar del poder? ¿La
corrupción? ¿La discriminación? ¿Las grandes migraciones? ¿La profundización de
desigualdades sociales? ¿La impunidad? Yo no lo sé, pero estos factores
conforman el nuevo coctel que tragamos cada día.
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