Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 22 de febrero de 2013

Astillero- Dinero- Corrupción generalizada- Policías comunitarias, grupos de autodefensa y paramilitares-

Astillero
Desastre calderonista
Violaciones institucionalizadas
Enredos numéricos
Ascensos en el GDF
Julio Hernández López
Foto
EN EL SENADO. Tras cumplir su arresto en el Torito por conducir en estado de ebriedad, el legislador Jorge Emilio González reapareció ayer en el Senado. En la imagen, acompañado de Carlos Alberto Puente y Javier Corral
Foto María Meléndrez Parada
 
Durante seis años los mexicanos vivieron entre el terror institucional, establecido por Felipe Calderón a cuenta y cuento de una guerra de interesado reacomodo mercantil del narcotráfico, y el cinismo cotidiano de las autoridades, comenzando por el propio ocupante de Los Pinos, que se empeñaron en negar con aires displicentes o con encendidos discursos (a veces, con golpes sobre el atril, siempre con la colérica ceja levantada en esos momentos) la evidente realidad de la constante violación de los derechos humanos, de la tortura, la desaparición y el asesinato practicados por miembros de las fuerzas y las instituciones que presuntamente deberían garantizar orden, legalidad y seguridad.
 
 
Felipe Calderón Hinojosa mintió por sistema pero, aún peor, sostuvo e incentivó el aparato macabro de represión y exterminio, acompañado por su vicepresidente ejecutante, Genaro García Luna, quien al igual que su ex jefe disfruta de impunidad en hospitalarias tierras estadunidenses. El general Guillermo Galván Galván, condescendiente secretario de la Defensa Nacional, cumplió puntualmente las instrucciones de un mando supremo desquiciado, al que obsesionaban de manera enfermiza los juegos macabros, el exterminio de los malos, la limpieza social y los símbolos de guerra. Para suplir las debilidades de la estructura verde olivo, penetrada por los intereses de determinados grupos del narcotráfico, objeto de desconfianza del poder estadunidense que promovía detenciones de capos y decomisos de cargamentos que abortaban en cuanto un alto mando de la Sedena sabía los detalles, entró en acción la Secretaría de Marina, con el almirante Mariano Francisco Saynez al frente y con un estilo arrasador y despiadado que hizo, inevitablemente, recordar los peores relatos de horror correspondientes a las dictaduras de Centro y Sudamérica.
 
Y, sin embargo, la mayoría de los grandes medios de comunicación guardaban silencio sobre los hechos terribles de cada día, e incluso en el ámbito de Televisa se llegó a promover un pacto de moderación informativa, que usando como coartada no darle publicidad al crimen organizado terminaba ocultando sucesos y se negaba a ir a la raíz del problema. Salvo excepciones que el público más atento conoce y aprecia, una gran mayoría de los líderes de opinión, conductores de programas de radio y televisión, comentaristas y usuarios privilegiados de espacios mediáticos se acomodaron a las necesidades del sexenio felipista y no sólo guardaron silencio cómplice sino que con frecuencia utilizaron sus habilidades retóricas para justificar y ensalzar lo que hacía el poderoso en turno.
 
En ese contexto ha sido importante el reporte que Human Rights Watch ha entregado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto a los casos de casi 250 desapariciones forzadas que sucedieron durante el sexenio del becario al que Harvard ha aceptado en su campus, mientras en México van surgiendo o se van conformando datos firmes que lo hacen responsable de crímenes y corrupción. En el análisis de los casos que pudo documentar HRW queda demostrada de manera contundente la participación de miembros de policías, de la Marina y del Ejército. José Miguel Vivanco, director para América de HRW, declaró que el récord del gobierno del presidente Calderón en materia de derechos humanos es un desastre, y tiene que ser abordado con seriedad.
 
Y, sin embargo, las cifras oficiales relacionadas con desapariciones forzadas durante el calderonismo no quedan en las casi 250 que HRW pudo documentar con todo cuidado. The Washington Post aseguró, un par de días antes de que el panismo dejara Los Pinos, que existía una lista de cuando menos 25 mil personas en tales circunstancias. Este miércoles, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón García, dio confirmación oficial a esas cifras al retomarlas e incluso fijarlas en 27 mil 523 casos.
 
Tan puntual recuento no ha podido ser sustentado por la funcionaria ni por su jefe, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha asegurado a organismos defensores de derechos humanos que el régimen peñanietista hará su máximo esfuerzo para saber la verdad de hechos sobre los cuales ni siquiera se tiene precisión numérica aún. Las presuntas buenas intenciones esclarecedoras de Gobernación se han topado con lo que hasta ahora parece un desliz declarativo de la subsecretaria Limón García, que de inmediato ha sido aprovechado por sus ex compañeros calderonistas, quienes exigen que se den pruebas que sustenten los dichos sobre decenas de miles de desaparecidos. La subsecretaria es hija de Miguel Limón Rojas, quien fue secretario de Educación Pública durante el primer priísmo; estuvo casada con Luis Carlos Ugalde, quien presidió el IFE en 2006; y fue feliz diputada local en el DF y aspirante a delegada hasta que peleó con el panismo calderonista, renunció al partido de blanco y azul y se pasó al de tres colores.
 
Astillas
El gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera ha decidido premiar y ascender de grado a los policías que detuvieron al senador verde Jorge Emilio González Martínez. Se subraya en especial que esos agentes se negaron a participar en actos de corrupción. Bien por ese reconocimiento a lo que todo servidor público debería hacer por sistema. Pero, además de constituir una involuntaria confesión de que es excepcional que haya esa resistencia a la corrupción, y por ello es necesario distinguir tal acto inusual con un premio, las autoridades dejan sin consecuencia lógica de castigo a la otra parte involucrada en un acto de corrupción. Si los policías resistieron, ¿qué se hará a quienes ofrecieron soborno, forcejearon y arrebataron por segundos al senador ebrio y amenazaron con despidos y represalias? ¿Qué castigo habrá para el legislador que dio un nombre falso y por tanto está en una clara hipótesis delictiva? ¿Premiar a los que resistieron, pero dejar impunes a los que provocaron esa resistencia? A menos que lo que se busque sea simplemente la simulación ceremonial, la apariencia para fines mediáticos... ¡Feliz fin de semana!
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Corrupción generalizada
Ayer, en conferencia de prensa, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, denunció que la administración encabezada por su antecesor, Andrés Granier Melo, incurrió en desvío de fondos por más de mil 900 millones de pesos destinados a programas federales de salud, educación, justicia y seguridad pública.
 
 
Las acusaciones del mandatario tabasqueño ocurren con el telón de fondo de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las múltiples irregularidades encontradas durante la revisión de la cuenta pública 2011 –particularmente en programas de estímulos agrícolas y en la construcción de la Estela de Luz–, así como del escandaloso crecimiento de la deuda pública de diversos estados y municipios, donde el gasto de los recursos correspondientes dista de haberse efectuado con plena transparencia. Tales hechos confirman que la opacidad, el dispendio y la corrupción institucional no se circunscriben a un nivel de gobierno ni a un partido político en particular, sino son fenómenos transversales al conjunto de la clase política y de alcance nacional.
 
Su atención y corrección deben ser vistas como tareas fundamentales para las distintas autoridades, no sólo por razones de índole moral y legal, sino porque representan una amenaza para las perspectivas de resolución de los problemas nacionales en materia economía, social, política y de seguridad y, en última instancia, para la viabilidad del país.
 
En efecto, cabe preguntarse qué posibilidades de desarrollo puede tener la economía de una nación cuyo gasto público es objeto recurrente de desvíos, dilapidación o robo, y en la que los costos de operación de las unidades económicas se eleva consecuencia del cobro de mordidas por parte de funcionarios sin escrúpulos para acelerar trámites o para otorgar contratos.
 
Sin una moralización amplia y profunda de las oficinas públicas en todos los niveles de gobierno, se vuelve insostenible, por otra parte, cualquier propósito oficial de combatir a la delincuencia y restablecer el estado de derecho. Asimismo, en un contexto plagado de casos de malversación de recursos de programas sociales, suenan inviables los propósitos gubernamentales de luchar contra el hambre, reducir los niveles de pobreza y, desde luego, el país no puede aspirar a tener elecciones confiables y limpias en tanto los organismos encargados de salvaguardar los mecanismos de la democracia representativa sigan siendo tolerantes a los manejos turbios y las irregularidades que suelen ocurrir durante los procesos electorales.
 
El escandaloso desaseo administrativo y la descomposición institucional que genera en todos los ámbitos del poder público se ha venido incrementando sexenio tras sexenio, independientemente del relevo de siglas y colores que tuvo lugar en el Ejecutivo federal en 2000. Durante los 12 años de presidencias panistas, esos flagelos se multiplicaron y profundizaron al grado de ubicarse en el propio círculo del poder presidencial: algunos botones de muestra son los presuntos actos ilícitos cometidos por los hermanos Bribiesca Sahagún durante el sexenio de Vicente Fox; los contratos irregulares atribuidos al ex titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y la suciedad imperante durante la edificación de la Estela de Luz.
 
En un entorno gubernamental descompuesto y minado por la corrupción, combatir este flagelo tendría que ser la prioridad principal de cualquier gobernante dispuesto a ejercer el poder en beneficio de la nación y no de intereses facciosos. Los propósitos de transparencia, honestidad y rendición de cuentas enunciados por administraciones entrantes como la de Tabasco y la federal carecerán de verosimilitud en la medida en que no se acompañen de un programa nacional para luchar contra la opacidad, el dispendio y el latrocinio que prevalecen en todos los niveles y todo el territorio.
 
 Empollando un aumento-Rocha
Dinero
Auditarán el megapréstamo de Pemex
Pablo Escudero, la Estela de Luz
Un árbitro para Iberia
Enrique Galván Ochoa
¿No es extraño que la entrega por Pemex de 500 millones de pesos a Carlos Romero Deschamps, con un fin tan edificante como construir viviendas para los trabajadores, haya sido acompañada por un silencio total? Los recursos le fueron transferidos el 8 de diciembre de 2011. Ese día Felipe Calderón defendía a su gobierno –en una reunión del Voluntariado Nacional– de los resultados de un estudio de la OCDE en el sentido de que durante su gobierno aumentó la desigualdad. ¿Qué mejor defensa que el magno programa de construcción de casas? Sin embargo, ni Calderón, ni Romero Deschamps ni el ex director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, hablaron del tema y tampoco lo hicieron en la festividad del siguiente 18 de marzo. Las declaraciones que acaban de emitir tanto Pemex como el sindicato crearon más dudas. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, anunció ayer en el programa de Carmen Aristegui, en MVS y Dish, que serán analizadas circunstancias y documentación del préstamo. No alcanzaron a hacerlo en la auditoría del año 2011 –la que acaba de presentar–, porque sucedió a finales de año. Pero está en las prioridades de la auditoría de 2012… aunque –eso es lo infortunado– los resultados se conocerán el próximo año.
Sin obras no hay sobras
Los negocios inmobiliarios siempre han sido fuente de ganancias fabulosas para los funcionarios públicos que los arman y, por supuesto, las empresas con las que se confabulan. Por fortuna, hay algunos que resultan mal y cuenta mucho que hayan sido detectados a tiempo. La primera denuncia del despilfarro y presunto fraude que se estaba cometiendo en la construcción de la Estela de Luz partió de Pablo Escudero, entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Presentó como prueba un peritaje del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles. La Estela de Luz se inauguró en enero de 2012, con 15 meses de retraso. En principio, la obra en Paseo de la Reforma, de 104 metros de altura, costaría 400 millones de pesos, pero supuestas modificaciones al proyecto y conflictos entre arquitectos y la empresa constructora elevaron su costo a mil y pico de millones de pesos. La Auditoría Superior presentó denuncias ante la PGR. Ha venido a darle la razón a Escudero –hoy presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado.
Detalle de llamadas
Con motivo de la sanción que la Cofetel está promoviendo porque Telmex cobra a los usuarios un nuevo concepto que se describe como detalle de llamadas entrantes y salientes, la telefónica se defiende diciendo que presentó a registro oportunamente, el 31 de agosto de 2012, una tarifa de 10.40 mensuales, que es muy inferior a la que está en vigor para un servicio que además no incluye las llamadas entrantes. Sin embargo, según la Cofetel, comenzó a cobrarlo sin contar con la constancia de registro emitida por esa comisión. ¿A quién le va a crecer la nariz como Pinocho: a Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, o al director de Telmex, Héctor Slim? Pero mientras se aclaran las cosas no deja de funcionar la caja registradora con el nuevo cargo.
Árbitro para Iberia
Tras cuatro jornadas de huelga, los representantes de los trabajadores de Iberia y la empresa acordaron que un mediador sirva de árbitro en su conflicto, figura que asumirá Gregorio Tudela, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
e@Vox Populi
Asunto: leyes hay de sobra
¿De qué sirve que se den tantas noticias de nuevos fraudes si no se castiga a nadie? ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos para obligar a los políticos a promulgar una ley para castigar a los que cometen fraudes, aun con su fuero? Les dejo eso de tarea. Y como dijo mi general Zapata: Si quieres ser ave, vuela; si quieres ser gusano, arrástrate; pero no grites cuando te aplasten.
R: Leyes hay de sobra. Sin embargo, a partir de que los fraudes se cometen en los procesos electorales, si somos realistas y por necesidad o lo que sea aceptamos tarjetas Monex o Soriana, tenemos muy pocas esperanzas de que esta situación cambie.
Asunto: Inglaterra y México
Según su comentario, las perspectivas de crecimiento de México estarán más allá de 3 por ciento. Vivo en Inglaterra y aquí no han podido crecer más de uno por ciento anual, aun con el impulso que tuvieron por la Olimpiada. ¿Me podría explicar por qué, si tenemos un crecimiento tres veces mayor, seguimos siendo un país subdesarrollado? ¿En dónde se diluye esa riqueza? ¿Se reparte sólo entre los poderes fácticos, la gobernocracia y las trasnacionales que evaden pagar los impuestos que deben? Un abrazo desde estas heladas tierras.
Jesús Vega
R: El pronóstico de 3 por ciento es de BBVA. Inglaterra es un país desarrollado que está viviendo una mala racha; México, en cambio, es un país subdesarrollado que está viviendo un buen momento, pero ya hay signos de que la economía se está desacelerando.
Twitter
Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando yo pregunto por qué los pobres no tienen comida, me llaman comunista. Helder Cámara
Ismael Bárcenas, SJ @elmayo
Comparto el escepticismo de
 @galvanochoa: las denuncias que formuló la Auditoría Superior por desviación de recursos se congelarán en la PGR
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Y aquí no pasó nada. ¡Típico!
Mayra Martinez @MayraSyt
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
Policías comunitarias, grupos de autodefensa y paramilitares
Francisco López Bárcenas
La aparición de policías comunitarias y grupos de autodefensa por diversos estados de la República ha traído diversas consecuencias. Una de ellas es el reconocimiento, desde diversos ámbitos del gobierno y sectores empresariales, de la crisis del estado de derecho y la incapacidad de las instituciones creadas para brindar seguridad a la población, para cumplir su cometido. Este reconocimiento ha venido acompañado de diversas posturas sobre el fenómeno. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha mostrado preocupación porque, dice, los grupos de autodefensa quebrantan la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares, además de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En esa misma línea, el ex presidente de la misma institución ha dicho que este tipo de grupos son ilegales, y sus acciones, delictivas. Por su lado, el gobierno del estado de Guerrero y un senador de la República por ese mismo estado han propuesto que las policías comunitarias se subordinen a las policías municipales para que su actuar sea controlado por el Estado.
 
 
Si se mira el asunto fuera de intereses políticos y cuestiones jurídicas, nos podemos dar cuenta de que las policías comunitarias son una realidad en todo el país, tienen historia y son de diversos tipos. En el norte del país, por ejemplo, existen las guardias tradicionales de los pueblos seri y yaqui, con una estructura militar, producto de la influencia jesuita sobre ellos, pero también de las largas luchas que el Estado mexicano les declaró en el siglo XIX. Por el sur del país existe la guardia tradicional maya que resguarda a Chan Santa Cruz, en el municipio de Carrillo Puerto. Se trata de estructuras de los pueblos indígenas forjadas a través de los años, de acuerdo con las circunstancias que les ha tocado vivir. Junto con ellas existen las policías comunitarias de las comunidades, que año con año son nombradas por los pueblos de entre sus mismos integrantes para que se encarguen de su seguridad. Se trata de prácticas milenarias y hasta ahora no se sabe que se hayan convertido en paramilitares.
 
La evolución que la normatividad internacional y nacional sobre derechos humanos ha tenido en las últimas décadas reconoce la existencia de pueblos indígenas y algunos derechos colectivos, entre ellos el de la libre determinación, en su modalidad de autonomía, y como parte de ésta se garantiza su propio gobierno, constituido de acuerdo con sus propias normas. En el caso de México, el artículo segundo constitucional garantiza a los pueblos indígenas el derecho a decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural; a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, y a elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. La palabra interno, que tanto se reitera, se refiere al interior de los pueblos indígenas, es decir, de la etnia, no de las comunidades que los integran, pues el sujeto de derechos es aquél. Lejos estamos de la justicia por propia mano o de que se parezcan a los grupos delincuenciales, como algunos sugieren, y negarles su derecho a existir implica desconocer el carácter multicultural del Estado mexicano y, en última instancia, atentar contra el estado de derecho que se busca preservar.
 
Cosa distinta son los grupos de autodefensa. Para comenzar se trata de grupos de personas cuyos fines son defenderse, y en algunos casos defender a los pueblos, de las agresiones estatales o de grupos ligados a ellos, pero no forman parte de las estructuras organizativas de los pueblos, ni éstos los eligieron, ni les rinden cuentas a ellos de sus actos, porque se rigen por sus propias normas. Por su parte, los grupos paramilitares son un caso distinto. En un principio eran creados por el Ejército para realizar actividades sucias contra los pueblos, que aquél no se atrevía a realizar, para no cargar con los costos políticos de actuar en contra de los pueblos. Por eso se llaman paramilitares, porque son creados por los militares y actúan de manera paralela a ellos. En los tiempos actuales los motivos y formas de su creación se han ampliado, pero en el fondo siguen respondiendo a los mismos objetivos: son creación de los gobiernos federal, estatales o municipales. Si sucumben a los esfuerzos gubernamentales por controlarlos, los primeros pueden derivar en los segundos, pero también convertirse en guardianes de los pueblos si se someten a ellos. Lo importante es distinguir las cualidades de cada uno para no echarlos en el mismo saco a todos. A menos que lo que se quiera sea la confusión.Estela de Luz-Ahumada

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