El despertar- ¡También la energía eléctrica es del pueblo y del país!- Reforma educativa: inconformidad y autoritarismo

El despertar

Por qué debemos combatir la impunidad

José Agustín Ortiz Pinchetti

Todos los días, a la hora del desayuno, nos sirven un pedazo de pastel de la pudrición de México: las políticas públicas erróneas han aumentado la miseria hasta la escalofriante cifra de 22 millones de seres humanos, de los cuales millón y medio más cayeron en la pobreza ¡alimentaria! en los tres años recientes. A unas cuadras de distancia de donde vivo se alza la que llaman Estela de luz. El monumento debió costar 200 millones de pesos, y su valor final fue de mil 500, y hay indicios de fraude. El desvío de recursos en Tabasco llega a 17 mil millones de pesos. Mil 918 que debieron destinarse a recursos vitales han desaparecido. Las auditorías revelan corrupción generalizada en Pemex y en la mayoría de las dependencias del gobierno de Calderón. Nadie responderá por todo ello.

 

La gente soporta pasmada este diluvio de evidencias sobre la corrupción. Según cálculos de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas nuestra corrupción supera 20 por ciento del PIB. El lavado de dinero, entre 3 y 5 por ciento; la aportación del narco, 9 por ciento, y el exceso de trámites y la corrupción que esto genera, 10 por ciento. Según otros cálculos, una tercera parte de nuestra economía es corrupta.

México y los mexicanos somos tan corruptos como la mayoría de los países y los seres humanos. El problema está en la impunidad. Los desvíos de miles de millones en Coahuila y Tabasco son, en gran medida, recursos que se fueron a la campaña presidencial para comprar votos. Por ello, Moreira y Granier pueden dormir tranquilos. En los grandes negocios de los líderes de Pemex o el SNTE están involucrados políticos de todos los niveles. La impunidad hace posible que todo este proceso funcione.
 

Pero tenemos que combatirla. La impunidad ha llevado a que México no sea buen lugar para invertir porque carece de verdadero estado de derecho. Los grandes grupos de interés se sirven del gobierno para imponer sus políticas antisociales, porque son cómplices de los gobernantes: la economía de mercado no levanta cabeza desde hace 30 años. El crimen y la violencia son resultado de que sólo 10 por ciento de los delitos graves sean perseguidos. La pérdida de destino y el cinismo penetran y disuelven el tejido social. La corrupción y su correlato, la impunidad, hacen imposible el proyecto nacional y hunden al país de modo progresivo en una especie de enfermedad crónica e incurable. No es difícil prever que tarde o temprano todo esto colapsará… si no es que ya ocurrió y aún no nos damos cuenta.

joseaorpin@hotmail.com

 

¡También la energía eléctrica es del pueblo y del país!

Antonio Gershenson

Sí, debemos defender a Pemex. Pero el sector eléctrico también se está entregando a empresas privadas, sobre todo extranjeras, y se entrega un dineral a las empresas, sobre todo españolas, que venden electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ésta despoje a muchísimos consumidores, o ex consumidores, pues ya los cortaron.

 

Uno de los aspectos es la generación con el viento. La principal zona es La Ventosa, pero hemos visto publicadas las protestas y las luchas en varios lugares. Les han arrebatado, o intentan hacerlo, sus tierras. Se afecta en especial a grupos originarios de esa misma región. Se aprovechan de la corrupción de autoridades de diferentes niveles, que reciben dinero de las empresas, también aquí sobre todos españolas.

También en otros casos se afecta a las localidades, sea para usar el agua, construir nuevas presas o llevar y usar el gas natural. Y hay luchas de resistencia.

Hubo largos periodos en los que la CFE construía las plantas eléctricas. Dentro de ellos, hubo casos en los que la CFE negociaba con los pobladores afectados y llevaba a cabo obras reparadoras.

Una medida que debería tomarse es contratar pobladores para obras de construcción. También, ir llegando a un consenso con ellos alrededor de las obras, por ejemplo, aprovechar depósitos de agua para piscicultura.

Se debe instalar una gran cantidad de generadores de viento, aprovechando las hidroeléctricas que ya tenemos en el sureste también. En invierno hay más viento, que es cuando viene la sequía, o sea que ambos tipos de planta se pueden complementar.

No está de más recordar una parte del artículo 27 de la Constitución: Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Y son parte del servicio público la absoluta mayoría de los casos a los que nos hemos referido, la electricidad generada va a la red nacional de transmisión.

Veamos el caso de las empresas extranjeras que le venden energía a la CFE, generada con gas, carísimo. Como mencionamos al principio, se cobra a menudo muy caro a los usuarios. Hay zonas calurosas y húmedas del sureste en las que la electricidad es tan cara que poblaciones enteras no pagan desde hace años. Y no son los únicos: en la zona central hay muchos casos, y en poblados de aquí y de allá.
 

Otro aspecto de generación de electricidad es la geotermia. Tal vez la zona más importante está en el noroeste, alrededor de las fallas geológicas del Mar de Cortés o Golfo de California. Se trata de aprovechar el calor que hay bajo el mar, aunque también se ha aprovechado el que hay bajo el suelo.

 

Con la generación geotérmica del noroeste se puede evitar la compra masiva de gas a Estados Unidos, gran negocio para los funcionarios de ambas partes.

 

Con la electricidad generada por el calor submarino, se electrifica, se industrializa y se evita cualquier combustible. Se reducen drásticamente la importación de gas de la que dependen las fronteras del norte y del noroeste.

 

Veremos ahora un problema en la región central. Empieza con la intención que ha habido en Luz y Fuerza del Centro, y cuando ésta y el SME fueron agredidos, y que hay en CFE, de usar en el área de control central plantas de gas natural, ciclo combinado, como se ha hecho en otros lados. Como es sabido, hay una falta de generación enorme en el área central. Además de los problemas generales, están las pérdidas derivadas de la altura sobre el nivel del mar y la temperatura (30 por ciento).

 

Se trae electricidad de áreas lejanas, y eso nos da un sistema inestable, con riesgo permanente de colapso de voltaje en la zona.

 

Una solución la constituyen plantas pequeñas, de unos 30 megavatios, conectadas a cada subestación y con un sistema de control. Éstas se pueden instalar rápidamente y resolver muchos problemas.

 

Estas pequeñas plantas tienen ventajas si usamos motor diesel para impulsar el generador, porque se instalan más rápido, porque son más eficientes y porque podemos usar combustible diesel desulfurado en vez de gas natural.

antonio.gershenson@gmail.com

 

Reforma educativa: inconformidad y autoritarismo

A dos semanas de que se aprobó la constitucionalidad de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna –avaladas por el Congreso de la Unión y por una veintena de legislaturas estatales–, y mientras sigue pendiente la promulgación de las mismas y la elaboración de las leyes reglamentarias correspondientes, en el país persiste un amplio descontento magisterial ante dichas modificaciones. A las protestas realizadas en días previos en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Michoacán, se ha sumado el anuncio de la presentación masiva de amparos, lo cual recuerda a los que se presentaron en su momento contra las reformas a la Ley del Issste.

 

Por su parte, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero anunció la realización, a partir de mañana, de un paro indefinido, para impedir la aplicación de las nuevas disposiciones en la entidad.

El descontento magisterial es un ejemplo claro del fracaso de los intentos publicitarios del gobierno federal y los tres principales partidos políticos –que firmaron el Pacto por México–, para presentar la citada reforma como panacea a los rezagos en materia educativa y como legislación que respeta los derechos de los docentes. Dicha campaña propagandística, por lo demás, tampoco ha logrado amainar las múltiples críticas formuladas por especialistas en la materia, quienes consideran los cambios constitucionales incompletos, en el mejor de los casos, o lesivos, en el peor.

Cabe insistir en que la orientación principal de la llamada reforma educativa no es atender el conjunto de elementos que explican las deficiencias de la enseñanza en las escuelas –empezando por el abandono presupuestario a que son sometidos los ciclos de educación a cargo del Estado– , sino trasladar la responsabilidad casi única por tales deficiencias a los docentes, al condicionar su ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo a la aprobación de evaluaciones estandarizadas.

Dicha medida ha sido señalada por los maestros como atentado contra sus derechos y conquistas laborales. En contraste, y a pesar de que el propósito explícito de la referida reforma es mejorar la calidad de la educación, no hay en la misma directrices claras que indiquen la forma de alcanzar tal objetivo, y ni siquiera puede encontrarse una definición clara y precisa del concepto calidad educativa.
 

Mal termina lo que mal empieza. Si desde un principio los promotores de la reforma educativa hubiesen escuchado las posturas de los docentes y los hubiesen incorporado en las discusiones correspondientes –en el entendido de que el magisterio es actor clave en el funcionamiento del sistema educativo–, habrían conjurado el descontento que hoy se expresa en varios estados.

 

Ahora, para colmo, cuando ese sector excluido expresa su descontento de manera legítima y mediante los recursos políticos y jurídicos a su alcance, la falta de voluntad para escuchar a los profesores queda ratificada con posturas como la del titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet, quien hace unos días dio a entender –durante una comparecencia en el Senado– que el gobierno decidirá unilateralmente qué sectores del magisterio se incorporarán a la discusión de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias. Tanto más preocupante resulta que la sordera del grupo en el poder se haga acompañar de una inocultable vocación punitiva, como las advertencias formuladas por el propio secretario de que se aplicará la ley en contra de los maestros que paren labores en protesta por la reforma educativa.

 

Ante el proceso de reglamentación de las modificaciones a los apartados constitucionales mencionados, los actores políticos involucrados deben tener claro que cualquier normativa en materia de enseñanza que no incorpore el punto de vista de los docentes estará, muy probablemente, destinada al fracaso y será, en cambio, un factor de conflicto político y social. La autoridad, por su parte, debe desistir de la tentación represiva hacia los maestros inconformes, en el entendido de que la criminalización de la protesta social conduce invariablemente al atropello del estado de derecho, no a su robustecimiento.