Los gigantes de Internet convocan a “apagón” contra la ley SOPA
El Congreso de Estados Unidos frenaría la expansión de Google.
Foto: AP
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MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas de que el próximo martes 24 el Congreso de Estados Unidos discuta y quizá apruebe la ley antipiratería en Internet, conocida como Stop Online Piracy Act (SOPA) –muy similar al ACTA que se desechó en México–, los gigantes de esta plataforma tecnológica (Google, Facebook, Twitter, AOL) analizan sumarse a un “apagón digital” para protestar contra esta iniciativa.
Desde diversos flancos se ha expresado que esta ley tiene ingredientes de censura, pues permite la suspensión de sitios de Internet, de cuentas de redes sociales que divulguen o retransmitan contenidos supuestamente “pirata”, sin que exista una investigación previa y dándole entrada a las autoridades para intervenir en los mensajes y en la dinámica de las redes sociales.
La discusión coincide con el inicio de una competencia cada vez mayor entre Google y Facebook, los dos gigantes de Internet, y con los primeros 15 años de Yahoo!, que acaba de cambiar a sus directivos y planea nuevos contenidos para enfrentar la pujanza de Gmail y Hotmail.
Google ha lanzado tres spots televisivos para promocionar las videollamadas en Google+, la nueva plataforma de redes sociales. La posibilidad de conectarse en video con 10 personas de forma simultánea sería el valor diferenciador de Google+ frente a Facebook.
En 2011, Google invirtió unos 137.5 millones de dólares en anuncios en Internet, televisión, radio y prensa, para promocionar sus nuevos productos, incluyendo Android, adversario del iOS de Apple como sistema operativo para los smartphone o teléfonos inteligentes.
Una ley como la que se discutirá en el Congreso de Estados Unidos frenaría la expansión de Google, el buscador más grande de Internet, que lanzó en septiembre la red social Google+ para desafiar a Facebook y Twitter.
También afectaría a Facebook en sus planes de transformarse en una red social cada vez más audiovisual y convergente con telefonía.
Desde diversos flancos se ha expresado que esta ley tiene ingredientes de censura, pues permite la suspensión de sitios de Internet, de cuentas de redes sociales que divulguen o retransmitan contenidos supuestamente “pirata”, sin que exista una investigación previa y dándole entrada a las autoridades para intervenir en los mensajes y en la dinámica de las redes sociales.
La discusión coincide con el inicio de una competencia cada vez mayor entre Google y Facebook, los dos gigantes de Internet, y con los primeros 15 años de Yahoo!, que acaba de cambiar a sus directivos y planea nuevos contenidos para enfrentar la pujanza de Gmail y Hotmail.
Google ha lanzado tres spots televisivos para promocionar las videollamadas en Google+, la nueva plataforma de redes sociales. La posibilidad de conectarse en video con 10 personas de forma simultánea sería el valor diferenciador de Google+ frente a Facebook.
En 2011, Google invirtió unos 137.5 millones de dólares en anuncios en Internet, televisión, radio y prensa, para promocionar sus nuevos productos, incluyendo Android, adversario del iOS de Apple como sistema operativo para los smartphone o teléfonos inteligentes.
Una ley como la que se discutirá en el Congreso de Estados Unidos frenaría la expansión de Google, el buscador más grande de Internet, que lanzó en septiembre la red social Google+ para desafiar a Facebook y Twitter.
También afectaría a Facebook en sus planes de transformarse en una red social cada vez más audiovisual y convergente con telefonía.
Código Federal de Instituciones Disfuncionales y Malos Procedimientos Electorales (Cofipe)
Mitin de AMLO en Xochilmilco.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
Artículo 1
1. Las disposiciones de este Código son de orden manipulable y de falta de observancia general en el territorio nacional.
2. Este Código es violado –o interpretado a modo– en todo lo referente a la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos.
Artículo 2
1. Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales pasarán el tiempo contradiciéndose las unas a las otras.
2. Durante el tiempo que comprendan las precampañas electorales habrá reglas discrecionales para unos y para otros.
3. El Instituto Federal Electoral no tendrá la menor idea de cómo asegurar el cumplimiento de las normas dispuestas en este Código.
Artículo 3
1. La aplicación de las normas de este Código corresponde a casos específicos y cada semana cambiará la normatividad.
2. La interpretación se hará conforme a criterios políticos, personales e ideológicos de los funcionarios.
Libro segundo
De los partidos políticos
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político podrán ignorar las resoluciones del Instituto Federal Electoral.
2. Queda aceptada la intervención de organizaciones gremiales –como el SNTE– y cualquier forma de afiliación corporativa.
3. La denominación de “partido político nacional” también se aplica a franquicias familiares como el Partido Verde y el Panal.
4. Los partidos políticos ajustarán su conducta a lo que mejor les parezca, al margen de las disposiciones establecidas.
5. El Instituto Federal Electoral ignorará las actividades de los partidos políticos que se desarrollen al margen de la ley.
Título segundo
De la constitución, registro, derecho
y obligaciones
Artículo 24
1. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional debe formular una declaración de principios y dedicarse a violarla.
2. Proponer políticas cuyo fin no sea resolver los problemas nacionales.
3. Formar clientelarmente a sus afiliados.
4. Dentro de los derechos se incluirán el de saltar libremente de partido en partido.
5. Sus estatutos deben contener procedimientos opacos y antidemocráticos para la renovación de sus órganos directivos y candidatos.
Capítulo tercero
De los derechos de los partidos políticos
1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:
a) Gozar de miles de millones de pesos de financiamiento público.
b) Formar coaliciones con Elba Esther Gordillo según convenga en cada elección local o federal.
c) Podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales desfalcadores, exgobernadores que hayan endeudado a sus estados, y responsables de fraudes electorales en elecciones pasadas.
Capítulo cuarto
De las obligaciones de los partidos
políticos
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces ilegales y ajustar su conducta a la voluntad del candidato presidencial en turno.
b) Publicar y difundir fuera de los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y los canales de televisión, la imagen del precandidato.
c) Obstaculizar la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto Federal Electoral.
d) Denigrar a las instituciones, a los partidos o a las personas cuando sea necesario.
Título tercero
Del acceso a la radio y televisión,
el financiamiento y otras prerrogativas
de los partidos políticos
Artículo 48
1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales:
a) Tener acceso a la radio y a la televisión fuera de los límites establecidos por el Cofipe, a través de contratos multimillonarios negociados directamente con los concesionarios.
b) Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en todo momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Podrán hacer todo lo posible relativo a su promoción personal con fines electorales.
c) El Instituto Federal Electoral es la autoridad incompetente para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión.
d) Los medios de comunicación harán caso omiso de las pautas para la asignación de los mensajes de los partidos políticos.
e) Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión podrán alterar las pautas, exigir cambios, y mantenerse libres de sanciones.
Capítulo segundo
Del financiamiento
a los partidos políticos
1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades.
a) Financiamiento público a carretadas.
b) Financiamiento oculto por parte de empresarios.
c) Financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico.
2. Podrán realizar aportaciones y donativos a los partidos políticos y a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, los poderes fácticos de cualquier localidad, gobernadores de otros estados, y la cúpula de la Iglesia católica.
Artículo 78
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público a sus actividades conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para la compra de espectaculares, mantas, camisetas, y gorras inútiles.
b) Para la promoción de la imagen personal de los precandidatos y candidatos.
Capítulo tercero
De la fiscalización de los recursos
de los partidos políticos nacionales
1. El Instituto Federal Electoral no podrá vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito.
2. No podrá ser conducto para superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal.
3. No podrá obtener informes de precampaña ni el origen o monto de los ingresos, así como los gastos realizados.
Capítulo cuarto
De los frentes, coaliciones y fusiones
1. Los partidos políticos naciones podrán constituir frentes y formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales. Cuando esto ocurra ni el Instituto Federal Electoral ni el Tribunal sabrán cómo regular sus actividades durante el periodo de precampañas.
2. En todo caso, cada uno de los precandidatos hará lo que le plazca.
1. Las disposiciones de este Código son de orden manipulable y de falta de observancia general en el territorio nacional.
2. Este Código es violado –o interpretado a modo– en todo lo referente a la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos.
Artículo 2
1. Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales pasarán el tiempo contradiciéndose las unas a las otras.
2. Durante el tiempo que comprendan las precampañas electorales habrá reglas discrecionales para unos y para otros.
3. El Instituto Federal Electoral no tendrá la menor idea de cómo asegurar el cumplimiento de las normas dispuestas en este Código.
Artículo 3
1. La aplicación de las normas de este Código corresponde a casos específicos y cada semana cambiará la normatividad.
2. La interpretación se hará conforme a criterios políticos, personales e ideológicos de los funcionarios.
Libro segundo
De los partidos políticos
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político podrán ignorar las resoluciones del Instituto Federal Electoral.
2. Queda aceptada la intervención de organizaciones gremiales –como el SNTE– y cualquier forma de afiliación corporativa.
3. La denominación de “partido político nacional” también se aplica a franquicias familiares como el Partido Verde y el Panal.
4. Los partidos políticos ajustarán su conducta a lo que mejor les parezca, al margen de las disposiciones establecidas.
5. El Instituto Federal Electoral ignorará las actividades de los partidos políticos que se desarrollen al margen de la ley.
Título segundo
De la constitución, registro, derecho
y obligaciones
Artículo 24
1. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional debe formular una declaración de principios y dedicarse a violarla.
2. Proponer políticas cuyo fin no sea resolver los problemas nacionales.
3. Formar clientelarmente a sus afiliados.
4. Dentro de los derechos se incluirán el de saltar libremente de partido en partido.
5. Sus estatutos deben contener procedimientos opacos y antidemocráticos para la renovación de sus órganos directivos y candidatos.
Capítulo tercero
De los derechos de los partidos políticos
1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:
a) Gozar de miles de millones de pesos de financiamiento público.
b) Formar coaliciones con Elba Esther Gordillo según convenga en cada elección local o federal.
c) Podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales desfalcadores, exgobernadores que hayan endeudado a sus estados, y responsables de fraudes electorales en elecciones pasadas.
Capítulo cuarto
De las obligaciones de los partidos
políticos
1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces ilegales y ajustar su conducta a la voluntad del candidato presidencial en turno.
b) Publicar y difundir fuera de los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y los canales de televisión, la imagen del precandidato.
c) Obstaculizar la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto Federal Electoral.
d) Denigrar a las instituciones, a los partidos o a las personas cuando sea necesario.
Título tercero
Del acceso a la radio y televisión,
el financiamiento y otras prerrogativas
de los partidos políticos
Artículo 48
1. Son prerrogativas de los partidos políticos nacionales:
a) Tener acceso a la radio y a la televisión fuera de los límites establecidos por el Cofipe, a través de contratos multimillonarios negociados directamente con los concesionarios.
b) Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular en todo momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Podrán hacer todo lo posible relativo a su promoción personal con fines electorales.
c) El Instituto Federal Electoral es la autoridad incompetente para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión.
d) Los medios de comunicación harán caso omiso de las pautas para la asignación de los mensajes de los partidos políticos.
e) Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión podrán alterar las pautas, exigir cambios, y mantenerse libres de sanciones.
Capítulo segundo
Del financiamiento
a los partidos políticos
1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades.
a) Financiamiento público a carretadas.
b) Financiamiento oculto por parte de empresarios.
c) Financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico.
2. Podrán realizar aportaciones y donativos a los partidos políticos y a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, los poderes fácticos de cualquier localidad, gobernadores de otros estados, y la cúpula de la Iglesia católica.
Artículo 78
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público a sus actividades conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para la compra de espectaculares, mantas, camisetas, y gorras inútiles.
b) Para la promoción de la imagen personal de los precandidatos y candidatos.
Capítulo tercero
De la fiscalización de los recursos
de los partidos políticos nacionales
1. El Instituto Federal Electoral no podrá vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito.
2. No podrá ser conducto para superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal.
3. No podrá obtener informes de precampaña ni el origen o monto de los ingresos, así como los gastos realizados.
Capítulo cuarto
De los frentes, coaliciones y fusiones
1. Los partidos políticos naciones podrán constituir frentes y formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales. Cuando esto ocurra ni el Instituto Federal Electoral ni el Tribunal sabrán cómo regular sus actividades durante el periodo de precampañas.
2. En todo caso, cada uno de los precandidatos hará lo que le plazca.
Las víctimas, actores de cambio
A cinco años de la guerra contra el narco. 9 de enero de 2011. Una víctima y su familiar en Acapulco.
Foto: AP
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MÉXICO, D.F. (apro).- Hasta el año pasado, luego de diversas manifestaciones, protestas y denuncias, las víctimas de la narcoviolencia y de la guerra contra el crimen organizado que impulsó el gobierno calderonista no sólo se hicieron visibles, sino que han comenzado a emerger como defensores de derechos humanos y actores del cambio.
Por varios años, las víctimas de esta espiral de violencia incontrolable y absurda fueron ignoradas y hasta vilipendiadas por las autoridades e incluso por algunos sectores de la sociedad, que las culpaban de haber estado involucradas en actos ilegales y, por lo mismo, merecedoras de la muerte o la desaparición.
Sin embargo, el aumento en el número de muertos y desaparecidos –60 mil según algunas publicaciones–, la confirmación de que muchos de ellos eran inocentes y las movilizaciones a nivel nacional que realizaron los familiares de estas víctimas, a través de sus propias organizaciones y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, comenzaron a cambiar esa situación.
Las víctimas se hicieron visibles y sus familiares comenzaron a fungir como defensores de otros casos. Se convirtieron en actores sociales que buscan impulsar un cambio en la estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado.
El nuevo papel de miles de hombres y mujeres afectados será importante en las próximas elecciones, sobre todo porque no se ve que la situación vaya a mejorar, dado que las últimas cifras no oficiales señalan que crecerá en miles el número de afectados.
Según el diario Milenio, el año pasado murieron 12 mil 284 personas –398 menos que el año pasado, de acuerdo con sus cifras–, pero el periódico Reforma indica que fueron asesinadas 12 mil 359, 6.3% más que en 2010.
A pesar de sus mínimas diferencias, en su conteo las dos publicaciones muestran que no se ha reducido el número de pérdidas humanas y que el gobierno de Felipe Calderón será el que cierre con el mayor número de muertes violentas desde la guerra cristera, con Plutarco Elías Calles a la cabeza.
Durante estos últimos cinco años se hizo costumbre ver que diariamente morían violentamente decenas de personas en todo el país. Las primeras masacres nos causaron terror, pero al final se hicieron habituales. El imperio de la impunidad transformó el horror en vida cotidiana.
No obstante, esa terrible cotidianidad fue rota este año por cientos de familiares de los fallecidos, que en todo el país salieron a las calles, caminaron por las carreteras y llenaron plazas, para hacer visibles a las víctimas de la guerra.
La mayoría de estas familias rompieron el silencio impuesto por el miedo a denunciar públicamente sus tragedias. Miedo a ser asesinados o desaparecidos por los grupos criminales o por autoridades corrompidas que forman parte de estas bandas o que prestan sus servicios por grandes cantidades de dinero.
Gracias a su valentía se pudieron conocer las historias de muchos inocentes asesinados, que las autoridades y la mayoría de los medios tomaban sólo como números y estadísticas, e incluso algunos gobernantes, como el propio Felipe Calderón, tildaban de maleantes y pandilleros.
La visibilización de las víctimas en una situación de conflicto como la que vivimos es fundamental, porque se trata de dimensionar los daños provocados a la sociedad por la violencia del crimen organizado y por la declaración de guerra que hizo Calderón al narcotráfico.
Además, es esencial porque forma parte del proceso histórico de construir el memorial de las víctimas, que ayuda a una sociedad a no olvidar las tragedias producto de errores y evitarlos en el futuro.
Igualmente será importante porque, en el momento en que llegue el ajuste de cuentas, cuando se deslinden responsabilidades ante tribunales nacionales o internacionales, deberá saberse quiénes fueron las víctimas, hecho primordial en los procesos de justicia y perdón.
Pero aún más significativo será que las víctimas y sus familiares se conviertan en un factor de peso durante el proceso electoral, ya que por sí mismas o por las acciones que realicen de manera organizada, tendrán que ser consideradas por todos los candidatos en sus campañas y en sus propuestas de gobierno.
Ninguno de quienes aspiran a la presidencia puede evitar enfrentar esta realidad, esta tragedia nacional de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, que nunca más serán invisibles, pues por miles se encuentran por todo el país esperando justicia y paz.
Por varios años, las víctimas de esta espiral de violencia incontrolable y absurda fueron ignoradas y hasta vilipendiadas por las autoridades e incluso por algunos sectores de la sociedad, que las culpaban de haber estado involucradas en actos ilegales y, por lo mismo, merecedoras de la muerte o la desaparición.
Sin embargo, el aumento en el número de muertos y desaparecidos –60 mil según algunas publicaciones–, la confirmación de que muchos de ellos eran inocentes y las movilizaciones a nivel nacional que realizaron los familiares de estas víctimas, a través de sus propias organizaciones y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, comenzaron a cambiar esa situación.
Las víctimas se hicieron visibles y sus familiares comenzaron a fungir como defensores de otros casos. Se convirtieron en actores sociales que buscan impulsar un cambio en la estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado.
El nuevo papel de miles de hombres y mujeres afectados será importante en las próximas elecciones, sobre todo porque no se ve que la situación vaya a mejorar, dado que las últimas cifras no oficiales señalan que crecerá en miles el número de afectados.
Según el diario Milenio, el año pasado murieron 12 mil 284 personas –398 menos que el año pasado, de acuerdo con sus cifras–, pero el periódico Reforma indica que fueron asesinadas 12 mil 359, 6.3% más que en 2010.
A pesar de sus mínimas diferencias, en su conteo las dos publicaciones muestran que no se ha reducido el número de pérdidas humanas y que el gobierno de Felipe Calderón será el que cierre con el mayor número de muertes violentas desde la guerra cristera, con Plutarco Elías Calles a la cabeza.
Durante estos últimos cinco años se hizo costumbre ver que diariamente morían violentamente decenas de personas en todo el país. Las primeras masacres nos causaron terror, pero al final se hicieron habituales. El imperio de la impunidad transformó el horror en vida cotidiana.
No obstante, esa terrible cotidianidad fue rota este año por cientos de familiares de los fallecidos, que en todo el país salieron a las calles, caminaron por las carreteras y llenaron plazas, para hacer visibles a las víctimas de la guerra.
La mayoría de estas familias rompieron el silencio impuesto por el miedo a denunciar públicamente sus tragedias. Miedo a ser asesinados o desaparecidos por los grupos criminales o por autoridades corrompidas que forman parte de estas bandas o que prestan sus servicios por grandes cantidades de dinero.
Gracias a su valentía se pudieron conocer las historias de muchos inocentes asesinados, que las autoridades y la mayoría de los medios tomaban sólo como números y estadísticas, e incluso algunos gobernantes, como el propio Felipe Calderón, tildaban de maleantes y pandilleros.
La visibilización de las víctimas en una situación de conflicto como la que vivimos es fundamental, porque se trata de dimensionar los daños provocados a la sociedad por la violencia del crimen organizado y por la declaración de guerra que hizo Calderón al narcotráfico.
Además, es esencial porque forma parte del proceso histórico de construir el memorial de las víctimas, que ayuda a una sociedad a no olvidar las tragedias producto de errores y evitarlos en el futuro.
Igualmente será importante porque, en el momento en que llegue el ajuste de cuentas, cuando se deslinden responsabilidades ante tribunales nacionales o internacionales, deberá saberse quiénes fueron las víctimas, hecho primordial en los procesos de justicia y perdón.
Pero aún más significativo será que las víctimas y sus familiares se conviertan en un factor de peso durante el proceso electoral, ya que por sí mismas o por las acciones que realicen de manera organizada, tendrán que ser consideradas por todos los candidatos en sus campañas y en sus propuestas de gobierno.
Ninguno de quienes aspiran a la presidencia puede evitar enfrentar esta realidad, esta tragedia nacional de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, que nunca más serán invisibles, pues por miles se encuentran por todo el país esperando justicia y paz.
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