Peña Nieto y la violencia
Pedro Miguel
El lenguaje no es lo suyo, ni aunque lea el discurso. El pasado fin de semana el aspirante presidencial priísta ofreció, en Chihuahua,
Esas frases, de suyo vagas e imprecisas, resultan hasta irritantes en el contexto de un país desangrado y desarticulado por las delincuencias y los atropellos de las fuerzas públicas. Además, a la luz de los antecedentes de gobierno de Peña Nieto y de su partido, son pura palabrería electorera y hueca.acabar y combatir de manera sensible, significativa, la violencia, y dijo que la causa de que miles de jóvenes se incorporen a la delincuencia organizada es
la falta de oportunidades en educación y empleo. Otra:
los mexicanos desean cambios, rumbos diferentes y paz, pero sobre todo, que haya orden.
Por ejemplo: la última presidencia priísta, la que encabezó Ernesto Zedillo entre 1994 y 2000, fue una secuencia macabra de masacres de campesinos, desde Aguas Blancas hasta Acteal. Por la segunda, Zedillo enfrenta una demanda ante una corte de Connecticut, e independientemente de que Salinas de Gortari esté o no tras la acusación, como se ha señalado, la causa es ilustrativa de la clase de
paz con ordenque podría esperarse de una nueva presidencia priísta. Más allá de eso, es en los sexenios de Zedillo y del propio Salinas cuando se implanta el modelo que orilla a millones de ciudadanos a la disyuntiva de la emigración, la mendicidad o la delincuencia, y es en ellos cuando se gesta la descomposición institucional que culminaría en los gobiernos de Fox y de Calderón con el auge de las cabezas cortadas. Y últimadamente, Salinas, el padrino indisputado de Peña Nieto, estaba vinculado con el narco, como lo afirmó su antecesor, Miguel de la Madrid, aunque después lo obligaran a desdecirse.
Al margen del partido, los saldos del gobierno de Peña Nieto en el estado de México son un referente claro de lo que podría esperarse de una presidencia a su cargo. Recordemos, de entrada, su estreno como represor y encubridor de policías violadores y torturadores (Texcoco-Atenco, 2006). Mencionemos el auge de los feminicidios en la entidad –922 en cinco años, la cifra más alta del país– y de la violencia de género en general: cuatro mil 773 denuncias por violación en año y medio y un tercio de las mujeres casadas con historias de agresiones graves por sus parejas; cuando el año pasado se pidió al gobierno mexiquense que adoptara una alerta de género por los asesinatos de mujeres, la respuesta, por medio del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, fue que no, que de ninguna manera, y que la petición era una estrategia para afectar la imagen de Peña Nieto en vísperas del proceso electoral de 2012.
Tengamos en mente, asimismo, el auge de los secuestros y de las extorsiones en el estado de México gobernado por Peña Nieto; la proliferación de los homicidios relacionados con delincuencia organizada, cuya cifra anual se incrementó, en el periodo 2007-2010, en 561 por ciento; la flagrante corrupción de los cuerpos policiales estatales; la penetración de La Familia Michoacana en la entidad; agréguese, para completar el cuadro, el montaje fársico con el que se dio carpetazo –con la aprobación de Peña Nieto– a la trágica muerte de la niña Paulette Gebara Farah.
La violencia que padece México es resultado de la descomposición económica, institucional y social ocurrida en el último cuarto de siglo bajo gobiernos federales y estatales priístas y panistas, del desmantelamiento de derechos y servicios básicos, de la privatización de bienes públicos, de la abdicación del Estado a obligaciones fundamentales, y de los pactos entre las cúpulas gobernantes y estamentos delictivos con y sin corbata. El aspirante presidencial del PRI es coprotagonista y beneficiario de esos procesos y, por ello, no cabe esperar de él nada sustancialmente distinto, en materia de seguridad pública, al catastrófico manejo calderonista.
De llegar al gobierno federal, Peña Nieto y su partido agravarían la situación actual. A fin de cuentas, ellos son parte de la inseguridad y la violencia.
Operativos exitosos-Hernández
Educación: hipotecar a los egresados
Ayer, en la sede del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, anunció el inicio del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, con participación de seis bancos comerciales y 18 planteles de educación superior privada, además del gobierno federal, por medio de Nacional Financiera (Nafin) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A través de este instrumento se pretende otorgar créditos a estudiantes de licenciatura y posgrado –hasta de 215 mil y 280 mil pesos, respectivamente– a un plazo de 15 años y medio y una tasa de interés fija de 10 por ciento.
Circunstancialmente, el anuncio tuvo como telón de fondo la protesta de estudiantes del ITESM, quienes afuera del recinto donde se realizaba el acto se manifestaron contra la impunidad que prevalece en torno al asesinato a balazos –por integrantes del Ejército– de los jóvenes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, de esa institución, el 18 de marzo de 2010. Aunque Calderón lamentódías más tarde las muertes de ambos becarios de excelencia, no ha habido en su administración la voluntad para un esclarecimiento a fondo de los hechos; no sólo de los homicidios, sino de la manipulación de los cuerpos y de los tempranos intentos por presentar a las víctimas como integrantes de la delincuencia organizada.
Más allá de la insensibilidad coyuntural referida, el anuncio del programa de créditos educativos revela hasta qué punto ha llegado el gobierno federal en su empeño por privatizar la enseñanza superior y cuánto es su desdén por las universidades públicas del país. Los establecimientos privados, dijo Calderón, otorgan
educación superior de calidad,
buenas carrerasy
una sólida formación profesional; de ellas, las empresas obtendrán
una fuerza laboral mucho mejor capacitaday
personal altamente calificado.
Pero el agravio a la enseñanza superior pública no es sólo de palabra, sino también de acción, por cuanto el gobierno federal se muestra más empeñado en promover, publicitar e impulsar –incluso, con recursos del erario– los centros universitarios privados que en mejorar los presupuestos de las universidades públicas.
En efecto: ignorando la concepción de la educación como responsabilidad del Estado y de la sociedad para con todos sus integrantes, la administración calderonista busca multiplicar con este programa la clientela de dos clases de instituciones privadas: las bancarias y las universitarias. Es una forma paradójica de promover
una sociedad más cohesionada, más igualitaria y más solidaria, cuando se parte de la idea de que la enseñanza superior que ofrecen los establecimientos privados es
mejor–en inocultable alusión a los públicos– y se limita implícitamente el derecho a la educación a quienes resulten sujetos de crédito.
Curiosamente, Calderón hizo una referencia explícita a Chile, donde, dijo,
los préstamos de este tipo ayudan a democratizar el acceso a la educación superior, sin reparar en que ese modelo desembocó en un poderoso movimiento estudiantil de protesta que ha marcado la vida política del país austral desde hace nueve meses y que ha colocado al gobierno de Sebastián Piñera en una posición delicada y en caída libre en los índices de popularidad.
Como se ha señalado en aquella nación hermana, la abdicación del Estado a su responsabilidad de garantizar la enseñanza superior universal, gratuita y de calidad, y la imposición del modelo de educación universitaria a crédito, no sólo convierten la actividad universitaria en un ramo comercial más, sino arrojan año con año a millares de egresados que empiezan su vida laboral con una pesada deuda a cuestas, lo que se asemeja mucho a una larga e inaceptable confiscación salarial. Significativamente, uno de los señalamientos de los estudiantes movilizados es su aspiración a disponer de una educación superior gratuita,
como en México.
Por las razones expuestas, no se debe permitir el desarrollo y la consolidación en el país de esta concepción mercantil de la educación superior. Las comunidades de profesores y estudiantes de las universidades públicas, los sectores de la academia pedagógica y otros ámbitos sociales tendrían que exponer su rechazo a la imposición, desde el poder público, de esta nueva manera de minimizar y desvirtuar la enseñanza superior pública y de impulsar lo que no es sino un negocio bancario y de escuelas privadas que hipotecará el futuro de muchos jóvenes profesionistas.
Plan de educación grosero-Fisgón
¡A renacionalizar la industria eléctrica!
José Antonio Almazán González
Con incrementos superiores a 125 por ciento en el precio medio de la tarifa doméstica, entre 138 y 144 por ciento en tarifa industrial, 107 por ciento en tarifa comercial, 81 por ciento en agrícolas y 83 por ciento en servicios, de 2000 a la fecha la electricidad en México se ha convertido en una mercancía de lujo que coloca a más de 31 millones de usuarios domésticos en la disyuntiva mensual de
El problema de las altas tarifas eléctricas en México se remonta a mediados de los años 70, pero se acentuó a partir de la década de los 80, con la imposición del modelo neoliberal en México, iniciado por gobiernos del PRI. Sin embargo, el mayor mérito les corresponde a los gobiernos de Fox y Calderón. Al primero por su arbitraria y antipopular tarifa doméstica de alto consumo (DAC) y al segundo por el golpe fascista asestado al SME, que lo catalogó como una de sus grandes reformas estructurales. Los números hablan por sí mismos. Pagada en dólares y con ingresos promedios ocho veces superiores a los salarios mexicanos, en diversos estados de nuestros vecinos del norte el precio de las tarifas doméstica e industrial es más barata que en México. Pero no sólo frente al imperio del norte: en países de mayor pobreza o mejor distribución del ingreso, como Haití, Nicaragua, Venezuela, España, Francia, Brasil y Ecuador, el precio de la electricidad es más bajo que en nuestro país.pagas la luz o comes, contradiciendo una de las muchas promesas incumplidas de Calderón, quien en 2006 se comprometió a bajar el precio de la electricidad. Estos desorbitados incrementos colocan a México en el rango de los países con las tarifas eléctricas más caras del mundo –muy por encima del incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (59 por ciento) y del
crecimientode los salarios mínimos (54 por ciento) en los últimos 11 años–. Todo ello a consecuencia de la creciente privatización de la industria eléctrica iniciada por el priísta Carlos Salinas de Gortari en 1992, en virtud de la cual CFE avanza hacia una bancarrota similar a la provocada deliberadamente para extinguir Luz y Fuerza del Centro y golpear criminalmente al SME. Los únicos
ganonesson las empresas privadas extranjeras, como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, cuya sola presencia vulnera el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Los perdedores son la nación y el pueblo de México. En este contexto, hablar de renacionalización de la industria eléctrica y una tarifa eléctrica justa pareciera remontarnos a los años 60, cuando las ligas de consumidores electricistas y el SME, expresando el descontento popular, pero también de sectores empresariales, demandaron y lograron con el gobierno del presidente Adolfo López Mateos la nacionalización eléctrica.
Una revisión de las finanzas de la CFE de 2000 a la fecha muestra el terrible impacto de la privatización. Con pérdidas crecientes en sus resultados financieros y de explotación, una deuda de 603 mil millones de pesos, CFE enfrenta un catastrófico futuro que en unos años la llevarán a la quiebra o a convertirse en una
sucursalde cobro al servicio de las empresas españolas, japonesas, estadunidenses, etcétera, que ya controlan más de 50 por ciento de las plantas de generación en México. Por el contrario, las únicas beneficiadas con el desastre eléctrico de CFE y las altas tarifas eléctricas son las empresas privadas extranjeras, que acumularán ganancias de un billón 320 mil millones de pesos en los próximos 20 años.
La última calificación de calidad en el suministro de energía eléctrica (interrupciones y fluctuaciones de voltaje) del Foro Económico Mundial en su Global competitiveness report 2011-2012 coloca a CFE con 4.3 puntos (en una escala de uno a siete) de un total de 142 países. Muy por debajo de Reino Unido y Francia (6.7), Canadá (6.7), Barbados (6.3), Estados Unidos, España y Uruguay (6.0), Chile (5.8), Costa Rica, Namibia (5.6), Trinidad y Tobago (5.5), Panamá (5.3), Colombia (5.2), Guatemala (5.1), Puerto Rico (5.0), Perú y Brasil (4.9), El Salvador (4.8), Irán y Turquía (4.7), Egipto (4.6), Gambia (4.4). Salta a la vista que el lema
CFE, empresa de clase mundiales sólo un recurso publicitario para ocultar su corrupción, desastre financiero y pésimo servicio.
El problema de las desorbitadas tarifas eléctricas y del futuro de la industria eléctrica en México no tiene solución en el marco actual del neoliberalismo y de la creciente privatización eléctrica. La palabrería del PRI, que medra políticamente con el problema, sólo busca obtener votos, pues avaló la extinción de Luz y Fuerza y apoyó la privatización. Tampoco se resuelve con exhortos de diputados y senadores dirigidos a un gobierno insensible a los reclamos del pueblo. Resolver el asunto de las elevadas tarifas eléctricas requiere de cirugía mayor. Comenzando con la renacionalización de la industria eléctrica en estricta aplicación del artículo 27 constitucional, dando por terminada los ilegales permisos otorgados al capital privado y aboliendo la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica promovida por Salinas de Gortari en 1992. Otorgando energía eléctrica gratuita a los sectores de la población con consumos bimestrales menores a 200 Kw. Derogando la antipopular tarifa DAC. Cancelando los adeudos pendientes a millones de usuarios domésticos, derivados de los cobros locos de CFE. Suspendiendo los ilegales cortes de luz. Reduciendo el precio de las tarifas eléctricas 50 por ciento y congelando su precio para reactivar el mercado interno. Y, por supuesto, derogando el inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Protesta-Magú
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