Televisa ataca de nuevo: Va contra Cofeco
Las instalaciones de Televisa Chapultepec.
Foto: Alejandro Saldívar
Foto: Alejandro Saldívar
MÉXICO, D.F. (apro).- La noche del lunes 16, El Noticiero con Joaquín López Dóriga, en Canal 2 de Televisa, difundió durante más de cinco minutos las declaraciones de la diputada federal perredista Estela Damián Peralta, quien anunció que pedirán la renuncia de Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), por tener “resultados torpes, tibios y burocráticos para incrementar la competencia”.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, hacía referencia a la actuación de Pérez Motta en el asunto de la concentración en el mercado de la producción y la distribución de las tortillas, alimento básico del mexicano.
Parecería loable que el principal noticiario de la televisora más importante del país se preocupara, ahora sí, por los temas de concentración y por los monopolios. Pero el tiempo dedicado a la denuncia de la legisladora no era casual. Tampoco tenía relación directa con el interés por el tema del mercado de la tortilla.
En realidad, se trató de una presión encubierta de nota informativa por una razón fundamental: Pérez Motta, funcionario que ha navegado entre las presiones de Televisa, Telcel, TV Azteca y las grandes industrias que actúan de forma monopólica, se ha expresado en contra de aprobar la fusión entre la empresa de Emilio Azcárraga Jean y la telefónica Iusacell, de Ricardo Salinas Pliego, el segundo empresario supuestamente “competidor” del primero.
Pérez Motta ha tenido una conducta errática en el tema de la creciente concentración de Televisa en el mercado de la televisión restringida. Con algunas condiciones que nunca han sido plenamente cumplidas ni vigiladas, autorizó junto con los otros cuatro comisionados de la Comisión Federal de Competencia una mayor concentración de Televisa en las empresas Cablemás y TVI (ahora Televisa Monterrey) y ha dilatado su resolución sobre el caso de clara concentración en la empresa PCTV, que opera como un grupo para negociar contenidos en televisión restringida, claramente dominado ahora por Televisa (a través de Cablemás), como se ha documentado en varios reportajes en Proceso.
Al mismo tiempo, Pérez Motta autorizó en su momento la sociedad entre Televisa y Grupo Nextel que en el 2010 se presentaron como socios para la licitación 21, con la que buscaban adquirir 30 megahertz en la banda 1.7Ghz, ideal para los servicios de triple y cuádruple play. En aquella ocasión, el presidente de la Cofeco fue apapachado por Televisa. Sólo TV Azteca, que se opuso escandalosamente a esta sociedad, emprendió una campaña contra Pérez Motta.
Pero los intereses cambiaron: Televisa anunció su rompimiento con Nextel en octubre de 2010 para sorpresa de todos, incluyendo a las autoridades de Cofetel y SCT que se quedaron en ridículo al justificar la “ganga” a aquella sociedad.
En abril de 2011, después de negarlo públicamente y denostar al periodista Miguel Angel Granados Chapa, Televisa y Grupo Salinas anunciaron su sociedad para transformarse de competidores en aliados en materia de cuádruple play. Televisa afirmó su intención de adquirir 50% de las acciones de Grupo Iusacell, la telefónica que Salinas Pliego adquirió en medio de elevadas deudas y que ahora se ha vuelto un negocio redondo para el principal accionista de TV Azteca.
El único problema es que esta sociedad anunciada por ambas empresas ante sus inversionistas y ante la Bolsa Mexicana de Valores no ha sido autorizada por la Cofeco. Existe una oposición clara de Pérez Motta y, por lo menos, de dos de los cinco comisionados que integran el pleno del organismo antimonopolio. Es decir, tres de los cinco comisionados no aprueban esta megafusión que cambiará radicalmente el mercado de los contenidos, la publicidad y los servicios convergentes de audio, video e Internet en México. Se trata de doblegar a Pérez Motta.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) encargó un estudio a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para saber si sus especialistas daban la bendición a la megafusión. Algo ha sucedido que las autoridades dilataron del 15 al 25 de enero dar a conocer el resultado de este estudio.
De acuerdo con Aleida Calleja, actual dirigente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el estudio de la OCDE considera “procedente” la alianza entre Televisa y TV Azteca, aunque, contradictoriamente, admite que ambas empresas tienen una elevada concentración en el mercado de la televisión abierta, de la publicidad y del futuro de la televisión digital. Al parecer, Pérez Motta presionó para que este estudio de un organismo externo no sea el referente principal para analizar un tema tan espinoso con características muy especiales en el caso mexicano.
Grupo Nextel presentó el 11 de julio de 2011 una denuncia en contra de la fusión Televisa-Iusacell, argumentando que si se autoriza ésta, se creará un monopolio sin precedentes en el mercado de televisión abierta, de telefonía celular, de publicidad y de televisión restringida. Las cifras que aportó esta demanda son muy importantes:
–Ambas empresas concentran 94% de las concesiones de televisión abierta.
–Televisa y TV Azteca poseen 51% de los canales espejo que servirán para la transición al modelo de televisión digital. Y no pagaron un centavo de contraprestación por estos canales que el Estado mexicano les otorgó en 2004.
–Concentran 58% del mercado de toda la publicidad en México y 30% de la publicidad oficial federal.
–Tienen 80% del mercado de producción de contenidos en televisión abierta y en televisión restringida.
–Televisa ya posee más de 55% del mercado en televisión por cable y satelital.
A su vez, la AMEDI ha señalado que gracias al reciente acuerdo de la Cofetel para permitir la multiprogramación, ambas empresas pueden concentrar 77.7% de la televisión digital terrestre.
En otras palabras, nos enfrentamos a un peligroso monopolio de la opinión pública en medios electrónicos y en telecomunicaciones que tienen una gran ventaja frente al poder dominante de Telmex y Telcel en los mercados de telefonía fija y móvil: Televisa y TV Azteca pretenden ser los dueños de los contenidos que se presenten en el mercado del cuádruple play.
Por eso el ataque a Pérez Motta. Por eso este miércoles, la AMEDI anunciará su franca oposición a la posibilidad de que se autorice la megafusión.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
La legisladora, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, hacía referencia a la actuación de Pérez Motta en el asunto de la concentración en el mercado de la producción y la distribución de las tortillas, alimento básico del mexicano.
Parecería loable que el principal noticiario de la televisora más importante del país se preocupara, ahora sí, por los temas de concentración y por los monopolios. Pero el tiempo dedicado a la denuncia de la legisladora no era casual. Tampoco tenía relación directa con el interés por el tema del mercado de la tortilla.
En realidad, se trató de una presión encubierta de nota informativa por una razón fundamental: Pérez Motta, funcionario que ha navegado entre las presiones de Televisa, Telcel, TV Azteca y las grandes industrias que actúan de forma monopólica, se ha expresado en contra de aprobar la fusión entre la empresa de Emilio Azcárraga Jean y la telefónica Iusacell, de Ricardo Salinas Pliego, el segundo empresario supuestamente “competidor” del primero.
Pérez Motta ha tenido una conducta errática en el tema de la creciente concentración de Televisa en el mercado de la televisión restringida. Con algunas condiciones que nunca han sido plenamente cumplidas ni vigiladas, autorizó junto con los otros cuatro comisionados de la Comisión Federal de Competencia una mayor concentración de Televisa en las empresas Cablemás y TVI (ahora Televisa Monterrey) y ha dilatado su resolución sobre el caso de clara concentración en la empresa PCTV, que opera como un grupo para negociar contenidos en televisión restringida, claramente dominado ahora por Televisa (a través de Cablemás), como se ha documentado en varios reportajes en Proceso.
Al mismo tiempo, Pérez Motta autorizó en su momento la sociedad entre Televisa y Grupo Nextel que en el 2010 se presentaron como socios para la licitación 21, con la que buscaban adquirir 30 megahertz en la banda 1.7Ghz, ideal para los servicios de triple y cuádruple play. En aquella ocasión, el presidente de la Cofeco fue apapachado por Televisa. Sólo TV Azteca, que se opuso escandalosamente a esta sociedad, emprendió una campaña contra Pérez Motta.
Pero los intereses cambiaron: Televisa anunció su rompimiento con Nextel en octubre de 2010 para sorpresa de todos, incluyendo a las autoridades de Cofetel y SCT que se quedaron en ridículo al justificar la “ganga” a aquella sociedad.
En abril de 2011, después de negarlo públicamente y denostar al periodista Miguel Angel Granados Chapa, Televisa y Grupo Salinas anunciaron su sociedad para transformarse de competidores en aliados en materia de cuádruple play. Televisa afirmó su intención de adquirir 50% de las acciones de Grupo Iusacell, la telefónica que Salinas Pliego adquirió en medio de elevadas deudas y que ahora se ha vuelto un negocio redondo para el principal accionista de TV Azteca.
El único problema es que esta sociedad anunciada por ambas empresas ante sus inversionistas y ante la Bolsa Mexicana de Valores no ha sido autorizada por la Cofeco. Existe una oposición clara de Pérez Motta y, por lo menos, de dos de los cinco comisionados que integran el pleno del organismo antimonopolio. Es decir, tres de los cinco comisionados no aprueban esta megafusión que cambiará radicalmente el mercado de los contenidos, la publicidad y los servicios convergentes de audio, video e Internet en México. Se trata de doblegar a Pérez Motta.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) encargó un estudio a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para saber si sus especialistas daban la bendición a la megafusión. Algo ha sucedido que las autoridades dilataron del 15 al 25 de enero dar a conocer el resultado de este estudio.
De acuerdo con Aleida Calleja, actual dirigente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el estudio de la OCDE considera “procedente” la alianza entre Televisa y TV Azteca, aunque, contradictoriamente, admite que ambas empresas tienen una elevada concentración en el mercado de la televisión abierta, de la publicidad y del futuro de la televisión digital. Al parecer, Pérez Motta presionó para que este estudio de un organismo externo no sea el referente principal para analizar un tema tan espinoso con características muy especiales en el caso mexicano.
Grupo Nextel presentó el 11 de julio de 2011 una denuncia en contra de la fusión Televisa-Iusacell, argumentando que si se autoriza ésta, se creará un monopolio sin precedentes en el mercado de televisión abierta, de telefonía celular, de publicidad y de televisión restringida. Las cifras que aportó esta demanda son muy importantes:
–Ambas empresas concentran 94% de las concesiones de televisión abierta.
–Televisa y TV Azteca poseen 51% de los canales espejo que servirán para la transición al modelo de televisión digital. Y no pagaron un centavo de contraprestación por estos canales que el Estado mexicano les otorgó en 2004.
–Concentran 58% del mercado de toda la publicidad en México y 30% de la publicidad oficial federal.
–Tienen 80% del mercado de producción de contenidos en televisión abierta y en televisión restringida.
–Televisa ya posee más de 55% del mercado en televisión por cable y satelital.
A su vez, la AMEDI ha señalado que gracias al reciente acuerdo de la Cofetel para permitir la multiprogramación, ambas empresas pueden concentrar 77.7% de la televisión digital terrestre.
En otras palabras, nos enfrentamos a un peligroso monopolio de la opinión pública en medios electrónicos y en telecomunicaciones que tienen una gran ventaja frente al poder dominante de Telmex y Telcel en los mercados de telefonía fija y móvil: Televisa y TV Azteca pretenden ser los dueños de los contenidos que se presenten en el mercado del cuádruple play.
Por eso el ataque a Pérez Motta. Por eso este miércoles, la AMEDI anunciará su franca oposición a la posibilidad de que se autorice la megafusión.
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La preocupación de Morelia
Sesión en el TEPJF.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La renovación tanto del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) después de las elecciones de 2006 representó una oportunidad de oro para revertir el legado de impunidad y simulación de los comicios de aquel año. Lamentablemente, la mayor parte de las decisiones clave tomadas por los nuevos integrantes de ambas instancias ha reforzado la idea de que todo se vale en materia electoral. Hoy nos encontramos inmersos en una verdadera “ley de la selva” en donde la violación de la equidad, la certeza y la legalidad de los procesos democráticos es más la norma que la excepción. El escenario está puesto para que en 2012 ocurra otra implosión similar, o quizás aún más grave, que la de hace seis años.
En este contexto, la decisión de la Sala Regional en Toluca del TEPJ de anular la elección para presidente municipal de Morelia demuestra que todavía queda una pequeña luz de esperanza. Ante las burlas del PRI a la normatividad electoral en las elecciones de Michoacán, el magistrado Santiago Nieto redactó una sentencia (ST-JRC-117/2011) que arruina la fiesta a los acelerados operadores de todos los partidos que ya se frotan las manos con el jugoso negocio de las ilegalidades electorales este año.
Una de las trampas más comunes al redactar las normas electorales es hacer prácticamente imposible la eventual nulidad de una elección. Por ejemplo, los legisladores suelen limitar las causales de nulidad exclusivamente al aspecto cuantitativo durante la jornada electoral (verbigracia, cuando más de 15% de las casillas no se instalen o presenten irregularidades graves, etcétera). Los partidos temen como una plaga cualquier causal “genérica” que permitiría declarar la invalidez por “violaciones generales” a los principios constitucionales durante la campaña. Asimismo, uno de los grandes retrocesos contenidos en la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión, en el artículo 99 de la Carta Magna, de una cláusula que indica que los magistrados únicamente pueden anular una elección por causales “expresamente” establecidas en las leyes secundarias.
Tales esfuerzos por blindar la “partidocracia” contra la intervención de los magistrados electorales deben tener límites. Si bien tiene sentido que los juzgadores no fabriquen de la nada nuevas causales “concretas” con tal de declarar inválida una elección, los magistrados nunca pueden abdicar de su responsabilidad de defender y hacer valer la Constitución. Específicamente, los principios de equidad, legalidad y certeza en materia electoral plasmados en el artículo 41 de la Carta Magna son simplemente irrenunciables. Como bien señala Nieto en la sentencia, que también fue apoyada por el magistrado Carlos Morales Paulín, sería absurdo afirmar que un juez constitucional solamente puede hacer valer la Constitución cuando una ley secundaria expresamente se lo permita.
Esto es sobre todo el caso en el que las propias violaciones no son de alguna ley o reglamento secundario, sino de la Constitución misma. Fue evidente para todos que durante los días previos a la elección el PRI violó flagrantemente la prohibición absoluta y expresa del artículo 41 constitucional respecto a la “adquisición” de espacios en radio y televisión por los partidos políticos. El cierre de campaña de su candidato a gobernador, Fausto Vallejo, fue transmitido íntegramente por la televisión, incluyendo una intervención de cinco minutos de parte del candidato para la presidencia municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro. Asimismo, la noche anterior a los comicios el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez lució el logotipo del PRI en su calzoncillo durante su pelea en contra de Manny Pacquiao, que fue difundida ampliamente en toda la República. Estas irregularidades sin duda ponen en cuestión la certeza de una victoria que fue de menos de 2 mil sufragios, o 1% de la votación total.
Si el TEPJF hubiera dejado pasar sin más esta abierta burla a la institucionalidad democrática, se habría colocado una alfombra roja para el abuso más descarado tanto de la televisión como de la industria del deporte para fines electorales durante 2012. Ya de por sí existen bastantes precedentes sumamente peligrosos en la materia, incluyendo el aval a la “entrevista” de Demetrio Sodi en medio del juego Pumas-Puebla, la falta de sanciones para el PVEM tanto por sus “informes” en el periodo de intercampañas como por su propaganda en telenovelas de Televisa, y las declaraciones de validez de elecciones sumamente cuestionables y competidas, como las de Acapulco, Veracruz y Durango.
Enrique Peña Nieto tiene razón al ponerse nervioso por la sentencia de Morelia: “Preocupa que (desde el mismo estado de Michoacán) se sienta un precedente para juicios que se hagan a procesos de otro orden, (…) como el que viviremos a nivel nacional”. Pero en este caso las preocupaciones de los políticos no son más que satisfacciones para los ciudadanos. Ya basta de políticos soberbios que, seguros de su impunidad y de la pasividad de los órganos de justicia, atropellan sin remordimiento las leyes y la cultura del país. Precisamente lo que la nación requiere son políticos auténticamente “preocupados”, tanto por el bienestar general como por su propio futuro personal y profesional. Solamente así podemos tomar pasos definitivos para combatir la impunidad que tanto corroe nuestro sistema democrático.
A finales del siglo XIX, José María Iglesias, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso su vanguardista tesis de la “incompetencia de origen” para combatir a aquellos políticos que, entonces como hoy, buscaban “convertir en farsa” las elecciones. Hoy, una nueva generación de juristas jóvenes recupera este legado de valentía y, con sentencias como la de Morelia, empujan a las instituciones electorales a despertar de su prolongado letargo para finalmente defender con firmeza la vigencia de los principios democráticos.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
En este contexto, la decisión de la Sala Regional en Toluca del TEPJ de anular la elección para presidente municipal de Morelia demuestra que todavía queda una pequeña luz de esperanza. Ante las burlas del PRI a la normatividad electoral en las elecciones de Michoacán, el magistrado Santiago Nieto redactó una sentencia (ST-JRC-117/2011) que arruina la fiesta a los acelerados operadores de todos los partidos que ya se frotan las manos con el jugoso negocio de las ilegalidades electorales este año.
Una de las trampas más comunes al redactar las normas electorales es hacer prácticamente imposible la eventual nulidad de una elección. Por ejemplo, los legisladores suelen limitar las causales de nulidad exclusivamente al aspecto cuantitativo durante la jornada electoral (verbigracia, cuando más de 15% de las casillas no se instalen o presenten irregularidades graves, etcétera). Los partidos temen como una plaga cualquier causal “genérica” que permitiría declarar la invalidez por “violaciones generales” a los principios constitucionales durante la campaña. Asimismo, uno de los grandes retrocesos contenidos en la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión, en el artículo 99 de la Carta Magna, de una cláusula que indica que los magistrados únicamente pueden anular una elección por causales “expresamente” establecidas en las leyes secundarias.
Tales esfuerzos por blindar la “partidocracia” contra la intervención de los magistrados electorales deben tener límites. Si bien tiene sentido que los juzgadores no fabriquen de la nada nuevas causales “concretas” con tal de declarar inválida una elección, los magistrados nunca pueden abdicar de su responsabilidad de defender y hacer valer la Constitución. Específicamente, los principios de equidad, legalidad y certeza en materia electoral plasmados en el artículo 41 de la Carta Magna son simplemente irrenunciables. Como bien señala Nieto en la sentencia, que también fue apoyada por el magistrado Carlos Morales Paulín, sería absurdo afirmar que un juez constitucional solamente puede hacer valer la Constitución cuando una ley secundaria expresamente se lo permita.
Esto es sobre todo el caso en el que las propias violaciones no son de alguna ley o reglamento secundario, sino de la Constitución misma. Fue evidente para todos que durante los días previos a la elección el PRI violó flagrantemente la prohibición absoluta y expresa del artículo 41 constitucional respecto a la “adquisición” de espacios en radio y televisión por los partidos políticos. El cierre de campaña de su candidato a gobernador, Fausto Vallejo, fue transmitido íntegramente por la televisión, incluyendo una intervención de cinco minutos de parte del candidato para la presidencia municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro. Asimismo, la noche anterior a los comicios el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez lució el logotipo del PRI en su calzoncillo durante su pelea en contra de Manny Pacquiao, que fue difundida ampliamente en toda la República. Estas irregularidades sin duda ponen en cuestión la certeza de una victoria que fue de menos de 2 mil sufragios, o 1% de la votación total.
Si el TEPJF hubiera dejado pasar sin más esta abierta burla a la institucionalidad democrática, se habría colocado una alfombra roja para el abuso más descarado tanto de la televisión como de la industria del deporte para fines electorales durante 2012. Ya de por sí existen bastantes precedentes sumamente peligrosos en la materia, incluyendo el aval a la “entrevista” de Demetrio Sodi en medio del juego Pumas-Puebla, la falta de sanciones para el PVEM tanto por sus “informes” en el periodo de intercampañas como por su propaganda en telenovelas de Televisa, y las declaraciones de validez de elecciones sumamente cuestionables y competidas, como las de Acapulco, Veracruz y Durango.
Enrique Peña Nieto tiene razón al ponerse nervioso por la sentencia de Morelia: “Preocupa que (desde el mismo estado de Michoacán) se sienta un precedente para juicios que se hagan a procesos de otro orden, (…) como el que viviremos a nivel nacional”. Pero en este caso las preocupaciones de los políticos no son más que satisfacciones para los ciudadanos. Ya basta de políticos soberbios que, seguros de su impunidad y de la pasividad de los órganos de justicia, atropellan sin remordimiento las leyes y la cultura del país. Precisamente lo que la nación requiere son políticos auténticamente “preocupados”, tanto por el bienestar general como por su propio futuro personal y profesional. Solamente así podemos tomar pasos definitivos para combatir la impunidad que tanto corroe nuestro sistema democrático.
A finales del siglo XIX, José María Iglesias, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso su vanguardista tesis de la “incompetencia de origen” para combatir a aquellos políticos que, entonces como hoy, buscaban “convertir en farsa” las elecciones. Hoy, una nueva generación de juristas jóvenes recupera este legado de valentía y, con sentencias como la de Morelia, empujan a las instituciones electorales a despertar de su prolongado letargo para finalmente defender con firmeza la vigencia de los principios democráticos.
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