Vía libre a la IP para invertir en infraestructura- Reprobados-

Promulga Calderón la Ley de Asociaciones Público Privadas

Vía libre a la IP para invertir en infraestructura

El secretario de Hacienda pide apoyar concesiones hasta por 40 años

Jesús Aranda

Promulga la nueva ley mediante la cual se ampliará la inversión en infraestructura

Con la asociación público-privada ganamos todos, dice Calderón

Habrá que pensar en mayores espacios para la participación de la IP en áreas fundamentales de la economía

Asegura que iremos más rápido para construir un México próspero y seguro

Durante el acto en Los Pinos, al presidente Calderón se le cayeron algunas hojas de su discursoFoto Notimex

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Lunes 16 de enero de 2012, p. 5

Al promulgar ayer la Ley de Asociaciones Público-Privadas, el presidente Felipe Calderón sostuvo que con esta legislación ganamos todos al permitir ampliar la inversión en infraestructura, y adelantó que habrá que pensar en nuevos espacios que permitan una mayor participación del sector privado en las áreas fundamentales de la economía del país.

En la ceremonia realizada ayer en la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal señaló que, por lo pronto, la nueva legislación nos permitirá ir más rápido y a un paso más fuerte en la construcción del México próspero y seguro que todos queremos.

El presidente Calderón reconoció al Congreso, a pesar del tiempo transcurrido, porque sé que esta iniciativa (enviada a los legisladores en 2009) tuvo que enfrentar una serie de prejuicios, de restricciones, de ideas inexactas, de intereses y de muchos absurdos.

Así respondió el mandatario a las críticas que en su momento hicieron legisladores de oposición (PRD y PT), quienes afirmaron que la legislación impulsará la privatización y quita al Estado su responsabilidad como motor del desarrollo para convertirse en mero gestor y administrador de contratos para el sector privado.

El Ejecutivo federal insistió en que el nuevo marco legal va verdaderamente a detonar la infraestructura del país a un ritmo mucho mayor, además de que otorgará mayor seguridad y certeza jurídica al sector privado, a las empresas que quieran participar en proyectos de infraestructura complejos, los cuales requieren de largos periodos de maduración y de desarrollo. Y también permitirá definir un adecuado régimen de distribución de riesgos entre los sectores público y privado, una de las áreas donde más debemos innovar en la regulación.

Algunos instrumentos son poco flexibles: Meade

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, dijo que si bien hoy ya se llevan a cabo esquemas de asociación entre el gobierno y los particulares para construir, mantener y operar infraestructura, así como para la prestación de servicios públicos, algunos instrumentos vigentes son poco flexibles en cuanto a la modificación de los proyectos y solución de controversias.

Por tanto, agregó el funcionario federal, no ofrecen la certeza jurídica que requerimos las partes involucradas.

Mediante el nuevo esquema, precisó, además de que se da certeza a inversionistas nacionales y extranjeros a través de mecanismos contractuales expresos de asociación entre el sector público y el sector privado, se evitan impugnaciones al proceso de licitación que no tengan sustento, privilegiando el inicio de ejecución de las obras de infraestructura que requiere el país.

En entrevista posterior, el funcionario rechazó que el nuevo marco legal sea privatizador y destacó la necesidad de que apoye las concesiones hasta por 40 años, como forma de impulsar la infraestructura.

A su vez, el subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, aseguró que con este esquema la reducción de costos en los proyectos podría alcanzar hasta 15 por ciento.

Ante funcionarios del gabinete económico y representantes de colegios y asociaciones de ingenieros civiles, Calderón afirmó que en su gobierno la inversión en infraestructura pasó de 3 por ciento del PIB en el año 2000 a 5 por ciento, lo cual nos coloca por encima de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tienen un promedio de 3 por ciento.

En este gobierno, sostuvo, hemos detonado, hasta el límite de nuestras posibilidades, el gasto de empresas, el gasto de inversionistas privados.

El Presidente insistió finalmente en que el nuevo marco jurídico elimina restricciones que limitaban seriamente la capacidad operativa o la energía del sector privado, y puso de ejemplo que ahora las empresas encargadas de realizar proyectos ejecutivos para el gobierno también podrán participar en la construcción del mismo, además de que permitirá liberar muchas restricciones, algunas provenientes de verdaderos mitos que impedían esta mezcla eficiente de recursos públicos y privados, para destinar mayores recursos a la educación, seguridad y combate a la pobreza.

Reprobados

León Bendesky

La disputa entre el Estado y el mercado está plasmada de modo abierto en la sociedad a escala global. Sigue provocando fuertes fricciones que, por ahora, se enmarcan en las economías más ricas en un entorno cada vez más recesivo con grandes ajustes presupuestales. Nada alcanza para superar la incertidumbre reinante.

Los políticas de corte liberal están puestas contra las cuerdas, sin hallar salida a una ya larga crisis y ante el embate de un conservadurismo más bien plano y que en algunos casos, como el de Estados Unidos, raya en la metafísica.
En este año recién estrenado no mengua la presión financiera que emana principalmente de Europa y se trasmite por diversos canales hacia el resto del mundo. Ninguno de los planes propuestos durante meses en el seno de la Unión Europea, bajo el liderazgo de los gobiernos de Alemania y Francia, ha conseguido poner un cierto orden en la gestión del ajuste económico provocado por la deuda pública y los déficit fiscales de varios países de la zona.
Sólo la inyección de dinero por el Banco Central Europeo ha calmado las demandas de los inversionistas en la deuda soberana y ha podido rebajar, mínimamente, la tensión sobre las tasas de interés.
Pero nunca es suficiente, pues la magnitud del ajuste de las cuentas públicas que se exige es incompatible para preservar una forma de cohesión social en esa región, luego del periodo de alto crecimiento económico hasta la crisis de 2008. Lo llamativo es la disposición de los gobernantes para hacerlo y, tal vez más aún, que la reacción social se ha mantenido a raya, lo que es muy indicativo de cómo están las cosas.
Las intervenciones de salvamento hechas en Irlanda, Portugal y Grecia no consiguieron acomodar las relaciones financieras y persiste la desconfianza en la capacidad de pagar las deudas. La acción política de los gobiernos aparece como errática e ineficaz, y la dinámica de la crisis queda en manos de los acreedores –los mercados–, que imponen las condiciones.
Ante un necesario e impostergable cuestionamiento sobre cómo se ejerce el quehacer político, las empresas calificadoras de la deuda juegan un papel decisivo pero cada vez más problemático. Estas son empresas privadas que fueron puestas en el centro del mercado de deuda por los reguladores gubernamentales para emitir una especie de certificación sobre la capacidad de repago de los deudores, en este caso los gobiernos.
El marco institucional de este arreglo es hoy inadmisible, nadie ha elegido a estos expertos, nadie controla o supervisa sus métodos de análisis y de calificación, hay posibles conflictos de intereses, pero se aceptan sus dictámenes como si fuesen inapelables. Los gobiernos se pliegan ante las calificaciones y ni patalean. Aquellos se justifican en la naturaleza técnica de su trabajo y en su neutralidad. Pero esto no se sostiene, Nadie regula a las calificadoras y sus acciones son muy onerosas en términos financieros y, sobre todo, sociales, que es el plano más relevante de toda esta discusión.

Mientras se configuraban las condiciones de la crisis asociada con las hipotecas chatarra, los reportes de las calificadoras no expusieron los riesgos inherentes y avalaron la exuberancia irracional de los mercados. Incluso cuando los grandes bancos de inversión apostaban contra sus propias colocaciones de deuda (véase el libro The Big Short, de Michael Lewis), calificaban alto esos títulos. Hece unos días Santard &Poor’s rebajó la calidad de la deuda de Francia y Austria y aún más la de Italia, España, Portugal. En el caso de Grecia ya nadie piensa que se pueda renegociar la deuda.

Esto avala lo que parece ser un proceso en marcha que puede llevar a un desmantelamiento de la Unión Europea y del esquema del euro como moneda común. La situación en Hungría es muy sintomática de la que prevalece en la región. Además, esto impacta en las condiciones de fragilidad de mucho bancos de la zona. Ese es el núcleo de donde puede extenderse un nuevo episodio de crisis como el desatado por la torpeza en la gestión de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

¿Y la política dónde ha quedado y dónde la capacidad social de reacción? Todo se pliega a los criterios del mercado y los dictámenes de las calificadoras. Esta especie de deriva es un rasgo sintomático que se hace cada vez más visible y contradictorio, también representa un riesgo mucho más grande que la misma deuda.

La transición por la que pasa hoy el capitalismo es, o más bien, puede ser un hecho relevante. El cuestionamiento está planteado; hasta el influyente diario Financial Times ha abierto una polémica al respecto que indica apenas los términos de un debate en ciernes y que está todavía muy restringido. La izquierda ha tenido muy poco que decir, lo que constituye otro indicador que no puede dejarse fuera del análisis.

Estos asuntos deben ser una referencia para la próxima temporada electoral que se abre en México. La administración gubernamental, las políticas públicas, las premisas de operación de las empresas y las instituciones financieras, las acciones de las fuerzas sociales y las posturas de los candidatos y los partidos no pueden mantenerse ajenas estos hechos y quedar reprobados también.