¡Viva el clasismo!- Apoyo empresarial a López Obrador- Negocios y engaños

¡Viva el clasismo!

Adolfo Sánchez Rebolledo

A veces me da la impresión de que el gobierno y algunos ciudadanos corrientes habitamos en mundos distantes y hablamos lenguajes diferentes. Y no me refiero a la pluralidad de ideas o incluso a las visiones contrapuestas inevitables, aun necesarias, propias de una sociedad diversa y democrática, sino de algo más general que nos permite o no hablar de un proyecto común más allá de las opiniones particulares. Pongamos por caso dos grandes asuntos de la actualidad: la educación y el empleo para los jóvenes. Es difícil no estar de acuerdo en que se trata de temas sustantivos y, además, urgentes. No hay discurso donde no se subraye que del modo en que se atienda hoy este grave problema depende nuestro futuro como nación. Sin embargo, cuando se rasca un poco en la política oficial se observa una curiosa distorsión clasista que nos impide suponer que, en efecto, estamos hablando de la misma cosa. Hasta hoy, por tradición, historia y prescriptiva constitucional, la educación se ha considerado en México como un derecho universal cuyo cumplimiento depende del Estado como representante de la sociedad en su conjunto. La ley fija las líneas generales de sus alcances y orientaciones en la Constitución, ubicándola como uno de los ejes de la construcción de la democracia, concebida como una forma de vida. Además, se fijan las condiciones bajo las cuales es admisible, apropiado y útil que la enseñanza sea brindada por particulares. Se entiende que toda la enseñanza, aun la privada, se rige por una concepción nacional, vale decir unitaria, fundada en ciertos principios del Estado laico. Ese es su origen y su razón de ser. Sin embargo, el gobierno entiende a su manera cuál es su responsabilidad en esta delicada materia, fomentando una escisión irreparable entre la educación pública y la privada, pues al conceder a la segunda prerrogativas extraordinarias, tiende a fortalecer la idea de que su responsabilidad es la misma frente a la escuela oficial que ante la particular, aun tratándose de los recursos que permiten a una y otra cumplir con sus funciones.

Este gobierno, siguiendo la lógica del panismo histórico, cree que las escuelas privadas –desde la primaria a la universidad– son las que mejor garantizan la debida preparación de las nuevas generaciones. Pero éste, con estar muy arraigado, es un prejuicio que tal vez no existiría si a la defensa secular de la libertad de educación no se hubiera superpuesto la exigencia de admitir la enseñanza religiosa en las escuelas, como expresión de la demanda de libertad religiosa (cuya cercanía entusiasma al Vaticano). Hay, pues, motivaciones ideológicas bajo la neutralidad aparente de algunas medidas.
A quienes critican los planes clasistas y privatizadores del gobierno, éste suele responder con las grandes cifras de los planteles construidos en los años recientes, lo cual por supuesto beneficia al país, pero resulta especialmente incoherente que sea el propio Presidente quien manifieste su mayor entusiasmo por la excelencia de la oferta privada, al grado de fortalecer la idea de que ése es el camino a seguir. No puedo entender, por ejemplo, que el Presidente diga que el programa de créditos a los estudiantes de las universidades privadas beneficiará a los alumnos que más lo necesitan, fortalecerá la economía familiar, impulsará la competitividad y contribuirá a la generación de más y mejores empleos, sin reconocer, así fuera por un prurito de exactitud, que se trata de fortalecer el negocio de la enseñanza sin atender a ningún criterio de valoración propiamente educativo. Más allá de si ese programa es un injerto artificial copiado de otras latitudes (donde está en crisis, por cierto), es inconcebible que en un país tan desigual como lo es México el Presidente invoque a los que menos tienen para conceder créditos que al final aumentarán las arcas de las empresas educativas y las bancarias, por supuesto. Si éste es el modelo que quiere impulsar el panismo estamos fritos: en la base, enseñanza básica entregada al sindicalismo depredador; en la cúspide, educación concebida como negocio. ¿Y el país?

No extraña que en aras de este impulso a la educación particular florezcan por todas partes sociedades mercantiles desprovistas de legitimidad académica que hacen su agosto vendiendo títulos o diplomas que no acreditan verdaderos conocimientos. Y mientras, soterrada o abiertamente, prosiguen las campañas contra la universidad pública, a la que no hay día que no se trate de desprestigiar incluso mediante burdas provocaciones. Da la impresión de que las élites se complacen en hablar de la tragedia de los ninis, del desempleo juvenil y sus secuelas sobre la fortaleza de México, pero no se hacen cargo como debieran de las cuestiones que en verdad traban la creación de empleo dignos –decentes, dice la OIT– y justamente remunerados. Todo se va en buscar salidas laterales que ayudan pero no contribuyen a las soluciones de fondo, como ocurre con el Programa Bécate, dedicado, según la cátedra presidencial, a reducir el desempleo friccional, dando a los aspirantes durante tres meses la capacitación en la empresa, todo por cuenta del Estado. Pero el Presidente sabe que el desempleo, más allá del desorden del mercado laboral, tiene un origen estructural y sólo puede reducirse si hay crecimiento. Pero ése es, justamente, el corazón del divorcio entre la élite que manda y gobierna y el resto de la atribulada nación. Para Calderón, la solución está a la vuelta de la esquina, casi mágicamente: basta quitar el tapón que impide la aprobación de la reforma laboral, detenida en el Congreso, para iniciar una nueva era. Sí, la de la legalización del precarismo laboral como horizonte vital de la juventud. Total, en este mundo de dos pistas la igualdad es una quimera que no vale la pena invocar. ¡Viva el clasismo!

A PRImera vista-Rocha

rocha@jornada.com.mx

Apoyo empresarial a López Obrador

Abraham Nuncio

En la primavera de 1979 el empresario Fernando Canales Clariond y yo sosteníamos el primer debate público en el contexto de una campaña electoral. Se estrenaba la reforma política aprobada dos años atrás. Éramos candidatos a la diputación por el primer distrito federal de Nuevo León, él por el Partido Acción Nacional y yo por el Partido Socialista Unificado de México.

No por reforma la de ese año se apartaba del clima autoritario y clientelar impuesto por el PRI y conservado en lo fundamental hasta nuestros días por todos los partidos. La ciudadanía votaba, la autoridad electoral se concentraba en el gobernador y sus subordinados, el gobernador era Alfonso Martínez Domínguez, a su cargo estaban la línea partidaria, las trampas electorales y la distribución de votos; los empresarios estaban totalmente de acuerdo con él, y colorín colorado. Fernando resultó el candidato triunfador: es posible que sin mayor manipulación, pues además de sus capacidades personales él encarnaba la nueva figura pública surgida del ámbito empresarial a la que su propia ideología atribuía los dones y virtudes extraños a los políticos tradicionales. Jorge Castañeda, a pesar –ya en casi dos décadas– de experiencias negativas de parte de empresarios neopanistas y neopriístas cuyo punto de intersección fue cada vez más amplio, consideró que Vicente Fox era mejor candidato que otros por venir de un mundo distinto (el empresarial).
Panistas in pectore, los empresarios han sido, son y serán pragmáticos: están con quien les asegure mejor sus intereses. Intereses que son, en nuestro país más que en muchos otros, auténticos privilegios. En la pasada elección presidencial sintieron, sobre todo los más conservadores –entre los que se hallaban los de Monterrey–, que podían estar en peligro si triunfaba el candidato de la alianza de izquierda. Y creyeron, o quisieron creer, lo que ahora reconocen con la sinceridad de, un buen ejemplo, Alfonso Romo: que a López Obrador, a pesar de su aceptable experiencia en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, se empeñaron en hacerlo ver como ese peligro. Romo, al igual que muchos de sus pares, vio en el tabasqueño a su enemigo e hizo todo lo posible para que no llegara a la Presidencia de la República. Su error, dice, fue no haberlo conocido.
Entre los empresarios que se han pronunciado por la candidatura de AMLO, el que me parece más claro tanto en su diagnóstico como en sus propuestas es el ex panista Fernando Canales Steltzer, hijo de Fernando Canales Clariond y de esa mujer inteligente que es Ángela Steltzer. La entrevista que le hizo para La Jornada Sanjuana Martínez, nuestra compañera admirada y multidistinguida, es un documento que vale la pena leer.
Canales Steltzer parte de la crítica al PAN, su antiguo partido: lo ve surcado por la corrupción e infiltrado por la delincuencia organizada. Por este tipo de delincuencia entiende no sólo la de las bandas armadas y violentas, sino la de quienes promueven la instalación de casinos y el financiamiento de las campañas mediante oscuras autorizaciones de construcción y obras públicas. Despedazado en sus principios fundacionales, las críticas que Acción Nacional dirige al PRI las importó de este partido y sus militantes se convirtieron en los principales simuladores de la democracia. Al de Calderón lo evalúa como un gobierno de amigos y unidimensional en su gestión en torno a la “guerra contra el narco”.

Son pocos los empresarios que reconocen, como lo hace Canales Steltzer, que la economía mexicana no responde siquiera a un esquema neoliberal, sino que es una fábrica de hacer pobres, cuya base son los monopolios (privados y públicos), y que por tanto sólo sirve a unos pocos. Mal respondió a la apertura dictada por la globalización; antes se debió fortalecer la competencia interna. No sé hasta dónde este empresario regiomontano comparta la convicción de que un país sólo compite de verdad cuando lo hace con el conjunto de su sociedad en términos de calidad de vida. Pero su propuesta parece ir en ese sentido: Somos un grupo de mexicanos y mexicanas que quieren generar mejores condiciones de vida para todos, no para unos cuantos.

Por su parte, López Obrador insiste en que no es enemigo de los empresarios, pero sí de la riqueza mal habida, de la corrupción y la impunidad, cuestión que ha satisfecho al sector empresarial que lo apoya. Pero esto no es suficiente. Lo que nadie dice es que vivimos en un país capitalista y que el capitalismo, de manera espontánea, genera desigualdad social. Y que si el proyecto es el de una socialdemocracia a efecto de mantener este régimen sin que haya violencia de una clase contra otra, se requiere un mayor equilibrio en el ingreso a través de un mecanismo fiscal escalonado, de salarios remunerativos, de seguridad alimentaria universal y de servicios de la misma naturaleza en materia de salud, educación, vivienda, diseño urbano y seguridad social. Esto sólo lo puede hacer un Estado comprometido con el bienestar de la mayoría y con una política que pueda beneficiar a la minoría propietaria, pero no a costa del empobrecimiento de aquélla. ¿Hay un debate organizado y sistemático sobre el tema? No. Los candidatos de la derecha jamás lo promoverán. El único obligado a promoverlo es López Obrador, a efecto de que él mismo, quienes forman su equipo y, por supuesto, la ciudadanía, sepamos si es posible que ese compromiso sea compartido por los empresarios que se declaran a favor de su candidatura. Vaya, y si él mismo y sus seguidores están por ese compromiso.

La izquierda que representa López Obrador está lejos del socialismo (ya transitado o uno nuevo). Esto a todos nos debe quedar claro. Se trata de una izquierda liberal que se propone instaurar una gestión pública honesta, transparente y exenta de corruptelas y venalidad. Por el desastre que muestran la representación política, la administración pública y la justicia en México sería un avance sin precedentes. Para lograrlo, no obstante, se requiere de una profunda reforma a las instituciones de gobierno, empezando por el viejo presidencialismo carrancista que, para gobernar, intenta llevarse en su tren la información, las armas y el dinero públicos. Y, en el caso, subir a él a sus invitados (patrocinadores, allegados, amigos: la muy conocida fauna de siempre) y dejar sus promesas de campaña para la próxima.

En su campaña anterior, López Obrador solía firmar sus compromisos apelando al contractualismo a que somos dados los latinoamericanos. Si lo que se busca es un nuevo pacto, que quienes lo vayan a firmar preparen sus plumas para ello. Y que nos digan la manera en que nosotros los votantes podemos hacerlo exigible.

Deslumbrante y monumental-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Negocios y engaños

Manuel Pérez Rocha

El editorial de La Jornada del pasado martes 10 de este mes analiza con gran acierto el mal llamado Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior anunciado por Felipe Calderón un día antes. El citado programa, cabe subrayar, es un indignante conjunto de engaños. El primero está en el nombre mismo de lo anunciado, pues no es nacional y no financia a la educación superior –pues por tal se entiende al conjunto de todas las instituciones de ese nivel educativo–, sino sólo a un conjunto (ahora 18) de las selectas instituciones privadas que lo imparten.

En realidad, señala con acierto el editorial de La Jornada, se trata de un negocio bancario que beneficiará a esas instituciones educativas privadas, lucrativas, y a un conjunto de bancos, la mayor parte extranjeros (los gigantes HSBC, BBVA y Santander) y una Sofol apoyada por el Banco Mundial. Para los bancos y la Sofol no hay el menor riesgo: el programa está garantizado por Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los eventuales tropiezos serán pagados con recursos públicos; cobrarán sus intereses (10 por ciento según lo anunciado, pero en el folleto de Nafin ponen como ejemplo indicativo 12.5 por ciento) y el capital también está asegurado pues, para otorgar el crédito, se exige al estudiante contar con un deudor solidario o aval con relación patrimonial (engañosamente Calderón anunció que se eliminaba el requisito de una garantía hipotecaria); otros requisitos son que ni el estudiante ni el deudor solidario tengan experiencia negativa en Buró de Crédito y la contratación de un seguro de vida para el estudiante.
El director de Nafin promete a los bancos, para asegurarles clientes, que las propias universidades harán un esfuerzo promocional con los estudiantes que quieran ingresar a su plantel mediante pláticas y material publicitario, y los bancos instalarán módulos de atención en los campus más importantes para orientar y recibir las aplicaciones (sic) correspondientes. Es necesario demandar que se hagan públicos los contratos de Nafin con los bancos, pues no queda clara la razón por la cual el gobierno destina ahora 2 mil 500 millones de pesos a este programa, y llama la atención el entusiasmo de los bancos.
Una exigencia adicional a los estudiantes, para otorgar el crédito, es mantener como mínimo un promedio de calificaciones de ocho, lo cual implica que sea alumno regular y dedique tiempo completo a los estudios. ¿Cuántos jóvenes mexicanos podrán cumplir esas exigencias económicas y escolares? Un engaño de fondo es, pues, la afirmación de que con este programa se democratizará el acceso a la educación superior, se logrará una sociedad mas cohesionada, más igualitaria y más solidaria y se brindará igualdad de oportunidades a todos los jóvenes. Este programa, se anuncia, liberará, además, recursos para que las familias puedan destinar una mayor parte en vivienda o en ahorro para el futuro, suavizando el patrón de gasto que implica la educación. ¿Cuáles familias? Las familias privilegiadas que envían a sus hijos al Tecnológico de Monterrey –donde se anunció este programa– y otras instituciones semejantes, las cuales destinan parte de sus recursos a pagar altas colegiaturas. Aun con el crédito, los pagos están fuera del alcance de la gran mayoría de las familias mexicanas. En el folleto de Nafin se presenta un ejemplo: en el último semestre de su carrera el estudiante beneficiado con el crédito estaría pagando mil 875 pesos mensuales de intereses y 5 mil 555 pesos semestrales de complemento de colegiatura; los siguientes seis meses de gracia estaría pagando mil 875 pesos mensuales, y a partir de que consiga un empleo (en no más de seis meses) deberá efectuar 108 pagos de 2 mil 784 pesos mensuales. Resultado: por una carrera cuyo costo es 230 mil pesos acabaría pagando 371 mil 500 pesos en un plazo máximo de 10 años (sólo en colegiaturas).

El programa se estableció para ayudar a resolver los problemas de algunas de las familias de la clase media alta con dificultades para pagar las elevadas colegiaturas de esas instituciones lucrativas, procurar que no disminuya la clientela de éstas, garantizarles el pago de las colegiaturas con la obligación bancaria adquirida por las familias y dar una nueva oportunidad de negocios a los bancos. Nada tiene que ver con las necesidades de la juventud mexicana y la construcción de una sociedad igualitaria y democrática. El programa es expresamente elitista, están excluidos los estudiantes de las instituciones públicas y los de las privadas no incorporadas a él. Es indignante que se presenten dichos negocios como Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior.

Con desmesura incomparable, tanto Calderón como los demás oradores en la ceremonia en la que se presentó este negocio proclamaron que con él se elevará la productividad de nuestro país, y esto se traduce en mayor inversión y creación de empleos, se fortalecerá el desarrollo social de México y esto trae consigo menores tasas de delincuencia, reforzando así y complementando la estrategia de seguridad del país.

De manera reiterada, Calderón identificó a la educación privada como la educación de calidad. Como indicador casual de dicha calidad está el siguiente párrafo de la intervención del rector general del Sistema Tecnológico de Monterrey en la ceremonia de presentación del programa: Cuando yo vi toda la oportunidad de muchachos que no tienen oportunidad, que tienen un gran liderazgo y no tienen la oportunidad de acceder a la educación, cuando empecé a darme cuenta que (sic) el Tecnológico, más de la mitad de los alumnos tienen oportunidad de tener algún tipo de beca, pero que aun así hay todavía tres cuartas partes de mexicanos que están en edad de poder estar en estudios universitarios y no tienen acceso, la gran pregunta es: ¿qué tenemos que hacer? (literal, sin comentarios).

emer382011@hotmail.com