Amenazas contra el reportero Jorge Carrasco
Proceso, semanario de información y análisis.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El semanario Proceso informa a la opinión pública que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del periodista.
Desde el pasado domingo por la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.
La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.
Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.
Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.
Proceso responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país.
En el curso de hoy martes, tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.
En declaraciones a Proceso, el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.
Artículo 19: en el caso Regina “estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica”
Una de las protestas en solidaridad con Regina Martínez.
Foto: Yahor Ceballos
Foto: Yahor Ceballos
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La organización Artículo 19 lamentó la manera en que las autoridades de Veracruz han conducido la averiguación penal del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en esa entidad, ocurrido el 28 de abril de 2012.
En un comunicado difundido esta noche, Artículo 19, organización que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo, destaca que en el caso del homicidio de Regina Martínez “estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica”.
El director ejecutivo de Artículo 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez, detalla en ese escrito las dudas que tienen sobre dicha investigación, entre ellas, el por qué no se investigó el trabajo periodístico de Regina Martínez, el por qué la fiscal del caso no esperó los resultados de la investigación que abrió la PGR sobre la posible tortura a que fue sometido Jorge Hernández Silva, El Silva, quien fue sentenciado a 38 años de prisión y por qué, sin existir una sola prueba científica que coloque a El Silva en el lugar y momento del asesinato se le acabó inculpando.
A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado de Artículo 19.
Las sospechas sobre la efectividad de las investigaciones a cargo de las autoridades veracruzanas finalmente fueron confirmadas. En el marco del primer aniversario del asesinato de la periodista Regina Martínez, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz emitió una sentencia que desecha el posible vínculo de los hechos con el ejercicio periodístico de la víctima. De esa forma y como en otros casos de periodistas asesinados en Veracruz, las autoridades estatales se empeñan en vincular los hechos con delincuencia común y asuntos de índole personal.
Durante la administración del gobernador Javier Duarte, han sido asesinados en Veracruz 9 periodistas, teniendo su profesión como el posible móvil de los hechos. Sin embargo la evidencia apunta a lo contrario, Veracruz es hoy una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo en el mundo.
“Lamentamos la decisión y la manera en la que fue conducido todo el proceso penal en el caso de Regina Martínez”, asegura el director ejecutivo de ARTICLE 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez.
“Nuestras sospechas se fundan en la opacidad con la que se manejo el proceso, así como el desaseo con la que fueron omitidas o evaluadas pruebas potencialmente determinantes aportadas por los coadyuvantes de la investigación. Estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica del asesinato de Regina Martínez a pesar de la sentencia emitida recientemente”, puntualiza Darío Ramírez.
Es importante destacar que la jueza Beatriz Rivera Hernández, adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, es quien en 2011 sujetó a proceso y determinó prisión preventiva contra dos tuiteros que difundieron información sobre supuestos hechos delictivos, considerándolos probables responsables del delito de terrorismo equiparado y sabotaje. La jueza Rivera Hernández ha demostrado desde entonces su cercanía con el gobierno de Javier Duarte y su desdén por la protección del derecho a la libertad de expresión.
De manera puntual y tomando en cuenta los estándares establecidos en la Declaración Conjunta de los Relatores de 2012 sobre los delitos en contra de la libre expresión, ARTICLE 19 plantea las siguientes 4 dudas:
•La revista Proceso, como coadyuvante de la investigación, ofreció todos los trabajos periodísticos de Regina Martínez publicados en ese medio y su agencia de noticias entre 2011 y 2012, los cuales fueron incluidos en el expediente de la averiguación previa. ¿Por qué esta información no fue debidamente investigada por la Procuraduría veracruzana?
•Jorge Antonio Hernández Silva, el ahora sentenciado por el asesinato de Martínez, argumentó que la confesión hizo fue producto de presiones, amenazas y tortura. La Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, en tanto coadyuvante de la investigación, aplicó el Protocolo de Estambul a Silva como dicta la legislación nacional e internacional en estos casos. ¿Por qué la Jueza decidió no esperar los resultados antes de dictar la sentencia?
•No existe una sola prueba científica que coloque a Hernández Silva en el lugar y momento del asesinato. De las 8 huellas dactilares extraídas de la escena del crimen, ninguna corresponde a Hernández Silva.
•Durante el curso de las investigaciones fue patente la pretensión de las autoridades veracruzanas de “litigar” el caso de Regina Martínez en los medios de comunicación, con filtraciones interesadas de información difamatoria, así como con campañas en las redes sociales a través de usuarios falsos.
En un comunicado difundido esta noche, Artículo 19, organización que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo, destaca que en el caso del homicidio de Regina Martínez “estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica”.
El director ejecutivo de Artículo 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez, detalla en ese escrito las dudas que tienen sobre dicha investigación, entre ellas, el por qué no se investigó el trabajo periodístico de Regina Martínez, el por qué la fiscal del caso no esperó los resultados de la investigación que abrió la PGR sobre la posible tortura a que fue sometido Jorge Hernández Silva, El Silva, quien fue sentenciado a 38 años de prisión y por qué, sin existir una sola prueba científica que coloque a El Silva en el lugar y momento del asesinato se le acabó inculpando.
A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado de Artículo 19.
Las sospechas sobre la efectividad de las investigaciones a cargo de las autoridades veracruzanas finalmente fueron confirmadas. En el marco del primer aniversario del asesinato de la periodista Regina Martínez, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz emitió una sentencia que desecha el posible vínculo de los hechos con el ejercicio periodístico de la víctima. De esa forma y como en otros casos de periodistas asesinados en Veracruz, las autoridades estatales se empeñan en vincular los hechos con delincuencia común y asuntos de índole personal.
Durante la administración del gobernador Javier Duarte, han sido asesinados en Veracruz 9 periodistas, teniendo su profesión como el posible móvil de los hechos. Sin embargo la evidencia apunta a lo contrario, Veracruz es hoy una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo en el mundo.
“Lamentamos la decisión y la manera en la que fue conducido todo el proceso penal en el caso de Regina Martínez”, asegura el director ejecutivo de ARTICLE 19 en México y Centroamérica, Darío Ramírez.
“Nuestras sospechas se fundan en la opacidad con la que se manejo el proceso, así como el desaseo con la que fueron omitidas o evaluadas pruebas potencialmente determinantes aportadas por los coadyuvantes de la investigación. Estamos muy lejos de conocer la verdad jurídica del asesinato de Regina Martínez a pesar de la sentencia emitida recientemente”, puntualiza Darío Ramírez.
Es importante destacar que la jueza Beatriz Rivera Hernández, adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, es quien en 2011 sujetó a proceso y determinó prisión preventiva contra dos tuiteros que difundieron información sobre supuestos hechos delictivos, considerándolos probables responsables del delito de terrorismo equiparado y sabotaje. La jueza Rivera Hernández ha demostrado desde entonces su cercanía con el gobierno de Javier Duarte y su desdén por la protección del derecho a la libertad de expresión.
De manera puntual y tomando en cuenta los estándares establecidos en la Declaración Conjunta de los Relatores de 2012 sobre los delitos en contra de la libre expresión, ARTICLE 19 plantea las siguientes 4 dudas:
•La revista Proceso, como coadyuvante de la investigación, ofreció todos los trabajos periodísticos de Regina Martínez publicados en ese medio y su agencia de noticias entre 2011 y 2012, los cuales fueron incluidos en el expediente de la averiguación previa. ¿Por qué esta información no fue debidamente investigada por la Procuraduría veracruzana?
•Jorge Antonio Hernández Silva, el ahora sentenciado por el asesinato de Martínez, argumentó que la confesión hizo fue producto de presiones, amenazas y tortura. La Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, en tanto coadyuvante de la investigación, aplicó el Protocolo de Estambul a Silva como dicta la legislación nacional e internacional en estos casos. ¿Por qué la Jueza decidió no esperar los resultados antes de dictar la sentencia?
•No existe una sola prueba científica que coloque a Hernández Silva en el lugar y momento del asesinato. De las 8 huellas dactilares extraídas de la escena del crimen, ninguna corresponde a Hernández Silva.
•Durante el curso de las investigaciones fue patente la pretensión de las autoridades veracruzanas de “litigar” el caso de Regina Martínez en los medios de comunicación, con filtraciones interesadas de información difamatoria, así como con campañas en las redes sociales a través de usuarios falsos.
“Infundada” la versión de Proceso: Procurador de Veracruz
El procurador general de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinoza; y el gobernador, Javier Duarte.
Foto: Rubén Espinosa
Foto: Rubén Espinosa
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia de Veracruz calificó de “infundada” la información difundida por la revista Proceso respecto a las amenazas recibidas por el reportero Jorge Carrasco a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia en las investigaciones ministeriales que ha llevado a cabo sobre el asesinato de nuestra corresponsal Regina Martínez Pérez.
De acuerdo con el escrito enviado al semanario la medianoche del martes y que firma el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, se invita “a la revista y a su equipo” presenten ante las autoridades correspondientes “los elementos que sustenten sus señalamientos”.
El comunicado de Proceso destaca que ha recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del reportero Jorge Carrasco.
A continuación se reproduce la carta íntegra del procurador.
Lic. Rafael Rodríguez Castañeda
Director de la Revista proceso
Lic. Julio Scherer García
Consejo de Administración
El día de hoy la Revista proceso, a través de su edición en línea, publica una nota intitutlada “Amenazas contra el reprotero Jorge Carrasco” en donde se plantea que han recibido informes sobre supuestos planes y amenazas en contra del comunicador.
En el Gobierno de Veracruz rechazamos tajantemente estas acusaciones infundadas y teiteramos nuestro compromiso con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y con el libre ejercicio de la profesión del periodismo y el pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.
Ante acusaciones tan serias, invitamos a la revista y a su equipo que si cuentan con elementos que sustenten sus señalamientos, los presenten de manera inmediata ante las autoridades correspondientes para que pueda seguirse el debido proceso, y de ser el caso, se finquen responsabilidaes.
Atentamente
Felipe Amadeo Flores Espinosa
Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz
De acuerdo con el escrito enviado al semanario la medianoche del martes y que firma el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, se invita “a la revista y a su equipo” presenten ante las autoridades correspondientes “los elementos que sustenten sus señalamientos”.
El comunicado de Proceso destaca que ha recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar contra la integridad personal del reportero Jorge Carrasco.
A continuación se reproduce la carta íntegra del procurador.
Lic. Rafael Rodríguez Castañeda
Director de la Revista proceso
Lic. Julio Scherer García
Consejo de Administración
El día de hoy la Revista proceso, a través de su edición en línea, publica una nota intitutlada “Amenazas contra el reprotero Jorge Carrasco” en donde se plantea que han recibido informes sobre supuestos planes y amenazas en contra del comunicador.
En el Gobierno de Veracruz rechazamos tajantemente estas acusaciones infundadas y teiteramos nuestro compromiso con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y con el libre ejercicio de la profesión del periodismo y el pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.
Ante acusaciones tan serias, invitamos a la revista y a su equipo que si cuentan con elementos que sustenten sus señalamientos, los presenten de manera inmediata ante las autoridades correspondientes para que pueda seguirse el debido proceso, y de ser el caso, se finquen responsabilidaes.
Atentamente
Felipe Amadeo Flores Espinosa
Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz
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