Calderón buscó sin éxito privatizar el sector energético: Wikileaks
Felipe Calderón, extitular del Ejecutivo.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- El expresidente Felipe Calderón intentó sin éxito abrir al capital privado el sector energético, según revela un cable diplomático elaborado por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual.
Según el cable difundido por WikiLeaks de fecha 12 de febrero de 2010, el mandatario mexicano realizó consultas al respecto con otros países, principalmente los petroleros, debido a los problemas que enfrentaba el país por la disminución de la producción de petróleo y gas, así como el incremento de la demanda nacional.
Dirigido al coordinador de asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado, David Goldwyn, en el marco de su visita a México, el reporte puntualiza:
“Expertos en energía y el sector privado están en general de acuerdo en que la disminución en la producción de crudo forzará a México a llevar a cabo reformas para abrir los sectores de petróleo y gas a la inversión privada”.
Señala que antes de 2010, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener) consultaban a las compañías petroleras internacionales y a otras partes de interés para desarrollar borradores de contratos que se han dado a conocer recientemente.
“Entendemos que un borrador será enviado a los accionistas el 15 de febrero (2010) para ser comentado”, dice el documento.
Añade:
“Para explorar y desarrollar los proyectos costosos y difíciles, pero prometidos, especialmente en aguas profundas, Pemex necesita diversificar los riesgos, atraer la inversión privada y tener acceso a las capacidades tecnológicas y a la experiencia de las compañías petroleras internacionales. La reforma sólo permite contratos basados en el rendimiento”.
De acuerdo con Pascual, los representantes del gobierno de México afirmaban que un desafío constitucional contra la instrumentación de regulaciones para los nuevos contratos no retrasaría el proceso, pero las compañías podían estar menos interesadas en presentar ofertas teniendo en cuenta las incertidumbres jurídicas.
“Expertos en energía y el sector privado están en general de acuerdo en que la disminución en la producción de crudo forzará a México a llevar a cabo reformas para abrir los sectores de petróleo y gas a la inversión privada”, explicó Pascual, quien desde mayo de 2011 tomó el lugar de David Goldwyn como enviado especial y coordinador de asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado.
Agregó que los cambios constitucionales para abrir a los sectores de petróleo y gas a la inversión privada tomará tiempo, aunque la reforma energética aprobada en 2008 durante la administración de Felipe Calderón necesita ser instrumentada, ya que “tomó la decisión de no atacar la sacrosanta prohibición constitucional de la inversión privada”.
De acuerdo con el último reporte de Pemex, México tuvo que importar en 2012 casi la misma cantidad de petróleo y gas que lo que el país exportó, es decir, un valor de 370 mil 752 millones de dólares contra 370 mil 915 millones de dólares, respectivamente.
No obstante, entre 2008 y 2011, el gobierno mexicano tuvo que importar más que lo que exportaba.
Las importaciones anuales de gas natural casi triplicó desde 2008, pasando a un promedio de 447 mil barriles diarios en ese entonces a una media de un millón 244 mil barriles diarios en lo que va el presente año.
Por otra parte, las exportaciones anuales de este combustible disminuyeron durante el mismo periodo, pasando de un promedio de 107 mil barriles diarios en 2008 a una media de 700 barriles diarios en lo que va de 2013.
El embajador Pascual explicó que la producción de energía en el país proviene principalmente del gas natural (40%), pero también del petróleo (27%) e hidroelectricidad (22%).
Según el cable difundido por WikiLeaks de fecha 12 de febrero de 2010, el mandatario mexicano realizó consultas al respecto con otros países, principalmente los petroleros, debido a los problemas que enfrentaba el país por la disminución de la producción de petróleo y gas, así como el incremento de la demanda nacional.
Dirigido al coordinador de asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado, David Goldwyn, en el marco de su visita a México, el reporte puntualiza:
“Expertos en energía y el sector privado están en general de acuerdo en que la disminución en la producción de crudo forzará a México a llevar a cabo reformas para abrir los sectores de petróleo y gas a la inversión privada”.
Señala que antes de 2010, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener) consultaban a las compañías petroleras internacionales y a otras partes de interés para desarrollar borradores de contratos que se han dado a conocer recientemente.
“Entendemos que un borrador será enviado a los accionistas el 15 de febrero (2010) para ser comentado”, dice el documento.
Añade:
“Para explorar y desarrollar los proyectos costosos y difíciles, pero prometidos, especialmente en aguas profundas, Pemex necesita diversificar los riesgos, atraer la inversión privada y tener acceso a las capacidades tecnológicas y a la experiencia de las compañías petroleras internacionales. La reforma sólo permite contratos basados en el rendimiento”.
De acuerdo con Pascual, los representantes del gobierno de México afirmaban que un desafío constitucional contra la instrumentación de regulaciones para los nuevos contratos no retrasaría el proceso, pero las compañías podían estar menos interesadas en presentar ofertas teniendo en cuenta las incertidumbres jurídicas.
“Expertos en energía y el sector privado están en general de acuerdo en que la disminución en la producción de crudo forzará a México a llevar a cabo reformas para abrir los sectores de petróleo y gas a la inversión privada”, explicó Pascual, quien desde mayo de 2011 tomó el lugar de David Goldwyn como enviado especial y coordinador de asuntos energéticos internacionales del Departamento de Estado.
Agregó que los cambios constitucionales para abrir a los sectores de petróleo y gas a la inversión privada tomará tiempo, aunque la reforma energética aprobada en 2008 durante la administración de Felipe Calderón necesita ser instrumentada, ya que “tomó la decisión de no atacar la sacrosanta prohibición constitucional de la inversión privada”.
De acuerdo con el último reporte de Pemex, México tuvo que importar en 2012 casi la misma cantidad de petróleo y gas que lo que el país exportó, es decir, un valor de 370 mil 752 millones de dólares contra 370 mil 915 millones de dólares, respectivamente.
No obstante, entre 2008 y 2011, el gobierno mexicano tuvo que importar más que lo que exportaba.
Las importaciones anuales de gas natural casi triplicó desde 2008, pasando a un promedio de 447 mil barriles diarios en ese entonces a una media de un millón 244 mil barriles diarios en lo que va el presente año.
Por otra parte, las exportaciones anuales de este combustible disminuyeron durante el mismo periodo, pasando de un promedio de 107 mil barriles diarios en 2008 a una media de 700 barriles diarios en lo que va de 2013.
El embajador Pascual explicó que la producción de energía en el país proviene principalmente del gas natural (40%), pero también del petróleo (27%) e hidroelectricidad (22%).
Ordenan a la Función Pública entregar lista de funcionarios sancionados con Calderón
MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá buscar y dar a conocer el número de expedientes que recibió del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) para iniciar procedimientos de sanción y/o responsabilidad administrativa contra funcionarios públicos durante el sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con una resolución del Ifai sobre un recurso de revisión interpuesto por un particular, la información deberá contener un resumen de cada expediente, el número de expedientes resueltos, el sentido de la resolución y la cantidad de expedientes pendientes.
El particular solicitó además conocer el número de promociones de responsabilidades administrativas que ha recibido de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con la revisión de las cuentas públicas de 2008, 2009 y 2010.
En una primera respuesta al particular, la SFP dio cuenta de 10 expedientes remitidos por el Ifai y refirió que nueve están resueltos y uno sigue pendiente. También le proporcionó información pública relacionada con 112 órganos fiscalizadores que corresponde a las vistas realizadas por el Ifai y las promociones remitidas por la ASF.
Al considerar que no se le proporcionó la información completa, pues de acuerdo con la SFP existen más de 200 Órganos Internos de Control (OIC) y sólo le entregaron información de 112, el particular presentó su recurso de revisión ante el Ifai.
Según la SFP, “por un error involuntario”, el particular sólo pudo visualizar la información correspondiente a 111 OIC, e informó que le remitiría la información de dos órganos fiscalizadores más, pero durante la sustanciación del recurso, no comprobó habérsela enviado.
Además, la dependencia precisó que son 225 OIC los que integran la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, de los cuales 113 proporcionaron información sobre los dos rubros requeridos por el particular y 112 reportaron cero asuntos.
Al analizar el caso, la comisionada ponente, Jacqueline Peschard, advirtió inconsistencias entre los datos remitidos por la SFP, relacionadas con las vistas realizadas a los órganos internos de control de los sujetos obligados, y los datos que las dependencias y entidades de la ASF han reportado al Ifai, como parte de sus obligaciones.
Por ejemplo, indicó que de la información proporcionada por la SFP, se desprende que los OIC en la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Perinatología, reportaron cero vistas, mientras que el Ifai tiene registro de una vista a cada uno de estos sujetos obligados.
En el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, también se reportaron cero vistas mientras que el Ifai cuenta con el registro de cuatro vistas, tres realizadas en 2011, y una, en 2009.
La SFP también refirió que Educal, la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra – Corett- y el Fondo de Cultura Económica no reportaron información relacionada con las vistas realizadas por el Ifai, cuando éste cuenta con información en el sentido de que sí se realizaron vistas a los OIC de dichos sujetos obligados, en el periodo solicitado por el particular.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dependencias y entidades de la ASF están obligadas a rendir un informe al Ifai.
Dicho informe debe contener, entre otros datos, el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. Esto permite al IFAI conocer información relacionada con las vistas que ha realizado a los órganos internos de control de sujetos obligados.
Por ello Peschard consideró que la Función Pública no cumplió con su obligación de acceso, en razón de que no acreditó ante el Ifai el envío al particular de la información faltante, correspondiente a dos órganos internos de control, y la información que proporcionó en su respuesta “contiene inconsistencias”.
El pleno del Ifai aprobó la propuesta de Peschard quien sugirió modificar la respuesta de la SFP e instruirla a realizar una nueva búsqueda en la que deberá incluir los archivos de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, la Contraloría Interna y la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a fin de que “proporcione al particular la información actualizada y correcta que dé respuesta a su solicitud de información”.
También le pidió entregar al particular el archivo pdf que contiene la información faltante reportada por dos Órganos Internos de Control.
Pese a que la desaparición de la SFP fue decretada en enero pasado, la dependencia sigue en operaciones hasta que se concrete la creación de la Comisión Anticorrupción.
De acuerdo con una resolución del Ifai sobre un recurso de revisión interpuesto por un particular, la información deberá contener un resumen de cada expediente, el número de expedientes resueltos, el sentido de la resolución y la cantidad de expedientes pendientes.
El particular solicitó además conocer el número de promociones de responsabilidades administrativas que ha recibido de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con la revisión de las cuentas públicas de 2008, 2009 y 2010.
En una primera respuesta al particular, la SFP dio cuenta de 10 expedientes remitidos por el Ifai y refirió que nueve están resueltos y uno sigue pendiente. También le proporcionó información pública relacionada con 112 órganos fiscalizadores que corresponde a las vistas realizadas por el Ifai y las promociones remitidas por la ASF.
Al considerar que no se le proporcionó la información completa, pues de acuerdo con la SFP existen más de 200 Órganos Internos de Control (OIC) y sólo le entregaron información de 112, el particular presentó su recurso de revisión ante el Ifai.
Según la SFP, “por un error involuntario”, el particular sólo pudo visualizar la información correspondiente a 111 OIC, e informó que le remitiría la información de dos órganos fiscalizadores más, pero durante la sustanciación del recurso, no comprobó habérsela enviado.
Además, la dependencia precisó que son 225 OIC los que integran la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, de los cuales 113 proporcionaron información sobre los dos rubros requeridos por el particular y 112 reportaron cero asuntos.
Al analizar el caso, la comisionada ponente, Jacqueline Peschard, advirtió inconsistencias entre los datos remitidos por la SFP, relacionadas con las vistas realizadas a los órganos internos de control de los sujetos obligados, y los datos que las dependencias y entidades de la ASF han reportado al Ifai, como parte de sus obligaciones.
Por ejemplo, indicó que de la información proporcionada por la SFP, se desprende que los OIC en la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Perinatología, reportaron cero vistas, mientras que el Ifai tiene registro de una vista a cada uno de estos sujetos obligados.
En el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, también se reportaron cero vistas mientras que el Ifai cuenta con el registro de cuatro vistas, tres realizadas en 2011, y una, en 2009.
La SFP también refirió que Educal, la Comisión para la regularización de la tenencia de la tierra – Corett- y el Fondo de Cultura Económica no reportaron información relacionada con las vistas realizadas por el Ifai, cuando éste cuenta con información en el sentido de que sí se realizaron vistas a los OIC de dichos sujetos obligados, en el periodo solicitado por el particular.
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dependencias y entidades de la ASF están obligadas a rendir un informe al Ifai.
Dicho informe debe contener, entre otros datos, el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley. Esto permite al IFAI conocer información relacionada con las vistas que ha realizado a los órganos internos de control de sujetos obligados.
Por ello Peschard consideró que la Función Pública no cumplió con su obligación de acceso, en razón de que no acreditó ante el Ifai el envío al particular de la información faltante, correspondiente a dos órganos internos de control, y la información que proporcionó en su respuesta “contiene inconsistencias”.
El pleno del Ifai aprobó la propuesta de Peschard quien sugirió modificar la respuesta de la SFP e instruirla a realizar una nueva búsqueda en la que deberá incluir los archivos de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, la Contraloría Interna y la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a fin de que “proporcione al particular la información actualizada y correcta que dé respuesta a su solicitud de información”.
También le pidió entregar al particular el archivo pdf que contiene la información faltante reportada por dos Órganos Internos de Control.
Pese a que la desaparición de la SFP fue decretada en enero pasado, la dependencia sigue en operaciones hasta que se concrete la creación de la Comisión Anticorrupción.
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