En México hasta el aire nos mata
Amanece el DF con altos niveles de contaminación.
Foto: David Deolarte
Foto: David Deolarte
En las grandes ciudades de México respiramos aire que, nos dicen los gobiernos, tiene una calidad “aceptable”. La realidad no es así: nos engañan, inhalamos muerte.
El problema afecta al menos a 33 ciudades mexicanas que tienen más de 500 mil habitantes. Los casos más graves son: Distrito Federal, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Toluca, Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez. En total, 54 millones de mexicanos respiramos aire dañino.
La mayoría de la población (60 por ciento) ignora cuál es realmente la calidad del aire que respira, pues sus gobiernos omiten brindarle información precisa.
La contaminación del aire provocó en 2010 la muerte de 14 mil 700 mexicanos, 40 por día, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, superando las 11 mil 753 ejecuciones a manos del narcotráfico cometidas en 2009, de acuerdo con un conteo del semanario Zeta.
Esta información, compilada a partir de estudios científicos, la ha recapitulado la campaña “Hazla de Tos”, impulsada por el grupo de ciclistas “Bicitekas”. El proyecto tiene la intención de obligar a los gobiernos a informar puntualmente de la calidad del aire que respiramos, así como exigir que las normas oficiales mexicanas se ajusten a las de la OMS, pues actualmente son lo que sigue de laxas.
La Norma Oficial Mexicana considera como aceptables indicadores reprobados por la OMS. Por ejemplo, en materia de ozono, la regulación nacional indica que lo normal es 150 microgramos por metro cúbico, cuando la organización internacional estipula el máximo en 100, existiendo un excedente del 50 por ciento. Es mayor en cuanto al contaminante PM 2.5, que en México se estipula en 65 microgramos por metro cúbico y lo sano es 25, rebasado en un 160 por ciento. Caso similar es la PM10, avalada en el país con 120 microgramos por metro cúbico cuando debe ser de 50.
“La percepción es curiosa, porque más allá de un límite lo que dicen es que es aceptable, pero en realidad no es que sea buena, no es buena”, me explica Agustín Martínez, líder de Bicitekas, la organización de ciclistas más activa de México.
De acuerdo con la organización, la exposición a estos contaminantes provoca: problemas cardiovasculares, respiratorios y principalmente asma, algunos tipos de cáncer, afectaciones al sistema nervioso, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil. Estos padecimientos le cuestan al Estado el equivalente al 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (INEGI, 2011). Y, en materia de movilidad, en la ciudad de México se pierden anualmente 33 mil millones de pesos derivados de problemas de movilidad, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.
A tal grado llega la contaminación del aire que en 2011 en el Valle de México sólo hubo cinco días con aire realmente limpio y únicamente 18 el año pasado.
A pesar del aire contaminado que se respira en el Distrito Federal, esta ciudad es la que mejor monitoreo ambiental tiene, pues la mayoría de las urbes ni siquiera cuenta con sistemas de medición. “No hay lectura constante, los datos no son consistentes, en Monterrey hace años en que no hay datos, hay inconsistencias en las lecturas, en la calibración de los medidores”, advierte Martínez.
En síntesis: respiramos aire letal y no nos lo dicen. En paralelo, los gobernantes hacen de la construcción de caminos para automóviles su principal carta de publicidad. Inaugurar un paso a desnivel, un periférico o un bulevar siempre es pretexto para presumir a la ciudadanía que su administración está trabajando, aunque, claro está, esta industria les permite desviar fondos millonarios para sus campañas.
Algunos gobiernos comienzan a añadir políticas ecologistas para mejorar la calidad del aire y la movilidad, pero siempre con una patética intención electoral. El caso más absurdo fue el del alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Massoque, quien a finales de marzo inauguró un sistema de bicis compartidas que no funcionaba. O el del exgobernador de Jalisco Emilio González, quien inauguró en bicicleta los tramos 4 y 5 del Periférico, avenida que no cuenta con ciclovía.
El referente como alcalde ejemplo en materia de medio ambiente fue Marcelo Ebrard, quien fue galardonado con el premio ID People EMEA2013 por el Centro de Estudios Estratégicos de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, durante su gestión aplicó políticas incongruentes, como el segundo piso del Periférico.
“Nosotros cuestionamos mucho el premio verde que le dieron a Ebrard, veíamos que era como lavarse en verde, cuando la verdad es que no es así, sólo es una estrategia”, denuncia el líder de Bicitekas.
La única vía para eliminar esta amenaza que entra por la nariz, me explica Agustín, es hacer más estricta la normatividad ambiental, endurecer y hacer cumplir el programa “Hoy No Circula”, mejorar la calidad de los combustibles, fomentar el uso de otros modos de transporte no motorizados e invertir en transporte público masivo.
Sin embargo, casi todas las opciones anteriores involucran directamente al gobierno, por lo que no podemos esperar un panorama alentador. Por ello la relevancia de Hazla de Tos, una iniciativa ciudadana encabezada por los ciclistas, uno de los grupos ciudadanos más activos y comprometidos con mejorar la convivencia social en el país.
Como los indicadores lo demuestran, el aire que respiramos en las ciudades nos carcome por dentro y la única esperanza que tenemos radica, como siempre, en la lucha ciudadana.
Ilusión y realidad
Maestros marchan contra la reforma educativa en Guerrero.
Foto: José Luis de la Cruz
Foto: José Luis de la Cruz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En apenas un par de semanas la primera iniciativa del gobierno del PRI, la reforma al artículo tercero constitucional aprobada y cacareada con acuerdos políticos minoritarios pero sonorizada con estruendosos bombos y platillos, se ha convertido en letra muerta en algunos estados de la República y está movilizando a miles de maestros en su contra.
Desde el discurso oficial esta iniciativa es apenas el principio de la gran reforma educativa que requiere el país, porque falta su ley reglamentaria y cubrir muchos más aspectos, pero ya se le ha considerado la única vía expedita para lograr la recuperación de la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional. En las alturas de la burocracia gubernamental la ilusión embelesa mientras que abajo, en la realidad cotidiana del magisterio, lo que toca tierra debe ser enterrado de inmediato.
El componente más duro de la reforma al artículo tercero pretende reorganizar la normatividad laboral a través de la cual se lleva a cabo la carrera magisterial, que sigue vigente bajo el control de la cúpula sindical del SNTE, con todo y su ahora encarcelada líder sempiterna. La selección de aspirantes y la contratación de nuevos maestros; la formación, actualización y capacitación de quienes están en ejercicio; la designación de directivos; el manejo de estímulos y prebendas; la ubicación de los docentes en determinadas categorías; su permanencia y su eventual retiro dependen de criterios más políticos y sindicales que pedagógicos, de eficacia, pertinencia educativa o capacidad en la gestión escolar. Pero en el planteamiento de la reforma constitucional todo esto busca ser alterado para que quede en manos del aparato gubernamental y se le arrebate al sindicato.
Falta que se pueda. Durante décadas, diversas iniciativas de reforma en las escuelas normales o en la redefinición de los términos del ejercicio docente subordinaron lo académico a lo sindical y a lo político, con lo que se mantuvo un conflicto al que ahora se le ha echado leña verde y que se extiende día a día en tiempos de estiaje. Sin embargo la opción de poner a prueba un nuevo modelito –que aún no se sabe cómo va a funcionar ni a qué proyecto educativo y de país responde– parte de la suposición de que el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y los conocimientos dependerá de la modificación de las condiciones laborales del magisterio.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1900 de la revista Proceso, ya en circulación.
Desde el discurso oficial esta iniciativa es apenas el principio de la gran reforma educativa que requiere el país, porque falta su ley reglamentaria y cubrir muchos más aspectos, pero ya se le ha considerado la única vía expedita para lograr la recuperación de la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional. En las alturas de la burocracia gubernamental la ilusión embelesa mientras que abajo, en la realidad cotidiana del magisterio, lo que toca tierra debe ser enterrado de inmediato.
El componente más duro de la reforma al artículo tercero pretende reorganizar la normatividad laboral a través de la cual se lleva a cabo la carrera magisterial, que sigue vigente bajo el control de la cúpula sindical del SNTE, con todo y su ahora encarcelada líder sempiterna. La selección de aspirantes y la contratación de nuevos maestros; la formación, actualización y capacitación de quienes están en ejercicio; la designación de directivos; el manejo de estímulos y prebendas; la ubicación de los docentes en determinadas categorías; su permanencia y su eventual retiro dependen de criterios más políticos y sindicales que pedagógicos, de eficacia, pertinencia educativa o capacidad en la gestión escolar. Pero en el planteamiento de la reforma constitucional todo esto busca ser alterado para que quede en manos del aparato gubernamental y se le arrebate al sindicato.
Falta que se pueda. Durante décadas, diversas iniciativas de reforma en las escuelas normales o en la redefinición de los términos del ejercicio docente subordinaron lo académico a lo sindical y a lo político, con lo que se mantuvo un conflicto al que ahora se le ha echado leña verde y que se extiende día a día en tiempos de estiaje. Sin embargo la opción de poner a prueba un nuevo modelito –que aún no se sabe cómo va a funcionar ni a qué proyecto educativo y de país responde– parte de la suposición de que el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y los conocimientos dependerá de la modificación de las condiciones laborales del magisterio.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1900 de la revista Proceso, ya en circulación.
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