La ley del silencio (III)
Periodistas mexicanos. En la línea de fuego.
Foto: Ricardo Ruíz
Foto: Ricardo Ruíz
En solidaridad con Jorge Carrasco y todos los compañeros reporteros amenazados del país que, a pesar de todo, resisten.
MÉXICO, D.F. (apro).- Por varios años consecutivos México ha sido considerado el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Las razones de esto podrían centrarse en el contexto de violencia que ha generado la lucha desatada entre las bandas del crimen organizado y también en el ambiente generado por la declaración de guerra que lanzó Felipe Calderón desde el 2006.
Pero las raíces de este problema también están en la corrupción en el medio político y periodístico, la impunidad para castigar a los culpables, la fusión del poder político y el crimen organizado, el desinterés por la protección de los reporteros por parte de los dueños y directivos de los medios de comunicación, el fracaso de la estrategia oficial para combatir un fenómeno internacional, la indolencia gubernamental en las investigaciones, y también la ausencia de cohesión en el gremio, entre otras más.
Resulta paradójico que en el periodo de la llamada transición a la democracia, que al final sólo fue un cambio de partido en el poder, es cuando más casos de periodistas asesinados y desaparecidos se han registrado en México. Según datos revelados en diciembre pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2005 a la fecha han sido asesinados 82 periodistas y 15 más están desaparecidos.
Desde hace siete años, todas las organizaciones internacionales de protección a periodistas, incluso la ONU y la OEA, han emitido informes y recomendaciones para que se detengan los ataques a periodistas y medios de comunicación.
En un informe final sobre una misión realizada en 2010 a México, para evaluar la situación de la prensa en el país, los relatores de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero, señalaron que México era el país con mayor violencia contra periodistas en el Continente Americano, y en el que se enfrentan más dificultades para el ejercicio de la libertad de expresión.
La Rue dijo entonces: “Hay una ausencia de interés. La impunidad es eso: la ausencia de justicia, y de eso sí es responsable el Estado, me parece que especialmente con la prensa que ha sido más crítica en los casos de corrupción o con los casos de abuso de autoridad física. Pareciera que el gobierno y las autoridades de seguridad simplemente no reaccionan, con lo cual generan un ambiente mayor de hostilidad contra los y las periodistas, y mayor riesgo”.
Esta situación no ha cambiado con el regreso del PRI al poder. La organización Artículo 19 revela en su último informe que al menos 43% de las agresiones contra los trabajadores de la prensa provienen de funcionarios públicos de los tres niveles gubernamentales y sólo 14% a la delincuencia organizada.
Además, señala como preocupante que a pesar de la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (FEADLE), desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2011 su personal tuvo el conocimiento de 265 agresiones contra periodistas y sólo un caso de sentencia condenatoria.
Mientras que de la CNDH critica su deficiente actuación en el tema de protección a periodistas y la defensa de la libertad de expresión a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de los Derechos Humanos, pues de 2006 a 2012 se iniciaron 384 expedientes de queja de ataques a la prensa, casos en los que el Programa de Agravio emitió una recomendación únicamente en 6% de los casos, en 8% realizó una labor de conciliación y en 86% de los restantes no reportó nada.
El Comité de Protección para Periodistas de Nueva York (CPJ) ha señalado en su último informe que México es el país con mayor número de periodistas desaparecidos en el mundo, con 12 en los últimos siete años, lo que ofrece otro indicador de la situación de crisis de seguridad para los reporteros mexicanos.
Estos informes y muchos otros más describen la fragilidad, la desprotección y la inseguridad con la que trabajan muchos periodistas en varios estados. Asimismo, la impunidad con la cual se mueven los poderes políticos y el narcotráfico para acallar a los medios, como en el caso de Veracruz, donde el gobernador priista Javier Duarte ha establecido un régimen de control y terror con la idea de controlar la información que se genera en su estado.
A la manera de un virrey, el gobernador de Veracruz intenta tapar el sol con un dedo y negar la situación de inseguridad que se padece en la entidad. En poco más de dos años de administración, han muerto nueve periodistas en esa entidad, aparte de que ha emigrado un grupo de reporteros y fotógrafos por las amenazas recibidas tanto por los grupos criminales como por los políticos que, al final, ya son los mismos.
El caso de la compañera de Proceso, Regina Martínez, asesinada hace un año, y ahora las amenazas en contra del compañero Jorge Carrasco por funcionarios de seguridad veracruzanos, son el claro ejemplo de la impunidad con la que actúan estos grupos desde el gobierno en contra de cualquier intento de informar con veracidad lo que ocurre en ese estado.
Veracruz y Tamaulipas son hoy los estados más peligrosos para los periodistas y, mientras se mantenga la impunidad, la corrupción y el interés por controlar a la prensa, lamentablemente México seguirá siendo el país más peligros del mundo para ejercer el digno oficio de informar.
Twitter: @GilOlmos
La ley de silencio (II)
Una de las camionetas baleadas durante el enfrentamiento en Reynosa.
Foto: Tomada del Twitter Reynosa Xtrem
Foto: Tomada del Twitter Reynosa Xtrem
MÉXICO, D.F. (apro).- La noche del pasado 10 de marzo, la ciudad de Reynosa vivió una de sus peores pesadillas. Durante tres largas horas, un sector de la ciudad fronteriza se paralizó por los narcobloqueos y enfrentamientos entre las bandas del crimen organizado sin que la policía o el Ejército pusieran un alto.
Las cifras de muertos varían, las redes sociales reportaron 50, otros más de 36. Pero de esto casi ningún medio informó y el gobierno federal estableció una cortina de silencio, como si con eso dejara de existir este pasaje violento.
La agencia Apro informó al día siguiente de los hechos dándole la dimensión de gravedad al enfrentamiento que tuvieron los grupos de pistoleros que quemaron autos y provocaron el terror entre los habitantes de esta ciudad de Tamaulipas, en la que constantemente hay pugnas pero no de esta magnitud.
El hecho fue tan impactante que otros medios tuvieron que publicar, pero con notas pequeñas, minimizando la batalla en las calles entre grupos de hombres armados que por horas se apoderaron de avenidas y colonias de la ciudad fronteriza con Texas, ante una ciudadanía indefensa que tuvo que esconderse en sus casas, negocios y hasta en un circo que canceló su función.
Una semana después el diario texano The Monitor informó que, de acuerdo con fuentes policiales de Reynosa, los enfrentamientos se sucedieron por tres horas entre las facciones del Cártel del Golfo leales al jefe Mario Pelón Ramírez contra los grupos de Miguel El Gringo Villarreal.
Como si fuera una infidencia y no una obligación de informar la “fuente policial” que pidió el anonimato dijo que esa noche del 10 de marzo los pistoleros equipados con armas de alto poder se desplazaban en convoyes de hasta 20 camionetas, y que aún sin poderlo confirmar la cifra real de fallecidos era de al menos tres docenas.
Señaló que en los enfrentamientos se utilizaron granadas, metralletas Barret Calibre 50 y camionetas blindadas. El comunicado oficial anunció el aseguramiento de siete sicarios, 22 vehículos utilizados y dos muertes durante el enfrentamiento.
De acuerdo con un recuento de la agencia Apro, en los últimos dos años ha habido al menos 15 ataques a medios del noreste del país con explosivos y armas de grueso calibre por parte de grupos del crimen organizado. Faltaría tomar en cuenta los ataques en Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Michoacán.
A pesar de la trascendencia de los sucesos, la ley del silencio impuesta por el crimen organizado, solapada por las autoridades estatales y federal, se aplicó en esta y otras ocasiones y las noticias que antes eran de primera plana ahora son diluidas en la mayoría de los medios, principalmente en las televisoras y estaciones de radio a nivel nacional.
La ley del silencio impuesta en ciertas regiones del país por las bandas del crimen organizado, lamentablemente parece que también la aplican los gobiernos locales y la federal en su intento de querer controlar la situación de violencia mediante una estrategia mediática.
Esto es doblemente preocupante y riesgoso porque se trata de la supeditación completa de las autoridades locales y hasta la federal a la ley censura impuesta por los distintos carteles.
También es grave porque esta estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto de querer aparentar que la situación está controlada bajándole el tono, la cantidad y la información que se genera desde la violencia de la guerra contra el narcotráfico únicamente ofrece una imagen falsa de la realidad sin que la cambie de fondo, abonando más al imperio de terror y silencio establecido por el crimen organizado a través de amenazas, atentados y asesinatos a los periodistas y sus medios.
La violencia seguirá presentándose en el país a pesar de estos esfuerzos de querer controlar la información. No se puede controlar la realidad administrando las noticias y tampoco dejando sin protección a los medios de información y a los periodistas. El axioma de entre menos sepan es mejor al final resultara contraproducente porque los diques de la censura han sido fácilmente rebasados y la violencia sigue cobrando víctimas de manera incontrolable.
Twitter: @GilOlmos
La ley del silencio
Una camioneta baleada después del enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas.
Foto: Tomada de Twitter
Foto: Tomada de Twitter
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace varios años en México se ha presentado un fenómeno que Italia y Colombia han vivido también: se trata del surgimiento de zonas de silencio en las cuales los medios de comunicación decidieron no informar ante las amenazas de muerte, atentados y secuestros que recibieron por parte de bandas de la delincuencia organizadas convertidas en verdaderos gobiernos de terror en comarcas enteras.
Apenas el lunes 11 de esta semana, el diario coahuilense Zócalo de Saltillo anunció a través de su editorial que ya no publicará información relacionada con el crimen organizado, luego de que el viernes pasado recibiera amenazas a través de mensajes en mantas colocadas en distintos municipios de la entidad.
“La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra”, expuso el rotativo de Coahuila.
En la región lagunera donde confluyen Coahuila y Durango se vive desde hace años una espiral de violencia que ha alcanzado a reporteros y medios de comunicación.
El 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión Milenio, fue ejecutado por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer, para “dar un escarmiento” a los comunicadores.
Luego, el 26 de julio de 2010, en el contexto de la cobertura de un motín de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, Javier Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El Vespertino fueron secuestrados por varios días.
Los comunicadores y medios de Coahuila no son los únicos que han tomado esta difícil decisión del silencio. Otro periódico que asumió algo similar fue El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que desde julio de 2012 manifestó que dejaba de “reproducir hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, luego de que sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas dos veces ese año.
Con el cambio de poder en la Presidencia de la República, las cosas no han mejorado para los medios y sus trabajadores. El domingo 3, Jaime Guadalupe González, director de Ojinaga Noticias de Chihuahua, fue ejecutado, convirtiéndose en el primer periodista asesinado bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
A partir de este crimen, el miércoles 6 varios sujetos armados dispararon contra El Diario de Juárez y la sede del Canal 44 de televisión, también en Chihuahua, sin causar heridos.
Semanas antes en Tamaulipas, donde ya muchos medios no publican noticias del narcotráfico sin haberlo anunciado, uno de los dos cárteles que dominan la entidad repartió cientos de volantes en los que se ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para quien diera informes de los responsables de la página y cuenta “Valor por Tamaulipas”.
La ley de silencio impuesta por el crimen organizado se ha expandido hacia Michoacán, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, sin que los gobiernos de los estados o el federal hayan logrado quebrarla.
En los hechos, se trata de la imposición de la voluntad del poder de la delincuencia por encima de la Constitución, sin importar quién gobierne. Lo mismo con Peña Nieto que con el panista Felipe Calderón.
Apenas el lunes 11 de esta semana, el diario coahuilense Zócalo de Saltillo anunció a través de su editorial que ya no publicará información relacionada con el crimen organizado, luego de que el viernes pasado recibiera amenazas a través de mensajes en mantas colocadas en distintos municipios de la entidad.
“La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra”, expuso el rotativo de Coahuila.
En la región lagunera donde confluyen Coahuila y Durango se vive desde hace años una espiral de violencia que ha alcanzado a reporteros y medios de comunicación.
El 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión Milenio, fue ejecutado por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer, para “dar un escarmiento” a los comunicadores.
Luego, el 26 de julio de 2010, en el contexto de la cobertura de un motín de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, Javier Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El Vespertino fueron secuestrados por varios días.
Los comunicadores y medios de Coahuila no son los únicos que han tomado esta difícil decisión del silencio. Otro periódico que asumió algo similar fue El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que desde julio de 2012 manifestó que dejaba de “reproducir hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, luego de que sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas dos veces ese año.
Con el cambio de poder en la Presidencia de la República, las cosas no han mejorado para los medios y sus trabajadores. El domingo 3, Jaime Guadalupe González, director de Ojinaga Noticias de Chihuahua, fue ejecutado, convirtiéndose en el primer periodista asesinado bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
A partir de este crimen, el miércoles 6 varios sujetos armados dispararon contra El Diario de Juárez y la sede del Canal 44 de televisión, también en Chihuahua, sin causar heridos.
Semanas antes en Tamaulipas, donde ya muchos medios no publican noticias del narcotráfico sin haberlo anunciado, uno de los dos cárteles que dominan la entidad repartió cientos de volantes en los que se ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para quien diera informes de los responsables de la página y cuenta “Valor por Tamaulipas”.
La ley de silencio impuesta por el crimen organizado se ha expandido hacia Michoacán, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, sin que los gobiernos de los estados o el federal hayan logrado quebrarla.
En los hechos, se trata de la imposición de la voluntad del poder de la delincuencia por encima de la Constitución, sin importar quién gobierne. Lo mismo con Peña Nieto que con el panista Felipe Calderón.
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