Astillero- Testigos protegidos: impunidad y corrupción- Peña y el obsequioso Obama

Astillero

131

Imprecisión y decaimiento

Devolución a Televisa

Madres de desaparecidos

Julio Hernández López

EN CHALCO. Andrés Manuel López Obrador estuvo este domingo en Chalco, estado de México, donde llevó a cabo una asamblea informativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y tomó protesta al comité municipal de dicho organismo político. También estuvo en Ixtapaluca y Valle de Chalco

Foto La Jornada

 

Como el resto de las fuerzas que se opusieron activamente al proceso de reinstalación del priísmo en el poder, el movimiento #YoSoy132 pasa por una etapa de imprecisión y decaimiento que tuvo gráfica evidencia el sábado recién pasado, a la hora de conmemorar el primer aniversario del viernes negro de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana y el consecuente inicio de una movilización juvenil crítica que parecía destinada a lograr reivindicaciones inmediatas y una presencia política organizada, eficaz y sostenida.

 

Sin la capacidad de convocatoria del pasado tan reciente ni la insólita movilidad plural del arranque, el movimiento de inclusión denominado 132 parecería reinstalado en su fase 131, es decir, en la protesta como reacción (y aún no como verdadera organización) y en la expectativa de crecimiento. Es una forma de retroceso derivada del involutivo proceso político general del país, de la apatía generalizada ante el retorno de las peores prácticas del peor priísmo, de la provocación y el aviso represor del uno de diciembre, de la insuficiencia y el desgaste del lopezobradorismo al decidir convertirse en partido y del abatimiento de la oposición formal mediante un pacto de mercantilización partidista.

 

Y sin embargo, el movimiento de jóvenes que se manifestó el sábado anterior conserva la gran posibilidad de restituir su capacidad combativa, porque las causas que le dieron origen continúan vigentes (aunque el sistema, tramposo trata de aparentar que atiende algunas de sus demandas, como las relacionadas con las telecomunicaciones) y porque, habiendo sido impactado negativamente por las maniobras de candidatos, políticos y partidos, constituye hoy una posibilidad casi única de relanzamiento de formas de lucha diferentes, no domesticadas ni obsesivamente electorales, partícipes de momentos cruciales como los venideros en materia de reformas fiscales y energéticas pero sin confiar ni entregarse al esquema institucionalizado de representación política.

 

Justamente el día del aniversario del 132, realizado con espíritu festivo en el símbolo de la corrupción calderonista que es la Estela de Luz, los jóvenes que centraron su lucha esperanzadora de 2012 en el rechazo al poder manipulador de las televisoras, sobre todo Televisa, y a la imposición política mediante farsas electorales, se encontraron con que la administración peñista había hecho un especial regalo a la empresa cuyo principal accionista es Emilio Azcárraga Jean: Grupo Televisa logró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonara un crédito fiscal cercano a 3 mil 334 millones de pesos. La televisora debió pagar 10 por ciento de esa deuda y desistirse de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011, para acogerse a los beneficios, reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (http://bit.ly/17W9pM9).

 

Apegada a la legalidad construida para permitir ese tipo de maniobras (como la venta de Banamex sin pago alguno de impuestos), la condonación a Televisa arroja un tufo de pago por favores recibidos, de devolución gananciosa de lo invertido por la empresa mediática en la construcción de una candidatura y en el aval en pantalla a los métodos usados para la compra electoral del poder, de continuidad impúdica de los arreglos políticos y económicos que permiten a las grandes empresas del país encontrar caminos para guardarse o recibir devoluciones de dinero que debería ingresar a las arcas públicas para obras y servicios públicos pero que, en cambio, se quedan en cuentas particulares.

 

Salta a la vista la incongruencia de los presuntos propósitos asistenciales de Televisa como principal impulsora del Teletón con sus triunfos fiscales. Muchos niños mexicanos con problemas de salud podrían ser atendidos por el Estado con la suma finalmente escamoteada por la empresa televisiva. La Cruzada contra el Hambre dejaría de ser una suma escenográfica de recursos públicos ya existentes si contara, por ejemplo, con esos miles de millones recuperados por la firma cuyo canal más influyente es el de las estrellas.

 

En ese mismo contexto de conmemoración peñista fue nombrado el director del Instituto Mexicano de la Juventud. La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, tomó protesta a José Manuel Romero Coello, político priísta de Colima que este año ha sido acusado de tráfico de influencias y violaciones a los derechos humanos (http://bit.ly/19gx5cS). El perfil del tipo de joven que el peñismo ha seleccionado para encargarse del instituto mencionado incluye señalamientos de organización e impulso de grupos de choque para enfrentar a opositores al actual ocupante de Los Pinos y a su partido, que en momentos de arrebato lírico es llamado el nuevo PRI.

 

Madres de desaparecidos en años recientes decidieron instalarse en huelga de hambre frente al edificio central de la Procuraduría General de la República, en Paseo de la Reforma, para exigir que sean atendidos los casos que han presentado en diversas instancias, sin que hasta ahora hayan recibido más que eventuales respuestas burocratizadas. Ocho madres de familia y dos hombres representan con su sacrificio a una creciente comunidad de mexicanos que, de distintas maneras, han sido tomados sin explicación jurídica ni acción gubernamental que investigue y resuelva esos expedientes oscuros. El horror del calderonismo en guerra y el nuevo estilo priísta, con números similares a los del panismo, pero con silenciador mediático, mantienen el expediente abierto de las desapariciones involuntarias.

 

Y, mientras en una lujosa zona de Zapopan, Jalisco, la Marina irrumpió en un edificio de departamentos (con disparos, presencia de personal forense y la versión de que había caído un alto jefe narco), al estilo que a EU le gustaba durante el calderonismo, como si la visita de Obama a México hubiera restituido formas de trabajo a satisfacción gringa (además, sin que dos días después hubiera una sola información oficial de lo sucedido), ¡hasta mañana!

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FUENTE: LA JORNADA

Poquiteros-Hernández

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Testigos protegidos: impunidad y corrupción

De acuerdo con la respuesta dada por la Procuraduría General de la República (PGR) a una solicitud de información que le fue turnada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), en los dos sexenios anteriores el gobierno destinó más de 178 millones de pesos a gastos de manutención, transporte, vivienda y compensaciones para 615 testigos protegidos, 379 de los cuales fueron reclutados por la PGR en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se usó y abusó de los oficialmente llamados testigos colaboradores para armar acusaciones contra funcionarios públicos, políticos opositores y presuntos delincuentes.

 

La mayoría de las veces las imputaciones fundadas en los dichos de tales testigos protegidos fueron desvirtuadas en tribunales y se revelaron como formas de golpear a adversarios políticos (caso del célebre michoacanazo, en el que decenas de funcionarios del estado fueron llevados a prisión por imputaciones jamás comprobadas de colaboración con la delincuencia organizada) o como resultado de intrigas sórdidas en las entrañas del poder, como demostraron los casos del ex subprocurador Noé Rodríguez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare.

Cuando se habla de testigos protegidos tiende a olvidarse que esa denominación alude a delincuentes que, de buena o mala fe, deciden cooperar con las instituciones de procuración de justicia a cambio de diversos grados de impunidad, de protección, de dinero, o de las tres cosas juntas. Por principio, pues, el reclutamiento y la premiación de delatores –uso policial importado en forma acrítica del sistema judicial estadunidense– son prácticas contrarias a la justicia, alentadas por un extremado pragmatismo y por la incapacidad de las corporaciones policiales de fundamentar y documentar las imputaciones mediante un trabajo científico de investigación e inteligencia.
 

Por lo demás, es claro que la calidad de la información obtenida por delatores a sueldo –como es el caso del llamado Jennifer, con cuyos testimonios la PGR construyó varias de sus acusaciones injustas y, a la postre, fallidas– no puede ser, por su misma naturaleza, confiable, porque los informantes no buscan que se haga justicia, sino obtener beneficios personales de su colaboración. Es inevitable, entonces, que la procuración basada en sus señalamientos se traduzca en injusticias y atropellos que no sólo afectan a personas inocentes, sino también vulneran y debilitan el estado de derecho.

 

Sin embargo, en los pasados 12 años el uso de testigos protegidos se ha incrementado en forma sostenida: el número pasó de 27 a 615 entre 2000 y 2012, en tanto el dinero público invertido en su manutención se incrementó de 2 millones 397 mil pesos a 22 millones 169 mil pesos. En cuanto al promedio de gastos anuales destinados al mantenimiento y protección de cada uno de esos colaboradores, pasaron de 88 mil 801 pesos (2000) a 341 mil 63 pesos (2012).

 

Es tiempo, en suma, de reorientar el trabajo de policías y agentes del Ministerio Público hacia métodos confiables y erradicar de las leyes, o limitar hasta la excepcionalidad, la figura del testigo protegido, fuente de omisiones, cobijo de ineptitudes, generadora de impunidades, mecanismo de venganzas personales o facciosas y factor de corrupción de la justicia.FUENTE: LA JORNADA

Juguetería El Pacto-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Peña y el obsequioso Obama

Carlos Fazio

Fue una visita estándar. De trámite. Hubo mucho ruido mediático y mercadotecnia, pero muy pocas nueces. Fue otra puesta en escena de la política como espectáculo. Acorde con los nuevos aires de la relación asimétrica −sig­nada por una dependencia estructural económica, y ahora también militar, de México hacia Estados Unidos−, cambiaron los ejes temáticos del discurso público y la narrativa, pero no el fondo de la cuestión. Publicitariamente, la Iniciativa Mérida, seguridad, inteligencia y el tráfico de armas fueron sustituidos por la colaboración económica y la integración transfronteriza, como sinónimo de anexionismo larvado. Con el fantasma a cuestas de la explosión en Petróleos Mexicanos, en cinco meses Enrique Peña cumplió en imponer varias contrarreformas estructurales diseñadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación Económica y el Tesoro estadunidense: la laboral, la educativa, en telecomunicaciones y la financiera. Y Barack Obama vino a premiarlo: “México amigou”.

 

La novedad fue que Obama asumió la nueva épica del gobierno mexicano. Y al nuevo PRI le vino de maravillas. Así, el México de los 150 mil muertos y los 25 mil desaparecidos de una guerra fratricida encubierta, propiciada por Washington, se transformó por arte de magia en un país próspero, de clase media urbana en expansión y con jóvenes nacidos para triunfar. Un México idealizado con fines de legitimación propagandística. Si México prospera, fue el mensaje a los estadunidenses, los indocumentados se quedan en casa (migración es un asunto doméstico y la recomendación al dócil Peña fue no meterse). De paso, se confirmaron las artes escénicas y el carisma del jefe de la Oficina Oval, y quedó exhibido el provincianismo mexicano. Con virtuosismo retórico, Obama citó a Octavio Paz, Amado Nervo y Benito Juárez y tomó como metáfora del pasado a Sor Juana, Diego Rivera y Frida Kahlo; un exceso, dadas las limitaciones intelectuales de Peña.

No hubo sorpresas. Sólo el leve viraje discursivo cargado de optimismo, con espejitos color rosa mexicano y algunos guiños demagógicos. Los silencios dijeron más que los pronunciamientos públicos. Encubierto por el golpeteo mediático y las tradicionales filtraciones de ablandamiento del eslabón más débil de la relación −consustanciales a toda reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y México–, avanza el proceso de configuración del nuevo esquema de seguridad del gobierno de Peña bajo el paraguas del Comando Norte del Pentágono.

Inscrito en la nueva fase de la Iniciativa Mérida, que bajo la premisa de que quien paga manda –con o sin ventanilla única–, podrá cambiar de carátula pero no sus mañas, el proyecto enfatizará las labores de inteligencia y espionaje interno (para eso impuso Washington al general colombiano Óscar Naranjo), y utilizará tácticas antiterroristas a partir de una asimilación forzada de matrices de opinión elaboradas por expertos estadunidenses en guerra sicológica que han venido asesorando a sus contrapartes locales. Verbigracia, narcoinsurgencia y narcoterrorismo, como bien leyó el izquierdista gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

El esquema operará bajo la modalidad de fuerzas conjuntas del Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, la Gendarmería Nacional y las diversas policías adscritas a un mando único, al estilo de los centros de fusión que agrupa a los organismos de seguridad e inteligencia estadunidenses. El modelo contempla la creación de un nuevo aparato de espionaje mexicano similar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y quedará bajo el mando del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Pero la pieza clave en los ajustes de la nueva estructura de seguridad del Estado mexicano es el embajador estadunidense Anthony Wayne, quien desde su arribo al país, a finales de 2011, monitoreó la transición del régimen de Felipe Calderón al de Peña, y es el coordinador y ejecutor directo, en México, del Comando Norte de Operaciones Especiales del Departamento de Defensa, con sede en Colorado Springs, Estados Unidos.

 

El cambio de diseño y la nueva narrativa bilateral seguirá obedeciendo a las directrices geopolíticas de Obama y del complejo militar-industrial-energético de Estados Unidos. Objetivos plasmados en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005), que opera con un gobierno empresarial en las sombras dispuesto, ahora, a corregir partes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por medio de un nuevo mecanismo de coordinación.

 

Para eso la fracción anexionista del capital trasnacional local colocó en Washington a Eduardo Medina Mora como embajador de México. Coordinador del equipo jurídico del TLCAN en los años 90, Medina Mora fue uno de los negociadores de la Iniciativa Mérida (2007), herramienta punitiva para instaurar un perímetro de seguridad en torno al territorio continental del imperio. Desde entonces, Norteamérica se ha venido consolidando como un espacio geográfico de cara a la competencia intercapitalista con los otros dos megabloques subregionales: Europa comunitaria y Asia-Pacífico. Al proyecto hegemónico se sumó la reciente incorporación de México al Acuerdo Trans-Pacífico (ATP), cuyo fin es construir un cerco militar y comercial en torno a China, y que también intentará frenar el auge del yuan y extender la vida útil del dólar como moneda de referencia, en el contexto de una guerra de divisas.

 

De allí, pues, el viraje de Obama. Los nuevos códigos de la narrativa mediática buscan ocultar que bajo la pantalla de la prevención del delito se pasará a otra fase represiva. Eso implica desestadunidizar los centros de fusión bilaterales, que en materia de inteligencia, militar y policial operaron bajo el mando de los embajadores Carlos Pascual y Anthony Wayne, y volver al accionar encubierto armado de los agentes de la CIA, la DEA, la FBI, la DIA, el ICE y la ATF en todo el territorio nacional. Visto así, el tono obsequioso de Obama no fue gratis.

FUENTE: LA JORNADA

Los movimientos y los partidos-Rocha

rocha@jornada.com.mx