Buscan narcos invisibles
El objetivo de la fuerza especial es desmantelar, primero con la aprehensión y después con el aseguramiento de bienes y dinero, a las organizaciones criminales que identifican como Los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel Arellano, el cártel de Juárez, La Familia y el cártel de Sinaloa.
Los agentes de las Fuerzas Especiales publicaron fotografías de estos criminales con los nombres y apodos de cada uno de ellos, así como información de sus socios delincuenciales. Piden la colaboración de la sociedad mexicana para dar con ellos y detenerlos; ante tal información, la que los lleve a la captura, ofrecen una recompensa no especificada.
La búsqueda y el marcaje legal sobre los narcotraficantes mexicanos, fueron públicos en la frontera sur de Estados Unidos y norte de México a inicios de marzo. Las Fuerzas Especiales Contra Principales Narcotraficantes es una unidad integrada por agentes de la DEA (Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos) y del FBI (Buró Federal de Investigación), que laboran en territorio norteamericano pero solicitan información a la ciudadanía de los dos países.
Dicha acción por parte del gobierno norteamericano, y de las agencias policíacas con base en San Diego, California, Estados Unidos, se dio días después de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su Subsecretario de Normatividad y Medios, Eduardo Sánchez Hernández –hoy vocero “autocesurado” del gabinete de seguridad de la presidencia de la República–, informara a funcionarios de los estados, periodistas y mexicanos en general, que en el país, los narcotraficantes no serían llamados por su apodo. Que sus organizaciones criminales no serían dadas a conocer, que no se informaría sobre los operativos o las detenciones, tampoco la identidad de quienes están bajo investigación; que no se referirían a los cárteles, mucho menos a los nombres dados a las organizaciones criminales, de delincuencia organizada y narcotráfico. De hecho, esa información la Procuraduría General de la República la reservó.
De repente, los narcotraficantes en México se volvieron invisibles ante la negación del gobierno federal a aceptar, asumir y enfrentar el creciente problema de la inseguridad producto del crimen organizado y el narcotráfico. Las pesquisas se detuvieron. Las Secretarías de Seguridad de los Estados, las pocas que aún funcionan en materia de seguridad, fueron aleccionadas por el gobierno federal para no proporcionar información a medios de comunicación y que ésta –la información– no llegue por tanto a la sociedad.
La negativa a proveer información sobre quiénes, cómo, dónde, cuándo, porqué, dañan a la sociedad mexicana por parte del gobierno de Peña Nieto, los ha llevado incluso a manipular los números. Por ejemplo, el Presidente en sus cinco meses de administración declaró –como si fuese un éxito y motivo de celebración– que en ese periodo habían sido asesinadas cinco mil personas (ejecutadas pues y en el contexto de la violencia de alto impacto), cuando la realidad, en los propios números del Sistema Nacional de Información es que la cifra en esos primeros cinco meses, ascendió a 8 mil 49 ejecutados.
La realidad sobrepasó la estrategia del gobierno de Peña Nieto de no aceptar la gravedad del problema de inseguridad en México y no actuar en consecuencia. Desaparecer el tema del discurso oficial, ocultar los nombres y los apodos de los criminales, negar la existencia de los cárteles y sus regiones de influencia criminal, sólo abonó a la impunidad, base y cimiento del narcotráfico en el país.
Peña se vio rebasado por la criminalidad, y el problema que no ha querido reconocer ni enfrentar públicamente, le estalló en el centro de la República. En Michoacán. Ahí donde le explotó también y en 2007 al Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Y lo que hizo Enrique Peña fue lo mismo que desarrolló su antecesor: hacer uso de las fuerzas armadas del país e instaurar un mando único (hoy, un General oficialmente protestado como tal, mientras en el sexenio anterior un General haciendo esa labor extraoficialmente).
Seis años después de la entrada de las tropas a tierra michoacana, se vio el fracaso de la estrategia calderonista. Y seis años después Peña envía nuevamente a sus tropas. La estrategia, póngale como le ponga el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es la misma y es igual. La diferencia es que antes había más información en relación a las acciones de gobierno, erróneas o no, y hoy se ocultan las condiciones del ejercicio de la administración pública.
La última reculada del gobierno de Peña: Eduardo Sánchez Hernández, el vocero del gabinete de Seguridad del gobierno federal, pidió a la ciudadanía que haga llegar al gobierno información que lleve a la captura de los delincuentes (insiste en no llamarlos narcotraficantes o criminales), “La ciudadanía es un factor muy importante, tiene información muy valiosa que puede ayudarnos a tener detenciones mucho más precisas y para saber cómo están operando los delincuentes, para poder detenerlos lo más pronto posible”, dijo al tiempo que celebró el recibimiento que los michoacanos dieron a las fuerzas armadas (obviando la retención de un general y su tropa por un grupo de policías comunitarios, que fue muy visto incluso –y es de destacarlo– en alguna televisora).
Las preguntas son: sobre quiénes quiere información el gobierno de Peña si no dice sus nombres, si oculta los apodos, si niega las organizaciones criminales, si no identifica a los cárteles. O sea, la Fuerza Especial de agentes de la DEA y el FBI, dan a conocer fotografías, nombres, apodos, organizaciones criminales y delitos, y luego piden información; pero los mexicanos, o mejor dicho el señor Sánchez Hernández quiere que se le proporcionen datos de personas que él mismo ha declarado no reconocerá. Difícil de entender esta política, donde buscan información sobre personas no identificadas oficialmente.
Las fotografías, la media filiación y los delitos que han cometido quienes se apoderaron de las calles de México regionalizando en cárteles o células de narcotraficantes y criminales la geografía nacional, están en poder de la PGR y de la Secretaría de Gobernación, hacerlo público, ponerles precio, perseguirlos, quitarles el dinero, cerrarles el negocio, sería lo conducente.
¿No?
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