Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

miércoles, 22 de mayo de 2013

Astillero- Diagnóstico oficial- Gobernantes piadosos atentan contra el Estado laico

Astillero
Martita con Mancera
Los Fox, de vuelta
Caso hidalguense
Ortega, operador
Julio Hernández López
Foto
EXIGEN LIBERAR A PROFESORES OAXAQUEÑOS. Profesores disidentes de la sección 22 de Oaxaca bloquearon ayer los accesos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en el Distrito Federal (Seido), en demanda de que se libere a cuatro maestros acusados de secuestro
Foto Francisco Olvera
 
El jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera (sin filiación partidista, llegado al poder por la vía del PRD pero con buena votación de panistas, y ahora cercano al PRI), se mostró ayer en alegre fotografía con la esposa de Vicente Fox, Marta Sahagún, luego que fue instalado el consejo consultivo de una empresa con participación mayoritaria del gobierno de la ciudad de México denominada Calidad de vida, progreso y desarrollo SA de CV, creada en diciembre de 2007, con Marcelo Ebrard como gobernante.
 
Ahora el propio Mancera está como presidente del consejo de administración y Simón Levy Dabbah como director general. Levy es un joven abogado de la UNAM, con maestría del ITAM, especializado en asuntos chinos –habla mandarín– que está desarrollando un proyecto para el desarrollo de cinco miniciudades en la periferia del Distrito Federal, denominadas Zonas de Desarrollo Económico y Social, Zodes. Recuérdese que en la Secretaría de Desarrollo Económico del GDF está Salomón Chertorivski Woldenberg, de tal manera que hay sintonía en proyectos y ejecuciones.
 
La presencia de quien cogobernó el país de 2000 a 2006 (según las gozosas confesiones del propio Fox, quien hablaba de la pareja presidencial) encaja en el esquema de reposicionamiento público que ya fue impulsado por Enrique Peña Nieto en días pasados al tener como invitado especial al propio ex gobernador de Guanajuato, y mencionarlo con agradecimiento durante su discurso, en el emblemático León, durante una reunión de presidentes municipales de todo el país.
 
Fox ha apoyado abiertamente al priísta desde la campaña presidencial y su presencia al lado de Peña Nieto, y de Sahagún con Mancera, tienen como inevitable punto de referencia la agria pugna que se vive hoy por el control del PAN entre el bando de Felipe Calderón y su creación, Ernesto Cordero, y Gustavo Madero con el apoyo de EPN (con quien Mancera mantiene una alianza evidente). Además, y conocida la superlativa vocación por el enriquecimiento familiar a partir de negocios con dinero público (los hijos de Marta, los hermanos Bribiesca, como ejemplo imborrable), la presencia de Vicente con los presidentes municipales del país y de Marta en una empresa del GDF plantean fundadas preguntas respecto a eventuales tratos gananciosos de la pareja reaparecida, utilizando entre otros mecanismos las posibilidades de facturación del Centro Fox.
 
Aun cuando corresponde al ámbito penal, tiene dimensiones políticas el caso de una hija del director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), quien ha denunciado que fue golpeada por un presunto familiar del titular de la Procuraduría General de la República. En un país ideal, donde el sistema de justicia funcionara sin interferencias y presiones de políticos encumbrados, sin influyentismo ni corrupción institucionalizada, dicho asunto no debería generar especulaciones políticas aunque sí una repulsa general por cuanto es un episodio más de la larga historia de agresiones a mujeres. Sin embargo, el padre y el presunto familiar de los miembros de la pareja en cuestión provienen del espectro político hidalguense y ahora tienen cargos relevantes en el gobierno federal. El director del Cisen está alineado con el secretario de Gobernación, también hidalguense, cuyo puesto, dicen en Bucareli, es buscado por el actual titular de la PGR.
 
Jesús Ortega, máximo jefe de la corriente dominante del PRD, Nueva Izquierda, también se considera maltratado. La columna institucional de El Universal, Bajo Reserva, publicó este lunes que Ortega desempeña diversas labores de negociación, relacionadas con el Pacto por México, bajo lineamientos de Aurelio Nuño, el jefe de la estratégica oficina de la Presidencia de la República. Según dicho texto, el perredista se afana, entre otras cosas, en convencer a los reacios de izquierda. El ex presidente del PRD envió una airada carta de protesta, según consignó en pocas líneas la misma columna, ante lo cual la publicación insistió en que la condición de operador de Nuño, el jefe de la oficina de EPN, proviene de fuentes diversas y verificadas.
 
Para demostrar que la desmemoria colectiva permite la repetición impune de tendencias dañinas, uno de los partícipes principales del armado de las inverosímiles historias oficiales sobre la niña Paulette en el estado de México releva en la procuraduría para la defensa del consumidor a un paisano caído a causa del escándalo de su hija apodada lady Profeco. Alfredo Castillo era subprocurador de Justicia en el gobierno estatal de Peña Nieto y sustituyó al deplorable abogado Bazbaz cuando crecía el escándalo relacionado con colchones asesinos y recovecos propicios para burlar la aguda indagación de peritos y policías por montón. Ahora, el mismo Castillo, quien ocupaba una subprocuraduría federal de Justicia, ha pasado a sustituir al amigo Humberto Benítez Treviño, derrocado por un exceso filial en conflicto gastronómico.
 
A la hora de cerrar esta columna no se conocía el nombre del nuevo coordinador de los senadores panistas, aunque fluía la versión de que sería el yunquista Héctor Larios. La guerra interna por el control de la franquicia de blanco y azul llevó a legisladores identificados con el bando de Felipe Calderón a no asistir a la reunión de presunto avenimiento convocada por el presidente del comité nacional, Gustavo Madero, a quien pretenden demostrar que no podrá sostener en las negociaciones del Pacto por México la presunta capacidad de aportar los votos en bloque de los senadores panistas.
 
El conflicto va más allá de lo netamente partidista, pues está en juego el instrumento preciado del peñismo para fraguar el reformismo de cúpula que le ha ganado reconocimiento internacional. Y, mientras el papa Francisco ha aparecido con la camiseta del jugador del Juventus apellidado Buffon, ¡hasta mañana, con Osorio Chong advirtiendo que la intervención federal no cesará en Michoacán hasta que el gobierno estatal tenga la fuerza necesaria para continuar!
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Diagnóstico oficial
Luis Linares Zapata
La anunciada desaceleración de la economía ha sido reconocida de manera oficial. Se rompió, de sopetón, el ambiente triunfal insuflado por medios propios y externos que impregnaba en ámbito cupular de la República. Sin embargo, todavía lanzan, desde las meras alturas públicas, un postrer deseo por un trimestre mejor al que apunta esta baja en la producción de bienes y servicios registrada por el Inegi. Se crecerá, dice Hacienda, a 3.1 por ciento distinto de aquel 3.5 por ciento pronosticado al inicio del priísmo renovado. El contexto externo ha sido señalado como la causa del bajón. Nada se dijo del tardío gasto público y, menos aún, de las nulas inversiones ejecutadas en este corto periodo de la nueva administración federal. El diseño de proyectos viables, al parecer, no han sido catalogados como prioritarios. La atención ha sido puesta en las concertaciones entre partidos y la aprobación de leyes que, desde la perspectiva del oficialismo, cambiarán la faz de la República. Menos aún se ha tenido el tiempo, la capacidad disponible o, lo más importante, el arrojo y la imaginación, para desatar, sin tardanzas ni prudencias innecesarias, aunque sea un solitario proyecto de gran magnitud. De esa clase de aventuras constructivas que pueden detonar el crecimiento a la medida que se desea para esta economía en problemas.
 
El diagnóstico oficial explicativo del lento crecimiento se ha centrado en la caída de la productividad de la fábrica nacional. Los trabajadores, entonces, son los culpables por su escuálido desempeño. Y, en efecto, eso podrían testificar los indicadores de varios años. Pero esa no es la causa del estancamiento económico. Nada se dijo, por ejemplo, del reparto inequitativo de la riqueza efectivamente producida en esos mismos tiempos escrutados. Pero la medicina prontamente recomendada para responder a la baja productiva es la de siempre: retraer el gasto público para preservar un déficit fiscal aceptable (3 por ciento). Antes que todo se debe cuidar y priorizar la estabilidad macroeconómica, reza versión ya bien conocida. Tampoco se habló, en ese diagnóstico público del ya cruento estancamiento económico, de la nula o escasa inversión para dotar de mejor organicidad a las empresas, intensificar la capacitación del recurso humano o en desarrollar tecnología propia. Todos estos factores cruciales para la mejora productiva.

Los datos que se van revelando, desde las mismas instancias federales, hablan por sí mismos. La acumulación de riqueza en pocas manos sigue su acelerado curso. Los casi 8 billones de pesos depositados en bolsa, son propiedad de .2 por ciento de la población (unas 250 mil cuentas). Esta inmensa cantidad de recursos es cercana a 50 por ciento del PIB nacional controlado por esa rala minoría. Y tan inmensas fortunas personales son, como bien ya se sabe, dedicadas a la especulación, no a proyectos productivos, lo que incide, con peso determinante, en la productividad. Sus rendimientos, conservadoramente digamos de 10 por ciento en promedio, tampoco causan impuestos, se les libera por completo de cualquier gravamen. Si se castigara a tales fortunas con impuesto a las fortunas, como se hace en múltiples países, aunque fuera con una minúscula tasa de 10 por ciento, el fisco se llenaría de billetes y alcanzaría para reconstruir toda la infraestructura del país. Más todavía, el cobro de un incipiente 2 por ciento de impuesto a los rendimientos de esa, llamada inversión en bolsa, podría generar bastante más ingresos fiscales que el solicitado (OCDE) IVA a medicinas y alimentos. Es debido a esta concentración que el índice de desarrollo humano de México apenas alcanza 0.775, bastante inferior al de otras naciones. Índice que cae a 0.463 si se pondera con la desigualdad prevaleciente (ver artículo de José Blanco en La Jornada, 21/5/13, para una comparación más alarmante).
 
Las reformas aprobadas tiran, además y de manera expresa y consistente, en el corrosivo sentido de la concentración desmesurada. La laboral porque proletarizará más a los trabajadores, castigando sus ingresos y seguridad social. La educativa porque fue diseñada para responder a un diagnóstico poquitero y alejado del real problema que aqueja al país. Una reforma de tal calado no se agota en rescatar la capacidad decisoria del Estado para depositarla en los haberes de la alta burocracia de la SEP, como afirmó, fulgurantemente, doctamente, el secretario Chuayffet, con su tronante acento legaloide. Se trata de incidir en la calidad educativa, proponiendo horizontes asequibles e igualitarios como marca distintiva. Para ello habría que diseñar técnicas propias de enseñanza, construir de manera urgente la infraestructura necesaria porque la actual está en ruinas. La preparación y perfeccionamiento continuo del magisterio deberá ocupar el centro mismo de esa otra reforma que se requiere y no, como ha vendió sucediendo, financiando campañas denostadoras y criminalizantes de los maestros protestatarios que, por lo demás, ya son mayoritarios.
 
Y qué decir de la lustrosa reforma financiera. ¿Darles más facilidades a los bancos para que sigan engrosando sus majestuosas utilidades? El despojo a los ahorradores (pagando uno o dos por ciento por su dinero) va aparejado con las tasas de usuras para los solicitantes de crédito, sea éste personal (35 por ciento) o para las empresas (6 a 15 por ciento), según el tamaño del peticionario. La reforma de telecomunicaciones se estrenó con una sencilla operación, (sin duda apoyada en algún inciso de ley a modo) descontándole a Televisa por cerca de 3 mil millones de pesos que le adeudaba al fisco. Un noble gesto de generosidad oficial para una empresa que ha prestado indudables servicios al priísmo de nuevo cuño. Aunque, abarcando una más amplia perspectiva, también los prestó al panismo en sus dos etapas para el olvido y, también con ellos, recibió una amplia, grosera e indebida recompensa por sus servicios. Mientras se renueva el optimismo oficial y las promesas de paraísos se inscriben en el reciente Plan Nacional de Desarrollo, allá abajo, en las comunidades alteradas por la precariedad y la violencia, se aloja y crece el resentimiento.
FUENTE: LA JORNADA
 
Cordero, el show-Hernández
Gobernantes piadosos atentan contra el Estado laico
Bernardo Barranco V.
El presidente Enrique Peña Nieto está sentando precedentes. Su evidente inclinación católica está contagiando a la clase política mexicana. Están saliendo del clóset los políticos devotos, de manera especial los políticos priístas. El contagio de Peña por visitar el Vaticano alcanzó a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, animado por el cardenal Rivera para presenciar la entronización del papa Francisco. Sin embargo, a pesar de gozo religioso, Mancera tuvo que pagar altos costos políticos, pues fue ventaneado por la prensa y la propia Iglesia. De igual manera, poco venturoso fue el paso de Eruviel Ávila por Ciudad del Vaticano, pues tuvo que interrumpir su gira de promoción turística del estado mexiquense por la lamentable tragedia de Xalostoc en la carretera México-Pachuca, por la que han perecido 26 personas. Lo curioso es que el Estado Vaticano, propiamente dicho, tiene apenas una extensión de 0.439 km² y una población de casi 900 habitantes. Mercado como tal es simbólico; en realidad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas interrumpió la fila de espera que hacía para sacarse la foto con el nuevo papa Bergoglio.
 
Sin embargo, la acción más preocupante fue de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz, quienes consagraron las respectivas entidades al Sagrado Corazón de Jesús y al Doloroso e Inmaculado Corazón de María. Hay una especie de golpe de pasión religiosa de los gobernadores que aparentemente, ante la crisis de valores de las sociedades y de corrupción de los que no están ellos mismos exentos de señalamientos, apelan a las convicciones religiosas como alternativa.

El caso más sonado ha sido el de Chi­huahua, como reportó la semana pasada es este mismo espacio Carlos Martínez. Se trata de la consagración del pasado 20 de abril, a la que acudieron los seis obispos del estado, 150 sacerdotes, el go­bernador César Duarte Jaquez; su esposa, la presidenta del DIF, doña Bertha Gómez Fong; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez; el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del estado, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez; el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Enrique Séañez Sáenz; el presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, y unos 14 mil asistentes, según cálculos de los organizadores.

En acto similar, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, hizo lo mismo, justificando que las religiones alivian crisis de valores y unen al pueblo y las instituciones. El gobernador, muy cuestionado por su desempeño político en materia de transparencia y corrupción, no tuvo empacho en encomendarse al altísimo para encargar a los veracruzanos un mejor destino. Los dos gobernadores, además de compartir el mismo apellido y partido político, tienen elecciones próximas y de seguro también encargan los resultados a la milagrosa presencia del Sagrado Corazón.

Es evidente la violación al carácter laico del Estado mexicano y una regresión a la separación Iglesia-Estado que ha imperado en México desde el siglo XIX. La Secretaría de Gobernación finge no darse por enterada. Correspondería actuar y aplicar la ley a la Dirección General de Asociaciones Religiosas, la cual parece simpatizar con la nueva línea piadosa de los gobernadores católicos. Roberto Blancarte ha venido advirtiendo la violación de los artículos 40 (laicidad de la República) y 130 (principio de separación entre el Estado y las iglesias) de la Constitución; hay una transgresión a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en los siguientes párrafos: el ar­tículo 1º de dicha ley, además de reiterar el principio histórico de separación, establece que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. En ese sentido, con toda justificación el pasado 13 de mayo un conjunto de destacados intelectuales, entre los que se encuentran Ciro Murayama, José Woldenberg, Luis Salazar Carrión, Pedro Salazar Ugarte, Adolfo Sánchez Rebolledo, Raúl Trejo Delarbre y Diego Valadez, firmaron un documento titulado En defensa de la laicidad en México, donde advierten: “Se trata de actos inadmisibles que representan un retroceso histórico, violentan a la Constitución, vulneran la laicidad estatal y, en esa medida, amenazan a la democracia. La laicidad, al garantizar la separación y recíproca autonomía entre la esfera religiosa y la esfera política y al someter a las iglesias a las leyes del Estado, constituye una condición necesaria para que la pluralidad y la diversidad puedan expresarse y recrearse libremente. Sólo en un Estado laico se garantizan la igualdad en derechos –sin importar las creencias o convicciones de las personas– y las libertades de conciencia y de religión. Nuestra Constitución es clara al respecto: prohíbe las discriminaciones por razones religiosas (artículo 1º) y recoge, entre otras, esas libertades (artículo 24). Los actores políticos y en particular quienes ejercen cargos de gobierno están obligados a promover, proteger, respetar y garantizar esos derechos fundamentales”.
 
En ese mismo tenor, Javier Corral, senador del PAN, presentó ante Gobernación una denuncia contra el gobernador de Chihuahua por quebrantar los artículos 24, 40 y 130 de la Constitución, así como el 1º, 3, 25 y 29 fracción 9 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La demanda alcanza también al arzobispo Constancio Miranda Weckmann y al obispo de la diócesis de la Tarahumara, Rafael Sandoval Sandoval ( La Jornada, 13/5/13).
 
Hace más de tres años afirmé que la clase política mexicana, además de la jerarquía católica, son amenazas reales al carácter laico del Estado mexicano ( La Jornada, 28/4/10). Los políticos glorifican el supuesto realismo político, se mueven más en la lógica de los posicionamientos y alianzas ante los resultados electorales en turno. No se trata de defender los purismos ideológicos, pero cada vez resulta más evidente que el pragmatismo tiene un peso mayor en los cálculos, mediciones y actuación de una clase que ha desdibujado su propia tradición e identidad. El pragmatismo político se vuelve mágico mientras el actuar institucional de la Iglesia permanece secular y acechante.
FUENTE: LA JORNADA
 
Nueva devoción panista-Fisgón

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