Popocatépetl: los necios- Las indignadas de Chihuahua

Popocatépetl: los necios

Aurelio Fernández F.

Con frecuencia escuchamos el reproche de funcionarios públicos y personas de todo tipo contra los pobladores de las faldas del volcán Popocatépetl cuando éste incrementa su actividad: no quieren salirse cuando se les indica, a pesar de que su vida está en peligro, dicen; no hacen caso de la autoridad ni del sentido común. Abierta o veladamente añaden para estas personas adjetivos como necios, ignorantes o indios, una de las peores ofensas hechas en un país de indios. Pero una aproximación a estas comunidades y a la historia del problema eruptivo, que ha rebasado ya los 18 años, nos revela otra cosa, nos exhibe a otros necios, a otros ignorantes.

 

Mucha gente se resiste a abandonar sus casas, predios de labor y pueblos, es verdad. Su argumento central es que el volcán no les hará nada, y la evacuación, en cambio, sí. Esto ha ocurrido así sin lugar a dudas. El único daño provocado en todos los episodios eruptivos de “ Don Gregorio el chino” son cinco alpinistas/camarógrafos que pretendían subir a grabar imágenes de las emanaciones del interior del cráter, y les tocó el infortunio de coincidir con la primera explosión que arrojó rocas fuera del vaso volcánico, el 30 de abril de 1996.

En cambio, cada una de las dos movilizaciones de gente, llevadas a cabo en los diciembres de 1994 y 2000, llamadas por los gobiernos evacuaciones, produjeron daños materiales a los desplazados, como la pérdida de animales y otros bienes, y desatención a las labores agrícolas; pero, sobre todo, sufrimiento por la separación de las familias y las comunidades durante el tiempo que duraron las decisiones burocráticas y absurdas en la asignación de refugios temporales y la forma de intervención gubernamental en ellos.

A los campesinos mexicanos se les ha engañado siempre, se ha abusado de ellos de todas las formas posibles; se les despoja de sus tierras para hacer pasar carreteras y edificar ciudades y todo género de infraestructuras, retribuyéndoles siempre con mendrugos o con promesas incumplidas. Por qué ha de extrañar que se resistan a las peticiones gubernamentales; por qué ha de extrañar que aseguren que el volcán fue vendido por Salinas de Gortari a los japoneses y la erupción es un pretexto para quitarles todo lo que tienen.

Además, la resistencia a la evacuación frente al peligro volcánico no es privativa de México; pueden verse casos muy similares en casi todos los volcanes del mundo. No es fácil aceptar el peligro de un cuerpo natural que lo expresa tan esporádicamente.

En cambio, los gobernantes desfilan de tres en tres o de seis en seis años actuando de manera espasmódica frente a la amenaza eruptiva. El nuevo titular de Protección Civil federal, por ejemplo, un señor de apellido Puente, ha demostrado una vez más que en este país ha sido destruido cualquier indicio de Estado –en su acepción de administración de los intereses colectivos– y comprueba que seguimos soportando que coloquen en puestos eminentemente técnicos a personas sin la formación adecuada; esta vez es un señor que viene de administrar transportistas en el estado de México. Desconoce a los científicos que han estudiado por décadas el volcán, emite indicaciones sin conocimiento de causa y declara aminorada una etapa eruptiva horas antes de que incrementen su fuerza las explosiones del Popo. Casos similares están ocurriendo por estos días en cada uno de los estados que circundan el mítico cono montañoso.

Pero el riesgo que implica el Popocatépetl no crece por el mayor peligro que representa, sino por la desatención y avaricia de gobernantes e inversionistas que edifican instalaciones humanas cada día más cerca del foco eruptivo, muchas de ellas sumamente peligrosas.

Hace alrededor de 10 años que se cuenta en Morelos, Puebla y el estado de México con un instrumento de regulación de uso del suelo que impide esta insensata expansión. Se llama, con denominaciones distintas para cada estado, Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl, y su zona de influencia. Pero los funcionarios de los tres niveles de gobierno hacen caso omiso de esta regulación, cuya inobservacia podría merecerles una sanción, por cierto. Las carreteras estrechan los flancos de la sierra Nevada y propician el crecimiento habitacional a sus lados. Las autorizaciones de Arturo Montiel como gobernador del estado de México para construir miles de casas a más de 2 mil 400 metros de altura le valieron procesos de investigación, al parecer porque era socio de esos desarrollos.
 

Sin embargo, el caso más irracional es el de la construcción de una termoeléctrica en la zona de lahares del Popo, en Morelos, y el temerario trazo del gasoducto que pretende abastecerlo y que corre desde Tlaxcala hasta Huexca. Desde hace más de 15 años distintas compañías y sociedades han estado gestionando las autorizaciones gubernamentales y las compras y rentas de los terrenos por los que se pretende quede asentado. Una y otra vez, científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM, personal del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la UAP y hasta funcionarios del Centro Nacional de Prevención de Desastres les han negado las autorizaciones, pero a ellos parece no importarles. No es una obra para empresa nacional alguna, por cierto. Transportadora de Gas Zapata gestionó por primera vez en 1997 ante la Comisión Reguladora de Energía una solicitud de transporte de gas natural entre los municipios de San Miguel Xoxtla y Emiliano Zapata, en Morelos; esta empresa era socia minoritaria de inversionistas extranjeros; en los últimos años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho las gestiones para las trasnacionales gachupinas Elecnor y Abengoa, con el nombre de Proyecto Integral Morelos.

 

La CFE ha mentido una y otra vez a todos los actores de este nuevo episodio de aberración e impunidad nacionales, lo que incluye la alteración del mapa de peligros elaborado por el Instituto de Geofísica de la UNAM y otros científicos internacionales, panfleto apócrifo que repartió entre la población con los trazos de las zonas de riesgo deliberadamente alteradas para convencer a los pobladores de que Geofísica de la UNAM avalaba el proyecto. El Instituto protestó y la CFE debió disculparse con la UNAM, pero no aclaró su manipulación ante los pobladores.

 

Los gobiernos federal y de los estados sirven de operadores para el convencimiento de pobladores y científicos, y de represores para quienes se oponen a la obra. El caso más lamentable es el de Graco Ramírez, quien echó encima de los pobladores de Huexca a la policía para que los constructores siguieran con el despropósito de edificar un engendro industrial que, además de propiciar el crecimiento urbano en las zonas de peligro, desechará las aguas sucias a otros pueblos. No sé si esto pueda llamarse comportamiento de izquierda.

 

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, envía a sus operadores a presionar a los pobladores y las autoridades municipales para conseguir el mismo propósito. La gente, sin embargo, se resiste a que se haga la obra y la resistencia crece con la evidencia eruptiva del volcán.

 

¿Cómo hacer para que la sensatez prevalezca entre las autoridades y los empresarios extranjeros? ¿Cómo hacerles entender que el Popocatépetl es uno de los volcanes más peligrosos del mundo, que sus depósitos se hallan debajo de la catedral de la ciudad de México, que son el asentamiento de la exclusiva zona residencial Angelópolis en Puebla, o que toda la ciudad de Cuautla y muchas otras se edifican sobre los restos volcánicos?

 

Pero la pregunta central es: ¿quiénes son los necios? En México utilizamos el adjetivo de necio como de empecinado, pero también tiene otro: el de estulto, para no usar uno más rasposo.

 

Las indignadas de Chihuahua

Víctor M. Quintana S.

Pronto las mujeres de todo el país se van a beneficiar del más reciente triunfo de sus congéneres chihuahuenses. La sala de la primera circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, acaba de emitir una resolución por la que se ordena a todos los partidos relaborar las listas de candidaturas para las elecciones locales de 2013 en Chihuahua, tomando en cuenta la paridad absoluta de género: 50 por ciento de hombres y otro tanto de mujeres.

 

La resolución es la respuesta a la demanda presentada por cuatro integrantes del movimiento estatal de mujeres. Desde 2009, gracias a una intensa labor de cabildeo, lograron que la 62 Legislatura del Congreso del estado aprobara, por unanimidad, el principio de igualdad total de género en las candidaturas a puestos de elección popular… pero luego el PRI les hizo de agua esa conquista ganada a pulso, porque deslizó furtivamente una cláusula en el artículo 131 de la Ley Estatal Electoral estableciendo una excepción a esa norma de igualdad: cuando los partidos realicen contiendas internas la cuota de género no tiene que cumplirse.

Esta artimaña vino a poner las cosas incluso peor a como estaban antes de que la paridad fuera 50/50, pues con el pretexto de que celebraban elecciones internas, los partidos podían servir con el cucharón a los candidatos varones y en dosis homeopáticas a las candidatas. Así fue en las elecciones de 2010 y así se perfilaba en las de 2013. Sin embargo, las mujeres organizadas de Chihuahua, indignadas con la actitud excluyente de los partidos y del Instituto Estatal Electoral, interpusieron un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y de la ciudadana al que sobrevino la resolución mencionada, que resulta un precioso antecedente para todo el país.

No hay causa ajena a las mujeres organizadas norteñas. Actualmente llevan a cabo la campaña Entreguen la bebé de Clara Armendáriz a su familia. Con ella se busca que el DIF estatal permita la convivencia y entregue a una bebé de seis meses a la familia de su madre, Clara Armendáriz. Se trata de una muchacha de 16 años que en circunstancias desesperadas, abandonada por su pareja y deprimida por la muerte de su madre, dejó a su niña recién nacida a las puertas de un templo católico en Chihuahua en enero pasado. Arrepentida, Clara, con apoyo de su familia, pide se les entregue la niña, pero el gobierno del estado no cede; incluso la jovencita está sometida a proceso penal por omisión de cuidados y violencia familiar. El DIF se ha negado siquiera a permitir la convivencia de la bebé Antonia con la familia de Clara.

Como éstos abundan ejemplos de fragorosas luchas y difíciles triunfos de las mujeres de Chihuahua. Han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han logrado la condena al Estado mexicano por los feminicidios del campo algodonero en Ciudad Juárez; han obtenido protección y medidas cautelares para diversas luchadoras sociales y para la familia Alvarado, de la que fueron desaparecidas dos muchachas y un joven, así como para las defensoras de la misma.
 

Son estos grupos de mujeres que periódicamente dejan de lado sus diferencias y se aglutinan como Mujeres de negro, y desde 2002 han realizado éxodos por la vida, marchas, caravanas, plantado cruces de clavos en plazas y cruces fronterizos para denunciar el feminicidio. Gracias a esto, este terrible flagelo adquirió visibilidad nacional e internacional y, aunque a jalones y poco a poco, se han ido arrancando al gobierno políticas afirmativas y centros de justicia especializados en la violencia de género.

 

Lo mismo en coyunturas difíciles, de agresiones abiertas, que en la cotidianeidad combaten las mujeres chihuahuenses. Reciben demandas de violencia de género, asesoran y acompañan a las víctimas, imparten cursos de formación para prevenirla, capacitan acompañantes solidarias de víctimas de violencia doméstica, se hacen presentes en la opinión pública. Tres estas mujeres, tres organizaciones han recibido el premio de derechos humanos Don Sergio Méndez Arceo.

 

Están en la ciudad y también en la sierra. Varias mujeres tienen una participación decisiva en las luchas por la defensa de las comunidades indígenas en la Tarahumara, por la defensa del bosque, del agua, del territorio y del maíz nativo.

 

Desde la prensa, las mujeres chihuahuenses también han hecho presentes su valentía y su inteligencia. Son las reporteras de los medios de Ciudad Juárez, de Chihuahua, e incluso algunas que publican para medios nacionales, quienes mejor han cubierto estos años oscuros que han seguido a la declaración de la guerra contra el narcotráfico, que en el estado va ya por los 20 mil muertos. Por la calidad de sus trabajos informativos varias de estas mujeres han recibido galardones internacionales, como el María Moors Cabot.

 

No son muchas, como pudiera pensarse por la resonancia de sus luchas o por el impacto de sus haceres. Son las mismas caras que pueden verse en unos y otros frentes. Intensas, sobretrabajadas, a veces extenuadas. Varias han sucumbido, luchando siempre, al más implacable de sus enemigos: el cáncer. Otras, con la solidaridad de sus compañeras y compañeros, llevan a cabo una batalla denodada contra él. Pero la inspiración de las que se fueron, de las enfermas, de las disminuidas, alumbra y nutre el combate de las demás.

 

Hubiéramos querido mencionarlas una por una, pero preferimos no hacerlo: las enumeraciones andan siempre en la cuerda floja de la injusticia. Todas las luchas aquí resumidas tienen rostros, nombres, siglas, organizaciones pacientemente construidas. A cada una de ellas, a cada uno de sus colectivos, les debemos un reconocimiento.

Paren hijos, paren también movimientos, paren esperanzas. Son las indignadas de Chihuahua.