Dinero- Ejecuciones arbitrarias en el DF- INEE constitucional, ¿autonomía, para qué?

Dinero

Nuestras playas para los extranjeros

La reforma que se cocina en el Congreso

Negocio de la gente de poder

Enrique Galván Ochoa

Ya la aprobó la Cámara de Diputados, falta el Senado. Se trata de una iniciativa para que los extranjeros puedan ser dueños de propiedades en las playas. ¿Qué efectos tendrá la reforma? Para 72 por ciento de nuestros foristas encuestados es otro negocio de políticos y empresarios. El 27 por ciento cree que los extranjeros se apoderarán de nuestras playas. El uno por ciento considera que se atraerá inversión al país.

Metodología

Enviamos un cuestionario a 3 mil personas cuyos buzones electrónicos tomamos al azar entre los miembros de El Foro México. Contestaron mil 601. Enseguida reproducimos fragmentos de algunas de las ideas que expresaron.

Opiniones

De facto ya son dueños de las playas; los ejidatarios y comuneros fueron despojados de sus predios costeros. Con la modificación hecha con el nombre de la figura jurídica dominio pleno, y posteriormente con el fideicomiso bancario lograron los extranjeros hace ya algunos años apropiarse de las mejores playas mexicanas por 99 años; ahora los campesinos no pueden tener acceso a esas playas, los grandes hoteles se apoderaron de lo más fantástico de los litorales, y los ejidatarios que tuvieron suerte ahora son jardineros unos y cadis de los lujosos campos de golf, como es por ejemplo, Four Seasons en la costa nayarita de Bahía de Banderas. Como siempre nuestros legisladores sólo adaptan y legalizan un latrocinio que estaba consumado hace años; lo mismo sucederá con Pemex, con la electricidad, sólo falta que regularicen las violaciones constitucionales, al fin el pueblo en el México democrático es un cero a la izquierda.

Luis Leija/Distrito Federal

Yo pienso que es un jugoso negocio de políticos y empresarios... sólo que no han pensado que los gringos quieren toda la Baja California, pero sin gente mexicana; entonces los bajacalifornianos hay que ir pensando para dónde nos vamos. Es igual con prestanombres que sin prestanombres.

María Dolores Galaz Ambriz/Tijuana

Que sea negocio entre políticos y empresarios no es efecto, es la causa. El efecto inmediato es que los extranjeros, principalmente los vecinos del norte, se apoderen de más de 50 por ciento de nuestras playas, con lo cual nos tendrán cercados y podrán meter y sacar por sus playas toda clase de mercancías y de personas. El efecto mediato es la pérdida total de la soberanía nacional.

Federico Chilián Orduña/Puebla

Los millonarios extranjeros siempre han sido dueños de terrenos y casas en las playas de México, a veces arropados por prestanombres mexicanos (empresarios y gobernantes corruptos), millonarios también. Ahora, lo único que quieren Manlio y 500 ladrones, con sus muy honrosas excepciones, es legalizar este robo consumado.

Ángel Ortiz Tovar/Chihuahua

¿Cuándo han tenido buenos efectos para nosotros las decisiones que toman los políticos? Todo lo que ellos hacen va en su beneficio. Recordemos lo siguiente: Primero nos vendieron, con la complicidad del gobierno, los carros que a los yanquis no les servían. Después nos mandan un montón de llantas viejas y ahora quieren comprar nuestras mejores playas para que los jubilados que allá, en EU, no les alcanza la pensión para vivir, se vengan a México y aquí sobrevivan. Esa es una de las razones por la que les van a vender los mejores lugares en nuestros litorales.

Nicolás García/ Morelia

¿A poco todavía hay playas mexicanas? Si los dueños de los hoteles en las playas que eran mexicanas las han hecho privadas, si no chequen: ¿cuántas playas son de uso popular?, te cobran hasta por sentarte. Como siempre, la ilusión de que somos dueños de las playas. Despierten mexicanos, que al país se lo está llevando la tostada.

Faustino Cruz de la Cruz/Atlacomulco

Es un asunto de seguridad nacional, pero estos tipos ya no tienen ningún valor, sólo responden a su amo el dinero, de cualquier nacionalidad.

José Pérez Cruz/Puebla

Ya podían poseer las construcciones, pero no la tierra; ahora con la reforma les están vendiendo parte del territorio que además es estratégico, como son las playas y la zona fronteriza, desplazarán a los lugareños, les negarán el acceso a las playas y fuentes de empleo a los que viven de la pesca.

Virginia González Melgarejo/Puebla

Esto me hace recordar lo que pasó hace aproximadamente 165 años. Santa Anna presidía el país, los terrenos de Texas eran adquiridos por colonos estadunidenses hasta que decidieron independizarse de la República Mexicana. Después se convirtieron en territorio gringo. ¿Pasará lo mismo con nuestros litorales? ¡Estamos en grave peligro! ¿Y los legisladores?, bien, gracias. Son los modernos López de Santa Anna.

Roberto Hernández Amezcua/Distrito Federal

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Benítez Treviño-Helguera

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Ejecuciones arbitrarias en el DF

Miguel Concha

Una madrugada de principios de año dos jóvenes, de 17 y 22 años de edad, fueron detenidos sin motivo a las afueras de un bar por un agente de la Policía de Investigación de la procuraduría capitalina. Horas más tarde fueron encontrados sin vida. En 2012, un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) disparó su arma, sin motivo aparente, contra varias personas. Un joven perdió la vida a causa de las lesiones que sufrió y dos personas más resultaron heridas por los disparos. Estos y otros cuatro casos semejantes son parte de la recomendación 8/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el pasado primero de mayo, en la que se acreditó que las personas a quienes se privó de la vida fueron ejecutadas arbitrariamente.

 

Esta grave violación de los derechos humanos, prohibida junto con la de tortura, es considerada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como una norma de ius cogens. Es decir, como una norma de derecho internacional imperativa a la que todos los Estados están obligados inmediatamente.

Resulta inadmisible que este tipo de casos se sigan presentando en la ciudad de México y que se hayan suscitado no una, sino seis veces en un periodo relativamente corto. En su recomendación, la CDHDF acreditó que las personas a quienes se privó de la vida fueron en efecto ejecutadas arbitrariamente y que existe responsabilidad de las autoridades, toda vez que el derecho a la vida y la obligación de protegerla constituyen para los Estados una de las máximas fundamentales que rigen a las sociedades y a las naciones.

Los hechos analizados en la recomendación dieron pie a que las autoridades los esclarecieran, y a que hoy en día los servidores públicos implicados se encuentren en investigación o en proceso penal por delitos como homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y uso ilegal de la fuerza. De igual forma ya se han iniciado procedimientos administrativos que han derivado en la destitución de algunos de ellos, aunque debe señalarse que todavía existe un caso en el que no se ha instituido el procedimiento administrativo correspondiente por el uso indebido del arma de cargo.
No obstante que se dio inicio a las mencionadas investigaciones, y de que podemos esperar que tan lamentables crímenes no quedarán impunes, en la recomendación se considera que no existen mecanismos que permitan prevenir adecuadamente este tipo de hechos y señala puntualmente como parte de la responsabilidad del Estado el que no existan los lineamientos y protocolos que permitan asegurar que el uso de la fuerza se emplee de manera proporcional y estrictamente necesaria. La CDHDF recomendó por ello a la SSPDF modificar el concepto de razonabilidad y proporcionalidad en su Manual de técnicas para el uso de la fuerza. De igual forma le solicita que se difunda este instrumento y se capacite a todos sus elementos en el empleo del uso de la fuerza, lo que debe ser un criterio mínimo y un requisito indispensable para que alguna persona pueda desempeñar una función en los cuerpos de seguridad.
 

A la Procuraduría General de Justicia del DF se le recomendó también que se difunda el manual operativo que regula la actuación de sus elementos, y que se capacite a los policías de Investigación. De igual forma se exhortó a ambas dependencias a tomar medidas que ayuden a prevenir que este tipo de acciones se cometan de nuevo, tales como impulsar y ejecutar un sistema audiovisual permanente al interior de las patrullas y diseñar un mecanismo que permita registrar y concentrar los reportes de la policía.

 

Obviamente, se recomendó además reparar integralmente el daño causado a las víctimas directas e indirectas de estas violaciones, de conformidad a los estándares internacionales. La emisión de esta recomendación muestra de forma fehaciente que a pesar de los avances que se han dado en años recientes en materia de derechos humanos, es innegable que existe un cúmulo de elementos que derivan en las peores de sus violaciones, como las que se describen, y que de ninguna forma podemos pensar que ya estamos del otro lado.

 

Recordemos que es obligación del Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. De ahí la importancia de que la SSPDF y la PGJDF lleven a cabo acciones concretas y eficaces para un nuevo modelo de policía que establezca como eje central de su actuar una visión de derechos humanos. En los casos analizados es evidente que debido a las omisiones permanentes en torno a evaluaciones y mecanismos de seguimiento a la labor policiaca, y al uso inadecuado de la fuerza y de las armas, entre otros aspectos, los policías no las utilizaron de forma racional. No emplearon acciones disuasivas como primera opción y, sin que existieran riesgos inminentes, al accionar sus armas privaron de la vida a diversas personas.

 

Lo anterior afecta de forma directa a los que murieron y a los sobrevivientes, y de manera indirecta a los familiares de las víctimas. Ahora más que nunca nos corresponde ejercer nuestros derechos, exigir que se sancione a los responsables y que en el menor tiempo posible se tomen todas las medidas necesarias, cuesten lo que cuesten, para evitar que se tenga que escribir otra vez sobre un caso en el que una autoridad privó arbitraria e ilegalmente de la vida a una persona, por acción o por omisión.

 

Reforma financiera marca acme-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

INEE constitucional, ¿autonomía, para qué?

Miriam Sánchez Hernández*

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se creó en 2002, en la administración panista de Vicente Fox, con la consideración de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se propone hacer de la educación el gran proyecto nacional y que el instituto contribuiría a tan loable, pero malograda aspiración.

 

Se creó como un organismo público descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo era ofrecer a las autoridades educativas federales y locales, así como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos.

Diez años después, en 2012, Felipe Calderón emite el decreto por el cual se modifica su estatus y a partir de esa fecha es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que conserva su papel de órgano consultor. Es decir, pasa de ser sectorizado a no sectorizado, lo que lo coloca en una posición similar a Ifai, Conacyt o IMSS.

En la ceremonia en que Calderón hacía el anuncio, Elba Esther Gordillo, quien le acompañaba, declaró que el sindicato, por medio de su representación legislativa ha iniciado la gestión de una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional la creación de un organismo de evaluación autónomo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El fundamento de tal decreto, tomado de la OCDE (2011), era que “México debe concentrarse en las ‘tres E’ para implantar un sistema de evaluación educativa más eficaz. Es necesario medir el éxito de los esfuerzos educativos a partir de los resultados de aprendizaje de los alumnos. Al mismo tiempo que se fortalezcan el sistema, será indispensable contar con más herramientas de medición y evaluación”. Es decir, lo principal era la eficacia, no la equidad ni la justicia.

En 2013, Peña Nieto da continuidad a las intenciones de la OCDE, que en turno inició Fox y continuó Calderón y su aliada Gordillo, mediante la modificación al artículo tercero, en el que se incluye la fracción IX que dice que El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Lo que lo dota de un estatus similar a Banxico, CNDH, IFE o Inegi.

El 30 de abril, el Senado entregó el nombramiento como integrantes de la Junta de Gobierno del INEE a Eduardo Backhoff Escudero, Teresa Bracho González, Gilberto Ramón Guevara Niebla, Margarita María Zorrilla Fierro y Sylvia Irene Schmelkes del Valle.

Pero, ¿a quién le sirve el INEE constitucional? Veamos.
En primer lugar es evidente que la reforma educativa al artículo tercero no es una iniciativa de Peña Nieto. Cambian los sexenios, los partidos, los presidentes y los líderes sindicales. Permanecen las directrices de la OCDE.
 

Ahora bien, ¿para qué elevarlo a rango consitucional? Ya como organismo no sectorizado tenía una gran autonomía, era suficiente para cumplir sus objetivos. De aquí surgen otras preguntas, ¿qué papel juega la SEP?, pues la Ley General de Educación (LGE) no contempla que organismos constitucionales formen parte del Sistema Educativo Nacional (SEN). ¿Se modificará la ley y se incluirá en el SEN o su autonomía lo colocará fuera de éste?

 

En cuanto a las responsabilidades, la misma ley dice que es competencia exclusiva de las autoridades educativas federales evaluar el SEN y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar (Art. 12 fr. XII y 29 de la LGE). La SEP ha tenido tal responsabilidad, pues ha sido la autoridad federal para tal fin, ¿el INEE será el organismo federal al que le corresponda evaluar en lugar de la SEP? ¿Qué hará uno y otro frente a la evaluación y cuál será la responsabilidad y la relación entre una secretaría y un instituto constitucional? ¿La SEP podrá solicitar, mandatar, rechazar, obedecer? Según la reforma del artículo tercero el INEE no tendría que consultar a la SEP para firmar acuerdos y convenios nacionales e internacionales. ¿Será la vía rápida de la OCDE para implantar sus políticas sin la intermediación ni opinión de la SEP y del SNTE?

 

Sobre la junta de gobierno que lo dirigirá, al menos tres de sus miembros, precisamente los que tuvieron casi el voto unánime de los senadores, sin ninguna opinión de la sociedad, han servido al gobierno panista, a la OCDE y a Mexicanos Primero. Así, Margarita Zorrilla (94 votos), fue fundadora del INEE y directora general antes de la actual reforma y miembro del consejo asesor de la OCDE sobre políticas de evaluación e incentivos docentes en México, quien permanecerá por cinco años. Silvia Schmelkes (92 votos) permanecerá en la junta por siete años, de los cuales, los primeros cuatro fungirá como presidenta y podrá relegirse. Ella tuvo cargos en la SEP durante las dos administraciones panistas, ha tenido puestos de alta dirección en la OCDE y perteneció al consejo académico de la organización privada auspiciada por los grandes empresarios de México, Mexicanos Primero, que ha ridiculizado y denostado a los maestros y orquestado un ejercicio de máxima violencia al acosarlos mediáticamente y mentir a la sociedad. Backhoff (91 votos) también ha sido asesor de esta organización empresarial. Él permanecerá cinco años en la junta de gobierno del INEE. Sería interesante saber en qué consistió la asesoría de ambos.

 

¿Cuáles son los criterios por los que los eligieron? No se sabe. Pero es evidente que se busca la continuidad y el acatamiento de las recomendaciones de la OCDE y del gran capital nacional. Y aunque Schmelkes dice que su participación en esos organismos no la compromete, sino que han sido espacios de aprendizaje, lo que preocupa no son sus compromisos, sino sus aprendizajes y, sobre todo, sus convicciones.

 

Nace así, un instituto constitucional, paradójicamente, sin autonomía, al servicio y dependiente de la OCDE y de Mexicanos Primero.

*UACM