Astillero
Nódulos en retiro
¿Historial clínico?
Beatificar a Raúl
Pajaritos: inicia la venta
Julio Hernández López
PARTE FACULTATIVO. El jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, y el médico Juan Felipe Sánchez, al informar sobre el estado de salud del presidente Enrique Peña Nieto, quien fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Militar con la finalidad de extraerle un nódulo de la glándula tiroides
Foto José Antonio López
Los primeros reportes oficiales sobre la operación quirúrgica practicada al actual ocupante de la silla presidencial señalan que fue exitosa y que el nódulo detectado en la glándula tiroides fue benigno. Es una buena noticia para él, su familia, sus seguidores y el grupo con el que ejerce el poder, aunque mucho ayudaría a consolidar esa optimista versión inicial el conocimiento exacto del historial clínico correspondiente. El punto favorable que ha significado la decisión de Los Pinos de ventilar públicamente el hecho de que Enrique Peña Nieto iría al quirófano se vería fortalecido si se hicieran transparentes los datos médicos que confirmen los dichos políticos y, sobre todo, desacrediten confiablemente cualquier especulación que sobreviniera.
El derecho a conocer en términos precisos y confiables el estado de salud de los gobernantes es una exigencia creciente. Los venezolanos, por ejemplo, fueron privados largamente de la información relacionada con su presidente, Hugo Chávez, que estaba en manos de médicos y autoridades cubanas. En Michoacán se vive un abandono institucional a causa de que el gobernador electo y que había ejercido una parte de su mandato, Fausto Vallejo, entró en una etapa casi terminal para efectos políticos pero sin retirarse definitivamente del cargo, manteniéndose teóricamente en él mediante una prolongada licencia. En el tramo final del trágico calderonismo, el muy favorecido secretario de Educación, Alonso Lujambio, se mantuvo en su puesto varios meses después de que se le había detectado una grave falla de salud e incluso se le hizo senador, a sabiendas de que su tiempo estaba contado.
De Vallejo se hablaba, desde que era candidato a la gubernatura, de presuntos males físicos de tendencias irreversibles, lo que era acremente rechazado por voceros oficiales y el propio afectado, aunque al final la dimensión del daño fue inocultable, pues requirió un transplante de hígado. Y en el caso de Peña Nieto se habló de presuntas afectaciones mayores desde que estaba en campaña presidencial, llegando a distribuirse por redes sociales algunas fotografías que según el entendimiento de los difusores mostrarían significativa desmejoría física del entonces candidato priista.
A fin de cuentas, una riesgosa circunstancia sí existía en el cuerpo de Peña Nieto, tanto que hubo de apresurarse para que le realizaran una operación que no había programado antes, ni siquiera en periodos de relativa tranquilidad como, por ejemplo, el tramo entre el momento en que fue declarada válida su elección y la toma de protesta del cargo, llegando a necesitar el uso de una muletilla casi de humor negro para explicar las razones de tan súbita maniobra médica, pues dijo que se había considerado el actual como
un buen momento.
La colocación en un quirófano del hombre que ejerce el máximo poder en México tuvo por primera vez reglas claras para cualquier eventualidad. Conforme a las modificaciones constitucionales publicadas en agosto de 2012 (aunque la discusión de esos temas llevaba dos años) debería ser mecánico y sin sobresaltos cualquier relevo circunstancial, en términos breves o definitivos. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación que conforme a esas nuevas normas entraría en rápido control (acotado) del timón nacional en casos de ausencia del titular, solamente se mantuvo
muy al pendiente, conforme lo había estipulado el propio Peña ahora convaleciente.
Otro nódulo político comenzó ayer a ser retirado. Raúl Salinas de Gortari, hermano de quien ejerce una especie de asesoría o tutoría en el actual gobierno federal, fue exonerado por un juez de la acusación de enriquecimiento ilícito. Llamado Míster Ten per Cent, y dueño de un documentado expediente de andanzas empresariales y comerciales al amparo del poder familiar ejercido de 1988 a 1994, el ingeniero Salinas ha sido beneficiado judicialmente en cinco ocasiones, lo que le coloca en vía de una suerte de beatificación ciudadana, mártir de las venganzas y contenciones zedillistas, víctima de las inevitables tradiciones sociopolíticas que dan a ganar a manos llenas a los propicios parientes instalados en Los Pinos (un ejemplo de esa maldad colectiva se dio también con los hijos de Marta Sahagún, ella misma, y Vicente Fox y algunos de sus familiares: enriquecidos escandalosamente casi contra su permisiva voluntad comisionista).
Aún cuando la procuraduría federal de justicia del periodo peñista está practicando una afanosa amnistía selectiva (en casos de mandos militares y de ciertos políticos y narcotraficantes), ha decidido apelar del fallo absolutorio de un juez federal en el expediente del hermano del ex presidente ahora tan cómodo, aunque nada garantiza que tal lance no sea sino una finta convenida para aminorar las evidencias de que se está en presencia de una escandalosa maniobra desde poderes restaurados. Aún faltan instancias judiciales por recorrer para que quede técnicamente extirpado uno de los nódulos malignos de la saga Salinas.
Como si fuera también un simple nódulo (es decir, una concreción de poco volumen, según la RAE) fue tranquilamente removido cualquier cargo de conciencia histórica o de prudencia política a la hora en que el consejo de administración de Pemex autorizó la venta del 60 por ciento de las acciones del complejo petroquímico de Pajaritos a la firma privada Mexichem, cuyo principal accionista es Antonio del Valle, conocido por su participación en Banco Bital y Bancrecer, según denuncia de la senadora perredista Dolores Padierna.
Como si fuera un banderazo de salida para los procesos privatizadores que tratarán de ser formalizados mediante una reforma legal en materia de energéticos, en el caso de Pajaritos se firmó un contrato
mañoso e inconstitucional, según señalamientos de la senadora Padierna que publicó ayer La Jornada Veracruz.
Y, mientras truenan las armas de fuego también en la casa del embajador de Estados Unidos en México, a causa de disparos accidentales a la hora del cambio de turno de policías federales asignados a la custodia del diplomático, con dos agentes heridos, ¡hasta mañana!
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Estrategia fallida-Hernández 
Deuda pública, ganancias privadas
La información oficial más reciente en materia de deuda pública permite ponderar un crecimiento desmedido y poco responsable de ese indicador en los últimos años: mientras al inicio de este siglo los débitos del sector público ascendían a poco más de 2 billones de pesos, al segundo trimestre de 2013 la suma se ubica en 6 billones 62 mil millones de pesos, equivalentes a 38 por ciento del producto interno bruto.
La razón de esta circunstancia es la continuidad de un paradigma en el manejo de las prioridades presupuestales y de las finanzas públicas, diseñado para favorecer a los grandes capitales y no a la población en general, lo que deriva en un déficit de recursos para mejorar las deterioradas condiciones de vida de la población.
Un ejemplo paradigmático de ese modelo es la situación de ganancias que tiene la banca privada en el país, cuya mayor parte está en manos de extranjeros, lo que contrasta con el estancamiento generalizado de la economía nacional. Significativamente, el banco BBVA dio a conocer que los ingresos de su filial mexicana ascendieron a mil 160 millones de dólares durante el primer semestre de este año, lo que representó más de 30 por ciento de las ganancias globales de la trasnacional española, las cuales, a su vez, crecieron más de 90 por ciento en el mismo periodo.
Esto obliga a recordar que desde la privatización decretada durante el salinato y el corrupto y oneroso rescate que emprendió la administración de Ernesto Zedillo, las corporaciones bancarias privadas, hoy en manos foráneas en su casi totalidad, han obtenido ganancias astronómicas –transferidas, en la mayor parte, a sus matrices en el extranjero–, no mediante la captación del ahorro y el otorgamiento de préstamos, sino medrando de los bonos del Fobaproa –financiados con deuda pública– e imponiendo sin control oficial alguno costos y condiciones leoninas tanto a ahorradores como deudores privados. Tal circunstancia ha tenido un costo funesto para el desarrollo nacional, por cuanto los sectores productivos del país –especialmente el campo y las pequeñas y medianas empresas– han vivido durante lustros sin disponer de crédito.
Cabe inferir, a la luz de los elementos de juicio referidos, que el país está en condiciones de generar riqueza a escala suficiente para financiar sus necesidades en energía, infraestructura, desarrollo económico y social sin tener que endeudarse y sin privatizar, como se pretende, los pocos filones redituables que quedan de propiedad pública. Bastaría para ello poner un freno a la economía de saqueo que practican varias entidades privadas extranjeras que operan en el país y reorientar el manejo de las finanzas por el gobierno hacia un sentido social, responsable y sostenible.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
FUENTE: LA JORNADA OPINION
El convaleciente-Rocha 
Permanencias y cambios
Soledad Loaeza
Hace unos meses, un grupo de observadores de la realidad nacional avanzó la peregrina idea de que México era un país de clase media. Este planteamiento, que tenía más de ideología que de evidencia empírica, ha sido refutado de manera contundente por el reporte de Coneval que se dio a conocer a principios de esta semana. Según este documento, en 2012 más de 61 millones de mexicanos, es decir, la mayoría de la población, vivía en condiciones de pobreza patrimonial ( La Jornada, 30 de julio). Contrariamente a lo que afirmaban los observadores, que enfatizaban la perspectiva del cambio social, los resultados de Coneval nos hablan más de rasgos permanentes, estructurales, de la sociedad mexicana, tales como la pobreza y la desigualdad, que se han mantenido en un contexto de cambio político.
Clasemedieros(Luis de la Calle y Luis Rubio,
Clasemedieros, Nexos, mayo de 2010) elaboraron su texto con base en impresiones personales, en conjeturas de débil fundamento, pero sobre todo en el deseo de celebrar el statu quo. Afirmaban, por ejemplo, que los indicadores
más evidentesde que la sociedad mexicana se convertía en una
sociedad de clase media mayoritariaeran
el aumento del tráfico en las ciudadeso
las colas en el peaje. Es cierto que también se referían a otros indicadores más apropiados, aunque discutibles en tanto que variables que caracterizan la pertenencia a la clase media, como el aumento de la proporción de mujeres en la fuerza laboral, fenómeno que habla más de crisis económica, de desempleo del marido o del padre, o de inflación y de la necesidad de que todos los miembros de la familia contribuyan al ingreso del hogar. Para apoyar su hipótesis de que México era un país de clase media, De la Calle y Rubio también se referían de manera un tanto confusa al
tipo de hospitales, las salas de cine, el turismo, las universidades, etcétera. Supongo que lo que querían decir es que algunos grupos sociales han desarrollado patrones de consumo que justifican la construcción de instalaciones modernas y de lujo. No obstante, a las que aluden son antes que nada producto de un peligroso proceso de segregación social, transcurrido en las últimas tres décadas, que ha acompañado otros dos fenómenos que de ninguna manera podemos celebrar: la concentración del ingreso y la estratificación social.
Es probable que De la Calle y Rubio vieran solamente a los sectores de la población que, como ellos, viajan en coche; y que, en cambio, no vieran a los cientos de miles de mexicanos que utilizan transporte colectivo, o que, simplemente, caminan, y como no los ven, no existen. No los ven porque sus caminos no se cruzan, y los caminos no se cruzan porque hoy en México los ricos, entre los que se incluye una buena proporción de las clases medias, han hecho un gran esfuerzo por crear espacios reservados y excluyentes que les permitan vivir sólo entre gente como ellos, la fantasía de que todos los mexicanos son –o viven– como ellos, al mismo tiempo que cierran los ojos a la pobreza que los rodea, o fijan la mirada en San Diego, California, o en Miami, antes que asomarse a la realidad de su entorno.
El reporte del Coneval obliga a hacer una reflexión seria a propósito de la política económica de los últimos 30 años, cuyo fundamento es la empeñosa preservación de los equilibrios macroeconómicos sostenidos en un principio de austeridad y de contracción del gasto público. Esta política ha tenido costos sociales muy altos, como lo prueba el documento de marras, y una tasa de crecimiento del PIB inestable y mediocre, que ha oscilado entre -6 y 4 por ciento. Sin embargo, la continuidad de la política económica se ha convertido en una sacrosanta premisa para lograr el buen gobierno, con la que se comprometieron los sucesivos gobiernos desde los años 80. Este compromiso les ha ahorrado el esfuerzo imaginativo que merecería el combate a la pobreza, que tendría que ser la prioridad del gobierno. Esta causa exige la movilización y el apoyo de la opinión, pero también el abandono de dogmas que han probado su ineficacia, porque se ha mantenido la ortodoxia económica, pero México no crece, las clases medias tampoco. Lo único que crece parece ser la desigualdad.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
La justicia del imperio-Fisgón
La justicia del imperio-Fisgón
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