Indefiniciones petroleras
Arnaldo Córdova
Enrique Peña Nieto, finalmente, pospuso el envío de su iniciativa de reforma energética, que debía haber presentado el pasado miércoles, según anunciaron él mismo y Emilio Gamboa, para esta semana. El hecho dio lugar, de inmediato, a diversas especulaciones en torno al contenido de la propia reforma y al hecho mismo de la posposición. Según declaró Peña Nieto con posterioridad, todavía debía
afinarlay ponerla a buen punto. Se dijo, entre muchas otras versiones, que los representantes de los partidos en el Pacto por México habían pedido al presidente que aplazara la presentación. También se afirmó que a Peña le faltaba poner de acuerdo a ciertos sectores priístas que no estarían en favor de que se modifique la Constitución.
La reciente enajenación que el Consejo General de Pemex hizo de 60 por ciento de los activos del complejo de Pajaritos a la empresa MexiChem, desde luego, ha estimulado el apetito petrolero de los privados y podría ser una pauta a seguir en el futuro para la apertura de la industria nacional: ceder los activos de los complejos de Pemex o, de plano, enajenar ramas enteras de la cadena productiva y distributiva. Los empresarios, en todo caso, están presionando para que se les hagan nuevas entregas y exigiendo que se limpie de obstáculos su participación en la explotación de los hidrocarburos. Curiosamente, sus presiones no tocan casi el estatus de la CFE.
De darse la apertura tal y como la desean los grandes empresarios, en el campo de la petroquímica tendremos grandes sorpresas. Alejandro Llovera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química, externó que si las modificaciones legislativas garantizan el suministro de insumos para ese sector, habría una inversión anual de 10 mil millones de dólares. “Tenemos que ser autosuficientes –dijo–, no podemos seguir dependiendo del extranjero; si se plantea una reforma energética que garantice que los privados entren en aquellos rubros donde Pemex no tiene dinero para explotar y generar, las inversiones resultantes (en la industria química) podrían ser del doble o del triple de lo que hoy son” (Reforma, Negocios, 7.VIII.2013).
Es la zanahoria que la oligarquía ofrece siempre al Estado: si se le dejan las puertas abiertas en los energéticos se detonarán las inversiones privadas y todos estaremos en jauja. Incluso el aumento de la decadente producción petrolera se hace depender de tales inversiones. David Enríquez, abogado de la firma Goodrich and Richelme, por ejemplo, afirma que para aumentar la producción en unos 14 años de 2.6 a 3.1 millones de barriles diarios se necesitan más de 30 mil millones de dólares anuales de inversión y, si se quisiera llegar a 4 o 4.5 millones de barriles diarios, se necesitarían más de 100 mil millones de dólares anuales (misma fuente).
Todo ese dinero, por supuesto, es lo que la iniciativa privada ofrece. Es su apuesta. La demanda, en contraprestación, por supuesto, es alta: no se trataría solamente de abrirse a las inversiones privadas, sino de ceder, mediante concesiones constitucionalmente legitimadas la riqueza petrolera a los empresarios interesados. Es el contenido de la iniciativa del PAN que comenté el domingo anterior. Ya no se trata de firmar simples contratos, aunque éstos sean de riesgo, para permitir a los privados el acceso a la industria. Como en la minería, se trata de entregar enteros trozos de la cadena productiva y a perpetuidad a todos los que tengan dinero para ocuparse de ellos.
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), que agrupa a empresas como Bimbo, Telmex, Exxon Mobil y British Petroleum, presentó hace días un documento intitulado México ante la revolución energética, en el que se plantea el problema. La industria se puede mejorar en todos los aspectos y se hacen votos porque la iniciativa de Peña Nieto privilegie el fortalecimiento de Pemex, permitiéndole la explotación de los yacimientos petroleros que hoy tiene y asociarse con empresas privadas, mejorar el gobierno corporativo, la regulación a que está sujeta y sanear sus finanzas (incluido el enorme pasivo laboral).
El tema de las concesiones, que implican entregar todos los rubros que sean necesarios a los privados, empero, es crucial. Andrés Rozental, co coordinador del grupo de trabajo de Energía de Comexi, es terminante:
Si no hay posibilidad de concesiones, es imposible pensar que estas empresas [las privadas] se interesenen invertir en México. Para el directivo de Comexi, de no aprobarse cambios constitucionales y nuevos modelos de contratos, tampoco habrá participación extranjera o nacional, pues se daría una controversia que les restaría certidumbre jurídica a las inversiones (Reforma, Negocios, 6.VIII.2013).
La pregunta que se impone es: antes las presiones de los privados y de la derecha en general (como lo acabamos de ver con el PAN), ¿hasta dónde llegará la iniciativa de Peña Nieto en lo tocante a las concesiones y, por consecuencia, en la reforma del artículo 27 constitucional? Muchos priístas, aunque en privado, se han manifestado abiertamente en contra de las concesiones, que implican dar en explotación y usufructo un bien, y sostienen que la iniciativa presidencial no dará pie a las mismas. Muchos otros, tal vez la mayoría, en cambio, están a rabiar porque se abran totalmente las puertas del sector energético a los privados. Peña Nieto parece decidido a introducir cambios en la actual redacción del 27, para modificar el régimen de contratos y redefinir la figura del contrato de riesgo.
Según eso, se considera que lo que hasta hoy ha habido, incluidos los contratos incentivados de 2008, han sido sólo
contratos de servicios, cuya característica es que cuando los particulares ayudan a explorar zonas petroleras y no encuentran petróleo no corren ningún riesgo y sólo el gobierno los sufre. Ahora se trataría de contratos en los que tanto los privados como el ente público comparten riesgos y beneficios. Si a ello se redujeran los cambios, como puede deducirse, serían de meras palabras, porque la realidad es que ya ese tipo de contratos, más o menos maquillados, se vienen haciendo desde antes de 2008 y la llamada reforma energética sería algo parecido a un parto de los montes.
Ni a quien creerle. Tendremos que esperar a que el presidente priísta diga la última palabra para esclarecer el misterio.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Volver al futuro-Hernández 
¿Necesitamos empresas extranjeras?
Antonio Gershenson
Vemos publicado que con la próxima apertura de Pemex sólo habría un alza marginal en la economía, y ya de por sí como estamos. Ahora, que se dice que en unos días se anunciará el camino para esta entidad petrolera, tenemos que revisar que con las petroleras internacionales, ya tenemos una declinación.
De las empresas privadas y sobre todo las trasnacionales sí hablan quienes tienen mucho dinero y altos puestos. No hablan de la baja en la producción de estas presas. No mencionan a las siete trasnacionales de Burgos que son virtualmente dueñas de todo ahí para producir gas natural... en decadencia. En cinco años ya sólo producen 83 por ciento de gas; sin embargo, el que gasta el dinero es Pemex: tenía asignado un presupuesto en 2012 de 18.7 mil millones de pesos, pero, en realidad, durante ese año gastó 25 mil millones.
Ya habíamos mencionado que Veracruz, con puro contratismo con empresas privadas, en seis años redujo su producción de gas a 55 por ciento.
Otro caso, de prácticamente puros contratos, por tres y cuatro años, el dineral y una producción ridícula, es Chicontepec. Presumían de su producción, pero en todo 2012 produjo 69 mil barriles diarios, frente a 319 mil de Litoral de Tabasco. Éste tuvo un presupuesto ejercido en ese año de 3 mil 746 millones de pesos diarios, frente a 29 mil 674 millones de pesos en Chicontepec, casi 10 veces más caro por una quinta parte de la producción.
La productividad promedio por pozo en Chicontepec es de 25 barriles de crudo diarios. En el sureste hay varios lugares en los que se han descubierto y desarrollado pozos que producen miles de barriles diarios.
Ya en este año, la producción de crudo en Chicontepec va en plena baja. De su producción en enero, 75 mil barriles diarios, cayó a 65 mil en julio, 68 por ciento de la producción del principio del mismo año.
Vamos a comparar la exploración y obtención de reservas probadas de gas natural en varios años:
2008: Litoral de Tabasco, 63 por ciento del total nacional. Burgos, 7 por ciento.
2009: Litoral de Tabasco, 55 por ciento del total nacional, Burgos, 10 por ciento.
2010: Litoral de Tabasco, 54 por ciento del total nacional, Burgos, 4 por ciento.
2011: Litoral de Tabasco, 46 por ciento del total nacional, Burgos, 11 por ciento.
Ya vimos la diferencia de costos entre los dos casos, y ahora vemos la de la obtención anual de reservas probadas de gas natural.
Entonces, querer entregar a empresas privadas los bienes de Pemex, no sólo no es productivo para el país, sino que se pierden los bienes nacionales productivos que muestran ser los mejores para México.
En otra área, las refinerías deben ser también de producción nacional, pues se crean empleos en el país, se consumen materias primas nacionales, etcétera.
Los hechos, aunque se ha hablado de entregarlas a empresas trasnacionales –lo que también es negativo–, han sido que cuando la derecha se impone no se construye ninguna refinería. Desde que llegaron al poder los derechistas, en 1982, así ha sido, y sólo se ha hablado de refinerías por los gobernantes. Se perdieron 40 años.
El presidente elogió el petróleo en Brasil. Pero allí hay cinco refinerías en construcción que lleva a cabo la empresa pública Petrobras. Las palabras se las lleva el viento.
Sí, debemos impulsar la construcción de refinerías por Pemex. Es elemental, pues importaríamos menos gasolinas y otros combustibles; sería más barata y habría más empleos no sólo en la construcción, sino por todos los componentes que se puedan producir o armar aquí.
Esto complementa más lo que necesita el país. Y debe ser tomado en cuenta para fijar el programa de energía.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
La voz y la memoria: el 68 a 45 años
Rolando Cordera Campos
Este julio se cumplieron 45 años del despertar estudiantil del 68: un festivo amanecer a la ciudadanía moderna que es propia del reclamo democrático, que la miopía irracional del poder quiso cortar de cuajo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El desenlace fue terrible y sangriento y marcó a esa y las siguientes generaciones de mexicanos que en aquel año vislumbraron la posibilidad de la libertad y su traducción en una democracia propiamente dicha, cuya posposición sin fecha de término parecía haberse convertido en misión histórica para una clase dirigente sin visión ni sensibilidad histórica.
Con todo y lo traumático que fue el fin del movimiento, así como su difícil secuela, hoy resulta absurdo negar o tratar de minimizar los efectos múltiples y multiplicadores derivados de esas intensas jornadas, tanto en el juego político nacional como en el tejido sociocultural que definen el presente mexicano. A la vista de lo acaecido desde entonces, resulta pueril intentar soslayar la naturaleza política transformadora del movimiento, acudiendo al argumento simplista de que la despolitización inicial de los estudiantes y de la sociedad mexicana en su conjunto no podía sino dar lugar a un festival, cuando a no a una
alharaca sin importancia, como propuso groseramente el presidente Díaz Ordaz.
Entre otras riquezas del movimiento puede ubicarse el hecho de que se trató de una movilización colectiva en la cual, por primera vez en un México cada vez más moderno y urbano, se dieron cita no sólo los jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior, sino varias generaciones de mexicanos, de profesionistas, comerciantes, amas de casa o empleados públicos. Fue al calor de la protesta desatada por el movimiento estudiantil que estas capas empezaron a descubrir la calle como espacio creativo, no sólo para las diferentes expresiones ideológicas o políticas, sino para las más variadas convergencias de grupos y personas identificados por el reclamo de libertad política, ante un sistema que cada vez era menos capaz de prestar oído a las necesidades de expresión de amplias capas sociales.
El movimiento, entonces, tuvo la enorme significación de volverse, sin previo aviso, un gran foro de expresión de una conciencia social que, si bien incipiente, reclamaba derechos cívicos, rechazaba al autoritarismo, la corrupción y la impunidad, aspectos que solían darse por inconmovibles en la vida pública mexicana; exigencias que tenían un indudable carácter político, pero pronto lo trascendieron para conformar un severo reclamo ético. Estas llamadas fueron respondidas con métodos y medios, retórica y coacción, sin límite, que conformaron la imagen cruda del poder en México: un sistema autoritario de cuerpo entero y sin mediaciones; sin capacidades ni disposición ni mecanismos para encauzar los conflictos por ámbitos institucionales. Al descubrirse desnudo, a este poder no le quedó más camino que el ridículo de ver en ese despertar cívico la puesta en acto de una conjura internacional.
Así, desde esta perspectiva envenenada, era claro para el presidente y su gobierno que no se podía conceder lo reclamado, ni abrirse a un diálogo renovador como el planteado en el fondo por los estudiantes y muchos de sus profesores. Hacerlo, significaba poner en peligro todo el edificio del mando único y la inclusión social administrada y siempre subordinada a dicho mando, en que se había convertido el régimen de la Revolución después de décadas de alejamiento de sus bases sociales y de corrosión de sus principios e ideales. Al insistir hoy en esta circunstancia, puede resaltarse algo que desafortunadamente no ha desaparecido de las coordenadas de nuestro intercambio político: el alto contraste y la escisión que se impone abruptamente entre la visión del gobernante y su grupo, alimentada por las especulaciones más diversas y disparadas y la convicción democrática y legal que alimentaba las decisiones, así como las acciones del movimiento y su dirigencia. Balbuceante y hasta torpe, si así quiere verse, la gramática política que emergía, sin sofisticación alguna, sin tradición cercana de la que echar mano, era la de una ciudadanía que veía en las libertades democráticas la simiente de su identidad. Su conjugación llevaba y llevaría, con los años, a descubrir el lenguaje de los derechos humanos que hoy articula lo fundamental del discurso político democrático.
Dos de octubre no se olvidaporque, simplemente, no podemos olvidarlo; pero su recuerdo tiene que inscribirse en una historia pasada y del presente larga y compleja, agresiva y poco generosa. Hacer de este recuerdo el punto de partida de una reflexión comprometida con la razón histórica, a la vez que con un reclamo político por una democratización intensa y extensa del Estado y la sociedad, obliga a volver los ojos a la nación en su conjunto, su historia y formación económica y social. Es en este sentido que la del 68, más allá de memoria es historia presente y debe ser una lección de futuro que nos obliga a una permanente recuperación teórica y crítica, ética.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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