Astillero- Los nuevos héroes (chingao)- Dignidad- Zedillo: ¿inmunidad o impunidad?

Astillero

Los nuevos héroes (chingao)

El Chapo del Sur

EPN: casi ileso

Estela inflada

Julio Hernández López

EN SAN LÁZARO. Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, que encabeza el petista Porfirio Muñoz Ledo, en reunión de trabajo con embajadores de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, presidida por Ramón Xilotl Ramírez

Foto José Antonio López

Bipolaridades galopantes: el mundo de la farándula (tanto la telenovelera como la política) se estremecía con morbo al leer la carta de atropelladas y volátiles reflexiones de temporada que puso a circular en Internet la actriz Kate del Castillo, tan posesionada del papel de la Reina del Sur que ahora dice creer más en El Chapo Guzmán que en los gobiernos (aunque ella y su padre, Eric, apoyaron a Felipe Calderón como candidato y luego ejecutor del poder), a tal grado que lanzó una trastocada exhortación al jefe del máximo cártel mexicano para que se dedique ahora a traficar con el bien y, convertido en una suerte de presidente de la República del Cómic, acabe siendo el héroe de una narcopelícula arrepentida. En otro extremo de las fabulaciones entusiastas, una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos insistía ayer en considerar al mismo presunto salvador patrio, el mencionado Chapo, como un ente malévolo digno de exterminio. Según el funcionario Adam J. Szubin, el ciudadano Guzmán Loera es el narcotraficante más poderoso del mundo, por lo cual la potencia mundial en funciones de gendarme se siente convocada a desmantelar el imperio criminal del egresado de la Universidad de Puente Grande, Jalisco.

Otro héroe de la película (chingao) se hacía acompañar ayer en Puebla por un personaje que a los ojos de muchísimos resulta siniestro, pero para el priísmo encopetado es una delicia: Quique Galán recibía apoyo de sus correligionarios con Mario Marín, el famoso ex gobernador represivo, a unos pasos, orgullosos los priístas de formar tan bonita familia. El Precandidato Precioso tendría más tarde una nueva demostración de la manera en que los asuntos públicos pueden transcurrir en México a través de dos mundos (tal vez con dos lunas, como en 1Q84, de Murakami): una cosa es lo que mucha gente piensa y dice y otra lo que las presuntas encuestas de opinión fabrican para imponer percepciones al gusto del cliente.

Medio México se enteró y pitorreó de las dolidas andanzas del caballero de la triste lectura, el licenciado Peña Nieto (la otra mitad no supo nada del asunto porque no tiene acceso a los medios de comunicación ni interés en los asuntos políticos), y así creció desmesuradamente la convicción de que el ex gobernador del estado de México no tiene cualidades ni formación para presidir al país, pero las sastrerías demoscópicas han hecho saber que nada grave sucedió y que el priísta que no sabía hace poco, en una rueda de prensa, si era precandidato o no, apenas ha bajado unos pocos puntos en la medición de presuntas opiniones públicas. Poco faltó para que las casas encuestadoras se atrevieran a decir que, en realidad, la ignorancia y la frivolidad vueltas crisis habían ayudado a la popularidad positiva del rey del apuntador electrónico.

Habitante también de dos universos (en turno, el de los amores por decreto y la unidad provisional como obsesión), la izquierda electoral ha sido relegada a un tercer lugar por la mitología constitutiva del parque argumental de los cañoneros electrónicos empecinados en defender al facturante Peña Nieto por sobre todas las cosas. Tal como sucedió en 2006, aquella vez en favor del subrogado Calderón, las encuestas de opinión significan un instrumento fundamental para construir escenarios casi científicos, a partir de cuyos resultados los locutores y articulistas confabulados van creando las condiciones para el increíble triunfo de sus predestinados. Las encuestas de opinión se han convertido en la Biblia del circuito de políticos, empresarios y periodistas que a partir de los números arreglados desplazan la realidad política para someterla a la virtualidad a conveniencia.

Nada garantiza la autenticidad de los números que manejan las casas encuestadoras y, sin embargo, a esos datos se les da intencionalmente una condición de verdad revelada y con ellos a la vista se tejen historias de avances y retrocesos, combinaciones posibles, desenlaces previsibles y fijación mendaz de tendencias en vías de triunfo que ya se encargarán de confirmar las cavernarias urnas. Lo peor, para la izquierda electoral, es que ha convalidado tales encuestas al utilizarlas para justificar el arreglo de la candidatura presidencial y se prepara para tratar de repetir la treta en el caso de la postulación al gobierno capitalino.

En los polos de la fantasía se colocan las aventuras calderónicas del mundillo de la Estela de Luz (o, con más propiedad técnica, de pus). El diputado verde-beltronista Pablo Escudero, quien preside la Comisión de la Función Pública, dio a conocer ayer el dictamen elaborado por el Colegio Mexicano de Ingenieros que no solamente precisa las múltiples irregularidades de la obra emblemática del sexenio en curso sino, además, puntualiza que el costo de la obra con tufo a corrupción acendrada debería ser, ya con las modificaciones hechas luego de la presupuestación original, menor a la mitad de lo que oficialmente acabó siendo cobrado.

Astillas

Un joven músico, cuyo nombre y datos de referencia se reserva esta columna, relata que el pasado 19 de diciembre fue emitida una convocatoria para obtener un lugar en la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional y tocar en el concierto inaugural de la Estela de Luz el primero de enero del presente año, recibiendo a cambio un bono de 5 mil pesos por los ensayos y el concierto. Posteriormente se avisó que se posponía para el 6 de enero. Pero el 2 de enero avisaron que siempre no, que la convocatoria estaba abierta para todo joven que quisiera participar en el concierto... pero gratis, ya no recibirían el bono de 5 mil pesos. ¿Qué pasó con todo ese dinero que estaba destinado a los jóvenes? Aproximadamente iban a ser 200 músicos, a 5 mil por cada uno... Zacatecas: primero el saqueo de las García y ahora el despilfarro del priísta-monrealista Miguel Alonso Reyes, ¡hasta mañana, con otro caso videograbado de clasismo violento en el Distrito Federal (Miguel Sacal Smeke es el nombre del abominable ser de las torres Altus)!

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Legados panistas-Rocha

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Dignidad

Claudio Lomnitz*

Hoy, con tanto indignado, vale la pena esbozar una genealogía del concepto de dignidad. El asunto abre una ventana al trabajo que tienen las izquierdas por delante, si quieren conseguir una fórmula de unidad que vaya más allá de una breve coyuntura, o de arreglos de cúpula.

La palabra dignidad deriva del latín dignus, que significa merecedor. Tener dignidad es ser merecedor de algún reconocimiento. Por eso, en el medievo, la dignidad se refería por igual a una cualidad noble que a los atributos que representaban un cargo. Todavía hoy, la palabra dignatario se refiere a una persona que ocupa un cargo y que cuida de su dignidad. Así, la dignidad no es tan sólo un sentimiento privado, sino también un atributo visible y público de los cargos honrosos. Si se profana ese aspecto externo de la dignidad, el sujeto ofendido puede exigir su restitución. Es el origen del duelo de honor, que combina la competencia de los juegos grecorromanos con la lucha por la reintegración de la dignidad mancillada.
En casos donde quedaba ofendida la dignidad de una persona débil –una mujer, por ejemplo, o un viejo– o ausente, la parte ofendida podía ser representada por un sustituto o campeón, que podía igualmente restituir la dignidad de la parte ofendida. Más adelante, la ley se erigiría en la campeona de la dignidad del débil.
Importa entender a todas éstas, que antes de la modernidad la dignidad no era un atributo general, sino sólo de algunos, de los merecedores, de los nobles. Por eso el vocablo villano pasa de referirse a los plebeyos a representar a todo el que carece, justamente, de dignidad y, por tanto, de empatía, sutileza y bondad. (El buey suelto, bien se lame, contestó el villano vil / tengo el ganado en la sierra, y a mi ganadico quiero ir.)
El honor femenino, preservado en la virginidad de la doncella, también tenía sus dignidades que lo hacían público: el velo era tan parte de la dignidad de la doncella como la casulla lo era de la misa y del cura que la oficiaba. El desarrollo de una cultura del honor, y su popularización a punta de espada, fomentó que la dignidad pudiera quedar plasmada en cosas igual de frágiles que un velo, como la pluma blanca del sombrero de Cyrano de Bergerac, o el ¿qué me ves? de un villista beodo.
No es hasta la Revolución Francesa cuando se extiende la dignidad al género humano todo. Los derechos del hombre y del ciudadano fue una fórmula que significaba que todo humano era digno de reconocimientos simple y llanamente por serlo. Y desde entonces se abrió un horizonte de lucha por ampliar derechos, prerrogativas y dignidades. En el siglo XIX, la lucha contra la esclavitud y por los derechos de la mujer fue la punta de lanza de este gran esfuerzo por ampliar la dignidad.

En el XX, se sumaron la lucha contra del racismo, contra la discriminación sexual y contra la discriminación al migrante, entre otras.

Pero aquí vale la pena reflexionar en dos cosas. Primero, importa distinguir entre el reclamo de dignidad de quienes no la han tenido y el reclamo del indignado. La revuelta zapatista en Chiapas, por ejemplo, fue un reclamo de dignidad para indígenas y campesinos, o sea un reclamo de ampliación radical del reconocimiento ciudadano. Fue un reclamo de extensión de derechos, de autonomía y de autogobierno.

La indignación de los indignados de hoy es otra cosa: una expresión herida de gente que tenía ya sus dignidades, ante expectativas violadas e incumplidas. Por eso la indignación no tiene en sí misma signo político, mientras la demanda de dignidad de quienes no la han tenido sí que lo tiene. La exigencia de dignidad para las mujeres, los indios, los negros, las minorías religiosas o los migrantes indocumentados será siempre una demanda progresista, mientras la demanda de restitución de una dignidad ofendida puede ser cualquier cosa. Igual de indignados están los anarquistas de la Plaza del Sol que los miembros de Tea Party en Iowa. De hecho, la restitución de la dignidad es un reclamo políticamente delicado, que igual aprovecha un gobierno autoritario que se erige en gran dignificador, que una democracia social, que busca la verdadera ampliación de derechos.

Finalmente, esta breve arqueología también recuerda que la dignidad no es sólo un atributo del individuo, sino, y muy principalmente, de ley y de los cargos de quienes la sustentan. Desde el cargo público se defiende la dignidad del débil. Mientras no haya dignidad para el cargo, es difícil que la haya para los débiles. Por eso nuestros diputados, gobernadores y síndicos deben cuidarse de no hablar como verduleras.

* Antropólogo, profesor de la Universidad Columbia. Autor de Idea de la muerte. Publicó junto a Friedrich Katz El Porfiriato y la Revolución en la historia de México; una conversación. Colaborará catorcenalmente.

Hoy por ti-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Zedillo: ¿inmunidad o impunidad?

Se dio a conocer ayer que desde noviembre pasado el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos que otorgue inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo, quien un mes antes había sido demandado por algunos familiares de víctimas de la matanza de Acteal, Chiapas, perpetrada en 1997 por un grupo paramilitar, y en la que 45 indígenas tzotziles –un tercio de ellos, niños– fueron asesinados. El pasado viernes, el propio ex mandatario reclamó inmunidad a la corte federal en Hartford, Connecticut, ante la cual fue presentada la denuncia.

Por principio de cuentas, no sería prudente soslayar los aspectos oscuros del recurso por el cual se busca responsabilizar legalmente a Zedillo –su responsabilidad política y moral es ya un dato histórico– por la masacre de Acteal. Como señaló en entrevista con este diario (La Jornada, 9/1/2012) el obispo Raúl Vera, quien en los años de la tragedia se desempeñaba como coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y conoció de cerca, por ello, las circunstancias de la matanza, la demanda no fue interpuesta por la mesa directiva de Las Abejas –organización a la que pertenecían las víctimas–, sino sólo por un grupo de 10 personas. El religioso agregó que el hecho de que se trate de una denuncia civil, no penal, hace pensar a otro sector de los sobrevivientes que se está negociando con la sangre de nuestros muertos, toda vez que no se pretende castigar presuntas culpabilidades, sino obtener una compensación económica. Tales elementos hacen sospechar al obispo de Saltillo que la acción judicial contra Zedillo sería producto de un enjuague entre ex presidentes dentro del Partido Revolucionario Institucional, en el contexto de una disputa por posiciones ante las próximas elecciones federales.
Sin desconocer tales circunstancias, debe decirse que hasta ahora no se ha hecho justicia plena por los sucesos de Acteal. En los días y meses posteriores a la matanza, un centenar de personas fueron inicialmente encarceladas por su participación material en los hechos, entre ellas ocho oficiales de seguridad pública que fueron puestos en libertad tres años más tarde. Luego, en agosto de 2009, en una decisión polémica e impugnada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de otros 20 sentenciados.
Sin embargo, ninguno de los políticos en altos cargos, responsables de garantizar la vida de los pobladores de Acteal, fue sometido a proceso: ni Zedillo, ni su entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; ni Julio César Ruiz Ferro, a la sazón gobernador de Chiapas; ni sus secretario y subsecretario de Gobierno, Homero Tovilla y Uriel Jarquín, ni el ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar –a quien se señala por haber encubierto responsabilidades y fabricado pruebas–, ni los mandos militares a cargo de la zona.

El crimen en el poblado tzotzil, cabe recordar, ocurrió en un contexto marcado por la promoción de grupos paramilitares antizapatistas hecho por el gobierno federal, y por la traición de Zedillo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, toda vez que desconoció los acuerdos de paz signados en San Andrés Larráinzar en febrero de 1996 y saboteó la iniciativa de reformas constitucionales elaborada, sobre la base de los acuerdos mencionados, por la comisión legislativa.

Con todo y los vicios de origen que pudiera tener, la demanda presentada en Hartford contra Zedillo podría despejar las dudas y ratificar o desechar los señalamientos por crímenes de lesa humanidad que desde 1997 persiguen al ex mandatario y a varios de sus colaboradores. El empecinamiento del propio Zedillo por evitar, con un alegato de presunta inmunidad, el proceso correspondiente, refuerza las sospechas de su participación en la matanza.

A más de 14 años de la atrocidad, las presuntas responsabilidades penales de los ex funcionarios referidos y de otros siguen sin ser aclaradas, y a la fecha no hay en México las condiciones para tal esclarecimiento: el pacto implícito de impunidades y complicidades que recorre los sexenios –sin importar que se trate de gobiernos priístas o panistas– ha impedido la impartición de justicia en casos tan añejos como la masacre del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia emprendida por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (1970-1982) y los centenares de asesinatos políticos perpetrados durante el régimen de Carlos Salinas (1988-1994).

La administración calderonista hace un triste y lamentable papel con su petición a las autoridades judiciales de Estados Unidos de que reconozcan una inmunidad presidencial a todas luces improcedente –pues terminó, en todo caso, el 30 de noviembre de 2000– y comprueba, con ello, su pertenencia a ese vergonzoso acuerdo histórico de impunidad.