Cinco organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron el cese del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río, a quien responsabilizan del violento desalojo de 250 desplazados guatemaltecos en el ejido tabasqueño de Nuevo Progreso. Demandaron que los 71 detenidos no sean repatriados, porque no hay garantías para ellos en su país. En la imagen, un centroamericano indocumentado espera en el techo de la llamada Bestia, en la estación de ferrocarril de Arriaga, Chiapas, la partida hacia la frontera con Estados Unidos.
Foto.Reuters
El gobierno federal no debe deportar a 71 detenidos;
en su país no hay garantías, dicen
Piden ONG destituir al comisionado del INM por el
violento desalojode guatemaltecos
Unos 150 desplazados regresan al campamento en el ejido tabasqueño de Nuevo Progreso
René A. López, Elio Henríquez y Fernando Camacho
Corresponsales y reportero
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 33
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 33
Al menos cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos en Tabasco y Chiapas, exigieron la destitución del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, en Tabasco, a quien responsabilizan del
violento desalojo de cerca de 250 desplazados guatemaltecos, ocurrido la madrugada del pasado lunes.
También demandaron no deportar a los 71 guatemaltecos que “fueron detenidos en el operativo que montó el gobierno mexicano, pues no hay garantías para ellos en su país”, afirmó Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).
El activista afirmó que “el gobierno federal miente, pues el operativo policiaco no fue pacífico, los desplazados fueron desalojados con violencia, y sólo pudieron detener a 71 porque el resto logró huir a las montañas del lado guatemalteco”.
Agregó que este martes aproximadamente 150 desplazados ya regresaron al lugar donde se encontraba el campamento en el ejido tabasqueño de Nuevo Progreso, “que fue desmantelado durante el operativo realizado por la Policía Federal y agentes de Migración, porque no pueden estar en su natal Guatemala, donde son perseguidos por militares y la policía del país centroamericano” al ser acusados de ocupar tierras de una reserva ecológica.
Explicó que los guatemaltecos que lograron escapar “ya regresaron al campamento, donde son auxiliados por fray Tomás González –director del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta–, y otras organizaciones. quien anunció que,
si es necesario, nos vamos a colocar como escudos humanos para impedir que sean de nuevo desalojados, pues los agentes de Migración y la Policía Federal amenazaron con regresar.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, Equipo Indignación Yucatán, Movimiento Migrante Mesoamericano, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Centro de Derechos Humanos Usumacinta, demandan de las autoridades mexicanas,
abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se hallaban en la franja fronteriza, pues refieren que
se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.
Las ONG pidieron “iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que ocurrió el operativo, pues actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias”.
A su vez, integrantes de la Caminata para la Defensa y Dignidad de los Migrantes, que concluyeron su recorrido en Arriaga, Chiapas, solicitaron a la Organización de Naciones Unidas su intervención para que detenga la repatriación de los guatemaltecos.
Niños, la mitad de la población en esa situación, reporta el organismo
Los más necesitados no son los que reciben los mayores apoyos
Gran dispersiónen programas sociales, señala el consejo nacional
Roberto González Amador y Angélica Enciso
Las consecuencias serán más duraderas que en otros países por la afectación entre niños
En fechas recientes volvió a subir la pobreza en México: OCDE
El gasto público para necesidades sociales es escaso y no llega a los más necesitados, afirma
Advierte sobre el incremento de la precariedad entre las personas de la tercera edad
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, y el secretario de Economía, Bruno Ferrari, ayer en la conferencia anual sobre mejora regulatoria, donde se informó que la carga regulatoria que existe en México tiene un costo para la economía equivalente a 4.8 por ciento del producto interno brutoFoto Guillermo Sologuren
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 28
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 28
La reducción de la pobreza en México se revirtió en los últimos años, con consecuencias que afectarán el futuro del país. Los niños constituyen casi la mitad de los 52 millones de mexicanos pobres, dato que
indica que la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países, sostuvo un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El gasto público destinado a atender necesidades sociales en México es una tercera parte del gasto promedio entre los países que pertenecen a ese organismo, indicó el informe Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio.
Además de escaso, respecto al promedio de las naciones de la OCDE, el gasto público para atender necesidades sociales no se distribuye mayoritariamente entre las personas con más necesidad de recibirlo para atender carencias. El reporte apuntó que el 20 por ciento de los más pobres apenas recibe 10 por ciento de las transferencias canalizadas a la reducción de la pobreza.
El informe expuso que en México se han impulsado iniciativas
interesantespara aliviar la pobreza. Cita el programa Oportunidades, que con distintos nombres y algunas variaciones y mejoras se ha mantenido por 15 años, desde que fue puesto en práctica con el nombre de Progresa en el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo. La OCDE mencionó que Oportunidades, mediante el cual se realizan transferencias de efectivo a familias, a cambio de que los niños sean llevados a la escuela y a revisiones médicas, ha contribuido a aumentar las tasas de escolarización y facilitado la transición entre la educación primaria y secundaria. A la vez, ha reducido la mortalidad materna y mejorado la salud infantil, abundó.
Sin embargo, apuntó, la reducción de la desigualdad y la pobreza sigue planteando
grandes desafíos. El documento definió que
a pesar de los notables avances realizados, aún persisten retos importantes que deben ser enfrentados con miras a reducir la pobreza y la desigualdad en México. Uno de ellos tiene que ver con el gasto público destinado a atender necesidades sociales.
De 1985 a la fecha, el gasto público para atender necesidades sociales pasó de representar menos de 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) a 7.2 por ciento. Aun con el incremento, el porcentaje de gasto público destinado en México al renglón social
apenas representa un poco más de la tercera parte del gasto porcentual promedio que realizan los demás países de la OCDE.
El organismo mencionó en el documento que, si bien la pobreza había venido disminuyendo a lo largo de los últimos decenios,
en fechas recientes ha vuelto a aumentar.
Según cifras oficiales, 52 millones de personas vivían en condición de pobreza en 2010.
El alto nivel de pobreza absoluta se refleja también en otros indicadores relativos a las condiciones de vida: por ejemplo, la mortalidad infantil, que en México es tres veces superior al promedio de la OCDE, y la tasa de analfabetismo, que supera a la media del conjunto de la organización, abundó el infome.
Agregó:
La población mexicana es relativamente joven. Por lo mismo, los niños constituyen casi la mitad de los pobres. Este dato indica que en México la pobreza podría tener consecuencias más duraderas que en otros países de la OCDE. Al mismo tiempo, el problema de la pobreza en la tercera edad es una cuestión apremiante, dado que afecta a 30 por ciento de las personas de 75 años en adelante, es decir, 1.5 veces superior a la del conjunto de la población. Tomando en cuenta el envejecimiento de la sociedad, se corre el riesgo de que la proporción de ancianos pobres aumente aún más en el futuro.
El organismo recomendó que se incrementen las transferencias de recursos públicos a familias pobres para reducir la pobreza de manera significativa.
Las transferencias sociales en efectivo sólo representan alrededor de 8 por ciento del ingreso familiar disponible y la mitad de esas prestaciones benefician a quienes están situados en el segmento superior de la escala de distribución, de acuerdo con el informe, que asegura que 20 por ciento de la población más pobre sólo recibe 10 por ciento de los fondos públicos canalizados a través de estos programas.
Privatizar tierras agrícolas
En el informe, la OCDE dedicó un capítulo a la agricultura, en el que mencionó que en México ese sector emplea a 13 por ciento de la población económicamente activa (actualmente de 49 millones de personas) y genera 3.8 por ciento del producto interno bruto.
Además de una estructura productiva conformada por unidades agropecuarias muy pequeñas, más de la mitad del territorio mexicano se administra mediante algún tipo de propiedad social, como ejidos o comunidades agrarias. Abundó que las reformas al sistema de tierras comunales impuesto en 1992 (durante el gobierno del ex presidente Salinas) redujeron restricciones que
pesaban sobre la transmisión de la tierra con la intención de mejorar la flexibilidad de la producción agropecuaria y de fomentar la inversión. Sin embargo, en la práctica el impacto ha sido limitado.
El estudio no lo menciona, pero la reforma a la propiedad de la tierra agrícola en el gobierno del expresidente Salinas, que implicó la modificación de la Constitución, generó amplio rechazo de agrupaciones campesinas y de pequeños productores. Algunos analistas ubican esta reforma como una, entre varias, de las causas que detonaron el alzamiento zapatista en enero de 1994.
El sistema comunal de tierras pretende, abundó el reporte, satisfacer ciertas necesidades sociales en ausencia de redes de seguridad social más amplias como las que existen en la mayoría de países de la OCDE.
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