CONTRALINEA- 10 años de periodismo- El caso Cassez y la Suprema Corte

10 años de periodismo

Autor: Contralínea	Sección: Editorial

El primer número de Contralínea vio la luz el 10 de abril de 2002. El entonces mensuario –largamente soñado y planeado por un grupo de periodistas que buscaba romper con la censura– apareció por vez primera en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, un revolucionario de origen humilde que no traicionó ni claudicó, y cuyas aspiraciones, si bien inconclusas con su asesinato, se mantienen vigentes en las luchas cotidianas de los campesinos e indígenas, de estudiantes y obreros, profesionistas y amas de casa, pequeños comerciantes y sociedad mexicana en general: reforma, libertad, justicia y ley.

Estas páginas han buscado reflejar esas aspiraciones y con firmeza continuar la tradición de un periodismo libertario y de denuncia, iniciada en México con el periódico insurgente El Despertador Americano –fundado por Severo Maldonado, a instancias de Miguel Hidalgo en plena lucha por la Independencia de México– y consolidada por los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración en las vísperas de la avalancha social armada que sería la Revolución Mexicana.

Durante estos 10 años Contralínea ha rechazado convertirse en parte del “cuarto poder”, que ocupan con gusto los consorcios mediáticos y sus voceros. Por el contrario, se ha esmerado en ser un contrapoder que vuelva la mirada hacia abajo para documentar las luchas de emancipación de los pueblos, denunciar las violaciones a los derechos humanos y difundir la cultura y las demandas de los sectores más vulnerables, los invisibles del statu quo.

También ha vuelto la mirada hacia arriba para documentar la impunidad, la injusticia, la corrupción, el abuso de poder, el tráfico de influencias, el peculado, la malversación de fondos, los fraudes y el nepotismo. La mirada hacia arriba, para investigar a quienes –desde el espectro político que va de la izquierda a la derecha– ejercen poder y son responsables del uso de recursos públicos. En suma, Contralínea se ha esmerado en mantenerse, con un trabajo profundo y serio, como un medio incómodo.

En esta tarea, Contralínea no ha caminado sola, lo ha hecho con la sociedad. Otros medios de comunicación y periodistas críticos e independientes también mantienen esos principios y con su trabajo diario construyen una sociedad más democrática, justa y libre.

Estos primeros 10 años de Contralínea han coincidido con las primeras dos administraciones federales emanadas del Partido Acción Nacional. El autoritarismo y la censura, que para muchos eran características privativas de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, no sólo no se fueron: en algunos casos se profundizaron. A lo largo del sexenio de Vicente Fox y en lo que va del de Felipe Calderón, 88 periodistas han sido asesinados y 16 desaparecidos; se renueva el “no pago para que me pegues” priísta y se excluyen de las pautas publicitarias a los medios críticos; se judicializa la libertad de expresión, y se garantiza la impunidad de quienes agreden a la prensa.

Junto con muchos otros medios y periodistas de las 32 entidades de la República Mexicana, Contralínea ha padecido una de las etapas más aciagas para las libertades de expresión y de prensa de los últimos años. Pero también ha participado de una alegre efervescencia social por la información veraz e independiente.

Contralínea nació como una revista mensual impresa. Con la convicción y el esfuerzo del equipo que la hace posible y con la solidaridad de sus lectores, se convirtió en publicación quincenal y, después, semanal. A 10 años, Contralínea es hoy también un periódico de distribución gratuita y una página electrónica con sus ramificaciones en redes sociales. También cuenta con siete ediciones estatales. Refrendamos nuestra razón de ser, establecida desde el primer número: hacer periodismo comprometido con la sociedad, la verdad y la independencia. Gracias, lector, por caminar juntos.

Fuente: Revista Contralínea 278 / 01 abril de 2012

El caso Cassez y la Suprema Corte

Autor: Sergio Méndez

Sección: Opinión

Siempre he sostenido públicamente que creo en la inocencia de Florence Cassez. Soy un convencido de que la ciudadana francesa es víctima de una terrible injusticia generada por los abusos intolerables de las autoridades mexicanas. Creo también que es víctima de un linchamiento público provocado por el gobierno del presidente Felipe Calderón y sus aliados del Movimiento Blanco. Me parece muy desalentador que buena parte de la sociedad mexicana no aprecie, en su enorme gravedad, los efectos perniciosos de las conductas ilegales de la policía y de los agentes del Ministerio Público. Pienso que nadie está seguro en México; cualquiera, en cualquier momento, puede ser víctima de los abusos de las autoridades. Me parece incomprensible que un sector de la población de mi país clame sólo por venganza y deje de lado la justicia, valor que parece inalcanzable.

En el caso de Cassez está en juego el futuro de nuestras libertades. El asunto es tan paradigmático por sus implicaciones políticas y sociales que Calderón se atrevió a confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una actitud que fue muy criticada por la opinión pública.

Lo único bueno en este terrible escenario fue la actuación de la Corte. Demostró una enorme solidez, integridad e independencia, en un caso tan complejo y plagado de aristas; logró mantener el equilibrio. No niego que me habría encantado que la Primera Sala aprobara el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que proponía otorgar el amparo y la libertad a Cassez. El proyecto fue valiente, generoso y pulcro jurídicamente. Sin embargo, en los asuntos legales nadie tiene la verdad absoluta. Es importante también reconocer que, tanto en el disenso como en el acuerdo, los ministros y la ministra de la Primera Sala mostraron contundencia y coherencia argumentativa, así como la independencia de sus criterios, también valientes.

Las posturas de quienes integran la Primera Sala de la Corte se fueron de un extremo a otro, pasando por el centro, y es allí en donde, al parecer, el tribunal constitucional se quedará para resolver el caso de Cassez. De la libertad propuesta por Zaldívar en el proyecto que fue desechado a la improcedencia del recurso, como lo sostuvo el ministro Guillermo Ortiz, la postura intermedia es la del ministro José Ramón Cossío, que propuso otorgar el amparo, pero no para el efecto de liberar a Cassez, sino para anular algunas pruebas vinculadas a las violaciones procesales cometidas en su contra.

Cossío dejó claro que otro resultado (seguramente más benéfico para Cassez) se habría presentado si la Corte hubiera conocido del caso mediante el ejercicio de la facultad de atracción y no mediante la revisión del amparo directo; en la primera (la atracción), el máximo tribunal se hubiera podido pronunciar con libertad respecto de todo el proceso: en cambio, en la segunda (la revisión), la Corte sólo lo podía hacer respecto de ciertos temas de constitucionalidad que no le permiten conocer de todo el juicio, sino únicamente algunas de sus partes. Es por ello que Cossío señaló que la naturaleza limitada del recurso impedía otorgar el amparo liso y llano a la ciudadana francesa, lo que hubiera implicado su liberación.

Si bien no dejo de simpatizar con el proyecto de Zaldívar, la postura de Cossío también abre la posibilidad de que Cassez sea liberada, no ya por la Suprema Corte, sino por un tribunal inferior. Creo que, por las posturas que adoptaron los ministros y la ministra de la Primera Sala –particularmente los tres que están a favor de otorgar el amparo–, el nuevo proyecto de sentencia, que será elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, deberá conciliar las posturas de Zaldívar y Cossío, que no me parecen esencialmente contradictorias. La propia ministra ponente expuso en su intervención, en la sesión de la Primera Sala del 21 de marzo pasado, su apoyo al proyecto de Zaldívar, que finalmente fue desechado.

Es indispensable, por el bien de la justicia en México, que Zaldívar, Cossío y Sánchez Cordero sean flexibles para incorporar las opiniones de los tres al nuevo proyecto, pues de no alcanzarse la votación necesaria para otorgar el amparo en esta nueva ocasión, el asunto seguramente sería turnado al pleno de la Suprema Corte; si esto último pasa, será muy difícil que Cassez obtenga la libertad. Es probable que el resto de los ministros (que integran el Pleno) tengan criterios menos flexibles tanto para admitir el recurso como para otorgar el amparo.

El proyecto de Zaldívar propuso que los temas constitucionales a tratar en el recurso fueran: 1) el principio de buena fe ministerial; 2) la interpretación de “sin demora” en la puesta a disposición ante el Ministerio Público; 3) la asistencia consular; 4) el “acceso a la justicia” y la “equidad procesal”; y 5) la presunción de inocencia. Cossío indicó que los temas netamente constitucionales sólo son los puntos 2 y 3. Sobre los efectos, el proyecto de Zaldívar propuso la libertad inmediata; en cambio, Cossío manifestó que los efectos sólo podían ser 1) la eliminación de las declaraciones de las víctimas en las que identifican a Cassez como consecuencia de las transmisiones en los noticieros, y 2) la eliminación de la primera declaración ministerial de Cassez. Entre estas dos posturas habrá que conciliar para que el caso se resuelva favorablemente.

Si se genera un proyecto intermedio, quizá lo que ocurra es que la Corte otorgue el amparo para efectos y le ordene directamente al tribunal de apelación que dicte una nueva sentencia, al considerar las definiciones constitucionales y dejando fuera las declaraciones de las víctimas. Así, el tribunal de apelación podría liberar a Cassez, condenarla o bien ordenar la reposición del procedimiento. El camino aún es largo para Florence.

*Abogado defensor de los derechos humanos

Fuente: Revista Contralínea 278 / 01 abril de 2012