Subsidio al FMI, inmoral e injusto- La austeridad perpetua como nuevo proyecto europeo_ México SA

Subsidio al FMI, inmoral e injusto

      Con notorias irregularidades de procedimiento y con los votos de las bancadas de PAN y PVEM, más los de parte de las fracciones de PRI y PRD, se aprobó ayer en San Lázaro un dictamen de la Comisión de Hacienda que establece el aumento de la cuota de México al Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual ascenderá a 14 mil millones de dólares.

En la circunstancia presente, la decisión implica que se incrementará el flujo de dinero mexicano destinado a aliviar la crisis económica y financiera que sacude a varias naciones del sur de la Unión Europea (UE), todos los cuales poseen, aun en medio de la crisis, índices de bienestar social y niveles de vida superiores a los de nuestro país, y no tienen los gravísimos indicadores de pobreza extrema que padece México.
La cuota nacional al FMI no es la única vía –ni la principal– por la que se conforma un subsidio neto de países pobres a naciones ricas y desarrolladas. Ha de recordarse que ya durante la recesión de 2008-2009 se dio a conocer que consorcios trasnacionales, particularmente los bancarios, compensaron las pérdidas sufridas por sus matrices en sus países de origen mediante las cuantiosas utilidades generadas por sus filiales en naciones como la nuestra.
En el curso de la actual administración, México ha experimentado la pérdida de 42 por ciento del poder adquisitivo de los salarios, el crecimiento de la pobreza hasta sumar 60 millones de personas y la situación de desempleo de 8.7 millones (de acuerdo con el documento elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, dado a conocer ayer en estas páginas). Resulta exasperante que, en tales circunstancias, el país deba destinar una parte sustancial de sus recursos no a aliviar o a remontar ese desastre socioeconómico, sino a subsidiar a un organismo financiero internacional que es en gran medida responsable de formular e imponer las recetas económicas que han causado, en México y en otras naciones, escenarios sociales de pesadilla.

Desde hace tres décadas, en efecto, el FMI, junto con el Banco Mundial han dictado la apertura comercial indiscriminada e inequitativa, el achicamiento del Estado, la supresión de programas de bienestar, el congelamiento salarial, la flexibilización laboral –es decir, la reducción de derechos y de conquistas laborales–, la eliminación de subsidios al campo y a la industria, así como la abolición de legislaciones regulatorias que pudieran interferir en el saqueo de recursos naturales, en la desbocada especulación financiera y en el allanamiento de los mercados nacionales por parte de empresas trasnacionales.

Ciertamente, en el contexto de la globalización económica no sería viable desvincularse de esos organismos financieros, pero sí es necesario, por mero sentido de Estado, acotar su actual injerencia en el diseño de la política económica y, desde luego, restringir al mínimo posible las aportaciones monetarias: es llanamente inaceptable que se argumente que no hay dinero para hacer frente a las urgentes carencias propias y que se entregue una cuota de 14 mil millones de dólares a una entidad que ha contribuido en forma sustancial a la devastación económica y social de nuestro país.

La austeridad perpetua como nuevo proyecto europeo

Pierre Charasse

  

       A pesar del número creciente de manifestaciones de descontento en las calles de Grecia, España, Francia, Italia, los gobiernos europeos siguen convencidos de que la única manera de salvar al euro y a la Unión Europea (UE) es imponiendo medidas de austeridad irreversibles. ¿Pero a qué precio, y en beneficio de quién? Nos dicen que las conquistas sociales como la seguridad social, las jubilaciones, los servicios públicos, grandes logros del siglo XX, son hoy el mal absoluto y que la única salvación es la destrucción programada del modelo social europeo para garantizar un mínimo de estabilidad macroeconómica.

Hasta la caída del Muro de Berlín, el proyecto europeo se construyó combinando el libre mercado con políticas sociales, lo que hizo de la construcción europea un modelo exitoso muy original. Las políticas sociales eran de la competencia de cada Estado y los menos ricos recibieron importantes subsidios por medio de mecanismos de solidaridad como los fondos de cohesión social (Fondo Social Europeo, Fondo de desarrollo regional FEDER). Los logros fueron muy concretos en todos los países de la Comunidad Europea de 1957 a 1990.
Con el fin de la guerra fría dos acontecimientos modificaron totalmente la naturaleza del proyecto europeo: la reunificación de Alemania y la ampliación al este de la Unión Europea. En primer lugar la Alemania reunificada se volvió el gigante económico de Europa. Con el fin de evitar que el marco alemán se impusiera como moneda de referencia en Europa se decidió con el Tratado de Maastricht en 1992 la creación del euro como moneda única europea. Kohl aceptó, pero puso como condición la autonomía del Banco Central Europeo y se opuso a la creación de un gobierno económico europeo. Hoy vemos las consecuencias de este acuerdo, que deja a Alemania las manos libres para imponer su política a todo el continente, con el apoyo de Francia. En segundo lugar, la ampliación precipitada de la Comunidad Europea al este, bajo las presiones de Estados Unidos, cambió radicalmente la esencia del proyecto europeo. Estados Unidos tenía prisa para consolidar su ventaja frente a Rusia. Los países ex comunistas fueron invitados a incorporarse de inmediato a la OTAN en los años 90, y en seguida a la UE en los años 2000: seguridad militar y estabilidad económica eran los dos pilares de esta estrategia trasatlántica concebida en Washington. En este contexto, la incorporación de nuevos miembros en un gran mercado, sin límites geográficos o históricos y sin un verdadero contenido social, marca una ruptura definitiva con la idea original de la integración europea.

La cumbre europea del 9 de diciembre pasado tomó decisiones históricas en este sentido. Las medidas técnicas que se venían discutiendo desde que empezó la crisis de la deuda soberana, en 2008, se encuentran en dos nuevos tratados europeos aprobados en esta cumbre: el Mecanismo europeo de estabilidad, entre los 17 países de la zona euro, y el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernancia de la Unión Económica y Monetaria, entre los miembros de la UE menos Gran Bretaña y la República Checa. Estos tratados, firmados el 2 de febrero y el primero de marzo, se incorporarán al Tratado de Lisboa a partir de 2013. Todos los países tendrán que modificar su Constitución para incorporar la regla de oro, disposición que prohíbe un déficit público estructural superior a 0.5 por ciento del PIB, y que de hecho obligará a los gobiernos a someter a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario sus proyectos de presupuesto anual antes de mandarlo a discusión a sus respectivos parlamentos. Además, la Comisión Europea podrá pedir a la Corte de Justicia Europea fuertes castigos a los países que no cumplan con estas reglas. Jamás en la historia de la UE hubo tal pérdida de soberanía de sus miembros. Con estas reglas inscritas en sus constituciones los gobiernos y parlamentos no podrán salir nunca de las políticas de austeridad y de recesión impuestas desde el exterior y no tendrán margen para promover políticas sociales y servicios públicos. Es la negación de la política. Por lo tanto, la crisis financiera tiene como consecuencia un retroceso vertiginoso de la democracia, la imposibilidad de un verdadero debate político derecha/izquierda y la capitulación de los estados frente a mercados financieros anónimos, voraces y cortoplacistas.

Veremos en los próximos meses, con la entrada en vigor de estos tratados, si los ciudadanos europeos están dispuestos a sacrificar en el altar de la ideología ultraliberal las conquistas políticas, económicas y sociales que lograron en siglos de lucha. Muchos economistas piensan que existen otras opciones en beneficio de los ciudadanos y que la austeridad anunciada es el peor de los remedios.

pcharasse@gmail.com

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Argentina: un paso adelante

La presidenta va por Repsol

España en tiempos coloniales

Carlos Fernández-Vega

Gasolinera de YPF en Buenos Aires, ArgentinaFoto Reuters

     Parece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pasó del discurso a los hechos, y ya estaría en manos del Congreso argentino el proyecto de la mandataria tendiente a expropiar, por razones de utilidad pública, cuando menos 50.01 por ciento de las acciones del consorcio privado YPF, filial de la trasnacional española Repsol, con lo que el gobierno de aquella nación cono sureña comenzaría a revertir la onerosa privatización energética del menemismo y paulatinamente retomaría el control estratégico de dicho sector.

Al iniciar el presente mes, La Jornada informó que la petrolera argentina YPF, con capital mayoritario de la española Repsol, enfrenta una inminente intervención o nacionalización del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, bajo la acusación de provocar una caída en las reservas en la producción de hidrocarburos por falta de inversión y por destinar entre 80 y 90 por ciento de sus utilidades a ser repartidas entre sus socios y no a la recapitalización de la empresa, según las autoridades. De igual forma, dio cuenta que “YPF alentó la intervención del rey Juan Carlos, quien el primero de marzo cabildeó con la presidenta argentina en favor de la petrolera, además de que la empresa ha interpuesto demandas contra al menos un gobierno provincial por haberle retirado concesiones. Fuentes oficiales aseguraron en Argentina al diario Página 12 que ‘no hay marcha atrás’ en cuanto a que el gobierno tomará el control de la firma. Argentina ha realizado millonarias importaciones de hidrocarburos, que ponen en riesgo las cuentas fiscales y los programas sociales, según el gobierno”.

Pues bien, menos de dos semanas después ambas partes movieron sus fichas. La presidenta Fernández de Kirchner habría enviado al Congreso (donde el partido gobernante cuenta con amplia mayoría) de su país un proyecto para expropiar 50.01 por ciento de YPF, mientras el rey Juan Carlos y el Palacio de la Moncloa, por medio de su ministro de Industria, José Manuel Soria, histéricamente advirtieron que el gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera (y) si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España. Si hay gestos de hostilidad estos traerán consecuencias.

De acuerdo con el diario argentino Clarín, el borrador del proyecto llegó esta mañana a varios legisladores del Frente para la Victoria. Fue antes de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, finalmente consiguiera ser recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido. Hasta al momento, de todos modos, el texto no llegó a la mesa de entradas del Congreso como proyecto de ley. Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen (presidido por Enrique Eskenazi) y 96.56 millones de Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en 57.43 por ciento a Repsol y en 25.46 por ciento al Grupo Petersen, mientras 17.09 por ciento flota en la bolsa y 0.02 por ciento ya está en poder del Estado argentino.

La valuación de las acciones sería tarea del Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía, y el Poder Ejecutivo procurará acordar con los titulares de los títulos sujetos a expropiación el valor y la forma de pago, que deberá refrendar el Congreso. Si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo. Un punto clave es el relativo al control del consorcio: se prevé la remoción total de la actual directiva de YPF, y se establece que la provincias petroleras tendrán lugar en la nueva composición accionaria en la que también podría haber empresas privadas, en caso de que inviertan por requerimiento de la nueva dirección estatal.

El gobierno español montó en cólera, y al más puro estilo imperial reivindicó su derecho de decidir en las colonias. Ese fue el tono utilizado por Soria. Si Juan Carlos y Mariano Rajoy cuidaran los intereses de los ciudadanos como hacen con los de sus trasnacionales, la población no estaría en las condiciones tan lamentables en que se encuentra por la masacre social que practica el gobierno del Partido Popular. La prensa española, relata Clarín, hablaba esta mañana del que podría ser el peor día de la historia de Repsol en mucho tiempo. Sin embargo, ayer el precio de las acciones de esa empresa reportó un alza de 8.6 por ciento en Wall Street y de 7.4 por ciento en el mercado bursátil de Buenos Aires.

Parece que a Repsol se le cae –o cuando menos se le limita y se le quita el control– el jugoso negocio energético en Argentina (cortesía de Carlos Menem), con lo que eventualmente otras trasnacionales españolas correrían el riesgo de seguir la misma ruta, de tal suerte que Juan Carlos y Rajoy deberán aplicarse para defender los intereses coloniales de sus poderosos consorcios privados (muchos de ellos, por cierto, originalmente propiedad del Estado español).

De acuerdo con el Ministerio español de Industria, las inversiones de capital privado en Argentina rondan los 25 mil millones de dólares y, también gracias a Menem, sus trasnacionales ocupan el primer lugar en los sectores petrolero, financiero y de las telecomunicaciones, al tiempo que mantienen fuerte presencia en transporte, construcción, alimentos, recursos humanos, e industrias automotriz y editorial, sin olvidar moda y decoración. Sólo hay que recordar el comportamiento de los bancos españoles (y de Juan Carlos, desde luego) en la crisis financiera argentina de 2001 y su actuación en el llamado corralito. La propia institución reconoce que en los últimos años (Argentina) ha perdido atractivo como destino de nuevas inversiones (españolas), debido, principalmente, a que prácticamente ya no hay bienes y servicios públicos que privatizar.

El caso del país conosureño es emblemático del devastador efecto privatizador en América Latina, de tal suerte que los supuestos dirigentes mexicanos, antes de comprometerse a modernizar y capitalizar (léase redondear la privatización) al sector energético, deben mirarse en el espejo argentino.

Las rebanadas del pastel

Es indignante: una vez más, alguien derrumbó la posibilidad de que Mexicana de Aviación regrese al aire y sus 8 mil 500 trabajadores a su empleo. Diecinueve largos meses han transcurrido, y nada. Mientras, los responsables de este verdadero desmadre se mantienen tan campantes: uno, intocado, en el jugoso negocio hotelero (Gastón Azcárraga), otro preparándose para el fuero senatorial (Javier Lozano) y uno más escondiéndose tras las faldas de quien dice ser La Jefa (Juan Molinar Horcasitas).

cfvmexico_sa@hotmail.com