Lo que es, debe ser y debería ser el gasto público- La reforma al 3º: un nuevo engaño a la sociedad-Expropiaciones y soberanía

Lo que es, debe ser y debería ser el gasto público

Maricela Contreras Julián*

Lo que es: el presupuesto es una herramienta de política pública, con la cual los gobiernos traducen, mediante la asignación de recursos, el proyecto ideológico que representan.

 

Con este trazo tenemos elementos para identificar la visión de las autoridades para atender y ofrecer respuestas a las necesidades de la población y al futuro esperado en cuanto a lineamientos económicos que marcan la pauta del ejercicio de la acción de gobierno.

El modelo económico de derecha aplicado en nuestro país en las décadas recientes, responde a una fiebre mundial de desmantelamiento del aparato público, de dejar de lado la obligación del Estado para garantizar el acceso a los derechos sociales, de quitarle su rectoría en sectores estratégicos y alentar un proceso de desregulación para una actividad de libre mercado que fija su mirada en las ganancias que se pueden obtener, es decir, la política se reduce a cosificar y cuantificar, las personas y sus circunstancias se subordinan a los intereses que generen, al ser considerados como elementos del proceso de producción.

Para atenuar esta visión, los gobiernos que representan ese proyecto, mediante el marketing, promocionan acciones fachada, venden una imagen de, a pesar de ser países con economías emergentes, contar con políticas de primer mundo.

Esa práctica de simulación ha llevado al país a recrudecer las condiciones económicas y sociales, con altos índices de desempleo, millones de personas en pobreza, zonas en situación de hambruna, abandono del campo, pérdida de la soberanía alimentaria y aumento de la inseguridad producida por la falta de atención de los problemas de fondo. Se convierte al Estado, bajo los gobiernos de derecha, en un fabricante de pobreza, manufacturador de corrupción y responsable de la crisis social.

En esa simulación del gasto, se mantiene en shock a la sociedad, generando un Estado de Excepción Permanente como lo definiera Walter Benjamín, al generalizar el clima de violencia y justificando el aumento descomunal de presupuesto a las corporaciones policiacas, al Ejército, a la Marina y a los servicios de inteligencia y espionaje del gobierno.

Lo que debe y debería ser: el gasto público debe considerarse como una herramienta más para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, tal como se ha venido haciendo en el Distrito Federal y en la mayoría de las delegaciones políticas donde hemos gobernado los partidos de izquierda.
 

Ese instrumento debe reducir las brechas de inequidad, abatir la pobreza, fortalecer el campo y los procesos de producción nacionales, preservar los recursos naturales para no comprometer los que corresponden a generaciones futuras, prevenir la violencia y no generarla, garantizar acceso a la educación, a la salud, empleo y vivienda con un enfoque de derechos, coadyuvar en los procesos de construcción de ciudadanía y recuperar el carácter social del Estado.

 

No sólo se trata de apoyar económicamente a los adultos mayores, a madres jefas de familia, a niñas y niños o a personas con discapacidad, sino de desarrollar toda una política integral que potencie sus habilidades, al considerarlos como sujetos de derechos. No se trata sólo de prestar los servicios, sino de lo que podemos hacer como gobierno para que las personas vean en una luminaria, una poda de árboles, un balizamiento o la recolección de basura, el mejoramiento de su entorno urbano que les proporcione un ambiente de seguridad donde puedan convivir de manera armónica con sus familias y vecinos, fortaleciendo el tejido social.

 

Ese es el enfoque de inversión de los recursos públicos que estamos llevando a cabo en Tlalpan, que se traduce en la creación y rehabilitación de infraestructura como espacios de desarrollo de la comunidad, en la aplicación de una política social que impulsa aptitudes y reconoce las necesidades diferenciadas de género y generación, en la eficiencia de los servicios públicos para el mejoramiento del entorno social como un catalizador de la seguridad, en la corresponsabilidad social como un factor de participación ciudadana en la construcción de políticas y en un buen trato a las personas como una retribución mínima por parte del gobierno hacia aquellas que lo hacen posible.

 

En suma, lo que debiera ser el gasto es no sólo mejorar las condiciones de vida, sino realmente generar las condiciones para que las personas puedan vivir y disfrutar.

*Titular de la delegación Tlalpan

 Saldo positivo-Hernández

hernandez@jornada.com.mx

La reforma al 3º: un nuevo engaño a la sociedad

Pedro Ramírez Vázquez

Se ha dicho que la recientemente aprobada reforma al artículo 3° constitucional tiene como objetivo central recuperar la rectoría del Estado en la educación. Pero, si en realidad ese fuera su objetivo, bastaría con que el gobierno federal en turno, aplicara lo que dice el artículo 3° de nuestra Carta Magna. No más, pero tampoco menos.

 

El texto dice a la letra: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado (…) impartirá educación prescolar, primaria, secundaria y media superior (...) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar, armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él (…) el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (...) dicha educación será laica (…) Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

La reforma al artículo 3°, recién aprobada por ambas cámaras, no es una reforma educativa. Aunque digan que de lo que se trata es mejorar la calidad de la educación, lo que los cambios aprobados verdaderamente persiguen es regular las relaciones laborales entre el patrón-gobierno y los trabajadores de la educación, para minar conquistas laborales históricas como la estabilidad en el empleo.

Legislar en el artículo 3° relaciones laborales es anticonstitucional, ya que existe otro apartado en la Constitución que trata esta materia. El mismo artículo 3°, en su fracción VII, señala que las relaciones laborales están regidas por lo que marca el artículo 123. Lo cierto, es que lo que se intenta con estas reformas es elevar a rango constitucional lo pactado en el sexenio anterior entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo: la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la Evaluación Universal.

Entre otros, los cambios hechos al artículo 3°, resaltan la obligatoriedad de hacer exámenes (pomposamente le llaman concursos de oposición) para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio de los maestros. Aunque hayan modificado la propuesta original y se señale que se respetarán los derechos ya adquiridos, lo cierto es que lo que pretenden es calificar a los maestros.

Sus promotores y sus defensores no entienden, o no quieren entender, que evaluar no es hacer un examen. ¿Quién en su sano juicio y con un mínimo de inteligencia puede asegurar que alguien que conteste correctamente todas las preguntas de un examen será el mejor maestro? Es imposible tomar como parámetro para el ingreso al servicio educativo el aprobar o no un examen.
 

No hay que ser muy duchos para entender que la clave está en las escuelas formadoras de maestros, la clave está en las tan vilipendiadas normales. Pero de esto no se habla en la reforma. De hecho, están caminando cambios en las normales, pero como siempre, dejando de lado la opinión de especialistas en formación de educadores, de pedagogos que estructuren una currícula acorde a lo que como país necesitamos y no conforme a los dictados de la OCDE, y sobre todo, de alumnos (maestros en formación) y maestros de las propias normales.

 

Nadie puede oponerse a la evaluación. La evaluación es parte del proceso educativo. Eso de que los maestros nos oponemos a evaluarnos es falso. Los docentes que día a día estamos frente a los alumnos realizamos evaluaciones constantemente. En todo momento la evaluación sirve para guiar nuestro trabajo.

 

A lo que nos oponemos es a que un examen sea el instrumento para juzgar la permanencia o no en el servicio. Rechazamos que el gobierno federal, la SEP, siga a pie juntillas las recomendaciones de la OCDE: “Recomendación 8. Evaluar para ayudar a mejorar: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (…) Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo” (octubre de 2010).

 

¿Así, o más claro? Se trata de despedir a los maestros que no aprueben los exámenes estandarizados, sin importar su experiencia previa, su labor docente, su compromiso educativo o las condiciones en las que deben laborar. Ni más ni menos lo que persigue su reforma educativa, lo que cacarean los partidos políticos como logro para el país: elevar a rango constitucional el despido de maestros.

 

La reforma educativa aprobada es la de Gordillo. No hay que hacerse bolas con que hay una disputa entre el gobierno y la cacique. Lo de la resistencia civil de Gordillo es una más de sus mascaradas. Esta reforma es avalada por los enemigos de la educación pública, por la derecha más recalcitrante como Mexicanos Primero.

 

No hay que engañarse: la reforma pretende acabar con lo poco que aún se conserva como legado y patrimonio histórico: la educación pública; y en el camino acabar la resistencia de los maestros democráticos.

 

(*) Licenciado en pedagogía. Fundador de la escuela telesecundaria 211

 

Expropiaciones y soberanía

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer la expropiación de las empresas distribuidoras de electricidad en las ciudades de La Paz y Oruro, filiales de la trasnacional de origen español Iberdrola. Durante un acto oficial en el Palacio Quemado, el mandatario explicó la decisión: Nos vemos obligados a tomar esa medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro, y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana.

 

Tras el anuncio, y como ha venido ocurriendo en episodios similares durante los meses recientes, el gobierno español se erigió en defensor oficioso de la trasnacional, lamentó la determinación del gobierno de La Paz, solicitó una indemnización justa para los inversionistas y señaló que las empresas expropiadas prestaban el servicio público de distribución de electricidad y nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano, en un intento poco afortunado de desacreditar la medida anunciada por el mandatario.

La postura crítica del gobierno de Madrid contrasta con la actitud serena y conciliadora del gobierno boliviano, el cual, antes de decidir las nacionalizaciones referidas, sostuvo negociaciones infructuosas durante cuatro meses con Iberdrola a efecto de lograr un arreglo en torno al servicio y las tarifas eléctricas en zonas rurales, como recordó ayer el propio presidente, y garantizó que ese consorcio recibirá una justa compensación por las nacionalizaciones, incluso antes de que esa misma petición fuera formulada por La Moncloa. Se trata, pues, de una acción ponderada y decidida de conformidad con las necesidades de desarrollo de Bolivia; de una aplicación legal y legítima del principio de soberanía y de una decisión responsable en términos sociales, en la medida en que está orientada a reducir la brecha existente entre las comunidades rurales y urbanas en el país andino.

Por lo demás, con esta determinación del gobierno boliviano se cierra un año en el que se consolidó, a escala regional, un avance en la recuperación de potestades soberanas sobre recursos naturales e industrias energéticas nacionales y en el que se vio erosionado el vasto poder depredador que las trasnacionales del ramo han ejercido en la región en las décadas pasadas. En ese mismo contexto puede inscribirse la expropiación de la compañía Transportadora de Electricidad, propiedad de Red Eléctrica Española, por parte del régimen boliviano en mayo pasado, y la nacionalización de la petrolera YPF, antigua filial de la trasnacional Repsol, decretada por el gobierno argentino.
 

En sentido contrario de las campañas de linchamiento mediático que buscan colocar estas medidas como consecuencia de animadversiones o fobias gubernamentales hacia consorcios trasnacionales e incluso hacia la iniciativa privada en general, los procesos expropiatorios argentino y boliviano no son sino el ejercicio de una de las facultades básicas e irrenunciables de los estados: la de intervenir los intereses de entidades privadas cuando éstas representen un obstáculo para el desarrollo y la soberanía nacionales.

 

Por último, es pertinente contrastar los casos referidos con lo ocurrido en años recientes en nuestro país, en donde empresas como Repsol e Iberdrola han accedido a jugosas oportunidades de negocio gracias a una política energética de dudoso apego al mandato constitucional en la materia y de consecuencias nefastas para los consumidores del país y para las finanzas de paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La administración de Felipe Calderón llegó al extremo de fungir como salvadora de intereses corporativos foráneos, así ocurrió con la aventura accionaria de Pemex en la petrolera Repsol y la construcción de hoteles flotantes en astilleros gallegos; la actual, por su parte, ha iniciado con la velada amenaza de profundizar el giro privatizador de la industria petrolera nacional y de seguir anteponiendo, a diferencia de lo que ocurre en Bolivia y Argentina, el interés particular por encima del general.