Simulación nuestra de cada día
Peña Nieto al ofrecer su primer mensaje en Palacio Nacional.
Foto: Xinhua/Rodrigo Oropeza.
Foto: Xinhua/Rodrigo Oropeza.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Octavio Paz y Samuel Ramos, los autores más importantes de escritos sobre la caracterología del mexicano, identificaron uno de nuestros rasgos distintivos: la simulación, infeliz expresión que corroe las relaciones sociales a lo largo y a lo ancho del país. El Diccionario de la Lengua Española define el vocablo “simular” como “representar algo, fingiendo o imitando lo que no es”. Para Octavio Paz, la simulación, “que exige una invención activa y que se recrea a sí misma a cada instante, es una de nuestras formas de conducta habituales (…) La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad” (Las máscaras mexicanas). Y esta contradicción, que se expresa en las élites con una tolerancia social muy extendida, no respeta fronteras o esquinas. Es sin embargo, al mismo tiempo, un reto de todos contra nosotros mismos para rehacer nuestra vida de cara a los demás. Véanse algunos ejemplos de lo que aquí afirmo.
Primero. El proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos 2013 presentado por Enrique Peña Nieto dispone que “las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública que se establezcan en los términos del Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. Enseguida, el citado proyecto establece que las pensiones de los expresidentes “no podrán exceder el monto que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como aquellas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado”. ¿Cómo armonizar el criterio de “austeridad” con los privilegios de lujo de los expresidentes? No tienen éstos ninguna racionalidad, pues un mexicano con empleo formal debe trabajar al menos 30 años para recibir una pensión de hambre.
Segundo. Los spots publicitarios de radio y televisión gubernamentales ofenden la inteligencia de la comunidad al pretender que borran su ánimo propagandístico con la inserción de la leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
Tercero. El derecho canónico establece que todo administrador de bienes de la Iglesia ha de cumplir su función con la diligencia de un buen padre de familia, y señala un cúmulo de facultades y deberes, entre los que destacan: vigilancia sobre la seguridad de los bienes, cuidado de dotar a la propiedad de validez civil, observancia de las normas civiles y canónicas pertinentes. No obstante lo anterior, Onésimo Cepeda Silva, obispo jubilado de Ecatepec, es protagonista de varios casos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y otros delitos (http://www.proceso.com.mx/?p=273034), sin que la santa Iglesia católica diga algo.
Cuarto. Para atender y resolver los delitos derivados del ejercicio de la libertad de expresión, desde 2006 se creó una Fiscalía Especial en la Procuraduría General de la República (Acuerdo A/031/06) que no ha resuelto gran cosa porque fue diseñada precisamente para que no funcionara, toda vez que: a) no tuvo competencia para conocer directamente de los casos; b) sólo se le permitió conocer indirectamente una porción mínima de delitos, dejando fuera, entre otros, el de amenazas; y c) no se le dotó de infraestructura y recursos humanos. Este es un vivo ejemplo de cómo se dilapidan recursos públicos para mostrar una máscara amable de una cara temible.
Quinto. El canal de televisión del Congreso de la Unión se creó con el propósito de que el país contara con una “televisión pública” que fuera el espacio que diera cabida a los más distintos puntos de vista de la comunidad. Era la respuesta a los medios del gobierno federal que, se acusaba, sólo eran instrumentos de propaganda. Al final del día el Canal del Congreso fue exactamente la peor expresión de lo que motivó su nacimiento: un medio de propaganda del Congreso, de difusión de los legisladores, donde la sociedad no tiene lugar, menos aun la crítica al quehacer legislativo.
Esta ayuda de memoria con los ejemplos anteriores no pretende ser exhaustiva. No habría espacio si ese fuera el propósito. La idea es que miremos lo que vemos a diario. A diferencia de Paz, quien creía que era “estéril su denuncia”, estoy convencido de que permanecer callado ante la simulación no es otra cosa que facilitar su reproducción, en perjuicio de las prácticas democráticas que hoy son ejercicios aislados en el país.
evillanueva99@yahoo.com
Peña Nieto y el EZLN
Marchan zapatistas a un día del aniversario de la matanza de Acteal.
Foto: AP / Ivan Castaneira
Foto: AP / Ivan Castaneira
MÉXICO, D.F. (apro).- Cuando Enrique Peña Nieto pensaba que con su Pacto por México y la represión a los manifestantes tenía controlado el escenario político y social del país, las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) vinieron a moverle el piso, a romperle su discurso triunfal y a revelar su falta de preparación para resolver los problemas históricos y estructurales que tiene México.
El viernes 21, precisamente cuando se hablaba de las profecías mayas, del cambio de una época y Peña Nieto seguía celebrando su arribo al poder –basado en una millonaria campaña mediática por seis años–, aparecieron miles de indígenas zapatistas que marcharon en silencio, sin ocasionar desmanes, de manera completamente pacífica, evidenciando con ello la actitud soberbia del PRI.
El grupo del gobierno peñista de inmediato mostró que carece de memoria histórica sobre el significado social del EZLN, y la reacción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al restringir la aparición de las comunidades de base zapatistas solamente a los pueblos indígenas y decirles “aún no nos conocen”, refleja precisamente la ignorancia la representatividad social y la transformación de una parte del movimiento armado en un movimiento colectivo con impacto nacional e internacional.
En su discurso de llegada triunfal, Peña Nieto y su grupo nunca tomaron en cuenta a los zapatistas y otros movimientos sociales adherentes que, con los años, han evolucionado hasta lograr formas autónomas de gobierno.
Hoy día, el EZLN tiene presencia en 17 estados del país y en 42 municipios rebeldes de Chiapas, con gobiernos autónomos regulados por las Juntas de Buen Gobierno, que forman parte de los acuerdos de San Andrés firmados en 1997 por el gobierno de Ernesto Zedillo. No obstante, después de convertirse en la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, en el gobierno de Vicente Fox, fueron abandonados, es decir, enviados al baúl del ejercicio de gobierno.
En su discurso de poder trasmitido en los medios (con costos millonarios), el gobierno peñista desdeñó a los grupos sociales y rebeldes como el EZLN, que han sobrevivido a represiones y muerte por varias décadas y que son tratados con el menosprecio de la caridad o de programas asistencialistas.
El silencio del nuevo presidente de la República ha sido más que elocuente. No ha dicho una sola palabra sobre la manifestación de las bases de apoyo del Ejército Zapatista, en una especie de desdén que muestra, una vez más, su distanciamiento con los movimientos sociales y también la falta de preparación ante los problemas más graves del país, como la violencia generada por la guerra contra el crimen organizado.
Frente a la crisis en la que se encuentran los movimientos sociales, ante la continuación de la violencia generada por el narcotráfico, la aparición de la cara social del EZLN a través de sus comunidades de base resulta clave.
Aún se puede recordar que en manifestaciones anteriores la gente le gritaba a los zapatistas: “no están solos”, ante las amenazas de una acción militar en su contra. Hoy parece ser a la inversa: las comunidades indígenas zapatistas, perfectamente ordenadas y disciplinadas, lanzaron a la sociedad civil el mensaje de “no están solos”, ante el arribo del nuevo gobierno priista, que llega con mano dura.
La aparición del EZLN a través de sus comunidades de base no se trata de una amenaza de reiniciar las hostilidades armadas suspendidas desde el 12 de enero de 1994, sino del anuncio de una nueva etapa de actuación social y pacífica de los zapatistas ante un gobierno que ya expuso con su cara autoritaria, con la represión del pasado sábado 1, la forma en que actuará ante las protestas sociales.
La falacia reformista
Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con una gran desfachatez, se ha tejido y luego destejido la idea de que ha llegado la hora de la gran reforma en la educación, aunque se sigue proponiendo lo mismo que hace dos sexenios, y lo que se presenta como novedad es sólo un discurso repetido.
Resulta, sin embargo, hasta vergonzoso que la opinión de algunos especialistas en el tema, y hasta la de quienes dicen estar del lado opuesto al régimen, avalen la continuidad de la sociedad de la ignorancia. ¿Qué nadie se acuerda de que durante los gobiernos de Fox y Calderón se propusieron la más “verdadera” revolución educativa, la Alianza para la Calidad de la Educación y el examen universal para los maestros? Algo se ha de esconder detrás de un olvido tan increíble en ciertos personajes.
El primer embrollo argumentativo, por ejemplo, que aparece como “novedoso”, y con el cual arrancó la iniciativa de reforma constitucional de Peña Nieto, es que se está recuperando la “rectoría del Estado” en la educación. Siendo este el tema central del documento de referencia, no se aclara a qué se refiere y por qué o de quién se tiene que recuperar. ¿Estaba secuestrada la educación?; ¿se le había abandonado?; quien antes la dirigía, ¿no era parte del Estado?; los funcionarios en turno, por ser de otro partido, ¿no tomaban decisiones de Estado en el sector? Y más allá de estas preguntas que quedaron en el aire en la propuesta de reforma constitucional, lo que debería aclararse es: ¿qué significa para el gobierno del PRI retomar la “rectoría del Estado”.
Si se trata en realidad de asumirla como tal, esa rectoría no aparece en los términos de la iniciativa ni en los hechos que se han ido conociendo día a día. Porque, de ser así, ello tendría que ver con un articulado legislativo de reforma constitucional que pondría la educación como un bien público garantizado por el Estado (y no por los particulares); con la propuesta de construir un nuevo sistema de contenidos, métodos y lenguajes para alcanzar, en un cierto tiempo, un aprendizaje significativo de conocimientos imprescindibles para todos, y durante toda la vida, en igualdad de circunstancias; con una calidad que se obtenga por la vía de logros cognitivos de alto valor social para desarrollar habilidades y capacidades en las personas, sin distingo de sexo, ubicación territorial o grupo cultural, para transformar la sociedad en beneficio de la colectividad. Esto significaría, asimismo, sustentar presupuestos que fueran compatibles con dicha responsabilidad de Estado, que no dependieran de ningún gobierno en turno ni de ningún otro grupo en lo particular (sea este un sindicato o un grupo empresarial o de presión), desde un proyecto para construir una sociedad más justa. También, por lo menos, deberían aparecer acciones programadas y explícitas para la reforma en la integración y articulación de los niveles de estudio, la infraestructura, los libros de texto, los espacios múltiples de aprendizaje (no basta repartir computadoras), la participación ciudadana en la conducción de las escuelas, la salud integral (no sólo el tema de la comida “chatarra”, porque parecen igual de graves la violencia en las escuelas, los problemas relacionados con la sexualidad y con el uso y manejo del internet y las deformaciones lingüísticas en las redes sociales), entre otras cosas.
Esto, que debió ser un trabajo previo a la reforma del artículo tercero constitucional, desde un articulado más completo bajo la forma de una nueva Ley de Educación Nacional, quedó en el limbo en la propuesta de EPN cuando dijo (página 6): “El tratamiento de los demás factores (que inciden en la calidad) podrá (…) ser objeto de modificaciones legales (¿sólo legales?; ¿por qué no organizativas o pedagógicas?) y administrativas en caso de estimarse necesarias” (¿no son ya necesarias desde ahora?). Nada, lo que se vuelve a decir es que se harán pruebas, exámenes y más pruebas. Y que los destinatarios serán los maestros, con todo y que no se precisó la cobertura de los exámenes que se aplicarán ni a quiénes. La iniciativa, pues, estuvo llena de irregularidades conceptuales y políticas.
Por ejemplo, no se llegó a diferenciar la cobertura que tendrá el desarrollo del denominado “servicio profesional docente” para las diferentes categorías de trabajadores de la educación: profesores de aula, asesores, investigadores, directivos, supervisores u otro tipo de personal (que por cierto ni siquiera se mencionó, como los técnicos, los trabajadores de la cultura, de resguardo del patrimonio u otros oficios), y se les redujo a la negociación que se realizaba con una organización gremial (el SNTE), como si ésta fuera la única que los organizara y defendiera.
Lo más sensato hubiera sido impulsar una iniciativa de ley que pudiera abarcar la formación, actualización, ingreso, promoción y estabilidad del trabajo en el sistema educativo nacional, para impulsar un cambio de fondo en las escuelas normales, la regulación de las escuelas privadas que forman profesores (sobre todo las de tipo “patito”), la definición clara de qué se hará con el personal en ejercicio (en la propuesta de ley se asentó que éste saldrá del sistema o se mantendrá actualizándose si no pasa las pruebas –aunque Chuayffet tuvo que echar para atrás el asunto al decir que no se les tocaría–, lo cual es un contrasentido porque son más de 1 millón y medio de trabajadores de la educación laborando en pésimas condiciones de trabajo y de formación), y tampoco se hizo referencia a la manera como se controlaría la existencia de los miles de “comisionados” que a todos nos cuestan.
Respecto del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (el INEE), el asunto que parece un galimatías en la iniciativa de ley es: ¿de qué manera podrá ser “autónomo” (esta figura ya se había aprobado desde el sexenio anterior), si su Junta de Gobierno queda dependiente de la designación del presidente de la República? De forma consecuente, también sus miembros deberían ser sometidos a un concurso público de acuerdo a méritos.
Asimismo, se debería haber especificado que la tarea del instituto no debe ser la “medición” de la calidad, sino la investigación y la promoción de métodos y técnicas para el mejoramiento de la calidad educativa. La medición la puede hacer el INEGI, pero no este instituto.
En conclusión, se trató de una propuesta inacabada, de orientación gubernamental, más que de visión de Estado, desintegradora de los factores que intervienen en el desempeño del sistema educativo, y muy pobre desde el manejo de sus conceptos y de la realidad terrible que se vive en el sector educativo. Mal comienzo.
Resulta, sin embargo, hasta vergonzoso que la opinión de algunos especialistas en el tema, y hasta la de quienes dicen estar del lado opuesto al régimen, avalen la continuidad de la sociedad de la ignorancia. ¿Qué nadie se acuerda de que durante los gobiernos de Fox y Calderón se propusieron la más “verdadera” revolución educativa, la Alianza para la Calidad de la Educación y el examen universal para los maestros? Algo se ha de esconder detrás de un olvido tan increíble en ciertos personajes.
El primer embrollo argumentativo, por ejemplo, que aparece como “novedoso”, y con el cual arrancó la iniciativa de reforma constitucional de Peña Nieto, es que se está recuperando la “rectoría del Estado” en la educación. Siendo este el tema central del documento de referencia, no se aclara a qué se refiere y por qué o de quién se tiene que recuperar. ¿Estaba secuestrada la educación?; ¿se le había abandonado?; quien antes la dirigía, ¿no era parte del Estado?; los funcionarios en turno, por ser de otro partido, ¿no tomaban decisiones de Estado en el sector? Y más allá de estas preguntas que quedaron en el aire en la propuesta de reforma constitucional, lo que debería aclararse es: ¿qué significa para el gobierno del PRI retomar la “rectoría del Estado”.
Si se trata en realidad de asumirla como tal, esa rectoría no aparece en los términos de la iniciativa ni en los hechos que se han ido conociendo día a día. Porque, de ser así, ello tendría que ver con un articulado legislativo de reforma constitucional que pondría la educación como un bien público garantizado por el Estado (y no por los particulares); con la propuesta de construir un nuevo sistema de contenidos, métodos y lenguajes para alcanzar, en un cierto tiempo, un aprendizaje significativo de conocimientos imprescindibles para todos, y durante toda la vida, en igualdad de circunstancias; con una calidad que se obtenga por la vía de logros cognitivos de alto valor social para desarrollar habilidades y capacidades en las personas, sin distingo de sexo, ubicación territorial o grupo cultural, para transformar la sociedad en beneficio de la colectividad. Esto significaría, asimismo, sustentar presupuestos que fueran compatibles con dicha responsabilidad de Estado, que no dependieran de ningún gobierno en turno ni de ningún otro grupo en lo particular (sea este un sindicato o un grupo empresarial o de presión), desde un proyecto para construir una sociedad más justa. También, por lo menos, deberían aparecer acciones programadas y explícitas para la reforma en la integración y articulación de los niveles de estudio, la infraestructura, los libros de texto, los espacios múltiples de aprendizaje (no basta repartir computadoras), la participación ciudadana en la conducción de las escuelas, la salud integral (no sólo el tema de la comida “chatarra”, porque parecen igual de graves la violencia en las escuelas, los problemas relacionados con la sexualidad y con el uso y manejo del internet y las deformaciones lingüísticas en las redes sociales), entre otras cosas.
Esto, que debió ser un trabajo previo a la reforma del artículo tercero constitucional, desde un articulado más completo bajo la forma de una nueva Ley de Educación Nacional, quedó en el limbo en la propuesta de EPN cuando dijo (página 6): “El tratamiento de los demás factores (que inciden en la calidad) podrá (…) ser objeto de modificaciones legales (¿sólo legales?; ¿por qué no organizativas o pedagógicas?) y administrativas en caso de estimarse necesarias” (¿no son ya necesarias desde ahora?). Nada, lo que se vuelve a decir es que se harán pruebas, exámenes y más pruebas. Y que los destinatarios serán los maestros, con todo y que no se precisó la cobertura de los exámenes que se aplicarán ni a quiénes. La iniciativa, pues, estuvo llena de irregularidades conceptuales y políticas.
Por ejemplo, no se llegó a diferenciar la cobertura que tendrá el desarrollo del denominado “servicio profesional docente” para las diferentes categorías de trabajadores de la educación: profesores de aula, asesores, investigadores, directivos, supervisores u otro tipo de personal (que por cierto ni siquiera se mencionó, como los técnicos, los trabajadores de la cultura, de resguardo del patrimonio u otros oficios), y se les redujo a la negociación que se realizaba con una organización gremial (el SNTE), como si ésta fuera la única que los organizara y defendiera.
Lo más sensato hubiera sido impulsar una iniciativa de ley que pudiera abarcar la formación, actualización, ingreso, promoción y estabilidad del trabajo en el sistema educativo nacional, para impulsar un cambio de fondo en las escuelas normales, la regulación de las escuelas privadas que forman profesores (sobre todo las de tipo “patito”), la definición clara de qué se hará con el personal en ejercicio (en la propuesta de ley se asentó que éste saldrá del sistema o se mantendrá actualizándose si no pasa las pruebas –aunque Chuayffet tuvo que echar para atrás el asunto al decir que no se les tocaría–, lo cual es un contrasentido porque son más de 1 millón y medio de trabajadores de la educación laborando en pésimas condiciones de trabajo y de formación), y tampoco se hizo referencia a la manera como se controlaría la existencia de los miles de “comisionados” que a todos nos cuestan.
Respecto del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (el INEE), el asunto que parece un galimatías en la iniciativa de ley es: ¿de qué manera podrá ser “autónomo” (esta figura ya se había aprobado desde el sexenio anterior), si su Junta de Gobierno queda dependiente de la designación del presidente de la República? De forma consecuente, también sus miembros deberían ser sometidos a un concurso público de acuerdo a méritos.
Asimismo, se debería haber especificado que la tarea del instituto no debe ser la “medición” de la calidad, sino la investigación y la promoción de métodos y técnicas para el mejoramiento de la calidad educativa. La medición la puede hacer el INEGI, pero no este instituto.
En conclusión, se trató de una propuesta inacabada, de orientación gubernamental, más que de visión de Estado, desintegradora de los factores que intervienen en el desempeño del sistema educativo, y muy pobre desde el manejo de sus conceptos y de la realidad terrible que se vive en el sector educativo. Mal comienzo.
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