Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 15 de abril de 2013

Astillero- La contrarreforma educativa, la ley y el orden- Con los maestros- Margaret Thatcher: la herencia

Astillero
Oaxaca: fracaso de las alianzas
Cué favorece al PRI
Cardenales excluidos
Neohabla peñista
Julio Hernández López
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VENEZUELA. En Caracas, un soldado vigila la fila de quienes esperan emitir su voto para elegir nuevo presidente venezolano
Foto Ap
 
Gabino Cué ha expedido en Oaxaca una firme constancia de inutilidad de las alianzas electorales de izquierda y derecha y de las expectativas populares de lograr cambios verdaderos mediante la simple sustitución de personajes y siglas en el poder. Como Juan Sabines en el sexenio pasado en Chiapas (y antes que él, Pablo Salazar Mendiguchía), Rafael Moreno Valle en Puebla, Ángel Aguirre Rivero en Guerrero y Mario López Valdez (Malova) en Sinaloa, Cué ha gobernado erráticamente, sin oficio y echando mano de cuadros e intereses presuntamente desplazados, entre decepción generalizada y beneficio para unos cuantos, en una clara traición de las esperanzas generadas a partir del discurso oportunista y tramposo de las alianzas multipartidistas.
 
Rebasado por múltiples problemas regionales, con un vigoroso movimiento magisterial en vías de vinculación con manifestantes de otras entidades, aliado de trasnacionales y de negocios oscuros como los de producción de energía eólica, en jaque permanente por un PRI que quiere recuperarse en las próximas elecciones locales de julio e incapaz de meter orden en su propio equipo de trabajo, Cué se enteró este sábado de la renuncia de su secretario general de gobierno, Jesús Martínez Álvarez, y, para sustituirlo, ha propuesto al congreso a un priísta tan activo, Alfonso Gómez Sandoval, que unas horas antes de ser postulado para el cargo había participado en un acto en favor del candidato del partido de tres colores a la presidencia municipal de la capital oaxaqueña.
 
Martínez Álvarez se quejó epistolarmente de que Cué nunca le otorgó confianza política y que desde dentro del aparato gubernamental eran torpedeados los bocetos de solución que se hacían en la secretaría general de gobierno. Militante priísta durante décadas, Martínez Álvarez fue dirigente de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, y forma parte de uno de los clanes políticos oaxaqueños. Pero era un secretario de gobierno sin poder, como quedó dicho en una de las varias pláticas telefónicas que fueron grabadas y difundidas en días pasados, entre el representante del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal, Jorge Castillo, y dirigentes partidistas, legisladores y ex gobernadores con los que en diversos tonos y con diferentes respuestas hizo sentir su condición de presunto poder tras el trono, negociador de candidaturas en PAN, PRD, PT e incluso PRI.
 
Castillo, quien fue secretario particular de Cué, ha dejado una memorable huella auditiva de la manera como se juega a la política en Oaxaca. Lo mismo presiona a la directiva de una radiodifusora para que un comentarista deje de criticar al candidato del PRI a la presidencia capitalina, que se arregla con dirigentes del PAN y el PRD, siempre con el señuelo del poder y sus canonjías, o se acomoda a las propuestas e intenciones de Diódoro Carrasco, quien fue gobernador priísta y luego pasó al PAN, y a quien se considera el verdadero conductor de las acciones de Cué (los audios, en http://bit.ly/1138x5o ).
Con elecciones de presidentes municipales y de diputados locales en menos de tres meses, Cué ha creado las condiciones para el regreso político de los ex gobernadores José Murat (potenciado por el Pacto por México) y Ulises Ruiz (nuevamente activo en la entidad, promoviendo candidaturas, ofreciendo delegaciones federales y paseando su impunidad) y para el triunfo del PRI, que ya tuvo su primera entrega con la postulación de Gómez Sandoval, quien de ser aprobado por el congreso sería un secretario general de gobierno virtualmente extraído de un mitin priísta para que garantice equidad e imparcialidad en el proceso electoral en puerta. Gabino... Fue.
 
El papa Francisco nombró una comisión de ocho cardenales, pertenecientes a los cinco continentes, para que le ayuden a emprender una reforma de la curia que, según signos e indicios varios, pretenderá combatir los graves vicios acumulados en esa institución, sobre todo los de la pederastia y de la vocación por la riqueza y el poder. A pesar del gran número de feligreses, y del presunto peso que sus máximos representantes habrían tenido en el Vaticano, la Iglesia mexicana no fue tomada en cuenta para esos afanes que algunos califican de revolucionarios.
 
En cambio, en ese comité con pretensiones históricas quedaron cardenales de Santiago de Chile y de Tegucigalpa, éste incluso como coordinador, un hombre de claroscuros que cuenta con el respaldo de sectores de izquierda en la iglesia, pero al mismo tiempo es criticado por haber respaldado el golpe de Estado de 2009 en Honduras contra Manuel Zelaya. ¿Será que Norberto Rivera y Juan Sandoval forman parte del conjunto de muy torcidos renglones de Dios a los que el nuevo papado desea enfrentar o corregir? ¿Francisco Robles, el cardenal de Guadalajara, tampoco cuenta en los nuevos diseños de poder vaticano? ¿Habrá acciones serias contra la pederastia en todo el país (recuérdese en especial el caso de Oaxaca, con medio centenar de niños indígenas violentados por un cura protegido por el arzobispo José Luis Chávez Botello?).
 
En el proceso de imposición de la neohabla peñista con la que se pretende disolver la percepción de la violencia relacionada con la delincuencia organizada a partir de la supresión de información periodística o de acomodo de versiones e incluso reorganización lingüística, el gobierno federal organizó en Acapulco una reunión de secretarios de seguridad pública de los estados y de sus coordinadores de comunicación social.
 
Allí, el general colombiano Óscar Naranjo elogió la transparencia informativa; el ex vocero del primer salinismo, José Carreño Carlón, habló del nuevo esquema de comunicación, sin énfasis en lo bélico, y el subsecretario Roberto Campa llamó a desterrar prácticas denominacionales (levantones, encajuelados, etc...) y a rechazar el uso de apodos para identificar oficialmente a infractores de la ley. Y, mientras son conocidos los resultados oficiales de los comicios venezolanos, ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
La contrarreforma educativa, la ley y el orden
Carlos Fazio
 
Todos los sistemas proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano. Pero hay dictaduras semánticas, gobiernos autoritarios y no-democracias que llegan al poder mediante la violencia, la manipulación mediática y/o el fraude, y esgrimen una retórica avasalladora con eje en la Constitución y el estado de derecho.
 
Es común que en las fases de crisis hegemónica, de inestabilidad estructural e institucional, la clase dominante siempre recurra al orden para garantizar el mantenimiento de las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. Algunas veces, los amos del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas: bonapartismo, dictadura militar, fascismo. Otras, la oligarquía asume directamente el poder; pone al mando a uno de los suyos. Algunas más, como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos subordinados al Consenso de Washington neoliberal, fabrica administradores para que defiendan sus intereses. Verbigracia, los cuatro últimos mandatarios mexicanos.

En todas las épocas y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo, a la ignorancia, a las tinieblas. La actual administración priísta no es la excepción. Está convencida de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares, menos incentivos hallarán éstas para las luchas reivindicativas, para la rebeldía y la protesta.

En la actual coyuntura, lo que ocurre en Guerrero con las marchas multitudinarias de los maestros −y también en Oaxaca, Chiapas, Morelos y el DF− viene a demostrar que una contrarreforma educativa exógena (ya que responde a directivas económicas de la OCDE), impuesta de manera no democrática por un acuerdo cupular carente de representación y sin discusión parlamentaria, y vendida mediáticamente como la panacea para mejorar la calidad de la enseñanza −pero que rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional−, está destinada a generar desobediencia civil y resistencias en defensa de la educación pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral aplicada al sector educativo, ya que está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.

Ante tal situación, la disyuntiva del régimen es negociar o reprimir. El je­fe del Ejecutivo, Enrique Peña, ha dicho que su iniciativa no se negocia; que asume los costos del uso de la fuerza contra el magisterio disidente y que en su contrarreforma educativa no hay marcha atrás. Su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advirtió a quienes calificó de minoría de detractores que todo tiene un límite. Ergo, amenazó con el uso de la violencia punitiva estatal. En otro asomo de autoritarismo, el comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, dijo que no iba a tolerar más bloqueos en la Autopista del Sol. Y el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, insistió en que se de­be sancionar económicamente a los mentores que realicen protestas callejeras, paros de labores y otras formas de inconformidad. Por su parte, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que el gobierno intenta administrar el conflicto y que los actos de represión no detendrán las movilizaciones.
 
El conflicto está entrampado. Otra batalla asimétrica se libra en los medios de difusión masiva bajo control corporativo privado. Maniqueo el discurso, mediante campañas de intoxicación propagandística, los comunicadores de algunos multimedia se han puesto a defender los intereses de sus propietarios y de la plutocracia; del poder real, pues. Incapaces para el análisis, histéricos, inquisidores, y despreciando los más limpios valores y principios deontológicos del periodismo, actúan como policías del pensamiento. Como repetidores de la verdad oficial, invocan la razón de Estado, y mientras calumnian, estigmatizan y animalizan a los maestros exigen mano dura; la aplicación del garrote y cárcel para los vándalos, revoltosos y vociferantes. En sus noticiarios repiten ad náuseam −diría Carlos Monsiváis− imágenes verbalizadas y editorializadas (como los enfrentamientos en la Autopista del Sol entre los federales de Mondragón y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), con la intención encubierta de generar un clima de linchamiento y asfixia progresiva contra los educadores, a quienes señalan como culpables de la catástrofe educativa nacional. Buscan convertir un problema social en asunto penal.
 
En la era de la cultura global y la tiranía de la comunicación, la estandarización y la repetición de la mentira que se hace verdad −fórmula consustancial a todo Estado autoritario− busca que el receptor interiorice de manera subconsciente el glosario del poder. En general, el telespectador no se da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías del régimen. Como dice Noam Chomsky, la propaganda, a través de la manipulación del lenguaje, desarma a la gente y la inhibe en su capacidad de ejercer la crítica. Así, nada parece importante, y eso desarrolla el conformismo y la indiferencia y estimula el escepticismo. La dictadura de la televisión no deja que nadie se forme una opinión propia; para que todos asuman como opinión propia y reproduzcan con convicción el producto doctrinario de los media, que se convierte así en la opinión pública homosintonizada, única y omniexcluyente. Se trata de evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información.
 
Como en otros pasajes de la historia mexicana reciente, la resistencia magisterial a la contrarreforma educativa de Peña y la OCDE exhibe la verdadera cara de los medios masivos y sus asalariados. El rostro de la indignidad intelectual, el del odio a la inteligencia, a la información, al libre examen, a la educación y la cultura populares. Y es un reflejo del verdadero rostro del sistema de dominación clasista.
 
La chica Pepsi-Helguera
Con los maestros
John M. Ackerman
 
Un nuevo movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo crece en el sur del país. El Movimiento Popular Guerrerense se levanta como una ola de esperanza ante la enorme sed de justicia de la sociedad mexicana. Sus justas demandas universales tendrían que empujar a movimientos paralelos, como el Movimiento por la Paz, #YoSoy132 y Morena, a mostrar la humildad y generosidad necesarias para sumar en lugar de restar, para apoyar en lugar de competir.
 
La mejor muestra de que la lucha de los maestros de Guerrero no está motivada por intereses particulares, sino por grandes ideales, es la naturaleza de sus demandas. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos, equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo necesario para impartir clases como desearían, y no en salones con graves problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la calidad de la educación pública.

La principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del Estado para la construcción, mantenimiento, equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás necesidades del servicio educativo. El listado no menciona salarios ni prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de las condiciones educativas.

Esta solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.

De acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor. Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7 y Cuba 12.9 por ciento.

La LGE ya incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por lo menos 8 por ciento del PIB al gasto en educación pública y en los servicios educativos. Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros y se encuentra tramposamente condicionada a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables. Además, la ley no garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen aún más en el abandono.
 
Otra demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las normales públicas. Resulta evidente que las personas idóneas para educar a nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la materia.
 
Los jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación primaria merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser obligados a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México necesita a sus normalistas educando y formando niños en su país, no lavando platos o cuidando los jardines de los estadunidenses más privilegiados.
 
México debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que simultáneamente facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo económico. Una política como la que exige la Ceteg constituye, además, la mejor protección contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico en las comunidades más humildes del país. Un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el desarrollo social.
 
Todos los jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho a un empleo digno en su materia de especialización. La coyuntura actual podría ser una oportunidad de oro para rearticular #YoSoy132 en función de esta demanda universal. No hace falta recurrir a autores extranjeros o a utopías exageradas para fundamentar esta exigencia, sino solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria Constitución, tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
Todo yo, todo yo-Hernández
Margaret Thatcher: la herencia
León Bendesky
Thatcher es una referencia inevitable en la conformación de las políticas públicas que han predominado –con algunas variaciones– en el mundo desde la década de 1980. La consideración de su gobierno y del legado que dejó en el llamado neoliberalismo es intensa, también lo son las disputas entre partidarios y detractores.
 
Tales disputas en torno a su gobierno partieron del fuerte impacto político y sobre todo del efecto adverso para gran parte de la población en ese país. Aún resuenan luego de más de 20 años de que dejara el poder, repudiada incluso por su propio partido y su gabinete, que buscaba salvar el pellejo ante los efectos del thatcherismo. Aunque luego, John Major en esencia lo sostuvo hasta 1997.

Thatcher es un personaje que provoca reacciones que se plasman en blanco y negro: quien la admira admite apenas algunos rasgos negativos de carácter y forma de ejercer el liderazgo; quien la reprueba no admite nada en su defensa. Así es ese personaje y así tiende a ser la política en muchas ocasiones. En todo caso es curiosa la relación que se estableció entre la primera mujer que llegó a primer ministro en Gran Bretaña y que encabezó el gobierno más largo del siglo XX. Todos la llamaban Maggie.

En política los tonos de gris también cuentan. Llegó al poder en 1979, cuando la economía británica estaba molida. En 1976 el gobierno laborista fue forzado a pedir la intervención del FMI para allegarse un préstamo de casi 4 mil millones de dólares (que valían mucho más que ahora). Ello acarreó grandes recortes en el gasto público con repercusiones muy negativas en las políticas económicas y sociales.

En general la economía capitalista en la década de 1970 se enfrentaba al doble problema de alta inflación y desempleo, lo que ponía en entredicho la forma de gestión aplicada en la postguerra. Además de que el presidente Nixon acabó con la convertibilidad del dólar en oro, eliminando lo que restaba del patrón oro y los acuerdos de Bretton Woods de 1944.

La economía británica funcionaba con muy bajos niveles de productividad y el Estado participaba ampliamente en la provisión de bienes y servicios públicos con crecientes déficit; la regulación en muchos campos era excesiva y se reconoce que su eliminación hizo más fácil las cosas para los consumidores. Los sindicatos habían adquirido un gran poder de negociación, que acababa muchas veces en la parálisis; Thatcher se ensañó con ellos. El campo era bastante fértil para que tras los resultados los dos gobiernos laboristas de Harold Wilson y el de James Callaghan, los conservadores llegaran al poder con Thatcher.

Su visión del mundo se impuso. La sociedad no existe, afirmó. Así llevó al extremo los principios liberales que había sentado Adam Smith: una sociedad de mercado se conforma por individuos que se comportan como átomos, aunque admitía que los intereses de los grupos sociales (las clases) y el mismo gobierno solían ser antagónicos. La persecución del bienestar individual es el que lleva al bienestar colectivo. Eso provocaba la armonía económica como también decía Bastiat, una de las referencias socorridas de Thatcher. Que la influencia de Hayek haya sido decisiva es comprensible, pues pugnaba por mantener al gobierno al margen de los mercados que se autoajustaban; aun ahora sigue siendo clave del movimiento neoconservador.
 
Thatcher no se mantuvo al margen sino que incidió de modo sustancial en la redefinición de los ámbitos de lo público y lo privado, replanteó el modo de provisión de los servicios públicos y ahí enfrentó bastante resistencia y no llegó hasta donde pretendía. Lo que indicaba que la sociedad sí existe. El efecto en la industria británica tradicional fue muy severo, por ejemplo, en la metalurgia y la minería del carbón. Así lo mostraron filmes como Tocando el viento, Billy Elliot y The Full Monty; también se expresó en la crítica y la literatura de una generación que se oponía a ella y luego llegó a ser una referencia hasta ahora: Hitchens, McEwan o Amis, entre ellos.
 
Los críticos dicen que Thatcher pretendía darle un valor monetario a los seres humanos y que había creado un especie de sadomonetarismo. Parte de eso fue la desregulación del sector financiero en 1986 que devolvió a la City londinense un papel más protagónico en los mercados mundiales de dinero y capital. Ese proceso se fue haciendo global y está en el centro de las crisis de 1987, 2000 y 2008.
 
La cercanía con las políticas de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989) constituyó una alianza que llevó al neoliberalismo a un lugar prominente en la política en todo el planeta. Almas gemelas los llamaron. Hasta se les adjudica la caída de la URSS, lo que parece muy exagerado pues ese sistema era ya completamente disfuncional.
 
Los ecos del thatcherismo aún resuenan. Así lo muestra la forma en que se está administrando la crisis económica de la zona euro con un severísimo castigo a la población, una fijación política e ideológica con el ajuste a ultranza de las finanzas y la deuda públicas, y un nuevo embate en contra de una sociedad maltratada, que no inexistente. Mientras, el sector financiero sigue enfrascado en actividades especulativas muy rentables y los estados en situación de quiebra.
 
No surgen las alternativas políticas que puedan marcar un nuevo rumbo en la economía y la administración de las cosas que son públicas y que alcen y logren mantener los niveles de vida de la gente. La herencia de Thatcher sigue vigente y la izquierda en todas partes debería reflexionar más al respecto para ser más útil.

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