Calderón, impunidad desde el Estado
Tanto Calderón Hinojosa como la entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, se llenaron al boca al nombrar esa estrategia como “Operación Limpieza”.
Pero de acuerdo con la resolución de los jueces federales que dejaron en libertad primero al ex director de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, y luego al general Tomás Ángeles Dauahare, simplemente no había pruebas contundentes para mantenerlos en la cárcel.
En el primer caso, Ramírez Mandujano permaneció detenido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de “El Rincón’’, ubicado en Nayarit, durante cuatro años, tres meses y 25 días, acusado de tener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Mauricio Fernández de la Mora, le dictó la sentencia absolutoria por delitos de delincuencia organizada, al estimar que se trató de “una fabricación y una confabulación de ex funcionarios públicos” en su contra.
Ya en libertad, Noé Ramírez acusó a Calderón Hinojosa y a Morales Ibáñez de “engañar” al pueblo de México y, más aún, de promover desde el Estado detenciones armadas a modo para quedar bien con la opinión pública y con las exigencias del gobierno de Estados Unidos, socio de México en la guerra contra las drogas a través de la Iniciativa Mérida.
“Fue una farsa, engañaron al pueblo mexicano [Calderón y Morales], le quisieron hacer creer que realmente se estaba trabajando, que se estaba metiendo a la cárcel a servidores públicos desleales cuando era todo lo contrario, y no por tratarse de mí sino por otros servidores públicos que trabajaron mucho por México. Yo lo hice. Yo abandoné a mi familia por trabajar por México, solamente pensaba en mi trabajo, entraba temprano, salía tarde y con eso me pagaron, ese fue mi premio, irme a la cárcel, porque un testigo dijo que yo había recibido dinero”, comentó Ramírez Mandujano.
En el segundo caso, el general Ángeles Dauahare fue detenido el 15 de mayo de 2012, junto con otros cinco militares, acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado y, en específico, con los Beltrán Leyva.
La PGR planteó el sobreseimiento de su causa penal por no encontrar conclusiones acusatorias contra el General. Todas las pruebas, dijo Jesús Murillo Karam, estaban basadas “en el dicho de un testigo protegido bastante desacreditado y bajo circunstancias poco probables”.
Por ello, el juez Raúl Valerio Ramírez, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó su inmediata liberación del Centro Federal de Readaptación número 1 Altiplano.
El militar en retiro calificó como “dolosas y falsas” las acusaciones que “criminales y asesinos” hicieron en su contra, en el contexto de la “Operación Limpieza” del gobierno de Calderón.
Tomás Ángeles no quiso referirse directamente al ex Presidente, pero a su salida de la cárcel afirmó que sobre Marisela Morales no tiene buenos comentarios: “Lo que he vivido yo, lo que están sufriendo los compañeros militares y cantidad de internos en este penal no hablan bien de ella”.
Ahora, la PGR ha informado que procederá contra Roberto López Nájera, testigo protegido con clave “Jennifer”: “Estoy obligado a hacerlo porque me lo pidió un juez en su sentencia”, dijo Murillo Karam, quien también afirmó que esa investigación se hará a servidores públicos de todos los niveles en esa dependencia: “La ley no tiene niveles, lo último que veo son los nombres”.
Pero estos dos casos son, por ahora, los más mediáticos entre las múltiples irregularidades administrativas y judiciales cometidas en el marco de la “Operación Limpieza” de Felipe Calderón.
Esa estrategia, que inició en 2008, dio sus primeros pasos con la sustitución de 56 contralores de las principales dependencias y principales áreas del gobierno federal, que concentraban también el grueso del presupuesto y, por lo tanto, las mayores fugas de recursos: la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Energía; la Policía Federal; Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras.
Dichos contralores fueron reemplazados por funcionarios y militantes panistas que se mantuvieron en esos puestos hasta el final del sexenio pasado.
En el Congreso han circulado demandas de que la consigna de los nuevos contralores fue la desaparición de expedientes: miles de documentos fueron quemados o destruidos para desaparecer el “cuantioso saqueo” del presupuesto federal, dijeron a tiempo los entonces legisladores de la oposición, incluidos los del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lo que es totalmente cierto es que ahora se hace necesario investigar hasta dónde los principales funcionarios públicos federales del país, comenzando por el ex Presidente Calderón, fueron capaces de quebrantar la ley, manipularla, fabricar delitos a decenas de personas, manipular conciencias y ampararse en la impunidad, con tal de lograr sus objetivos políticos y económicos de grupo.
Murillo Karam ya prometió llegar al fondo, sin importar los nombres. Y si de hacer operación limpieza se trata, es la hora de que la basura se ponga en su lugar.
El gobierno de EPN da dos duras lecciones a Calderón en 24 horas; libera a dos presos “espectaculares”
Por: Redacción / Sinembargo - abril 18 de 2013 - 0:00
De revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 12 comentarios
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El general. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– En sólo 24 horas, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio por cerrados dos de los capítulos más cuestionados de la administración de Felipe Calderón. Primero liberó al ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano. Luego, al general Tomás Ángeles Dauahare.
En ambos casos, la defensa acusó, entre otras cosas, de “revanchismo” dentro del equipo presidencial. Pero el ex Presidente puso a ambos presos “espectaculares” como “ejemplo” de la “limpieza llevada a cabo por su administración”.
Ramírez Mandujano, quien fue preso en “Operación Limpieza”, no es el único que evidencia el fracaso de la justicia en el sexenio anterior. De los altos mandos que durante el sexenio pasado fueron detenidos en ese operativo, Víctor Garay Cadena, Javier Herrera Valles, Ricardo Gutiérrez Vargas y Rodolfo de la Guardia García obtuvieron antes sentencia absolutoria. También la ex agente Beatriz Elena Veramendi, quien por cuatro años trabajó en la embajada de Estados Unidos en México, fue liberada por falta de elementos.
El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó, tras la liberación de Ramírez Mandujano, que “todos esos casos dejan lección clara, y creo que lo que nosotros debemos hacer es profesionalizar, capacitar, preparar a las fiscalías, ministerios públicos, a la propia policía investigadora al trabajo pericial y de investigación científica”. Agregó que se deben evitar casos como el de Noé Ramírez Mandujano.
Y ayer, la Procuraduría General de Justicia (PGR) ratificó las conclusiones de inculpabilidad al general Tomás Ángeles Dauahare. El militar fue acusado durante el gobierno de Calderón Hinojosa de supuestos vínculos con el narcotráfico.
Un juez federal había dado un plazo de 10 días al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para que ratificara las conclusiones de inculpabilidad que presentó un agente del Ministerio Público Federal. Lo hizo.
De acuerdo a la causa penal 44/2012 que se inició contra el general por el presunto delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, la PGR notificó al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales del Estado de México que no hay pruebas que vinculen al militar con el crimen organizado.
El pasado 1 de agosto de 2012, el General Tomás Ángeles junto con otros o cinco militares –los generales Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el brigadier Roberto Dawe González, el Teniente Silvio Hernández Soto y el Mayor Iván Reyna Muñoz– fueron aprehendidos por supuesta protección a una organización criminal.
El gobierno de Calderón insistió en tenerlo preso, pero el 22 de enero pasado, el gobierno de Peña Nieto reconoció ante un juez federal que no tenía pruebas que confirmaran las declaraciones de “Jennifer” y “Mateo”, los testigos protegidos que incriminaron al General.
“Jennifer” es Roberto López Nájera, un abogado que sirvió a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, operador de los Beltrán Leyva, mientras “Mateo” es Sergio Villarreal, “El Grande”, segundo al mando en ese cártel hasta que la Marina lo detuvo en 2010.
Y RAMÍREZ MANDUJANO
Un día antes, el martes, el ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de “El Rincón’’, ubicado en Nayarit, donde estuvo cuatro años, tres meses y 25 días, acusado en la “Operación Limpieza’’ de nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva, delitos de los que fue exonerado el lunes.
El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Mauricio Fernández de la Mora, dictó sentencia absolutoria por delitos de delincuencia organizada, al estimar que fue una fabricación y una confabulación de ex funcionarios públicos, Ramírez Mandujano, viajó con destino a la Ciudad de México.
Ramírez Mandujano fue detenido el 20 de noviembre de 2008, acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de los Beltrán Leyva a cambio de otorgarles información privilegiada. La acusación se sustentó principalmente con testimonios de un testigo protegido conocido como “Jennifer”, mismo que testificó contra el ex general Tomás Ángeles Dauahare, quien también estuvo preso por el mismo delito: brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
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