Caso Acteal: Zedillo, todavía en riesgo
El expresidente Ernesto Zedillo.
Foto: Xinhua / Rodrigo Oropeza
Foto: Xinhua / Rodrigo Oropeza
El expresidente Felipe Calderón y quien fuera su canciller, Patricia Espinosa, niegan haber ordenado a la embajada mexicana en Estados Unidos que gestionara la inmunidad para Ernesto Zedillo en torno al caso Acteal. El entonces embajador, Arturo Sarukhán, escuetamente afirma que él sólo cumplió órdenes. Nadie asume su responsabilidad y el conflicto saltó de mano en mano hasta quedar en las del exdiplomático. El juez que lleva el caso de la demanda contra el exgobernante priista se lanza a fondo contra Sarukhán, a quien –en consecuencia– acusa de haber actuado por su cuenta en aquella gestión, con lo que habría violado la ley.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El expresidente Felipe Calderón se deslindó. Declaró ante la justicia federal que nunca dio la orden de solicitarle al gobierno de Estados Unidos inmunidad diplomática para el exmandatario Ernesto Zedillo.
La extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Espinosa también se desmarcó y ahora el único integrante del gobierno anterior que debe responder por las acciones para favorecer a Zedillo es el exembajador Arturo Sarukhán. Pero éste se defiende y en declaraciones a Proceso asegura que actuó bajo las órdenes del gobierno de Calderón.
Flamante miembro de la poderosa firma de cabildeo estadunidense Podesta Group, Sarukhán es quien ahora debe responder por las violaciones constitucionales que, de acuerdo con el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, existieron al solicitar la inmunidad para el expresidente priista.
En una sucesión de irregularidades y violaciones a la Constitución y a tratados internacionales que, en opinión del juez Ricardo Gallardo Vara, hubo en las gestiones a favor de Zedillo, el miércoles 6 de marzo aquél concedió un amparo a familiares de las víctimas de la matanza de Acteal, Chiapas, contra la solicitud gestionada por el exembajador (Proceso 1897).
El amparo, con el número 1093/2012, busca que se retire la solicitud de inmunidad gestionada por Sarukhán para detener la demanda civil contra Zedillo emprendida por los familiares de las víctimas de Acteal en la Corte Federal del Distrito de Connecticut, jurisdicción en la que vive el expresidente.
En caso de que quede firme, el amparo se traduciría en el retiro de la nota diplomática. La consecuencia sería no tener por presentada la solicitud y el gobierno estadunidense tendría que tomar en cuenta la insubsistencia jurídica de la petición, mientras que la Corte de Connecticut seguiría con la demanda de juicio civil sin tomar en cuenta la nota de Sarukhán.
Argumentos “falaces”
En su resolución, conocida en detalle apenas ahora, Gallardo Vara consideró “falaces” los argumentos de Sarukhán para justificar jurídicamente la petición, pero además determinó que la actuación del exembajador representó violaciones a los derechos humanos de quienes demandaron a Zedillo, en especial el de acceso a la justicia y a contar con un recurso efectivo.
Según el juez, el exembajador de México en Washington careció de argumentos jurídicos para sustentar “la defensa a ultranza” que hizo de Zedillo, a quien familiares de las víctimas de Acteal responsabilizan de la matanza ocurrida en diciembre de 1997, por lo que ahora le piden una reparación del daño, que estiman en 50 millones de dólares.
El juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del DF arremetió contra Sarukhán porque Calderón y Espinosa, en sus declaraciones ante esa instancia judicial, dejaron solo al exdiplomático, quien acaba de ser nombrado presidente de GlobalSolutions, una subsidiaria de Podesta Group dedicada a la estrategia y manejo de riesgo para empresas y gobiernos.
El expresidente, la excanciller y el exembajador ahora se echan la pelota de la nota diplomática 07654 del 4 de noviembre de 2011, en la que Sarukhán solicitó al gobierno de Barack Obama su intervención para sugerirle a la Corte de Connecticut que el expresidente no fuera sometido a juicio en razón al “reconocimiento de su inmunidad”.
De acuerdo con la resolución del juez, “el embajador responsable afirma categóricamente que la solicitud de inmunidad de jurisdicción controvertida obedeció a las órdenes e instrucciones que le giraron los representantes del Estado mexicano (presidente de la República y secretaria de Relaciones Exteriores) e incluso por esa circunstancia tal solicitud internacional la formuló a nombre de los Estados Unidos Mexicanos”.
Sin embargo ni Calderón ni Espinosa asumen haber ordenado a Sarukhán promover ante el gobierno estadunidense la defensa de Zedillo. Esas autoridades, dice el juez en alusión a Calderón y Espinosa, “negaron expresamente haber emitido dichas órdenes o instrucciones en sus informes justificados” ante el juzgado.
Si los jefes del entonces embajador no reconocieron ante la justicia esa orden, entonces “la misiva diplomática impugnada no tiene justificación alguna, habida cuenta que el funcionario responsable la realizó a título personal y sin la anuencia oficial de los encargados de la política exterior en el país, lo cual corrobora la inconstitucionalidad en su actuar al violar directamente” el artículo 89 de la Constitución en lo relativo a los responsables de la conducción de la política exterior.
Aunque se desmarcaron ante el juez, ni el entonces presidente ni su canciller desmintieron públicamente cuando se informó tanto en México como en Estados Unidos que el gobierno de Calderón había gestionado la inmunidad para Zedillo.
“Al no salir a desmentir, ambos consintieron el acto”, dice el excónsul de México en San Antonio, el abogado Humberto Hernández Haddad.
Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El expresidente Felipe Calderón se deslindó. Declaró ante la justicia federal que nunca dio la orden de solicitarle al gobierno de Estados Unidos inmunidad diplomática para el exmandatario Ernesto Zedillo.
La extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Espinosa también se desmarcó y ahora el único integrante del gobierno anterior que debe responder por las acciones para favorecer a Zedillo es el exembajador Arturo Sarukhán. Pero éste se defiende y en declaraciones a Proceso asegura que actuó bajo las órdenes del gobierno de Calderón.
Flamante miembro de la poderosa firma de cabildeo estadunidense Podesta Group, Sarukhán es quien ahora debe responder por las violaciones constitucionales que, de acuerdo con el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, existieron al solicitar la inmunidad para el expresidente priista.
En una sucesión de irregularidades y violaciones a la Constitución y a tratados internacionales que, en opinión del juez Ricardo Gallardo Vara, hubo en las gestiones a favor de Zedillo, el miércoles 6 de marzo aquél concedió un amparo a familiares de las víctimas de la matanza de Acteal, Chiapas, contra la solicitud gestionada por el exembajador (Proceso 1897).
El amparo, con el número 1093/2012, busca que se retire la solicitud de inmunidad gestionada por Sarukhán para detener la demanda civil contra Zedillo emprendida por los familiares de las víctimas de Acteal en la Corte Federal del Distrito de Connecticut, jurisdicción en la que vive el expresidente.
En caso de que quede firme, el amparo se traduciría en el retiro de la nota diplomática. La consecuencia sería no tener por presentada la solicitud y el gobierno estadunidense tendría que tomar en cuenta la insubsistencia jurídica de la petición, mientras que la Corte de Connecticut seguiría con la demanda de juicio civil sin tomar en cuenta la nota de Sarukhán.
Argumentos “falaces”
En su resolución, conocida en detalle apenas ahora, Gallardo Vara consideró “falaces” los argumentos de Sarukhán para justificar jurídicamente la petición, pero además determinó que la actuación del exembajador representó violaciones a los derechos humanos de quienes demandaron a Zedillo, en especial el de acceso a la justicia y a contar con un recurso efectivo.
Según el juez, el exembajador de México en Washington careció de argumentos jurídicos para sustentar “la defensa a ultranza” que hizo de Zedillo, a quien familiares de las víctimas de Acteal responsabilizan de la matanza ocurrida en diciembre de 1997, por lo que ahora le piden una reparación del daño, que estiman en 50 millones de dólares.
El juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del DF arremetió contra Sarukhán porque Calderón y Espinosa, en sus declaraciones ante esa instancia judicial, dejaron solo al exdiplomático, quien acaba de ser nombrado presidente de GlobalSolutions, una subsidiaria de Podesta Group dedicada a la estrategia y manejo de riesgo para empresas y gobiernos.
El expresidente, la excanciller y el exembajador ahora se echan la pelota de la nota diplomática 07654 del 4 de noviembre de 2011, en la que Sarukhán solicitó al gobierno de Barack Obama su intervención para sugerirle a la Corte de Connecticut que el expresidente no fuera sometido a juicio en razón al “reconocimiento de su inmunidad”.
De acuerdo con la resolución del juez, “el embajador responsable afirma categóricamente que la solicitud de inmunidad de jurisdicción controvertida obedeció a las órdenes e instrucciones que le giraron los representantes del Estado mexicano (presidente de la República y secretaria de Relaciones Exteriores) e incluso por esa circunstancia tal solicitud internacional la formuló a nombre de los Estados Unidos Mexicanos”.
Sin embargo ni Calderón ni Espinosa asumen haber ordenado a Sarukhán promover ante el gobierno estadunidense la defensa de Zedillo. Esas autoridades, dice el juez en alusión a Calderón y Espinosa, “negaron expresamente haber emitido dichas órdenes o instrucciones en sus informes justificados” ante el juzgado.
Si los jefes del entonces embajador no reconocieron ante la justicia esa orden, entonces “la misiva diplomática impugnada no tiene justificación alguna, habida cuenta que el funcionario responsable la realizó a título personal y sin la anuencia oficial de los encargados de la política exterior en el país, lo cual corrobora la inconstitucionalidad en su actuar al violar directamente” el artículo 89 de la Constitución en lo relativo a los responsables de la conducción de la política exterior.
Aunque se desmarcaron ante el juez, ni el entonces presidente ni su canciller desmintieron públicamente cuando se informó tanto en México como en Estados Unidos que el gobierno de Calderón había gestionado la inmunidad para Zedillo.
“Al no salir a desmentir, ambos consintieron el acto”, dice el excónsul de México en San Antonio, el abogado Humberto Hernández Haddad.
Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación.
México en venta: el patrimonio de la discordia
La Venus Calipigia, una estatuilla de 71 centímetros de altura, nacida hace más de 23 siglos al occidente del Altiplano Central, en las lomas cercanas al Río Lerma y su afluente, el río Tigre, en el actual estado de Guanajuato.
Foto: Shoteby's
Foto: Shoteby's
La semana pasada, en París, la subasta de la colección privada más grande de arte prehispánico recaudó más de 13 millones de dólares (160 millones de pesos). Las piezas arqueológicas, procedentes de toda América Latina, entre ellas más de 100 olmecas, aztecas y mayas originarias de México, desataron una vez más la polémica sobre la restitución de las obras propiedad de la nación. No obstante, parece que la comercialización de esos bienes ya no funciona tan bien como antes…
PARÍS (Proceso).- “El lote número 137, cultura Chupícuaro, origen México, iniciamos la puja a 1 millón 200 mil euros señores…”, suelta el martillero de la subasta, ubicado detrás de un atril de madera que domina la gran sala de venta de la sucursal de Sotheby’s en esta ciudad. La estrella de la noche esta aquí, a unos metros del martillero, bajo una protección de vidrio, sus ojos risueños mirando frente a ella los centenares de curiosos y compradores que van a empezar la puja. Se trata de una Venus Calipigia, una estatuilla de 71 centímetros de altura, nacida hace más de 23 siglos al occidente del Altiplano Central, en las lomas cercanas al Río Lerma y su afluente, el río Tigre, en el actual estado de Guanajuato.
Con sus formas angulosas y sus motivos geométricos color crema y rojo, es muy representativa de la cultura chupícuaro, al igual que una de sus hermanas, una pequeña Venus Calipigia de 30 centímetros, emblema y logo del Musée du Quai Branly, el museo parisino dedicado a las culturas no occidentales. Pero la semana pasada, nuestra Venus Chupícuaro, la más alta conocida hasta ahora, no era nada más que un objeto de arte en venta, a solamente unos metros del Eliseo, el palacio presidencial francés. Aquel día, la flor y nata de la capital francesa acudió para verla: coleccionistas, jefes de empresa, apasionados de arte, arqueólogos, o simples curiosos…y todos se callaron cuando llegó su turno.
“Nueva oferta a 1 millón 300 mil euros por teléfono, señores!”, lanza el martillero. Los subastadores presentes en la sala se quedan inmóviles. “Imposible, demasiado caro”, sopla un elegante sexagenario. El destino de la Venus de Guanajuato se estará jugando por teléfono: a la izquierda del martillero, los comisionistas de Sotheby’s reciben las órdenes de los subastadores, quienes quizá se encuentran en otros continentes.
“¡1.3 millón de euros, por teléfono…! ¿Quién da más?”
En un minuto el precio alcanza 1.7 millones de euros.
“¿Alguna otra oferta…?”. Un largo silencio invade el recinto, cada uno se mira atentamente; la Venus, detrás de su protección de vidrio, sigue mirando a los subastadores con sus ojitos risueños. Con un gesto seco, el director de la subasta golpea la madera:
“¡Vendida por 1 millón 700 mil euros, señores!”
Museo en venta
En total, añadiendo una “prima del comprador” de 10%, la Venus Calipigia ha sido vendida por más de 2.5 millones de dólares, “un récord mundial para una cerámica mexicana”, según explica Jacques Blazy, experto encargado de la histórica colección Barbier-Mueller.
Histórica porque se trata de la más grande colección privada de arte precolombino: la Barbier-Mueller, del nombre de su propietario, el suizo Jean-Paul Barbier-Mueller, que reúne, con sus 340 objetos de arte, testigos innumerables de las civilizaciones del continente americano, de Alaska a la Patagonia, de 1500 a.C. hasta la llegada de los españoles. La aventura empezada en los años veinte, cuando un joven coleccionista suizo, Joseph Mueller, compra una estatuilla azteca, se convierte rápido en un negocio exitoso: Su yerno, Jean-Paul Barbier-Mueller, engrandece la colección, comprando una parte al franco-canadiense Guy Joussemet, que incluye especialmente la Venus Calipigia de Chupícuaro, y la otra estrella de la venta, una cerámica de color rojo con motivos color crema, representando un pato en vuelo. El objeto, magnífico testimonio de la cultura purépecha (1200-1521 a.C., hoy Michoacán), se vendió el viernes pasado en más de 2 millones de dólares.
El coleccionista compra también piezas arqueológicas en Estados Unidos, como esa estatuilla de 10 centímetros de altura de la cultura olmeca (1200-800 a.C.): una verdadera joya de serpentina verde que representa a un “hombre sentado”, los miembros delicados, la cabeza magníficamente dibujada, los ojos profundos incrustados con los que desvía la mirada. En total, la Barbier-Mueller consta de 130 piezas procedentes del territorio mexicano que constituyen verdaderos espejos de la civilización maya, o de las culturas olmeca, Peña del Toro, Colima, de El Zapotal, purépecha (tarasca), Chupícuaro o Mezcala.
En 1977, Jean-Paul Barbier-Mueller inaugura su museo en Ginebra, Suiza, para exponer sus colecciones al público, y en 1997 presta sus piezas precolombinas al ayuntamiento de Barcelona, constituyendo así el único museo de Europa solamente dedicado al arte prehispánico. La capital catalana estaba a punto de comprarla cuando llegó la crisis económica a España. El proyecto de museo fue abandonando en el congelador.
“Jean-Paul Barbier Mueller se decidió a venderla –explica Jacques Blazy–, quería agrandar sus colecciones de artes oceánicas y africanas.”
Sin embargo, en los pasillos de la Casa Sotheby’s en París, se murmura otro discurso: “Con la ira de los Estados latinoamericanos cuando se venden objetos prehispánicos, mejor desprenderse de una colección de tanta importancia”, susurra un coleccionista. Un argumento que podría también explicar el mediocre resultado de la venta: 13 millones de dólares de facturación, muy por debajo de la estimación más baja, de 18 millones de dólares. Porque apenas oficializada la venta de la Barbier-Mueller, los Estados latinoamericanos, en primera fila Perú y México, no perdieron ni un minuto en mostrar su desacuerdo con la subasta: el 15 de febrero, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mexicano presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la venta de piezas que “pertenecen al patrimonio de la Nación”. El INAH explica que “determinó que de 130 objetos anunciados como procedentes de territorio mexicano, para ser ofertados en París, 51 son bienes arqueológicos propiedad de la nación y el resto artesanías”.
Por su parte, Perú reclamó a principios de marzo la restitución de 67 objetos arqueológicos, al considerar que salieron del país en forma ilegal. El 15 de marzo, Guatemala exigió el regreso de 13 piezas, seguido unos días más tarde por Venezuela, indignado por la venta de cinco de sus bienes arqueológicos.
Sotheby’s Francia respondió que la colección tiene un pasado prestigioso: “Durante 15 años, esta colección estuvo en un museo en Barcelona y nadie se quejó”, refuta Jacques Blazy. Cierto, pero para México se trata sobre todo de oponerse a “la comercialización de sus bienes arqueológicos”, como lo subraya un comunicado de prensa del INAH enviado dos días antes de la venta, como un último intento de presionar a Sotheby’s y a las autoridades francesas, “por medio de una nota diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, México solicitó a éste su intervención para hacer del conocimiento de las autoridades francesas competentes las conclusiones del INAH” sobre la venta.
Debilidad del derecho
El Ministerio de Asuntos Exteriores nunca respondió, y el ambiente durante la venta era tenso: en los pasillos de la sucursal de Sotheby’s, los profesionales hablan de la desafección de los museos estadunidenses, tradicionalmente grandes consumidores de piezas prehispánicas. Otra señal: las de mayor importancia no se vendieron bien, con adquisiciones inferiores a las estimaciones más bajas: “Y los pequeños objetos, estimados entre 4 mil y 15 mil euros, no se vendieron”, analiza el experto de la venta Jacques Blazy. De los 313 lotes puestos a la venta, solo 147 encontraron comprador. ¿La culpa será de la crisis? “Ese tipo de objetos los compraban los profesionistas liberales, como los médicos, los abogados, y son personas muy afectadas por la crisis económica. Pero los reclamos de los Estados latinoamericanos también tienen su parte de responsabilidad”, añade Jacques Blazy.
Sin embargo, ¿de qué tendrán miedo los museos estadunidenses y los coleccionistas? “Que tengamos que restituir el objeto a su país de origen”, exclama un apasionado de arte precolombino, que asistió, pero no compró ni una pieza.
Cruzando el Atlántico, la reacción es más positiva: “Es una muy buena noticia”, se felicita el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología del INAH:
“El objetivo era justamente sensibilizar a la opinión pública. El mundo tiene que entender que no se trata de obras de arte, sino de bienes patrimoniales. Tienen evidentemente una carga estética, pero, ante todo, son documentos históricos que permiten generar conocimientos para nuestra sociedad. Es como vender las hojas arrancadas de un libro de historia.”
Un argumento de índole ético que suena como un delgado consuelo para el arqueólogo, que espera ver algún día resultados concretos:
“De acuerdo con la legislación, todos los bienes anteriores a la llegada de los españoles son parte del patrimonio nacional, y no se pueden vender.”
En México, cuatro documentos jurídicos protegen ese “patrimonio nacional”: la Constitución Política de 1917; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972; la Ley de Bienes Generales de 1981, y el Reglamento para Investigación Arqueológica de 1984. Un arsenal jurídico que no impide el tráfico ilegal de objetos arqueológicos:
“¿Cómo vigilar casi 50 mil sitios arqueológicos a lo largo y ancho del país? –lamenta–. Y es casi imposible determinar cuándo y cómo las piezas salieron.”
Con el objeto de paliar esa impotencia jurídica, el Consejo Internacional de los Museos (ICOM) estableció, para diferentes zonas del mundo afectadas por el tráfico ilegal, una “lista roja de bienes culturales en peligro”: la de Centroamérica y México establece varias categorías de objetos (cerámica, metales, lítica, pintura, platería, etcétera) y de periodo histórico (prehispánico, colonial y republicano) en los cuales fotografías y descripciones permiten hacer una tipología de los bienes susceptibles, algún día, de encontrarse en la tienda de un comerciante de arte a través del mundo.
Especulación criminal
Por necesaria y simbólica que sea, esa “lista roja” no tiene ningún peso jurídico, al igual que las leyes nacionales en un problema tan internacionalizado como lo es el comercio de objetos de arte.
“El comercio de objetos de arte es internacional, por lo cual tenemos un conflicto de leyes, porque cada país tiene su propia ley”, analiza Alexis Fournol, abogado parisino especializado en el tema.
“Por lo tanto es necesario una legislación y una concertación a nivel internacional.”
Pero ya existe: se trata de la Convención de la UNESCO de 1970, que tomó vuelo gracias a las iniciativas de los Estados mexicano y peruano, enfrentados desde los años sesenta a un aumento inquietante de los saqueos de sitios arqueológicos. Una tendencia criminal que coincide con la explosión de la especulación sobre los objetos de arte. Lo que sigue nos lo cuenta un informe del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra en 1997, escrito por Catherine Schümperli Younossian:
“Los bienes culturales son cada vez más considerados como mercancías. Y en los años ochenta y noventa, la prosperidad favoreció el desarrollo del mercado del arte. Por ejemplo, una de las casa de subastas más importantes del mundo –Sotheby’s– tiene una facturación de 382 millones de dólares para 1979/1980 y de 3.2 mil millones de dólares en 1989/90, lo que significa un aumento de 800% en 10 años. El aumento de la facturación del comercio de arte se debe también al incremento del comercio ilícito de bienes culturales. Y los beneficios que ocasiona permiten el lavado de dinero de diferentes mafias, de los beneficios de la droga u otros tráficos.”
En 2009 la facturación de Sotheby’s bajó a 2 mil millones de dólares, según cifras del Consejo de Ventas francés, debido a la concurrencia muy agresiva de Christie’s, su gran rival histórico, y de las nuevas casas de subasta asiáticas.
Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación.
PARÍS (Proceso).- “El lote número 137, cultura Chupícuaro, origen México, iniciamos la puja a 1 millón 200 mil euros señores…”, suelta el martillero de la subasta, ubicado detrás de un atril de madera que domina la gran sala de venta de la sucursal de Sotheby’s en esta ciudad. La estrella de la noche esta aquí, a unos metros del martillero, bajo una protección de vidrio, sus ojos risueños mirando frente a ella los centenares de curiosos y compradores que van a empezar la puja. Se trata de una Venus Calipigia, una estatuilla de 71 centímetros de altura, nacida hace más de 23 siglos al occidente del Altiplano Central, en las lomas cercanas al Río Lerma y su afluente, el río Tigre, en el actual estado de Guanajuato.
Con sus formas angulosas y sus motivos geométricos color crema y rojo, es muy representativa de la cultura chupícuaro, al igual que una de sus hermanas, una pequeña Venus Calipigia de 30 centímetros, emblema y logo del Musée du Quai Branly, el museo parisino dedicado a las culturas no occidentales. Pero la semana pasada, nuestra Venus Chupícuaro, la más alta conocida hasta ahora, no era nada más que un objeto de arte en venta, a solamente unos metros del Eliseo, el palacio presidencial francés. Aquel día, la flor y nata de la capital francesa acudió para verla: coleccionistas, jefes de empresa, apasionados de arte, arqueólogos, o simples curiosos…y todos se callaron cuando llegó su turno.
“Nueva oferta a 1 millón 300 mil euros por teléfono, señores!”, lanza el martillero. Los subastadores presentes en la sala se quedan inmóviles. “Imposible, demasiado caro”, sopla un elegante sexagenario. El destino de la Venus de Guanajuato se estará jugando por teléfono: a la izquierda del martillero, los comisionistas de Sotheby’s reciben las órdenes de los subastadores, quienes quizá se encuentran en otros continentes.
“¡1.3 millón de euros, por teléfono…! ¿Quién da más?”
En un minuto el precio alcanza 1.7 millones de euros.
“¿Alguna otra oferta…?”. Un largo silencio invade el recinto, cada uno se mira atentamente; la Venus, detrás de su protección de vidrio, sigue mirando a los subastadores con sus ojitos risueños. Con un gesto seco, el director de la subasta golpea la madera:
“¡Vendida por 1 millón 700 mil euros, señores!”
Museo en venta
En total, añadiendo una “prima del comprador” de 10%, la Venus Calipigia ha sido vendida por más de 2.5 millones de dólares, “un récord mundial para una cerámica mexicana”, según explica Jacques Blazy, experto encargado de la histórica colección Barbier-Mueller.
Histórica porque se trata de la más grande colección privada de arte precolombino: la Barbier-Mueller, del nombre de su propietario, el suizo Jean-Paul Barbier-Mueller, que reúne, con sus 340 objetos de arte, testigos innumerables de las civilizaciones del continente americano, de Alaska a la Patagonia, de 1500 a.C. hasta la llegada de los españoles. La aventura empezada en los años veinte, cuando un joven coleccionista suizo, Joseph Mueller, compra una estatuilla azteca, se convierte rápido en un negocio exitoso: Su yerno, Jean-Paul Barbier-Mueller, engrandece la colección, comprando una parte al franco-canadiense Guy Joussemet, que incluye especialmente la Venus Calipigia de Chupícuaro, y la otra estrella de la venta, una cerámica de color rojo con motivos color crema, representando un pato en vuelo. El objeto, magnífico testimonio de la cultura purépecha (1200-1521 a.C., hoy Michoacán), se vendió el viernes pasado en más de 2 millones de dólares.
El coleccionista compra también piezas arqueológicas en Estados Unidos, como esa estatuilla de 10 centímetros de altura de la cultura olmeca (1200-800 a.C.): una verdadera joya de serpentina verde que representa a un “hombre sentado”, los miembros delicados, la cabeza magníficamente dibujada, los ojos profundos incrustados con los que desvía la mirada. En total, la Barbier-Mueller consta de 130 piezas procedentes del territorio mexicano que constituyen verdaderos espejos de la civilización maya, o de las culturas olmeca, Peña del Toro, Colima, de El Zapotal, purépecha (tarasca), Chupícuaro o Mezcala.
En 1977, Jean-Paul Barbier-Mueller inaugura su museo en Ginebra, Suiza, para exponer sus colecciones al público, y en 1997 presta sus piezas precolombinas al ayuntamiento de Barcelona, constituyendo así el único museo de Europa solamente dedicado al arte prehispánico. La capital catalana estaba a punto de comprarla cuando llegó la crisis económica a España. El proyecto de museo fue abandonando en el congelador.
“Jean-Paul Barbier Mueller se decidió a venderla –explica Jacques Blazy–, quería agrandar sus colecciones de artes oceánicas y africanas.”
Sin embargo, en los pasillos de la Casa Sotheby’s en París, se murmura otro discurso: “Con la ira de los Estados latinoamericanos cuando se venden objetos prehispánicos, mejor desprenderse de una colección de tanta importancia”, susurra un coleccionista. Un argumento que podría también explicar el mediocre resultado de la venta: 13 millones de dólares de facturación, muy por debajo de la estimación más baja, de 18 millones de dólares. Porque apenas oficializada la venta de la Barbier-Mueller, los Estados latinoamericanos, en primera fila Perú y México, no perdieron ni un minuto en mostrar su desacuerdo con la subasta: el 15 de febrero, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mexicano presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la venta de piezas que “pertenecen al patrimonio de la Nación”. El INAH explica que “determinó que de 130 objetos anunciados como procedentes de territorio mexicano, para ser ofertados en París, 51 son bienes arqueológicos propiedad de la nación y el resto artesanías”.
Por su parte, Perú reclamó a principios de marzo la restitución de 67 objetos arqueológicos, al considerar que salieron del país en forma ilegal. El 15 de marzo, Guatemala exigió el regreso de 13 piezas, seguido unos días más tarde por Venezuela, indignado por la venta de cinco de sus bienes arqueológicos.
Sotheby’s Francia respondió que la colección tiene un pasado prestigioso: “Durante 15 años, esta colección estuvo en un museo en Barcelona y nadie se quejó”, refuta Jacques Blazy. Cierto, pero para México se trata sobre todo de oponerse a “la comercialización de sus bienes arqueológicos”, como lo subraya un comunicado de prensa del INAH enviado dos días antes de la venta, como un último intento de presionar a Sotheby’s y a las autoridades francesas, “por medio de una nota diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, México solicitó a éste su intervención para hacer del conocimiento de las autoridades francesas competentes las conclusiones del INAH” sobre la venta.
Debilidad del derecho
El Ministerio de Asuntos Exteriores nunca respondió, y el ambiente durante la venta era tenso: en los pasillos de la sucursal de Sotheby’s, los profesionales hablan de la desafección de los museos estadunidenses, tradicionalmente grandes consumidores de piezas prehispánicas. Otra señal: las de mayor importancia no se vendieron bien, con adquisiciones inferiores a las estimaciones más bajas: “Y los pequeños objetos, estimados entre 4 mil y 15 mil euros, no se vendieron”, analiza el experto de la venta Jacques Blazy. De los 313 lotes puestos a la venta, solo 147 encontraron comprador. ¿La culpa será de la crisis? “Ese tipo de objetos los compraban los profesionistas liberales, como los médicos, los abogados, y son personas muy afectadas por la crisis económica. Pero los reclamos de los Estados latinoamericanos también tienen su parte de responsabilidad”, añade Jacques Blazy.
Sin embargo, ¿de qué tendrán miedo los museos estadunidenses y los coleccionistas? “Que tengamos que restituir el objeto a su país de origen”, exclama un apasionado de arte precolombino, que asistió, pero no compró ni una pieza.
Cruzando el Atlántico, la reacción es más positiva: “Es una muy buena noticia”, se felicita el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología del INAH:
“El objetivo era justamente sensibilizar a la opinión pública. El mundo tiene que entender que no se trata de obras de arte, sino de bienes patrimoniales. Tienen evidentemente una carga estética, pero, ante todo, son documentos históricos que permiten generar conocimientos para nuestra sociedad. Es como vender las hojas arrancadas de un libro de historia.”
Un argumento de índole ético que suena como un delgado consuelo para el arqueólogo, que espera ver algún día resultados concretos:
“De acuerdo con la legislación, todos los bienes anteriores a la llegada de los españoles son parte del patrimonio nacional, y no se pueden vender.”
En México, cuatro documentos jurídicos protegen ese “patrimonio nacional”: la Constitución Política de 1917; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972; la Ley de Bienes Generales de 1981, y el Reglamento para Investigación Arqueológica de 1984. Un arsenal jurídico que no impide el tráfico ilegal de objetos arqueológicos:
“¿Cómo vigilar casi 50 mil sitios arqueológicos a lo largo y ancho del país? –lamenta–. Y es casi imposible determinar cuándo y cómo las piezas salieron.”
Con el objeto de paliar esa impotencia jurídica, el Consejo Internacional de los Museos (ICOM) estableció, para diferentes zonas del mundo afectadas por el tráfico ilegal, una “lista roja de bienes culturales en peligro”: la de Centroamérica y México establece varias categorías de objetos (cerámica, metales, lítica, pintura, platería, etcétera) y de periodo histórico (prehispánico, colonial y republicano) en los cuales fotografías y descripciones permiten hacer una tipología de los bienes susceptibles, algún día, de encontrarse en la tienda de un comerciante de arte a través del mundo.
Especulación criminal
Por necesaria y simbólica que sea, esa “lista roja” no tiene ningún peso jurídico, al igual que las leyes nacionales en un problema tan internacionalizado como lo es el comercio de objetos de arte.
“El comercio de objetos de arte es internacional, por lo cual tenemos un conflicto de leyes, porque cada país tiene su propia ley”, analiza Alexis Fournol, abogado parisino especializado en el tema.
“Por lo tanto es necesario una legislación y una concertación a nivel internacional.”
Pero ya existe: se trata de la Convención de la UNESCO de 1970, que tomó vuelo gracias a las iniciativas de los Estados mexicano y peruano, enfrentados desde los años sesenta a un aumento inquietante de los saqueos de sitios arqueológicos. Una tendencia criminal que coincide con la explosión de la especulación sobre los objetos de arte. Lo que sigue nos lo cuenta un informe del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra en 1997, escrito por Catherine Schümperli Younossian:
“Los bienes culturales son cada vez más considerados como mercancías. Y en los años ochenta y noventa, la prosperidad favoreció el desarrollo del mercado del arte. Por ejemplo, una de las casa de subastas más importantes del mundo –Sotheby’s– tiene una facturación de 382 millones de dólares para 1979/1980 y de 3.2 mil millones de dólares en 1989/90, lo que significa un aumento de 800% en 10 años. El aumento de la facturación del comercio de arte se debe también al incremento del comercio ilícito de bienes culturales. Y los beneficios que ocasiona permiten el lavado de dinero de diferentes mafias, de los beneficios de la droga u otros tráficos.”
En 2009 la facturación de Sotheby’s bajó a 2 mil millones de dólares, según cifras del Consejo de Ventas francés, debido a la concurrencia muy agresiva de Christie’s, su gran rival histórico, y de las nuevas casas de subasta asiáticas.
Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación.
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