EPN, operación percepción pública
Peña. La foto con el presidente.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Fiel al estilo telegénico y perfectamente sincronizado del manejo de su imagen, el equipo de Enrique Peña Nieto logró en sus primeros cuatro meses de gobierno incidir sobre las percepciones de un sector minoritario que genera “opinión pública”, más que sobre la realidad y la percepción de ésta entre la mayoría de los ciudadanos.
Una evidente campaña de relaciones públicas en la prensa exterior –especialmente en The Washington Post, The Financial Times y The Wall Street Journal- más el apapacho a los dueños de los principales medios de comunicación mexicanos –con la zanahoria de los próximos convenios publicitarios–, y la atención a los personajes que construyen la “agenda informativa”, han logrado que en estos cuatro primeros meses los problemas de la violencia generada por la disputa entre cárteles del crimen organizado, la falta de empleo, y la incapacidad de la mayoría de las familias para hacer rendir sus ingresos se vean minimizados o invisibilizados.
No es menor este logro, en términos mediáticos y de percepción, pero poco tiene qué ver con el valor del “gobierno eficaz” que tanto proclama la nueva generación priista en el poder.
Por ejemplo, La Jornada publicó el martes 2 como nota principal que han sido casi 2 mil 800 personas las ejecutadas en los primeros 4 meses de gobierno peñista. No disminuyó el índice de violencia, en comparación con el mismo periodo del gobierno calderonista del año pasado. Tan sólo en el mes de marzo se registraron 562 ejecuciones. Los estados con mayor índice de homicidios en ese mes fueron el de México (151) y Chihuahua (114). En el primer caso, se trata de un desajuste claro entre los grupos criminales y algo ha de saber tanto el gobierno anterior –ahora en la presidencia de la República- como la administración de Eruviel Ávila.
Durante el mes de marzo, la mayoría de los medios informaron sobre la irrupción de grupos de autodefensa que lo mismo se presenta como “policías comunitarios” que como grupos de ajusticiamiento. En municipios de Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán y Zacatecas se han registrado estos casos.
La habilidad mediática del peñismo ha sido escurrir el bulto frente a la responsabilidad de la administración federal ante este fenómeno, y endosárselo a los gobiernos locales. El único episodio de un debate sobre este tema fue entre el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, y el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. El debate quedó en una especie de talk show fallido que no profundizó sobre el punto central: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los gobiernos estatales y del federal en este fenómeno?
El propio canciller José Antonio Meade le relató a The Washington Post que el objetivo principal del gobierno peñista será “combatir las causas, no a los cárteles” para evitar la proliferación de la violencia. Meade puso énfasis en la “prevención, educación y empleo”. Nada mencionó el ex secretario de Hacienda sobre lavado de dinero.
Los golpes espectaculares de esta administración se concentran en la detención de la profesora Elba Esther Gordillo y la insistente promoción de reformas constitucionales, cuyo aterrizaje aún debe pasar por la prueba de la legislación secundaria y la implementación (reformas educativa, laboral, de amparo, de víctimas y de telecomunicaciones, aún en proceso de debate y votación en el Senado).
La detención de Gordillo fue eficaz para borrar el mal sabor de boca del “accidente” ocurrido en el edificio B-2 de la Torre de Pemex. Los medios han olvidado este episodio. No se sabe qué ha pasado con los heridos hospitalizados. Y hasta Carlos Romero Deschamps, el impresentable dirigente del sindicato petrolero, ya volvió a aparecer como aliado del gobierno peñista y de su reforma energética.
Las Encuesta de Reforma y Otros
Este lunes 1 de abril, el periódico Reforma divulgó los resultados de su reciente encuesta sobre los cuatro primeros meses de gobierno. Realizada entre mil 515 ciudadanos de las 32 entidades de la República y entre 718 “líderes de opinión”, el sondeo confirma una tendencia: privilegiar el control de la imagen a través de los opiniólogos y esperar a que exista un cambio de percepción entre los ciudadanos.
A pesar de esto, el índice de aprobación de Peña Nieto (50%) entre la población abierta, es menor al registrado en el mismo periodo por Calderón (57%), por Vicente Fox (70%) y Zedillo (53%), según la misma encuesta.
En contraste, los “líderes de opinión” le dan un 78% de aprobación y consideran como los asuntos más favorables de estos cuatro meses el arresto de Elba Esther Gordillo, la reforma en telecomunicaciones y la reforma educativa.
Por rubros de desempeño, los encuestados consideran que existe un saldo desfavorable en los rubros más sensibles para la población en general: pobreza (40% desfavorable, frente a 33% favorable), a pesar de la insistente Cruzada contra el Hambre que nadie ve; seguridad pública (44% desfavorable frente a 29% favorable); economía del país (41% desfavorable frente al 26% favorable); empleo (45% desfavorable, uno de los índices más altos frente al 26% favorable), y corrupción (48% desfavorable, frente al 25% favorable).
Los rubros que analizan como favorables de sus cuatro primeros meses de gobierno son salud (49% frente a 23% desfavorable); educación (46% frente a 29%) y política exterior (31% frente a 24% en contra).
La pregunta abierta más importante para medir la credibilidad fue la siguiente: Cuando el presidente Peña Nieto da mensajes a la Nación para explicar sus acciones de gobierno, ¿usted qué tanto le cree?
El 51% dijo “poco o nada” contra el 45% que cree “mucho o algo” y un 4% que “no sabe”.
En otras palabras, la misma encuesta de Reforma advierte que pueden cambiar las percepciones de los “líderes de opinión” que están en los espacios mediáticos más importantes, pero si la realidad no cambia para los ciudadanos, de poco sirve esta ostentosa y ostensible operación de cooptación.
A su vez, Consulta Mitofsky y Parametría hicieron su propio sondeo, al cumplirse los 100 primeros días de la administración peñista. En ambos casos, el porcentaje de aprobación fue de 59%.
Y en los tres casos destaca un asunto geográfico: el menor índice de aprobación está entre los habitantes del centro del país (Distrito Federal, Estado de México, Morelos e Hidalgo). Algo ha de decir esto sobre la herencia del “gobierno que cumple”.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
Twitter: @JenaroVillamil
FUENTE: PROCESO
El desafío de los 100 días de Peña
El 19 de marzo, sicarios emboscaron a agentes de la PGR en Juárez.
Foto: Ricardo Ruíz
Foto: Ricardo Ruíz
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace poco el presidente Enrique Peña Nieto cumplió cien días en el poder en México. Cien días no son mucho, pero son suficientes para medirle el pulso a un nuevo gobierno. Y el actual, como el anterior, enfrenta un desafío titánico: desde el norte, el país es presionado para detener el flujo de drogas hacia los consumidores en Estados Unidos; internamente, debe reducir los homicidios, los secuestros y la extorsión por parte de organizaciones criminales.
Si México pretende enfrentar con éxito este desafío, debe construir un sistema policial y de justicia efectivo, así como aplicar programas sociales integrales. Sin reformas institucionales serias, los esfuerzos por combatir la violencia serán inútiles; en cambio, con reformas apoyadas por programas destinados a los más pobres, habrá esperanza para acabar con este devastador problema.
El nuevo presidente prometió reducir la tasa de homicidios. El Pacto por México y las bases de un Plan para la Prevención del Delito son señales positivas. Se ha anunciado además la creación de una gendarmería y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hace falta avanzar mucho más para recuperar la credibilidad de las instituciones públicas.
Mientras tanto, según las cifras oficiales, las muertes violentas continúan y la situación se agrava en diversas regiones del país. Preocupa en particular la violencia contra periodistas y medios de comunicación. Todavía está fresco el recuerdo de decenas de informadores asesinados, incluyendo los casos de José Armando Rodríguez y Luis Carlos Santiago, del Diario de Juárez, y el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz; crímenes que aún no han sido debidamente esclarecidos.
La tasa de impunidad en México alcanza más del 80% de los crímenes, lo que alienta a los criminales a atacar a los ciudadanos e infundir temor en poblaciones. En lo que respecta a los medios, el impacto de la violencia deja en la penumbra de la desinformación a territorios enteros.
Para que las reformas requeridas avancen, el gobierno debe capacitar a la fuerza policial de manera que sea capaz de respetar los derechos humanos y realizar investigaciones sólidas. También necesita profundizar la depuración de la policía y establecer procedimientos que permitan remover gradualmente a aquellos elementos que no superen las pruebas. Una policía y un sistema judicial efectivos son componentes cruciales para reducir la impunidad a largo plazo. Asimismo, México necesita garantizar el apoyo a las familias de las víctimas, especialmente en la búsqueda de los parientes desaparecidos.
Reducir de manera significativa los índices de violencia, como la tasa de homicidios, es muy difícil de alcanzar en el corto plazo. Los cárteles reclutan decenas de miles de sicarios dispuestos a todo; se trata de jóvenes que viven en barrios pobres, donde han permanecido en el abandono durante décadas, y que carecen de oportunidades laborales. En este ámbito el gobierno debe ofrecer metas realistas con claridad de objetivos, y los resultados tienen que ser evaluados y discutidos periódicamente con las instituciones correspondientes y la sociedad civil.
El gobierno debe además actuar con la mayor transparencia proporcionando, por ejemplo, cifras precisas sobre las víctimas. Si bien es importante alimentar la esperanza de la población y superar el acendrado pesimismo imperante respecto a la lucha contra el narco, no es positivo hacerlo señalando que el problema no existe o que no es tan grave.
El aparente éxito en la reducción de la tasa de homicidios en Ciudad Juárez merece especial estudio y reflexión. Es prematuro afirmar categóricamente cuál fue la fórmula que permitió esa reducción, pero ciertamente el establecimiento de 42 nuevos centros comunitarios y un mayor y mejor presupuesto para proyectos sociales inciden en un mejor ambiente social.
El drama de la violencia en México, que según algunas estimaciones ha causado la muerte de más de 70 mil personas y la desaparición de más de 25 mil, no puede resolverse sólo en el país.
Las organizaciones criminales tienen un claro carácter trasnacional. México no podrá ser un lugar mejor si sus vecinos del sur colapsan. Preocupa en particular la situación de Honduras, así como la de Guatemala, países en donde los cárteles criminales se han instalado y por donde pasa buena parte de la cocaína de los Andes antes de ingresar a territorio mexicano.
Estados Unidos debe hacer mucho más para apoyar los esfuerzos mexicanos. En primer lugar, debe reducir en el más breve plazo posible el flujo de armas de asalto y de dinero que han ido a parar a las manos de los grupos criminales. También es preciso fortalecer las políticas de prevención del consumo de drogas y orientar la cooperación hacia programas de fortalecimiento institucional y de protección de los derechos humanos; no sólo ni principalmente hacia el suministro de armamento y logística.
La comunidad internacional tiene como tarea pendiente discutir y debatir con seriedad los éxitos y los fracasos de la actual política global contra las drogas, que no ha logrado cumplir sus objetivos básicos. Tendría que considerarse, por ejemplo, la celebración de una Asamblea General especial de las Naciones Unidas y tomar en cuenta los estudios regionales sobre consumo y tráfico. México sería un líder natural en este debate.
La violencia en el país quizás adelanta una característica de los conflictos letales del mañana; por ello el caso es importante para las naciones que enfrentan desafíos similares. Si se logra reducir esa violencia, la experiencia mexicana será un modelo a seguir en lugar de uno al que se deba temer.
* Director del Programa Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group (www.crisisgroup.org).
FUENTE: PROCESO
Si México pretende enfrentar con éxito este desafío, debe construir un sistema policial y de justicia efectivo, así como aplicar programas sociales integrales. Sin reformas institucionales serias, los esfuerzos por combatir la violencia serán inútiles; en cambio, con reformas apoyadas por programas destinados a los más pobres, habrá esperanza para acabar con este devastador problema.
El nuevo presidente prometió reducir la tasa de homicidios. El Pacto por México y las bases de un Plan para la Prevención del Delito son señales positivas. Se ha anunciado además la creación de una gendarmería y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hace falta avanzar mucho más para recuperar la credibilidad de las instituciones públicas.
Mientras tanto, según las cifras oficiales, las muertes violentas continúan y la situación se agrava en diversas regiones del país. Preocupa en particular la violencia contra periodistas y medios de comunicación. Todavía está fresco el recuerdo de decenas de informadores asesinados, incluyendo los casos de José Armando Rodríguez y Luis Carlos Santiago, del Diario de Juárez, y el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz; crímenes que aún no han sido debidamente esclarecidos.
La tasa de impunidad en México alcanza más del 80% de los crímenes, lo que alienta a los criminales a atacar a los ciudadanos e infundir temor en poblaciones. En lo que respecta a los medios, el impacto de la violencia deja en la penumbra de la desinformación a territorios enteros.
Para que las reformas requeridas avancen, el gobierno debe capacitar a la fuerza policial de manera que sea capaz de respetar los derechos humanos y realizar investigaciones sólidas. También necesita profundizar la depuración de la policía y establecer procedimientos que permitan remover gradualmente a aquellos elementos que no superen las pruebas. Una policía y un sistema judicial efectivos son componentes cruciales para reducir la impunidad a largo plazo. Asimismo, México necesita garantizar el apoyo a las familias de las víctimas, especialmente en la búsqueda de los parientes desaparecidos.
Reducir de manera significativa los índices de violencia, como la tasa de homicidios, es muy difícil de alcanzar en el corto plazo. Los cárteles reclutan decenas de miles de sicarios dispuestos a todo; se trata de jóvenes que viven en barrios pobres, donde han permanecido en el abandono durante décadas, y que carecen de oportunidades laborales. En este ámbito el gobierno debe ofrecer metas realistas con claridad de objetivos, y los resultados tienen que ser evaluados y discutidos periódicamente con las instituciones correspondientes y la sociedad civil.
El gobierno debe además actuar con la mayor transparencia proporcionando, por ejemplo, cifras precisas sobre las víctimas. Si bien es importante alimentar la esperanza de la población y superar el acendrado pesimismo imperante respecto a la lucha contra el narco, no es positivo hacerlo señalando que el problema no existe o que no es tan grave.
El aparente éxito en la reducción de la tasa de homicidios en Ciudad Juárez merece especial estudio y reflexión. Es prematuro afirmar categóricamente cuál fue la fórmula que permitió esa reducción, pero ciertamente el establecimiento de 42 nuevos centros comunitarios y un mayor y mejor presupuesto para proyectos sociales inciden en un mejor ambiente social.
El drama de la violencia en México, que según algunas estimaciones ha causado la muerte de más de 70 mil personas y la desaparición de más de 25 mil, no puede resolverse sólo en el país.
Las organizaciones criminales tienen un claro carácter trasnacional. México no podrá ser un lugar mejor si sus vecinos del sur colapsan. Preocupa en particular la situación de Honduras, así como la de Guatemala, países en donde los cárteles criminales se han instalado y por donde pasa buena parte de la cocaína de los Andes antes de ingresar a territorio mexicano.
Estados Unidos debe hacer mucho más para apoyar los esfuerzos mexicanos. En primer lugar, debe reducir en el más breve plazo posible el flujo de armas de asalto y de dinero que han ido a parar a las manos de los grupos criminales. También es preciso fortalecer las políticas de prevención del consumo de drogas y orientar la cooperación hacia programas de fortalecimiento institucional y de protección de los derechos humanos; no sólo ni principalmente hacia el suministro de armamento y logística.
La comunidad internacional tiene como tarea pendiente discutir y debatir con seriedad los éxitos y los fracasos de la actual política global contra las drogas, que no ha logrado cumplir sus objetivos básicos. Tendría que considerarse, por ejemplo, la celebración de una Asamblea General especial de las Naciones Unidas y tomar en cuenta los estudios regionales sobre consumo y tráfico. México sería un líder natural en este debate.
La violencia en el país quizás adelanta una característica de los conflictos letales del mañana; por ello el caso es importante para las naciones que enfrentan desafíos similares. Si se logra reducir esa violencia, la experiencia mexicana será un modelo a seguir en lugar de uno al que se deba temer.
* Director del Programa Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group (www.crisisgroup.org).
FUENTE: PROCESO
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