Guantánamo: persistencia y vergüenza- Ecocidio en el delta del Níger- La CIDH, México y América Latina

Guantánamo: persistencia y vergüenza

Desde hace casi dos meses, decenas de internos de la prisión militar de Guantánamo iniciaron una huelga de hambre en protesta por la confiscación de cartas, fotografías y correo legal, así como por la profanación de ejemplares del Corán durante pesquisas en sus celdas. Más allá de las motivaciones originales, hay indicios de que la manifestación ha adquirido ya dimensiones de rebelión generalizada en la cárcel, como sugiere la afirmación del prisionero saudita Shaker Aamer, hecha pública por su abogado, de que 130 de los 166 internos se han sumado al ayuno. Las autoridades han señalado que en la protesta participan sólo 39 personas.

 

Más allá de las cifras, la realización de la huelga de hambre en Guantánamo es indicativa del grado de desesperanza a que han sido llevados los prisioneros de esa prisión, y obliga a recordar que ésta constituye una negación rotunda de la legalidad: ocupado por Estados Unidos desde hace más de un siglo como parte de un acuerdo colonialista y anacrónico –que es uno de los múltiples focos de tensión entre los gobiernos estadunidense y cubano–, el enclave ha adquirido en la década pasada proyección y fama internacional como uno de los ejemplos –junto con las cárceles Abu Ghraib y Bagram y los vuelos secretos de la CIA para trasladar a sospechosos de terrorismo– de la red criminal armada en muchos países por la Casa Blanca para secuestrar, desaparecer, torturar y asesinar a presuntos integrantes de Al Qaeda y de otras organizaciones del entorno del integrismo islámico, así como a personas del mundo árabe y musulmán que pudieran representar, según Washington, una amenaza de cualquier índole. Para colmo, los cautivos en ese sitio no sólo han debido enfrentar un trato extremadamente cruel, sino también han padecido la negación de prácticamente todos sus derechos humanos y la reducción a la inexistencia jurídica: no han sido considerados presuntos delincuentes a los que debiera presentarse ante una autoridad judicial, pero tampoco se les ha reconocido como integrantes de una fuerza militar enemiga, lo que les habría garantizado el estatuto y los derechos reservados a los prisioneros de guerra.
 

La persistente condena internacional a ésas y otras acciones realizadas por el gobierno de Washington desde tiempos de George W. Bush fue aprovechada por Barack Obama durante su primera campaña por la presidencia de Estados Unidos, y la promesa del cierre de Guantánamo en el curso del primer año de la nueva administración fue uno de los puntos centrales de la agenda de transformación del actual mandatario. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca y antes de que se cumpliera el plazo establecido, Obama se rindió ante las presiones y el poder fáctico del complejo industrial-militar de la nación vecina –el cual sobrevivió a la derrota de los republicanos en la elección presidencial de 2008–, y el cierre de la prisión en el país caribeño ha sido postergado de manera indefinida.

 

A más de una década de su habilitación como centro de detención de supuestos terroristas, la prisión de Guantánamo es la señal más inequívoca del fracaso de las aspiraciones y promesas de cambio del actual mandatario estadunidense: en efecto, si Obama ha sido incapaz de cumplir con una medida de obvia necesidad, que genera amplio consenso entre la opinión pública dentro y fuera de su país, difícilmente podrá concretar, en el cuatrienio que le queda al frente de la Casa Blanca, el resto de las transformaciones que su país requiere con urgencia. La comunidad internacional, por su parte, ha participado en todo este tiempo de la degradación moral de Washington, en la medida en que ha tolerado las prácticas abominables y los tratos inhumanos que tienen lugar en Guantánamo, y ha contribuido a que ese campo de concentración represente, en la actualidad, uno de los mayores símbolos de injusticia, ilegalidad y vergüenza para la humanidad.

 

Ecocidio en el delta del Níger

Joan Martínez Alier*

Las dos víctimas mortales más famosas del ecologismo popular en sus primeras décadas fueron Chico Mendes, en el Acre, en Brasil, en diciembre de 1988, y Ken Saro-Wiwa y sus ocho compañeros del movimiento por la supervivencia del pueblo ogoni, asesinados tras una farsa judicial el 10 de noviembre de 1995 por la dictadura militar de Nigeria en complicidad con la empresa Shell.

 

En una reciente visita a Nigeria entrevistamos a varios miembros de la organización de justicia ambiental Environmental Rights Action (ERA), fundada poco antes de la muerte de Saro-Wiwa y encabezada por el escritor Nnimmo Bassey, que es también director de la red Oilwatch y hasta hace algunas semanas presidente de Amigos de la Tierra Internacional.

ERA celebraba en Abuja, la capital de Nigeria, su vigésimo aniversario. Antes de esta celebración, visitamos el delta del Níger unos pocos días. La gente pide ayuda, pide socorro.

Nnimmo Bassey se apresta ahora a pasar varios meses en las comunidades del delta de Níger para escribir sobre sus luchas contra las petroleras, contra la quema del gas de extracción y la contaminación de los suelos y del agua, habiendo publicado el año pasado un libro titulado To cook a continent, cómo cocinar a fuego lento un continente como es África extrayendo sus recursos minerales, acaparando sus tierras y calentándolo y desecándolo con el cambio climático.

La historia de la Shell en el delta del Níger se remonta cincuenta años atrás. En el territorio Ogoni la resistencia llevó a que la compañía abandonara después de 1995 la extracción de petróleo, pero dejando muchos terrenos y esteros totalmente contaminados. El delta del Níger, en el sureste de Nigeria, vecino a Camerún, es una zona de manglares y agricultura, muy poblada, ya sometida a explotación colonial desde el siglo XIX, cuando lo que a los extranjeros les apetecía era el aceite de palma para lubricar la maquinaria de la revolución industrial europea. Otra exportación tradicional de toda esa costa había sido el comercio de esclavos para las Américas.

Se ha intentado dentro y fuera de Nigeria llevar a Shell ante los tribunales para que haga frente a sus pasivos socioambientales. Se han logrado algunas sentencias favorables, pero la Shell casi nunca ha pagado nada. Visitamos las comunidades de Goi y de Bodo en territorio ogoni, muy contaminadas.
 

Otras compañías presentes son la Chevron, Mobil, Elf, Agip. Hay derrames en tierra (que las compañías atribuyen a sabotajes) y hay derrames en el mar. Nigeria exporta diariamente, según las cuentas oficiales, algo así como 2.4 millones de barriles, pero se dice que el total se acerca a 3 millones. La cuantiosa diferencia, petróleo de contrabando, nutre los ingresos de un consorcio de corruptos, gente del gobierno, del ejército y de la marina, cómplices locales que tal vez habían estado en la lucha armada del el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND, por sus siglas en inglés) y que fueron amnistiados.

 

El MEND fue un movimiento de jóvenes exasperados de la etnia ijaw, que habían visto cómo la resistencia civil de los ogoni acababa con la tragedia de 1995. Se lanzaron a una lucha armada que hizo bajar las exportaciones de petróleo de Nigeria a la mitad. Durante años hubo una verdadera guerra en el delta, con secuestros de trabajadores de las petroleras y feroces represalias de las fuerzas armadas. Hace unos cinco años, poco antes de la llegada a la presidencia de la nación de Goodluck Johnatan (que es de nacionalidad ijaw), se decretó una amnistía para esos rebeldes, pero los daños causados por el petróleo continúan, incluso se han agravado. Las compañías no cumplen la prohibición de dejar de quemar el gas de extracción in situ.

 

El intento de la ERA y de Amigos de la Tierra de llevar a la corte en Holanda a la empresa Shell acabó hace pocas semanas, con una sentencia que sólo reconocía daños en un caso de los tres presentados, en una finca de la comunidad de Ikot Ada Udo a dos horas de viaje de Port Harcourt. Hay localmente gran expectación sobre cuánto va a pagar Shell. Los otros demandantes han presentado recursos. ¿Qué se puede hacer que no sea ir de tribunal en tribunal? Hay otro juicio en marcha en Londres contra la Shell por daños en el delta del Níger. Pero realmente no hay justicia ambiental en el mundo.

 

Nnimmo Bassey, junto con muchas organizaciones de justicia ambiental, ha propuesto públicamente varias veces que internacionalmente se establezca el crimen de ecocidio y que exista un tribunal internacional penal que juzgue tantos crímenes ambientales como se cometen diariamente. La vía de las reclamaciones civiles no es suficiente.

*ICTA-Universitat Autónoma de Barcelona

 

La CIDH, México y América Latina

Luis Hernández Navarro

Raúl Díaz Peña es un terrorista venezolano. Enemigo del gobierno de Hugo Chávez, en 2003 colocó bombas contra la embajada de España y el consulado de Colombia. Preso, fue sentenciado a nueve años de cárcel. En 2010, después de cumplir una condena de cuatro años y cinco meses, fue trasladado a régimen de prisión abierta. Clandestinamente se fugó del país y pidió asilo político en Estados Unidos. En octubre de 2012 se le concedió.

 

Raúl Díaz se dijo perseguido político y presentó una demanda contra el gobierno de su país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con una rapidez inusitada, ausente en casos como el de la masacre de Acteal, el organismo le dio la razón y condenó al Estado de Venezuela por violación al derecho a la integridad regional.

El caso Díaz fue la gota que derramó el vaso. La corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cometido una larga serie de tropiezos en su relación con ese país. Por ejemplo, la comisión aplaudió el golpe militar contra el presidente democráticamente electo.

Ante el resolutivo de la Corte por el caso Raúl Díaz, el presidente Hugo Chávez dijo que organismos como la nefasta, podrida y degenerada Corte Interamericana de Derechos Humanos deben desaparecer, por no estar a la altura del mundo nuevo, al tiempo que ratificó su retirada de los organismos judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El pasado 22 de marzo, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, afirmó ante la Asamblea General de la organización que Venezuela se declara en rebeldía contra un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) corrupto y pusilánime.

Son muchos los gobiernos de la región, sobre todo los progresistas, que han externado fuertes críticas al sistema. El presidente de Bolivia, Evo Morales, equiparó a la CIDH con una base militar de Estados Unidos, en este caso dirigida a juzgar a otros países, y la acusó de estar al servicio de la derecha pro capitalista y pro imperialista. El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, señaló que la CIDH no menciona el bloqueo a Cuba; hay capítulos dedicados a Argentina, Ecuador y Bolivia, pero ninguno a Estados Unidos. El bloqueo criminal a Cuba ni siquiera aparece en sus informes anuales.

Ese malestar se expresó abiertamente en la última Asamblea General Extraordinaria de la OEA, el pasado 22 de marzo. Después de muchas quejas, la reunión convalidó, sin consenso y con graves ausencias, el proceso de reforma al sistema interamericano de derechos humanos, al adoptar una controvertida resolución que dejó abierto el debate sobre su fortalecimiento.

Entre otras muchas críticas, diversos países cuestionan que la polémica Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sea financiada, en buena parte de su funcionamiento, por organismos y fundaciones privados, con una agenda claramente intervencionista contra los gobiernos progresistas de la región. Se sabe que el que paga manda, y consideran inadmisible la injerencia de actores privados sobre poderes soberanos.
 

Diferente es la perspectiva del organismo desde México. Como explica Magdalena Gómez (El sinuoso camino de la justicia en México), nuestro país aceptó la competencia de la CIDH en 1981 para conocer de quejas y denuncias de derechos humanos. En 1988, el Senado reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de las sentencias relevantes de ese organismo fueron dictadas a partir de 2001. Muchos casos tardan 10 años en promedio en solucionarse.

Dos mexicanos dirigen la CIDH. José de Jesús Orozco Henríquez es su presidente y Emilio Álvarez Icaza su secretario general. El gobierno mexicano busca la relección de Orozco para el periodo 2014-2017.

 

Entre 1995 y 2005 se presentaron ante la CIDH 556 peticiones contra México. Sólo 48 se abrieron a trámite. El organismo emitió 91 medidas cautelares, de las cuales 31 han sido dictadas de manera directa.

 

Resoluciones de la corte como las de los ecologistas guerrerenses Teodoro Cabrera Rodolfo Montiel, la del campo algodonero, la de desaparición forzada de Rosendo Radilla y la de la violación de mujeres indígenas en Guerrero por elementos del Ejército han tenido un impacto relevante en la administración de la justicia en México. El organismo condenó la utilización del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos y precipitó varias reformas legales dentro del país.

 

Las ONG de derechos humanos mexicanas han realizado un trabajo admirable en la lucha por la justicia y contra la arbitrariedad y la impunidad. Aunque algunas han resbalado en temas como el de la Iniciativa Mérida y el financiamiento de la NED, su labor en pro de la defensa de los derechos humanos en México ha sido muy relevante.

 

Buen número de estas ONG tienen en alta estima a la CIDH. De hecho acompañan a las víctimas en sus demandas en el organismo en diversos casos que no fueron solucionados dentro del país. En México, muchas víctimas ven al organismo como un sistema de justicia alterna y piensan en presentar sus casos.

 

La mayoría de las ONG de derechos humanos han sido insensibles a los reclamos de otros países latinoamericanos contra la parcialidad y sesgo de la CIDH. Más aún, se han sumado al reclamo de fortalecer el organismo que se promovió en respuesta a las críticas y las demandas de restructuración.

 

El discurso de los derechos humanos no es neutro ni está por arriba del mundo de la política. En su nombre se legitimó la lucha contra Augusto Pinochet en Chile y la movilización de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Y, simultáneamente, bajo su bandera, Estados Unidos invadió Irak y justifica su intervencionismo imperial.

 

Este desencuentro sobre la CIDH y la corte entre el movimiento por lo derechos humanos en México y los procesos de transformación en varios países del continente es, por decir lo menos, lamentable. Cuando menos, requiere de un buen debate.