Assange y las democracias impolutas
Pedro Miguel
En la Unión Europea medios y gobiernos denuncian con regularidad ataques reales o supuestos contra la libertad de expresión, siempre que éstos tengan lugar fuera del espacio Schengen, en el cual, se supone, la prensa es independiente y objetiva y las autoridades respetan las libertades de decir y de enterarse: Europa occidental es el paradigma de cómo deben ser las relaciones entre el poder y la información. Esa idea, eurocentrista a más no poder, es articulada en forma sistemática por organismos sí gubernamentales (OSG, digamos, porque reciben generosos subsidios de dinero público) dispuestos a poner el grito en el cielo por cosas tan distintas como el asesinato de una periodista en Rusia (presuntamente urdido desde alguna oscura oficina gubernamental) y una demanda penal interpuesta con todas las de la ley por el presidente ecuatoriano en contra de difamadores con patente de periodistas. También defienden a capa y espada a consorcios mediáticos entregados a sus actuales dueños tras despojos realizados por regímenes militares y meten las manos al fuego por la salud moral de aparatos de propaganda electrónica golpista como los que operan en Venezuela. Tales organizaciones tienen como misión la denuncia de ataques a la libertad de expresión que ocurran fuera de la Europa comunitaria. Muchas veces documentan y difunden casos reales, y se agradece; pero ocurre también, en ocasiones, que para cumplir con su cuota mensual de denuncias inventan sin más la historia y convierten a la víctima de un asalto o de un marido celoso en mártir de la libertad de expresión.
La trilogía gobiernos-medios-OSG ha conformado un discurso único que desinforma a la opinión pública y que ha cimentado una fórmula ideológica basada en antonimias absurdas. En el caso de América Latina, por ejemplo, los gobernantes se dividen en dos clases:
populistasy
demócratas. Los primeros buscan alternativas al modelo económico neoliberal, afectan con ello intereses de una que otra transnacional y recurren a la ley en contra de consorcios mediáticos desbocados. Los segundos –como en Colombia y México– pueden haber llegado al poder por medios desaseados y cuestionables y acaso son responsables de una violencia sin precedentes, pero no afectan los intereses trasnacionales.
Cuando las autoridades madrileñas criminalizan a un diario vasco que no ha cometido más delito que el de simpatizar con el independentismo regional, encarcelan a sus trabajadores y lo clausuran, el triángulo medios-autoridades-OSG se lanza al coro denostador de los perseguidos o, al menos, cierra la boca. Al paso de los años las instancias judiciales determinan que aquello ha sido una barbaridad y un atropello, pero ya nadie recuerda nada.
O tomen como ejemplo el caso de Julian Assange. El fundador de Wikileaks enfrenta una orden de arresto de las autoridades suecas para someterse a un interrogatorio por dos supuestas agresiones sexuales. Se trata de un invento que cae por su propias incoherencias (véase la historia en http://goo.gl/5Tz43). Es la Casa Blanca, y no dos borrosas mujeres suecas, la verdaderamente ofendida por Assange, y la demanda de extradición de Estocolmo a Londres (en donde el australiano permanece refugiado desde hace casi un año en la embajada de Ecuador) es parte de un operativo trinacional para que el gobierno gringo pueda echarle el guante. El motivo: que el fundador de Wikileaks ha evidenciado a Washington ante el mundo como perpetrador de crímenes de guerra, actos de corrupción e intromisiones ilegales en otros países.
En tanto Assange documentó atrocidades del poder perpetradas en Kenia, recibió premios y reconocimientos de gobiernos y organismos de Occidente. Pero en cuanto difundió las miserias de la política exterior de Estados Unidos empezó a ser tratado como un criminal y The New York Times lo degradó de súbito de periodista a
informante. Y hasta la fecha.
Hace unos días el periodista australiano exhibió unos correos electrónicos internos del servicio secreto británico en los que se admite que las acusaciones suecas son un montaje y se reconoce implícitamente que la demanda de extradición de Londres a Estocolmo es una maniobra para entregarlo a Estados Unidos. (http://goo.gl/tGfNp).
La próxima vez que piensen en gobiernos que persiguen a los informadores no se limiten a pensar en China, Bielorrusia o Sierra Leona. Las democracias impolutas de Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos también están en la lista.
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La revolución panadera-Magú 
Paradojas del ascenso del Sur
José Blanco
El Informe sobre el índice del desarrollo humano es un documento cada vez más refinado, más preciso, más detallado, en todos sentidos; un documento de calidad creciente que empezó a formularse en 1990 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Lo es por sus propios méritos, pero también, como lo explica una nota contenida en el informe, por las muchas fuentes de información en que se apoya que han hecho un trabajo permanente de mejoramiento de la calidad de su información. Algo análogo ocurre con los numerosísimos estudios de docenas de centros de investigación que existen hoy en el mundo, y que son también referentes sustantivos del cada vez más útil y preciso informe del PNUD.
el ascenso del Sur. Hay un Sur renaciente, especialmente notorio en China e India, donde el progreso del desarrollo humano es evidente, un crecimiento sostenido sólido hasta ahora, y perspectivas de reducción de la pobreza alentadoras, que hoy conviven con un Norte en crisis, donde las políticas de austeridad y la consecuente ausencia de crecimiento económico mantienen a millones de personas en el desempleo, mientras los viejos pactos sociales se desmoronan.
Pero también hay problemas muy profundos, compartidos por el Norte y el Sur. Lo peor: la creciente desigualdad en casi todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados
que amenaza la recuperación mundial y la sostenibilidad del progreso futuro.
El Norte requiere cada vez más del Sur; el Sur continúa necesitando del Norte. Un número aún pequeño pero creciente de países del Sur van en ascenso, pero la desigualdad creciente, tanto en el Norte como en el Sur, amenaza el futuro de todos.
Uno de los capítulos más notables del informe es el que muestra los cálculos sobre cuánto pierde el índice de desarrollo humano (IDH) por la desigualdad en sus tres componentes de educación, vida larga y saludable, e ingresos; esa corrosiva fuerza polariza a las sociedades, hace crecer el odio a su interior, desgarra la gobernabilidad, destruye los lazos humanos de solidaridad, y derruye las bases del crecimiento.
En la inmensa mayoría de los países la tasa de crecimiento del IDH ha venido cayendo por el efecto adverso de la desigualdad en sus tres componentes y por el impacto de la crisis.
Los noruegos son el mejor ejemplo del mundo. Salvo en un año que ocupó el tercer lugar, en todos los demás años, desde que se elabora el IDH, ocupan el primer lugar, de 180 países incluidos en el informe. Noruega mantiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo a la par que sostienen uno de los coeficientes de Gini (que mide precisamente la desigualdad) más bajos del planeta.
He tomado sólo cuatro países, muy distintos entre sí, dos desarrollados y dos latinoamericanos, para hacer algunas comparaciones: Noruega, Estados Unidos, Chile y México.
El IDH de Noruega es 0.955; si este índice se pondera por la desigualdad global (la que toma en cuenta los tres componentes), se convierte en 0.894. Si sólo se pondera por la desigualdad en esperanza de vida, se vuelve 0.928; si se pondera por la desigualdad en educación, sube a 968 (mostrando el alto y creciente nivel educativo de la sociedad), y si se le pondera por la desigualdad en ingresos per cápita, cae a 0.797 (lo que muestra la desigualdad en la distribución de los efectos de la crisis). En Noruega el 10 por ciento más rico del país es 3.9 veces mayor que el 10 por ciento más pobre. Su coeficiente de Gini es 0.258.
El IDH de Estados Unidos es 0.937; ocupa el tercer lugar (el segundo es Australia). Ponderado por la desigualdad global es 0.821. Ponderado por la desigualdad en esperanza de vida es 0.863; ponderado por la desigualdad educativa es 0.941, y ponderado por la desigualdad de ingresos cae hasta 0.681. En este país el 10 por ciento más rico es 8.4 veces mayor que el 10 por ciento más pobre. Hoy sabemos que el decil de los más ricos, a su vez, es acentuadamente desigual. Su coeficiente de Gini es 0.408, increíblemente cercano al de México. Un país, en efecto, fuertemente polarizado.
El IDH de Chile es 0.819. Ocupa el lugar 40. Su IDH ponderado por la desigualdad global se vuelve 0.664. Si se pondera por la desigualdad de esperanza de vida, es de 0.871. Si se lo hace por la desigualdad educativa, su IDH es de 0.689, y si se pondera por la desigualdad de ingreso, cae a 0.488. En Chile el 10 por ciento más rico es 13.5 veces mayor que el 10 por ciento más pobre. Su coeficiente de Gini es 0.521. Uno de los países más desiguales de América Latina, superado en desigualdad sólo por Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay y Guatemala.
El IDH de México es 0.775 y ocupa el lugar 61. Ponderado por la desigualdad global es de 0.593; ponderado por la desigualdad de esperanza de vida sube a 0.801; ponderado por la desigualdad educativa cae hasta 0.564, y si se pondera por la desigualdad de ingresos se hunde hasta 0.463. El 10 por ciento más rico es 11.3 veces que el 10 por ciento más pobre. Su coeficiente de Gini es 0.483. Es clara la pésima distribución del ingreso, muy vinculada a la fuerte desigualdad educativa.
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
Descabezamiento-Magú 
La difusión del conocimiento científico como política pública
Javier Flores
Difundir el conocimiento científico entre la población es una de las tareas de la mayor importancia para nuestro país. México se caracteriza por bajos niveles educativos, como lo han mostrado reiteradamente las evaluaciones internacionales, y posibilidades restringidas en amplios sectores de la población para acceder a la educación formal. A esto habría que sumar un escaso número de instituciones científicas y de investigadores en relación con el tamaño de la población y de la economía.
La democratización de este conocimiento tiene efectos positivos muy variados que se traducen en el mejoramiento de la calidad de vida pues, por ejemplo, una persona informada en el campo de biomedicina puede actuar, mucho mejor que alguien que no lo está, en la prevención de las enfermedades, cuestionar o intervenir en los tratamientos médicos y en su caso en la rehabilitación, lo que garantiza una vida más saludable para ella y su familia. También puede entender mucho mejor los problemas relacionados con el abastecimiento del agua y los efectos del cambio climático y participar activamente en el cuidado y preservación del medio ambiente, entre muchos otros temas, además de disfrutar del placer que brinda el conocimiento.
Una sociedad informada sobre las formas de proceder y los resultados de la investigación científica, está mejor capacitada para participar activamente en la toma de decisiones sobre los temas que afectan su vida y su país, a partir de opiniones sustentadas en criterios objetivos y racionales, despojadas de prejuicios y dogmas.
Estas son algunas de las razones por las cuales, incluir a la difusión del conocimiento dentro de las prioridades en las políticas públicas de ciencia y tecnología, tiene hoy especial importancia para México.
Por ello cobra relevancia el proyecto de decreto aprobado recientemente por el Senado de la República por el que se reformaría la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al cual me referí en este mismo espacio la semana pasada, pues es un primer paso en la dirección apuntada. No voy a repetir cosas a las que ya hice referencia en ese texto, sino agregar otras que han surgido de preguntas que han formulado algunos colegas y amigos sobre este tema.
Una reforma como la citada tendría efectos muy importantes sobre las actividades del Conacyt, pues este organismo concentra aproximadamente 40 por ciento del gasto nacional en ciencia y tecnología y es el ejecutor de las políticas públicas en esta materia. La modificación legal plantea que ese consejo deberá emprender acciones que promuevan y fortalezcan la divulgación científica entre los investigadores y las organizaciones de la sociedad civil (como las academias y sociedades científicas, por ejemplo). Lo anterior abre interrogantes sobre las formas para orientar el trabajo de los científicos hacia la divulgación, lo que justifica la pregunta sobre posibles modificaciones en el Sistema Nacional de Investigadores, para dotar de un mayor peso a la difusión del conocimiento entre sus criterios de evaluación, por ejemplo.
Entre los efectos potenciales de la reforma, (que hoy se encuentra bajo el escrutinio de los diputados), también se encuentra la asignación de fondos para promover y fortalecer la divulgación científica. En este sentido dar mayor importancia a esta tarea, no sería algo oneroso, pues si bien sería necesario destinar partidas a la difusión de la ciencia, no serían de la magnitud que se requiere para los proyectos científicos y tecnológicos vistos en conjunto. En otras palabras, divulgar la ciencia no cuesta lo mismo que armar un colisionador de hadrones. Una idea que puede ayudar en este objetivo, sería destinar un porcentaje de los apoyos que otorga este organismo para que los destinatarios de los mismos los empleen de manera obligatoria a la divulgación de sus propios resultados entre la sociedad.
Esta reforma puede tener efectos muy positivos para el país, pues llevaría a todas las instituciones de educación e investigación a valorar esta tarea y reconocer además el importante papel que desempeñan los profesionales en la divulgación de la ciencia y la tecnología.
La reforma podría dar la impresión de que con ella se obliga al Conacyt a algo que a lo mejor no quiere. Pero esto no es así. Tanto el director general de este organismo, como algunos de sus más altos funcionarios se han manifestado por este propósito. De hecho, desde su toma de posesión, el doctor Enrique Cabrero manifestó su propósito de avanzar hacia una sociedad del conocimiento y entre sus colaboradores más cercanos, me consta, hay personas convencidas de la importancia de la divulgación de la ciencia que han sido incansables promotores de la misma, lo cual es totalmente coherente, pues si no ¿cómo transformar a México en una sociedad del conocimiento... sin la sociedad?
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
Los yaquis en la defensa de sus recursos hídricos
Magdalena Gómez
Están por cumplirse tres años de la activa resistencia yaqui y de organizaciones civiles contra la construcción, en el estado de Sonora, del denominado Acueducto Independencia, el cual se decidió edificar sin respetar siquiera el derecho a la consulta previa, libre e informada y les ocasionaría un grave daño porque desviaría hacia el mismo el agua de la cuenca del río Yaqui, que por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río les fuera otorgado desde 1937.
La etnografía de este caso incluye cuestiones que parecen increíbles, como la petición al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de un peritaje para acreditar que los pueblos de Vícam y Pótam son indígenas. Por supuesto, el INAH les dio amplias evidencias sobre su origen ancestral y sus prácticas actuales ligadas a su identidad. En su momento, el segundo gobernador de Vícam, Tomás Rojo Valencia, señaló:
No necesitamos una marca que nos identifique como yaquis, ni siquiera tenemos una vestimenta tradicional. Llevamos en la sangre el ser yaqui, lo vivimos y lo convivimos. En este conflicto el gobierno de Sonora y el federal actuaron de la mano; incluso Felipe Calderón acudió el año pasado a la obra, que no se ha detenido, para reiterar que es para el bien de las y los habitantes de Hermosillo, Sonora.
En ese muy complejo contexto, el pasado 8 de mayo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó una sentencia emitida por el juzgado 10 de distrito en Sonora en favor de la tribu yaqui, en específico promovido por los cargos del gobierno tradicional del pueblo de Vícam, primera cabecera de los ocho pueblos integrantes de dicha tribu. En consecuencia la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat (Dgira), a quien le fue reclamado en juicio de amparo la manifestación de impacto ambiental (MIA) emitida el 23 de febrero de 2011 para la construcción del referido proyecto denominado Acueducto Independencia, en el estado de Sonora deberá
otorgar la audiencia correspondiente a miembros de la etnia yaqui para manifestarse sobre el tema(sic). Por supuesto, estamos hablando del derecho a la consulta que tiene componentes que rebasan a una mera garantía de audiencia. Habrá que ver cómo se procede en Semarnat pues de inmediato se emitió un comunicado señalando que acatará la resolución de la Corte: “La Dgira dará estricto cumplimiento a los efectos de la sentencia dictada el día de hoy. (Comunicado de prensa 108/13, México, DF, 8 de mayo de 2013.)
En Sonora, por su parte, fuentes oficiales declararon que la obra no se suspende porque la resolución, dicen,
FUENTE: LA JORNADA
no es contra el gobierno del estado. Estamos ante un triunfo jurídico más no exento de complejidad y sin visos de que pueda ser ejecutado de manera coherente.La ley general de equilibrio ecológico no regula el derecho a la consulta para pueblos indígenas, la Constitución tampoco, según hemos señalado en otros momentos. Su ley les mandata poner el expediente de la MIA “a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona, también, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública, para lo cual publicará en su Gaceta la solicitud de autorización de la obra y el promovente pagará un extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa y en conclusión
la secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado(artículo 34 de la ley referida): es poco probable que observemos un ejercicio de aplicación de los tratados internacionales, si la finalidad de la consulta de buena fe debe buscar la construcción de un acuerdo, ello en condiciones de hechos
casi consumados. Es positiva la confirmación de la Corte al amparo otorgado, para ello tuvo que asumir el interés jurídico representado por las autoridades tradicionales yaquis, las cuales seguirán luchando para seguir siendo pueblo.
FUENTE: LA JORNADA
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