Astillero
Días de maestros
PpM: Segob adjunta
BC y las cesiones
¿Jóvenes sin esperanza?
Julio Hernández López
CUMBRE MUNDIAL DE LEGISLADORES EN 2014. El Congreso de México y Globe International firmaron un convenio para la celebración de la segunda Cumbre Mundial de Legisladores, la cual se realizará en nuestro país en junio de 2014 y busca acuerdos para amortiguar los impactos del cambio climático. En la imagen los legisladores Francisco Arroyo Vieyra y Ernesto Cordero Arroyo, junto con John Gummer y Adam Matthews, presidente y secretario general de Globe International,respectivamente
Foto Guillermo Sologuren
El optimismo reformista de la actual administración federal se ha topado en el terreno de lo educativo con una resistencia regional (Guerrero, Oaxaca y Michoacán, sobre todo) que muestra la distancia enorme (y los riesgos de inviabilidad) de los proyectos modernizadores elaborados y aprobados desde la centralidad presuntamente modernizadora y la realidad ríspida, añosa, inmanejable en términos meramente estadísticos.
Peña Nieto se ha querido adjudicar en términos épicos la caída de una lideresa de papel, Elba Esther Gordillo, asentada en un endeble pedestal de corrupción y abusos, pero ello no significará el fin de los vicios acumulados en un sindicalismo oficialista que había sido invariablemente útil al sistema priísta hasta que la comisionada en turno entró en conflicto con su partido de origen, creó otro y pretendió convertirse en negociadora por sí misma frente al cesarismo restaurado. La reforma educativa y sus nuevos mecanismos de control y promociones devolverán los hilos del manejo laboral y político a las manos priístas, reintegrarán al inventario de tres colores las brigadas electorales de profesores, permitirán el ingreso de empresarios interesados en el negocio de la educación y abrirán las aulas a la presencia religiosa prometida por EPN a la cúpula vaticana que en reciprocidad le ha apoyado en momentos electorales y ahora en el ejercicio del poder.
Con un sindicalismo mayoritario maniatado y encomendado al gris sucesor de Gordillo, el jalisciense Juan Díaz de la Torre, la resistencia a la reforma educativa ha quedado en el campo de los movimientos regionales no alineados a los poderes públicos ni al PRI, específicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg). A pesar de que en varias ocasiones las manifestaciones de protesta han incluido actos delictivos, el gobierno peñista ha sostenido negociaciones mediante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en particular el subsecretario incrustado allí como cuña por el propio EPN, Luis Eduardo Miranda. Ahora las pláticas en busca de avenimiento han sido trasladadas ni más ni menos que a la mesa del Pacto por México, abiertamente convertida en una prolongación del ejercicio de gobierno, una especie de secretaría alterna de Gobernación que mediante el uso convalidatorio de membretes partidistas crea percepciones unitarias para que se deslicen sin problema los propósitos del jefe Peña Nieto.
Mañana, en la celebración tradicional del Día del Maestro, la fuerza de esos movimientos regionales habrá de manifestarse. Muchos de los profesores en lucha provienen de una realidad de miseria e injusticia que se mantiene en un ciclo negativo, pues tales condiciones generan atraso educativo y estancamiento social. Esos profesores saben que detrás de la fachada supuestamente amable de la reforma educativa no hay un proyecto de reivindicación social, sino de pragmatismo laboral y realineamiento político. Ya se verá adónde llega ese diferendo.
En el proceso de reconstrucción nostálgica del salinismo, Baja California vuelve a estar en la gaveta de los expedientes electorales con tufo a negociación. Allí arrancaron los entendimientos del PAN con Los Pinos a cargo de Carlos Salinas de Gortari para ceder posiciones de poder a la oposición derechista decidida a recibir posiciones ejecutivas a cambio de “legitimar de facto” a quien era acusado de haberse hecho de la Presidencia de la República mediante un fraude. La priísta Margarita Ortega Villa fue enviada en 1989 como candidata destinada a perder, frente al panista Ernesto Ruffo Appel, quien así abrió la puerta a la camada de gobernadores de blanco y azul provenientes no solamente ni en todos los casos de una votación popular favorable a la oposición y cansada del priísmo, sino específicamente de la voluntad presidencial que creaba las condiciones (candidatos priístas débiles, sin apoyo económico ni político desde el centro, por ejemplo) para que el PAN triunfara en lugares predeterminados.
La acelerada consolidación de Gustavo Madero como defensor y promotor de Enrique Peña Nieto y en especial del Pacto por México ha incrementado las versiones de que a cambio de esa apasionada entrega el panismo conservará la simbólica gubernatura de Baja California. No le será difícil a EPN reconocer una derrota de Fernando Castro Trenti, pues este candidato proviene del equipo de Manlio Fabio Beltrones y no goza del aprecio del Grupo Atlacomulco, que mucho hubiera peleado si el aspirante hubiese sido Jorge Hank Rhon, quien sintomáticamente se ha negado a dar un apoyo verdadero a Castro Trenti.
Montserrat Gali Flores ha comentado, a propósito de la columna relacionada con el movimiento #YoSoy132: “es cierto que la gente vuelve a tener miedo en el país y más ahora con la manera de resolver los problemas del ‘nuevo PRI’. La gente está harta, pero ya se manifestaron, ya se encueraron, ya se plantaron días en el Zócalo (claro movimientos serios, porque hay otros pagados) y nadie hace nada. Qué poder de convocatoria podría haber, con toda razón mencionada por usted, después del primero de diciembre de 2012 (...) Qué esperanza tienen esos jóvenes que están estudiando, si no hay empleos, y muchos al no tener cabida en la universidades públicas adquieren una deuda en ‘becas crédito’ que tienen que seguir pagando cuando salen, si sus padres no se las pagan completas; si la educación pública y privada está para llorar; si los sueldos son una miseria (menos para los políticos y algunos empresarios); si todo sube cada semana (los alimentos, los servicios malos y caros); si es que estás en el empleo formal has de pagar impuestos (que nadie te condona y hasta la cárcel vas a dar) y si ahora más que nunca los extranjeros ocupan puestos de trabajo en todos lados y hasta la posibilidad de comprar playas van a tener”.
Y, mientras el Popo muestra disminución de su actividad, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Poniéndose al corriente-Hernández 
¿Y Calderón?
Pedro Miguel
La condena por genocidio que cayó el viernes pasado en Guatemala sobre el general Efraín Ríos Montt –emblema del sadismo cuartelario contrainsurgente que azotó a América Latina en los años 70 y 80 del siglo pasado en el contexto mundial de la guerra fría– fue recibida en México con esperanza y con renovada simpatía hacia las víctimas de las dictaduras militares en el país vecino. No era para menos porque es un acto de justicia y de civilización, y porque abre un boquete histórico en las paredes de la impunidad y sienta un precedente para castigar a los muchos otros asesinos de masas que se han encaramado, de la forma que sea, en el poder.
Sin duda, Ríos Montt y Calderón Hinojosa son individuos y casos muy distintos. Por ejemplo, el primero se graduó en la tristemente célebre Escuela de las Américas, donde maestros ex nazis y torturadores instruían a aspirantes a gorilas, mientras el segundo estudió en la Escuela Libre de Derecho. El guatemalteco llegó a la jefatura de Estado por medio de un cuartelazo; el michoacano fue impuesto mediante fraude electoral.
Ríos Montt sólo pudo sostenerse 15 meses en el poder y Calderón logró terminar los seis años de su espuriato. El general se desenvolvió como engranaje de la política anticomunista de Washington, que pasaba por el exterminio de poblaciones indígenas en Guatemala, y el abogado hizo de ejecutor de la estrategia estadunidense
contra(es decir, por) las drogas, que en la administración anterior llevó a la tumba a decenas de miles de mexicanos. Para la Casa Blanca el segundo fue un aliado más sumiso que el primero.
Por lo demás, uno y otro experimentaron, en algún momento de sus respectivos mandatos, una suerte de llamado divino, y da la impresión de que se creyeron instrumentos de Dios en la lucha contra el mal en el mundo. Ninguno de ellos fue capaz de avanzar un milímetro por el camino de la rectificación y menos aún por el de la contrición. Ahora el primero está preso y el segundo está en Harvard.
Pero quédese Ríos Montt en su celda del cuartel de Matamoros, en la ciudad de Guatemala, y vayamos con Calderón. De entre los malos presidentes que ha padecido México de 1988 en adelante, es él quien más claramente encaja en el perfil de genocida. En numerosas ocasiones, el michoacano y sus colaboradores inmediatos manifestaron su determinación de acabar por los medios que fuera (matándolos, por ejemplo, o alentado que
se mataran entre ellos) con
los criminales, y particularmente, con los individuos involucrados en el narcotráfico.
Esto no es un propósito sino un despropósito, delictivo por donde se le vea, por cuanto la tarea constitucional de la autoridad no es matar infractores sino perseguirlos, detenerlos y presentarlos ante un juez.
El problema no es sólo que la estrategia aplicada por Calderón haya tenido una concepción criminal sino también que se proyectó a un grupo conformado por entre medio millón y varios millones de mexicanos, dependiendo cómo se delimite el universo de la
delincuencia organizada. Es decir, el calderonato planeó –y ejecutó, hasta donde le fue posible– el exterminio de presuntos infractores y le pareció razonable pagar por ello un costo de vidas inocentes, esas a las que se denominó
bajas colaterales; a la postre, fueron una proporción mucho mayor a
nueve de cada diezde los caídos, si no es que la mayoría. Y en estricto sentido jurídico, todos los muertos de la guerra calderonista son muertos inocentes porque no tuvieron la oportunidad de desvirtuar acusaciones formales ante un tribunal.
Cuántos muertos hacen un genocidio. Qué cantidad de objetivos humanos conforma un proyecto genocida. Bien: entre 2006 y 2012 se aplicó en México uno que buscaba suprimir a uno de cada 200 habitantes, por lo menos.
No va a ser fácil, sin duda, forzar el tránsito de Calderón de su cátedra de Harvard a una rejilla de prácticas. La consumación de la hazaña social, en el caso de Ríos Montt tomó treinta años. La respuesta depende, en buena medida, de la determinación con la que los ofendidos digan (cómo no recordar a Roque Dalton):
es mi turno.
Twitter: @Navegaciones
Ex funcionarios protegidos-Rocha 
No hay comentarios:
Publicar un comentario