Guatemala: sentencia de gran calado
La sentencia de 80 años de prisión dictada el viernes en Guatemala por un tribunal de mayor riesgo en contra de Efraín Ríos Montt, uno de los gobernantes más sanguinarios en el ciclo de dictaduras militares que padeció esa nación vecina en el siglo pasado, es sin duda histórica y así fue calificada en este espacio.
Otros ordenamientos del tribunal son: que el gobierno presente una iniciativa de ley para proclamar el 23 de marzo (fecha del golpe de Estado que entronizó a Ríos Montt) como Día Nacional contra el Genocidio; que incluya en los programas educativos temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y que lleve a cabo un programa de difusión de la sentencia comentada en los medios informativos.
Aunque los magistrados dejaron en claro que la condena emitida el viernes no es en contra del Estado, sino contra un individuo que lo encabezó, debe garantizarse el cumplimiento de los mecanismos adecuados de reparación del daño.
Más allá de las delimitaciones legales de la sentencia, ésta ha adquirido una evidente carga simbólica en la que el ex dictador representa al régimen militar impuesto por la Casa Blanca en 1954 y que durante las siguientes cuatro décadas, con fachadas democráticas o no, con elecciones o por medio de golpes de Estado, con el concurso furtivo o abierto de los círculos del poder en Washington, implantó en Guatemala un régimen oligárquico, racista y genocida.
El tribunal ha llegado hasta donde podía en su tarea de impartir justicia. Corresponde ahora a la sociedad guatemalteca defender ese fallo histórico y contener la furia que la sentencia ha desatado entre los propietarios del país, que siguen siendo, en buena medida, oligarcas de la vieja estirpe y militares y políticos enriquecidos en el servicio público. Porque todo mundo sabe que han sufrido una derrota jurídica sin precedente, por más que la sentencia contra Ríos Montt sea la culminación de un proceso legal en contra de un solo individuo.
Tan cerca y tan lejos
Sergio Ramírez
Siempre oí decir que el término América Latina había sido una invención francesa incubada en los tiempos del expansionismo imperial de Napoleón III, quien ambicionaba tanto una sucursal de su imperio en México como un canal interoceánico a través de Nicaragua, cuyo trazo él mismo diseñó. Pero en verdad, aquella denominación que hasta hoy día nos identifica resulta ser la obra de emigrantes latinoamericanos que nunca han faltado en París.
Fue entonces cuando en uno de los ardientes discursos de aquella noche en París, el chileno Francisco Bilbao habló por primera vez de
la raza latinoamericana, para oponerla a la raza anglosajona de Estados Unidos, que se había apropiado del nombre de América.
Ganamos una identidad con base en una confrontación, más que gracias a un catálogo de valores comunes, o a la existencia de instituciones firmes y bien definidas, entre cuartelazos, asonadas y guerras civiles. Y esta misma identidad defensiva, que alimentó las luchas ideológicas a lo largo de la guerra fría, con el tiempo ha llegado a volverse retórica, y subsiste como bandera de combate para lo que ha dado en llamarse el nuevo socialismo, o bolivarianismo.
Estamos ya muy lejos del siglo XIX, y lejos de los años de la guerra fría, cuando Estados Unidos se alineó contra la insurgencia guerrillera y respaldó sin condiciones a las dictaduras de derecha. Su política respecto de América Latina, sin atención al color ideológico de los gobiernos, se basa hoy en la cooperación para enfrentar el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo. Ninguna de sus coordenadas estratégicas pasa por el reclamo de la democracia institucional y el respeto a los derechos humanos, y abre un espacio de convivencia con gobiernos de corte autoritario, lo que podríamos llamar autocracias electas, pese a la retórica confrontativa.
Las fronteras económicas se abren, el mundo se ha vuelto global, las hegemonías bipolares, o únicas, se han derrumbado, empezando por la de Estados Unidos, y cada vez más nos damos cuenta de que nuestra pretensión de identidad latinoamericana, en un territorio de vastos confines, además de defensiva, fue siempre más ideológica que otra cosa; y esos sustentos ideológicos fueron hijos del pensamiento europeo. He allí el primer gran vínculo entre América Latina y Europa.
Las ideas europeas que alimentaron nuestra independencia circulaban de contrabando, por peligrosas. Eran exóticas, y sus símbolos también lo eran. El gorro frigio se quedó hasta hoy día en los escudos de armas de las nuevas repúblicas, desde Argentina, hasta Bolivia, Colombia, Cuba, Haití, El Salvador, y Nicaragua, un emblema persistente de la libertad tantas veces malversada. Y las ideas europeas que definieron el Estado moderno en el siglo XIX y se asentaron en las nuevas constituciones, siguieron siendo exóticas por mucho tiempo, y en no pocos sentidos lo son aún: imperio de la ley, balance de poderes, gobiernos republicanos y democráticos.
Al hablar de la relación entre Europa y América Latina, salta de por medio una asimetría democrática. En muchos sentidos, seguimos siendo decimonónicos porque la institucionalidad no ha progresado lo suficiente, y es fácil que debajo de las pretensiones de modernidad surja siempre la figura autoritaria del caudillo. Tenemos gobiernos más o menos democráticos, basados en concepciones ideológicas diferentes, no en reglas institucionales identificables. De esta manera hemos entrado en el siglo XXI, y no creo que podamos apartarnos a corto plazo de semejante perspectiva.
En un ensayo de 1986 sobre democracia en América Latina, Albert Hirschman sostenía algo que sigue siendo válido hoy, y es que nuestra cultura política se basa en el hecho de
tener opiniones fuertes y preconcebidas sobre casi cualquier cosa, es decir, el síndrome autoritario que a su vez pretende la unanimidad del criterio social, lo que es una forma de exclusión que necesariamente castiga la disidencia.
La democracia, dice el mismo Hirschman, no se sostiene necesariamente en la prosperidad. Debe sobrevivir aun en situación de pobreza, o de crisis, como es el reto hoy mismo en Europa, en países como Grecia, Chipre, España y Portugal; las instituciones democráticas no sólo deben permanecer incólumes ante la crisis, sino que deben guiarla hasta su solución.
Pero la propuesta contraria, prosperidad sin democracia, viene a ser un desafío peligroso. Si China, cuya presencia en el ámbito económico latinoamericano es cada vez mayor, en cuanto a abastecedor de mercancías, comprador de materias primas e inversionista, representa un modelo económico exitoso, con un régimen autoritario y cerrado, la pregunta tentadora viene a ser: ¿por qué apegarse al modelo democrático europeo, si el modelo chino demuestra que el liderazgo autocrático rinde tan buenos frutos para llevar adelante proyectos de largo plazo? Es una pregunta tentadora para nuestros caudillos de nuevo cuño, dispuestos a relegirse sin término.
América Latina, a pesar de que crece económicamente en estos años recientes, no termina de resolver el asunto de la institucionalidad democrática, como se ve en no pocos de nuestros países, y eso es ya en sí mismo una crisis. El autoritarismo es la marca de esa crisis. Y del otro lado está también la crisis europea, que no sólo es financiera. Josep Ramoneda habla de
una crisis sistémica del capitalismo, de dimensiones económicas, políticas, sociales y morales.
Las crisis traen consigo riesgos, pero también la oportunidad de que nazcan ideas renovadoras de cambio, desafiando los viejos paradigmas que apuntan siempre hacia el pasado.
La ventanilla única: problema latente
Jorge Carrillo Olea
Un anuncio hecho en la visita de Barack Obama fue que habría una ventanilla única del gobierno mexicano para atender a las muchas organizaciones de inteligencia. Es de suponerse que no sólo las de Estados Unidos (EU), que se vinculan con temas delictivos mexicanos. Es un tema delicado, siempre eludido en lo formal y, por ende, nunca suficientemente determinado, aun ahora con ese inespecífico anuncio.
Sin reglas de operación más, las cosas devinieron en una muy grave crisis en junio de 1992, a raíz del secuestro del doctor Álvarez Machaín en territorio mexicano por agentes de la DEA. Se le señalaba como supuesto cómplice en el asesinato de un agente de la misma corporación. Siguieron su increíble sometimiento a un juez estadunidense, la posterior legitimación del acto por la Suprema Corte de Justicia de EU y la consecuente negativa a la repatriación hacia México. Nuestro gobierno se vio obligado a buscar y obtener la solidaridad internacional ante gobiernos amigos y organismos multilaterales. De nada sirvió.
A raíz de ello, el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, propuso expulsar del país a los agentes de la DEA. La decisión, de tomarse en un extremo tan agudo como el planteado por Solana, habría llevado a otros graves conflictos. Se hizo menos áspera y más eficiente al fijar a la DEA, vía Diario Oficial, un conjunto de reglas destinadas a: no reconocerles el carácter de personal consular que habían tenido; fijar el número máximo de agentes en treinta y seis, fijarlos a sólo ocho ciudades determinadas, delimitar sus capacidades, prohibirles el uso de armas, prohibirles participar en operativos y otras lindezas.
El procurador de Justicia de EU alertó que si se mantenían esas reglas, lo que más le molestaría a su gobierno sería que se sentara un precedente y amenazó:
El Congreso de EU recibirá un mal mensaje en momentos en que se requiere todo su apoyo para la aprobación del TLC. (Esas reglas desatendidas posteriormente no han sido formalmente derogadas.)
La determinación de Enrique Peña de centralizar las relaciones en materia de cooperación anticriminen por una sola ventanilla es una medida políticamente efectista que seguramente satisfizo a los que siempre ven en la relación con EU alguna paja. Políticamente tiene un efecto positivo que en el sentido de la práctica no compensa a los negativos. Las cosas no marcharán por varias razones:
1. Estados Unidos declaró que su comunidad de inteligencia no funciona de esa manera. No están diseñados así, de modo que se asume respetuosamente la determinación de México como una decisión soberana pero no vinculante.
2. Por décadas las corporaciones mexicanas han mantenido –sobre todo con Calderón– relaciones de cooperación con sus contrapartes, hay toda una cultura de relación. Éstas han sido razonablemente efectivas y también acarreado graves deformaciones, inconvenientes que habría que corregir. Romper esa inercia no solamente es difícil, sino arriesgado para la efectividad.
3. La Secretaría de Gobernación, en cuanto su titular, está sobrecargada con temas que están en plena ebullición: política interior, seguridad pública, la producción de su propia inteligencia estratégica y ahora esta responsabilidad, además de muchas e inusuales actividades externas del secretario que le toman mucho de su poco tiempo.
4. La característica básica de la explotación (uso) de la inteligencia es la oportunidad de su empleo. La ventanilla única es un obstáculo.
5. La dirección de la inteligencia fija como regla el
intercambio horizontalde ella o sea interpares, tesis a la que la decisión vertical de Peña se opone.
6. Más aún: para poder ir adelante no se especificaron las reglas de operación o sea las condiciones de importancia, selectividad, calidad, volumen, prioridad y seguridad de la información a manejar, así como los actores facultados para operar la tal ventanilla.
Queda así explícito que la situación fijada por la parte mexicana será sencillamente inatendible y tremendamente inoperante, a pesar de las vocaciones de disciplina y buenas voluntades de sus ejecutores. La parte estadunidense, que se declaró respetuosa, pero no vinculada a la decisión de Peña, tratará hasta de buena fe de hacer viable la decisión mexicana, pero sabe que no será así.
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