LAS MAS DEL 14 DE MAYO DE LA PORTADA EN LA JORNADA INTERNET

Advierte que los snacks desplazan a la comida tradicional

OPS: la situación alimentaria

 de México, de alarma

Alrededor de 50% de lo que se consume son productos procesados

Subraya que trasnacionales producen alimentos chatarra adictivos

La cruzada contra el hambre, mal pensada, dice asesor del organismo

Productos procesados, 50% de los artículos que compran los habitantes

México entra en emergencia alimentaria, afirman en la OPS

En sólo 20 años ha sido remplazada la comida tradicional; en aumento, consumo de botanas

Censuran expertos que fabricantes de productos chatarra participen en cruzada contra el hambre

Área de comida rápida del centro comercial Parque Delta, ubicado en el Distrito FederalFoto Francisco Olvera

Angélica Enciso L.

 

Periódico La Jornada
Martes 14 de mayo de 2013, p. 37

En México se vive una situación de alarma alimentaria. Se comen demasiados snacks (botanas) y en sólo 20 años se ha remplazado la comida tradicional, advirtió Enrique Jacoby, asesor regional sobre alimentación saludable y vida activa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Cincuenta por ciento de lo que consumen los mexicanos son productos procesados y las trasnacionales que fabrican alimentos chatarra, abundantes en grasa, sal y azúcar, son un mal referente sobre lo que hay que hacer con una población que padece inseguridad alimentaria, afirmó en referencia a la participación de empresas como Nestlé y Pepsico en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En entrevista, tras su participación en el Foro internacional sobre políticas de combate a la obesidad, organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria, sostuvo: Los productos de esas empresas son los que no quisiéramos que circularan con la libertad y facilidades que lo hacen, a precios accesibles. No son industrias de alimentos, sino de productos procesados. Los alimentos se producen en el campo. Estas empresas elaboran productos de alta adicción. Su alto contenido de azúcar produce la gran cantidad de enfermedades del corazón y diabetes que hemos detectado. Es como dejar que el gallinero lo cuide el zorro.

Sobrepeso y obesidad, por consumo de productos chatarra

Añadió: Lo más contundente es que esa población, a la que se considera en inseguridad alimentaria, tiene tasas de obesidad y sobrepeso similares a las del resto del país. Sufren problemas de obesidad por esos productos. Ahora, van a ir las mismas empresas y van a quintuplicar las tasas de obesidad. Suena a que no ha sido pensado muy bien.

Aseguró que la población sabe comer productos saludables, como frijol, tortilla, algún animal. No hay que ir a enseñarles sobre alimentación, hay que darles protección para que no coman cualquier cosa. Los productos procesados son eso: cualquier cosa.

Indicó que los países tienen el derecho a defender su tradición culinaria, por lo cual deben implantar medidas fuertes. Las tradiciones deben tener apoyo de las secretarías de Educación y Agricultura, así como de otras instituciones. Se deben juntar y crear las condiciones para que se coma bien. En México tiene 20 años la entrada de productos chatarra. La alimentación tradicional es milenaria. Dejar que desaparezca es un crimen.

La situación en México “es de alarma. Se ve la rapidez con que se puede desarmar la salud y la infraestructura de una buena alimentación. Los primeros esfuerzos se han dado. Hubo un acuerdo de salud alimentaria, un poco débil porque no ha tenido mecanismos regulatorios, recursos, transparencia. México está en emergencia seria. Casi la mitad de lo que compran las personas son alimentos procesados. Es posible que la gente coma snacks todo el día, demasiada azúcar y grasas”.

En el foro, Juan Rivera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, sostuvo que en los pasados 50 años la obesidad y el sobrepeso han modificado la constitución física de las personas, las cuales tienen ahora más grasa, por lo que se debe cambiar el entorno, la disponibilidad de alimentos y bebidas, así como modificar el marco regulatorio para evitar que siga creciendo esta epidemia, que afecta a siete de cada 10 adultos y tres de cada 10 niños.

En su participación, Eduardo Jaramillo Navarrete, director de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, anunció que próximamente el presidente Enrique Peña Nieto presentará la Estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, la cual será una política pública integral de prevención, promoción de la salud y de atención médica de acceso efectivo a servicios a la salud. También contempla aspectos importantes de política pública, que tienen que ver con la regulación sanitaria de la publicidad y con el etiquetado de alimentos.

 

Recabó durante dos meses los registros de llamadas

A la luz, espionaje del gobierno de
EU a la agencia Ap

Intrusión sin precedentes, se queja la firma ante al procurador Holder

Una nota sobre conjura frustrada de Al Qaeda, posible raíz del asunto

La gestión de Obama, la que más ha perseguido filtraciones a medios

Intrusión sin precedente, acusa el jefe ejecutivo de la agencia y exige la devolución

Gobierno de EU obtiene registros telefónicos de reporteros y editores de Ap

La Casa Blanca rehúsa explicar; posible vínculo con una nota sobre conjura fallida de Al Qaeda

El presidente y jefe ejecutivo de la agencia de noticias , Gary Pruitt, escribió una carta de protesta al procurador general estadunidense, Eric Holder (en imagen de archivo), por la obtención de registros telefónicos de personal de la agencia y le solicitó, entre otras cosas, la destrucción de todas las copiasFoto Ap

Mark Sherman

Ap

Periódico La Jornada
Martes 14 de mayo de 2013, p. 23

Washington, 13 de mayo.

El Departamento de Justicia obtuvo en secreto dos meses de registros telefónicos de reporteros y editores de The Associated Press, en lo que el jefe ejecutivo de la cooperativa de noticias llamó una intrusión en masa y sin precedente en la forma en que las organizaciones noticiosas recaban información.

Los registros obtenidos por el Departamento de Justicia enlistan llamadas de salida a los números personales y oficiales de reporteros individuales; a números de oficinas de Ap en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut, y al número principal de Ap en la galería de prensa de la Cámara de Representantes, según abogados de la agencia. No está claro si también incluyen llamadas entrantes o la duración de las mismas.

En total, el gobierno se apropió de registros de más de 20 líneas telefónicas separadas, asignadas a Ap y sus periodistas en abril y mayo de 2012. No se conoce el número exacto de periodistas que usaron las líneas en ese lapso, pero más de 100 trabajan en las oficinas cuyos registros telefónicos fueron capturados, en una amplia variedad de noticias acerca del gobierno y otros asuntos.

En una carta de protesta enviada este lunes al procurador general estadunidense, Eric Holder, el presidente y jefe ejecutivo de Ap, Gary Pruitt, señaló que el gobierno buscó y obtuvo información mucho más allá de cualquier asunto que pudiera tener justificación para una investigación específica. Exigió la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias.

Injustificable: directivo

No pude haber justificación posible para semejante colección de llamadas telefónicas de The Associated Press y sus reporteros. Estas grabaciones potencialmente revelan comunicaciones con fuentes confidenciales a lo largo de todas las actividades emprendidas por Ap para obtener noticias durante un periodo de dos meses, proporcionan un mapa de ruta de las operaciones de recopilación de noticias de Ap y revelan información acerca de las actividades y operaciones de la agencia que el gobierno no tiene ningún derecho concebible de conocer, sostuvo Pruitt.

El gobierno rehúsa informar por qué buscó esos registros. Anteriormente funcionarios han dicho en testimonios públicos que el procurador estadunidense en el área de Washington lleva a cabo una investigación criminal acerca de quién pudo haber proporcionado información contenida en una nota de Ap del 7 de mayo de 2012, referente a una conjura terrorista frustrada. La nota reveló detalles de una operación de la CIA en Yemen que en la primavera de 2012 detuvo un complot de Al Qaeda que intentaba detonar una bomba en un avión en ruta hacia Estados Unidos.

En un testimonio rendido en febrero, el director de la CIA, John Brennan, aseveró que la FBI lo había interrogado para saber si él fue la fuente de la nota de Ap, lo cual negó. Expresó que la filtración de información a los medios acerca de la conjura terrorista fue una revelación no autorizada y peligrosa de información clasificada.

Ya antes fiscales han intentado obtener registros de llamadas telefónicas de reporteros, pero la captura de registros de una red tan amplia de oficinas de Ap, entre ellas números de conmutadores generales y de una línea de fax compartida por toda una oficina, se sale de lo común.

En la carta de notificación a la Ap, que se recibió el viernes pasado, el Departamento de Justicia no ofreció explicación alguna por la captura, según indica la carta de Pruitt y abogados de la agencia. Se presume que las grabaciones se obtuvieron de compañías telefónicas en meses anteriores de este año, aunque la carta del gobierno no lo explica. Ninguna información proporcionada por el gobierno a Ap sugirió que se escucharan las grabaciones en sí mismas.

Entre aquellos cuyos números telefónicos fueron obtenidos figuran cinco reporteros y un editor que participaron en la nota del 7 de mayo de 2012.

El gobierno de Obama ha investigado con energía revelaciones de información clasificada a los medios y ha entablado seis demandas contra personas sospechosas de proporcionar información clasificada, más que en los periodos de todos los presidentes previos combinados.

Darrell Issa, representante republicano de California y presidente del comité de supervisión y reforma gubernamental de la Cámara, declaró a CNN: Tenían obligación de agotar todas las formas de obtener la información, antes que interferir con la libertad de prensa.

El senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presidente del comité judicial del Senado, sostuvo en una declaración por correo electrónico: “La carga siempre está del lado del gobierno cuando busca información privada, en especial información relacionada con la prensa o con sus fuentes confidenciales… En vista de ello, me preocupa que el gobierno no haya asumido esa carga. Estas acusaciones me mortifican mucho y quiero oír la explicación del gobierno”.

La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) expresó que el uso de requerimientos para una franja tan amplia de registros tiene un efecto escalofriante tanto sobre los periodistas como sobre quienes dentro de las instituciones quieren revelar fechorías del gobierno. El procurador debe explicar las acciones del Departamento de Justicia al público, para que podamos estar seguros de que estas intimidaciones a la prensa no vuelvan a ocurrir, manifestó Laura Murphy, directora de la oficina legislativa de la ACLU.

Reglas publicadas por el Departamento de Justicia ordenan que los requerimientos de registros de organizaciones de noticias sean aprobados en persona por el procurador general, pero no se sabe si esto ocurrió en este caso. La carta que notifica a Ap que sus registros telefónicos fueron obtenidos mediante requerimientos fue enviada el viernes pasado por Ronald Machen, procurador de Estados Unidos en el área de Washington.

William Miller, vocero de Machen, dijo este lunes que en general el procurador observa todas las leyes, reglamentaciones federales y políticas del Departamento de Justicia aplicables al girar requerimientos de registros de noticias de organizaciones mediáticas. Pero no respondió preguntas acerca de cuestiones específicas de los registros de Ap. No hacemos comentarios sobre investigaciones criminales en curso, declaró por correo electrónico.

El Departamento de Justicia tiene reglas estrictas en relación con los esfuerzos por obtener registros telefónicos de organizaciones de noticias. Según esas normas, sólo se puede considerar un requerimiento si se han hecho todos los intentos razonables por obtener esa misma información de otras fuentes. No está claro qué otros pasos, en total, pudo haber dado el departamento para obtener información sobre este caso.

Un requerimiento a los medios debe ser redactado en la forma más restringida posible y dirigido a información relevante relativa a un asunto limitado, y debe abarcar un periodo razonablemente restringido, de acuerdo con las reglas.

La razón de estas restricciones, dice el departamento, es evitar acciones que pudieran obstruir la función de recabar noticias, porque el gobierno reconoce que la libertad de prensa no puede ser más amplia que la libertad de los reporteros de investigar y reportar las noticias.

Normalmente las organizaciones de noticias son notificadas por anticipado de que el gobierno quiere registros telefónicos, y entran en negociaciones acerca de la información deseada. En este caso, sin embargo, el gobierno citó en su carta a Ap una excepción a esas reglas, según la cual la notificación previa puede obviarse si, en palabras de la excepción, ello pudiera representar una amenaza sustancial a la integridad de la investigación.

No se sabe si un juez o un gran jurado firmaron los requerimientos.

La nota de Ap del 7 de mayo de 2012, que reveló detalles de la operación de la CIA en Yemen para detener un complot de plantar una bomba en un avión de línea, ocurrió alrededor del primer aniversario de la muerte de Osama Bin Laden, el 2 de mayo de 2011.

El complot era significativo tanto por su gravedad como porque la Casa Blanca había dicho al público anteriormente que no tenía información creíble de que organizaciones terroristas, incluida Al Qaeda, maquinaran ataques en Estados Unidos en coincidencia con el aniversario de la muerte de Bin Laden.

Ap retrasó la divulgación de la nota a solicitud de funcionarios que dijeron que pondría en riesgo la seguridad nacional. Una vez que los funcionarios dijeron que esas inquietudes se habían apaciguado, Ap reveló la conjura, aunque el gobierno continuó pidiendo que se detuviera hasta que pudiera hacer un anuncio oficial.

La nota del 7 de mayo fue escrita por los reporteros Matt Apuzzo y Adam Goldman, con aportaciones de los reporteros Kimberly Dozier, Eileen Sullivan y Alan Fram. Ellos y su editor, Ted Bridis, estuvieron entre los reporteros cuyos registros telefónicos de abril-mayo de 2012 fueron obtenidos por el gobierno.

Brennan presentó un testimonio escrito al Senado acerca de la nota de Ap y de la investigación. “La irresponsable y dañina filtración de información clasificada fue hecha… cuando alguien informó a The Associated Press que el gobierno de Estados Unidos había interceptado un IED (siglas en inglés de dispositivo explosivo improvisado) que supuestamente sería usado en un ataque y que el gobierno tenía ese IED en su poder y lo analizaba”, escribió.

También defendió la decisión de la Casa Blanca de discutir la conjura posteriormente. Una vez que alguien filtró información sobre la captura del IED y de que éste estaba en nuestro poder, era imperativo informar al pueblo estadunidense, conforme a la política del gobierno, que jamás hubo peligro alguno para el pueblo asociado a esa conjura de Al Qaeda, declaró Brennan a los senadores.

© 2013 The Associated Press

Traducción: Jorge Anaya

Simulacro antiterrorista en el DF, con apoyo de EU

En el Instituto de Formación Policial, integrantes del grupo Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizaron una demostración ante una eventual amenaza o ataque terrorista 

Foto Jesús Villaseca

Capacita EU a policías del DF contra actos de terrorismo

El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, saludó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, durante la clausura de los cursos de operaciones químicas, biológicas, radiológicas y nucleares que personal de la agencia de antiterrorismo de ese país impartió en el Instituto de Formación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública capitalinaFoto Jesús Villaseca

Alejandro Cruz

 

Periódico La Jornada
Martes 14 de mayo de 2013, p. 33

La agencia de antiterrorismo de Estados Unidos capacitó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) para enfrentar eventuales amenazas o ataques con armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares.

Al clausurar el curso, que recibieron 25 agentes, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que la ciudad de México es la primera entidad del país en recibir este tipo de instrucción, y aunque, afirmó, en la capital mexicana no hay amenazas terroristas, destacó que es necesario capacitar a la corporación ante cualquier eventualidad.

No estamos hablando de amenazas terroristas, simplemente le da mayor capacidad de respuesta (a la policía). El entrenamiento va dirigido a un cuerpo de élite de la secretaría, que es el grupo Fuerza de Tarea, y obviamente yo creo que tiene que estar preparado para todo, dijo.

En la ceremonia de clausura se hizo una demostración sobre el protocolo de actuación, en el que se utilizó un equipo donado por la embajada del vecino país del norte para afrontar este tipo eventualidades, el embajador Anthony Wayne señaló que con ese adiestramiento y los instrumentos entregados a la SSPDF se da un paso para contrarrestar el terrorismo y salvaguardar la seguridad de las dos naciones.

El jefe de la policía capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, señaló que el propósito de este curso es fortalecer la capacidad de respuesta de la secretaría, mediante el adiestramiento de grupos operativos de respuesta inmediata ante ataques o amenazas que impliquen materiales químicos, biológicos, radiológicos o nucleares.

Precisó que aun cuando no se han registrado en México problemas de esa índole, este tipo de capacitación coloca a la policía del Distrito Federal a la vanguardia en el país.

El embajador estadunidense destacó que desde 2009 su país implementa este programa de asistencia en antiterrorismo en otras naciones. Puso énfasis en la donación de un remolque con todo el equipo, el cual mejorará la capacidad de la ciudad de México para responder a agresiones químicas o biológicas.

Agregó que la ciudad de México es una de las grandes metrópolis del mundo y si podemos ofrecer un poco de capacitación que podría ser útil, es de nuestro interés como vecinos y también para mí y mis colegas como residentes.

 

Suma Maduro a más de 3 mil militares contra el crimen

El presidente venezolano lanzó ayer la Misión Patria Segura, plan de seguridad pública que incorpora a las fuerzas armadas en los patrullajes. Las tropas fueron desplegadas en Caracas y el estado Miranda, bastión del opositor Henrique Capriles. El mandatario presentó el programa en la Universidad Militar Bolivariana, en Fuerte Tiuna. La estrategia se extenderá a los 79 municipios de más alto índice delictivo 

Foto Afp

 

 

Se concreta la venta de Globovisión; la línea editorial se llevará hacia el centro: directivo

Maduro lanza la Misión Patria Segura en los 79 municipios más violentos de Venezuela

Elementos de las fuerzas armadas de Venezuela, ayer en Caracas, poco antes de su despliegue en zonas del país con problemas de criminalidad, como el estado de Miranda, gobernado por el opositor Henrique CaprilesFoto Afp

Xinhua y Afp

 

Periódico La Jornada
Martes 14 de mayo de 2013, p. 22

Caracas, 13 de mayo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó hoy la Misión Patria Segura, nuevo plan de seguridad pública que incorpora en los patrullajes callejeros a las fuerzas armadas, que fueron desplegadas en el gran Caracas y el estado de Miranda, bastión opositor gobernado por el ex candidato presidencial Henrique Capriles.

Maduro presentó el nuevo programa –que ya había anunciado el lunes de la semana pasada– durante un acto en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana, en Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de la Defensa, en la capital.

En la ceremonia, el presidente admitió que el problema más importante que enfrenta Venezuela es la criminalidad y añadió que el plan, que calificó de especial, en un principio cubrirá los 79 municipios con más alto índice delictivo.

Maduro, quien recordó que 86 por ciento de los homicidios y hechos criminales y violentos del país se concentra en 79 de los 335 municipios del país, insistió en que una de las causas de los elevados índices de violencia es la cultura del consumismo y el culto a las armas que se difunde por televisión. Por ello, llamó a los dueños de las televisoras del país a que cese el festín de la muerte que han impuesto por amarillismo y dijo que no va a permitir más series violentas.

La estrategia del nuevo plan comenzó en la capital con la instalación de 500 puntos de control y el patrullaje de más de tres mil elementos de las fuerzas armadas, indicó en el acto el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez.

A la operación, que de manera paralela se desplegó también en el estado de Miranda, vecino de Caracas, se suman otros mil 600 oficiales de la Guardia Nacional y 9 mil policías.

El operativo también abarcará a las zonas más violentas como Catia, El Valle, Antímano y el Recreo, sostuvo Rodríguez, quien agregó que el próximo lunes 20 de mayo el plan se expandirá a los estados Carabobo, Lara y Zulia, en el centro y oeste del país.

En los últimos 14 años el gobierno venezolano ha aplicado al menos 20 planes de seguridad, sin que hasta la fecha se hayan podido frenar los índices de criminalidad. El nuevo plan fue anunciado desde la semana pasada por Maduro y confirmado la víspera en su cuenta de Twitter.

El operativo sustituye al programa gubernamental de seguridad Misión a Toda Vida Venezuela que lanzó el 20 de junio del año pasado el entonces presidente Hugo Chávez quien comentó en aquella ocasión que 2011 fue el año más violento en la historia venezolana con 19 mil 336 personas asesinadas y una tasa de homicidios de 48 por cada cien mil habitantes, en un país con 28.9 millones de personas.

Por otra parte, este lunes se concretó la venta del canal de noticias venezolano Globovisión, que se ha caracterizado por la línea opositora al chavismo.

Ya se cerró la venta del canal, se informó en la página de Internet de la televisora al citar palabras del vicepresidente del canal, Carlos Zuloaga, durante una reunión con empleados.

En el encuentro, Leopoldo Castillo, uno de los nuevos directores, periodista del canal y conductor del programa Aló ciudadano, anunció la decisión de llevar la línea editorial hacia el centro de forma gradual para no perder audiencia ni anunciantes.