Derrotas de la barbarie
El dato más relevante de la muerte de Jorge Rafael Videla, acaecida ayer en el penal de Marco Paz, provincia de Buenos Aires, es que ésta ocurrió en un momento en que el ex dictador cumplía una condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la última dictadura argentina (1976-1983), y con el telón de fondo del proceso de justicia histórica que se desarrolla en aquel país, luego de la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, con las cuales se amparó la impunidad de los militares golpistas que asesinaron a más de 30 mil argentinos, hicieron desaparecer sus cadáveres, se robaron a los hijos de éstos e impusieron el terror, la crueldad extrema y la violencia a todo el país.
El fallecimiento del octogenario líder militar representa un contrapunto a la impunidad con que otros dictadores de la región concluyeron sus días. El caso paradigmático es el del chileno Augusto Pinochet, quien, pese a haberse colocado en la antesala de los tribunales en varias ocasiones, murió sin ver concluidos los procesos judiciales en su contra por homicidio, desapariciones forzadas, tortura y enriquecimiento inexplicable.
Además, resulta significativo que la muerte de Videla ocurra con pocos días de diferencia del fallo judicial en contra de otros de los representantes emblemáticos de las satrapías que ensangrentaron el subcontinente en los años 70 y 80 del siglo pasado: el guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien a sus 86 años fue condenado a 80 de prisión por genocidio.
El hecho de que los dos tiranos hayan sido juzgados y sentenciados a edades avanzadas es un indicador adicional de la dificultad que enfrentan las sociedades latinoamericanas para esclarecer y castigar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares: en efecto, las estructuras de impunidad con que los gorilas latinoamericanos cubrieron sus espaldas tras el restablecimiento de las democracias formales en sus respectivos países, en conjunto con el envejecimiento y el deterioro natural de la salud de los dictadores, hace que las acusaciones, las pesquisas y los procesos judiciales en su contra terminen por volverse carreras contra el tiempo entre la justicia y la impunidad.
Es esperanzador que, al menos en dos casos –Videla y Ríos Montt–, la balanza se haya inclinado hacia la primera de esas caras, no sólo porque siempre será preferible que la justicia llegue tarde a que no llegue nunca, sino porque ello da cuenta de un avance civilizatorio, así sea parcial, en las instituciones regionales y de un paso indispensable para la construcción de una convivencia civilizada y una reconciliación social en sus respectivas naciones.
Por último, es necesario que lo que se inició con las sentencias contra Videla y Ríos Montt aliente los esfuerzos de las poblaciones por hacer justicia, presionar a sus gobiernos e instituciones para que actúen en ese sentido y subsanar, de esa forma, las heridas de las décadas sangrientas que padeció la región. Si tal perspectiva llega a realizarse, los meses que corren serán recordados como un punto de quiebre en los afanes sociales por hacer justicia, impedir la disolución de la memoria histórica y derrotar a la barbarie.
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
¿Y qué fue del 15-M?
Marcos Roitman Rosenmann
Han pasado dos años desde la emergencia del 15-M en la vida política de España. Satanizado por unos, ensalzado por otros, no sobran las interpretaciones academicistas para definir a quienes integran la plataforma, porque el 15-M es una plataforma para la acción, mucho más que acampasol o las convocatorias en plazas, universidades o centros de actividad ciudadana. Si esa fuese la medida para comprender y valorar el 15-M, la respuesta inclinaría la balanza hacia un pesimismo ramplón. La realidad desmiente tópicos.
Durante el periodo constituyente del 15M engrosaron sus filas académicos, personajes públicos e intelectuales inorgánicos. Ellos vitorearon y se sintieron rejuvenecer. Acudían a las asambleas, se presentaban a título personal, buscaban
asesorar, dar pautas y ganar protagonismo.
Salir en la foto.Como siempre, excepciones, baste señalar a José Luis Sampedro y muchos que siguen en la brecha de manera anónima, sin llamar la atención ni apropiarse de su historia. Los otros están cansados, se alejan, lo miran con desdén o directamente lo ignoran. Para no seguir bregando, justifican su alejamiento argumentando que el 15-M presenta claros síntomas de agotamiento, pérdida de horizonte político y autocomplacencia.
Bajo estos parámetros, podría decirse que el 15-M ha dejado de ser noticia. No ocupa la portada de los periódicos ni levanta pasiones. La derecha mediática los castiga y menosprecia, etiquetándolos de antisistema y proterroristas. Así provee al gobierno de los argumentos necesarios para desacreditarlos. Sus acciones apostillan, no tienen valor democrático y, por ende, son contrarias al orden constitucional. Sólo cabe aplicarles el código penal; su conducta es delictiva. Los miembros del 15-M han sido criminalizados, perseguidos, detenidos y padecido la violencia del Estado. Contra ellos se actúa sin miramientos. Cualquier excusa es buena para multarlos por alterar el orden público. Por ejemplo, manifestarse a las puertas de parlamentos regionales y ayuntamientos increpando a sus señorías por vivir de espaldas al sufrimiento de la ciudadanía. Alcaldes, concejales o diputados señalan que no los dejan vivir en paz, que les impiden el acceso a sus curules.
El gobierno del Partido Popular utiliza la estrategia de la descalificación, la mofa y el desprecio. El PSOE no ha llegado tan lejos, pero tampoco se queda atrás. Los tacha de idealistas,
chavalescon buenas intenciones, pero fuera de la realidad. En otras palabras, no tienen cabida en el escenario político de medio y largo plazos. Son testimoniales, presentan arrebatos coléricos y, aunque han tenido ideas, se dejan llevar por la pasión. Su emergencia, apuntan, está ligada a las políticas de austeridad, el desempleo, la corrupción y cierta pérdida de confianza en los partidos políticos y sindicatos. Una vez que la recesión se aleje, las aguas volverán a su cauce. Lentamente tenderá a desaparecer. En un futuro será efeméride de coyuntura.
Sin embargo, el 15-M se muestra testarudo. Ha llegado para quedarse. La plataforma se ha convertido en una escuela de hacer ciudadanía política. Más allá de las comisiones que lo integran y las asambleas, sus miembros son reconocidos por los colectivos que participan de las redes ciudadanas de resistencia. Se han acoplado e impulsan las luchas contra la privatización de la sanidad, la educación, el agua y las cajas de ahorro. Se convierten en una voz calificada para combatir las políticas involucionistas, como la futura ley del aborto y el ataque de la iglesia al Estado aconfesional y los derechos de gay y lesbianas. Son parte viva de los colectivos afectados por los recortes que han dejado sin prestaciones a los ancianos, a desempleados, migrantes sin papeles, estudiantes que abandonan sus estudios por falta de becas o familias sin techo, sin comida, sin vivienda, sin sanidad. Con propuestas concretas, su trabajo es respetado por los movimientos sociales populares de más larga data. Tienen presencia activa y nada testimonial en las asociaciones de barrio, vecinales y movimientos sociales. Se manifiestan en los escraches, los desahucios, en las aulas y centros de trabajo. Han logrado, sin transformase en un partido político u ONG, crear una estructura operativa capaz de abrir la acción política, hasta ahora restringida a partidos y sindicatos en el marco institucional. Convocan a charlas y debaten sobre la crisis del capitalismo y ecológica, las políticas de austeridad, el desempleo y el futuro de la juventud, las torturas en las cárceles y los centros de confinamiento para extranjeros. Se muestran solidarios con los procesos políticos de cambio, en especial con América Latina. Denuncian el genocidio del pueblo palestino, la esclavización de niños realizada por las grandes marcas de ropa en África y Asia. Son una escuela de aprendizaje ciudadano, de cooperación entre iguales. Sus acciones han logrado, en común con la plataforma contra los desahucios y otros colectivos, poner nervioso al poder y coordinar tareas en el marco de un proyecto y alternativa democrática. Se manifiestan testarudos en denunciar la corrupción política, la pérdida de derechos laborales, sociales y culturales de las clases trabajadoras, en una amplia acepción. No renuncian a llevar a cabo su programa fundacional de regenerar la vida política del país, cambiar la ley electoral, exigir transparencia en los mecanismos de financiamiento de los partidos, solicitar una vivienda digna, sanidad pública gratuita y universal, recuperar la memoria histórica, implementar una reforma fiscal que grave las grandes fortunas, reducir el gasto militar, recuperar la soberanía nacional frente a la troika, una educación laica, recuperar las empresas públicas privatizadas, la dación en pago. Son un verdadero peligro para el poder constituido y por eso se le combate en todos los frentes. Pero el 15-M persevera. No tendrá tanta visibilidad mediática ni se le llamará indignados para etiquetarlos. Ahora, con escasos dos años, es ya una plataforma con experiencia y vida propia. Gracias a su emergencia se han destapado las inconsistencias de una transición corrupta, las mentiras que protegían a la Corona y la escasa o ninguna dignidad de gran parte de la clase política ¡Qué más se puede pedir! Si que se disuelvan por destapar las vergüenzas del poder de arriba.
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
Canadá y la nueva visión de los vencidos mexicanos
José Carlos Ruiz Guadalajara*
En su célebre biografía de Gandhi, Louis Fischer resumió el concepto de libertad que orientó la acción no violenta del Mahatma: para que la Independencia de India fuera posible, era necesaria la transformación interior de los indios y su redención social a través del trabajo constructivo, único camino hacia la verdadera libertad política. Para Gandhi, la idea de que el dominio inglés sobre el Indostán se ejercía sólo por la espada era equivocada; los indios propiciaban su propia dominación y fortalecían con sus enfrentamientos la sujeción británica; la liberación comenzaba por el trabajo interno.
En 2007, por ejemplo, cuando el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier llevó sus protestas a Canadá, inversionistas y ciudadanos comunes expresaron lapidariamente que las empresas canadienses no eran responsables de que México fuera un país corrupto. De nada servía la exposición de documentos judiciales que probaban la ilegalidad de la operación de Minera San Xavier y la inexorable destrucción del entorno del Valle de San Luis Potosí. Para el grueso de los canadienses, si la empresa estaba trabajando era porque los mexicanos lo permitíamos. Tan sólo algunos parlamentarios se comprometieron a explorar la posibilidad de aplicar medidas para sancionar los abusos de sus mineras alrededor del mundo. Sin embargo, los canadienses no estaban alejados de la verdad: en buena medida el problema éramos nosotros. En la plaza central de San Luis, por ejemplo, una mujer indignada manifestó su repudio a la lucha contra San Xavier, argumentando que lo mejor era dejarla trabajar para evitar que
los indiosde Cerro de San Pedro se acercaran a robar en la ciudad. Un campesino afirmó que si los mexicanos no éramos capaces de sacar el oro, lo mejor era que vinieran los extranjeros.
Expresiones como estas fueron los primeros testimonios de una nueva y lamentable visión de los vencidos, donde mexicanos de todos los niveles participaron conscientemente en la pérdida de un pedazo del territorio nacional: desde ex gobernadores impunes hasta pobladores de San Pedro que persiguieron opositores; desde secretarios de Estado y jueces hasta presidentes del país que juraron lealtad al nuevo conquistador. El caso de Minera San Xavier es ya emblemático. Quien lo estudie podrá apreciar las estrategias que actualmente siguen Canadá y sus mineras para convencer a mexicanos de todo tipo de que la rápida e irreversible destrucción de la tierra, de que la desaparición del suelo y sus recursos bióticos, de que la desertificación del país, de que la destrucción de la comunidad y del patrimonio cultural, entre otras, son prácticas
de clase mundial,
sustentables,
responsablese
inteligentes.
En el paroxismo del absurdo y ante la violencia que generan con su efímera actividad a cielo abierto, las mineras canadienses invierten millones de dólares para autolegitimarse mediante la Responsabilidad Social Corporativa, una exitosa simulación perfectamente calculada. Con ella las mineras pretenden enarbolar la causa social, patrocinando organizaciones antimineras, donando generosas cantidades a universidades y centros de investigación, patrocinando festivales, ejerciendo falsa filantropía y un discurso de defensa del medio ambiente, entre otras acciones propagandísticas dirigidas a construir una percepción benigna de los corporativos y la criminalización de sus opositores.
No sólo comunidades se han entregado a la dominación aceptando promesas de mineras a cambio de sus terruños, también instituciones de prestigio mundial como la UNAM y la UAM han participado por diversas vías de dádivas legitimadoras. La falacia es tal, que una empresa como Goldcorp, responsable de daños ambientales en Guatemala y Honduras y culpable de despojo de tierras ejidales en Mazapil, Zacatecas, obtuvo por sexta ocasión la
distinciónde Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía, dependiente de la iniciativa privada.
La nueva conquista de México por la fiebre del oro disperso no es accidental. Desde 1990 el gobierno de Canadá, el Banco Mundial y miembros de la industria asesoraron a 14 gobiernos neoliberales, incluido el mexicano, para renovar sus leyes y crear las condiciones para imponer el nuevo modelo extractivo. Y si bien la conquista avanza por efecto de mexicanos que se entregan a la dominación, pobladores de diversas regiones no están dispuestos a hacer de sus historias un capítulo más de esta nueva visión de los vencidos. Ahora mismo en Oaxaca surge el Frente Único de Lucha, determinado a expulsar a las mineras para salvar el futuro de sus tierras; lo mismo sucede con el Movimiento Morelense y su decisión de impedir en Xochicalco el irracional proyecto de Esperanza Resources, empresa que presume
niveles de excelencia en sustentabilidad y ética corporativa. En palabras del historiador canadiense Daviken Studnicki-Gizbert, a los pueblos, comunidades y ciudadanos de América Latina les queda el poderoso recurso de una lucha seria, donde lo que está en juego es algo de un orden mucho más alto: nada menos que la defensa de sus tierras y la construcción de nuevas soberanías alrededor de ellas. En México la moneda sigue en el aire; veremos de qué están hechas sus nuevas cadenas.
* Investigador de El Colegio de San Luis, AC
FUENTE: LA JORNADA
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