Los de abajo
Los CCH y la reforma al sistema educativo
Gloria Muñoz Ramírez
La reforma al sistema educativo de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los convierte en escuelas centradas en la política del mercado, muy lejos del concepto original que promovía la formación de sujetos críticos y actuantes.
Lo que en su tiempo González Casanova definió como la creación de un motor permanente de innovación de la enseñanza universitaria y nacional,
el cual deberá ser complementado con esfuerzos sistemáticos que mejoren a lo largo de todo el proceso educativo nuestros sistemas de evaluación, de lo que enseñamos y de lo que aprenden los estudiantes, ha sido ya modificado. Los 12 puntos que sustentan la reforma al plan de estudios sólo oficializan una tendencia que viene de hace más de cinco años.
Uno de los puntos de la reforma, del que se han valido diversos medios para descalificar a sus críticos, es la reglamentación de la enseñanza de inglés durante los seis semestres. Los alumnos, sin embargo, señalan que no se trata de que
no quieren estudiar inglés. El problema, indican, es el autoritarismo, es que nadie pregunta a la comunidad universitaria qué quiere y se toman las decisiones desde arriba. “¿Por qué inglés y no otro idioma? ¿Por qué la enseñanza de un idioma a nivel técnico que sólo nos calificaría para trabajar en un call center? ¿Por qué no nos preguntan que necesitamos?”, son algunas de las preguntas que se hacen Pável y Andrea, del colectivo Revuelta.
Otro de los puntos se refiere a la obligatoriedad de la materia de Educación Física. Aquí, señalan,
el problema no es que no queramos hacer ejercicio, sino que no se preocupan del perfil del estudiante del CCH, que es de zonas marginadas y que antes de ponerlo a correr, hay que preguntarle si comió.
La reforma planteada, señalan miembros de la comunidad universitaria, no corresponde a las realidades de los cinco CCH, sino al deseo de cambiar el perfil del estudiantado haciendo a un lado a los alumnos sin recursos para dar preferencia a las clases medias.
Cada vez somos menos los hijos de obreros, maestros o gente del campo que podemos estudiar ahí. Lo que hay es una especie de limpieza de clase, advierten Andrea y Pável, activistas egresados de esa institución.
Hambruna en Somalia-Ahumada 
El descrédito de la evaluación docente
En el contexto de un foro sobre reformas educativas, encabezado por la nueva presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, el investigador Felipe Martínez Rizo –ex presidente de ese organismo– señaló que se requiere al menos de 10 años para implementar un modelo de valoración integral del magisterio que no dependa sólo de la aplicación de una prueba estandarizada, y añadió que la labor docente
no puede ser calificada con un examen teórico-pedagógico, y mucho menos si es de opción múltiple, porque determinar si un maestro es bueno o no es un proceso mucho más complejo, que demanda otros instrumentos como su desempeño en el aula.
no va a resolver los problemas, en alusión a la reforma educativa recientemente aprobada y promulgada que condiciona el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores en el sistema educativo a la aprobación de controles estandarizados.
Es revelador, por decir lo menos, que uno de los supuestos fundamentales de la referida reforma –la afirmación de que la evaluación docente es la panacea a los rezagos nacionales en el ámbito de la enseñanza– sea consistentemente cuestionado y desacreditado por académicos y especialistas en dicha materia. No menos significativo resulta que cuestionamientos como los referidos provengan de ex integrantes del INEE, organismo al que la mencionada modificación constitucional otorga la responsabilidad de diseñar y aplicar la evaluación docente.
La realidad es que, a contrapelo de los empeños gubernamentales y partidistas por presentarla como una solución casi milagrosa, la evaluación educativa en su configuración actual –de corte verticalista, basada en pruebas estandarizadas y en la entrega de estímulos económicos y/o de sanciones a los profesores– ha tenido ya suficiente tiempo para demostrar su ineficacia como instrumento de mejora en la calidad de la educación. Desde hace más de dos décadas la Secretaría de Educación Pública ha sometido a los estudiantes y a los maestros a distintos procesos de control de calidad de dudoso apego a las consideraciones pedagógicas más elementales, que en nada han ayudado a corregir los múltiples problemas socioeconómicos –pobreza, marginación, inequidad social– e institucionales –abandono presupuestario, opacidad, corrupción e ineficiencia en el manejo de recursos públicos– que convergen en el ámbito de la enseñanza.
La evidente tensión entre el supuesto fin de poner fin al atraso educativo y la pretensión de hacerlo mediante un modelo que no atiende a los distintos factores que originan ese fenómeno –antes al contrario, impide su atención y, por esa vía, los profundiza– hace inevitable sospechar que la motivación real de reformas como la mencionada –alineada con la agenda educativa de organismos internacionales como la OCDE– no pasa tanto por mejorar los ciclos de enseñanza sino por perfilarlos como instrumentos de estratificación social y por generar oportunidades de negocio para particulares.
Tal es, en suma, uno de los motivos principales del descontento magisterial que se ha venido expresando en semanas recientes en distintas entidades del país, por más que las autoridades y el poder mediático-empresarial se empeñen en presentar dicho descontento como producto de un rechazo irreductible a cualquier tipo de evaluación. Es pertinente, por último, que la actual dirigencia del INEE tome nota de los señalamientos críticos formulados por sus ex integrantes y por buena parte de los expertos en la materia, y corrija, en el ámbito de su competencia, el despropósito de un paradigma de escrutinio magisterial a todas luces desacreditado y caduco.
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
El único que lo extraña-Helguera 
La lucha por la tierra y el asesinato de Juan Vázquez Guzmán
Ricardo A. Lagunes Gasca*
La noche del 24 de abril, en el poblado Bachajón, municipio de Chilón, en la zona norte de Chiapas, ejecutaron en su domicilio a Juan Vázquez Guzmán, indígena tzeltal, de 32 años, defensor de derechos humanos, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del ejido San Sebastián Bachajón. Entre sus hermanos y hermanas, él era el Bankil (hermano mayor, en lengua tzeltal). Padre de dos pequeños niños, trabajaba en la milpa y en el cafetal en compañía de su papá. Su palabra tenía fuerza, su mirada y corazón estaban limpios de cualquier miedo a la adversidad por la defensa de su pueblo y territorio. Su sonrisa y sentido del humor contagiaba. Su entrega a la lucha por una vida digna y autónoma para su pueblo la sostuvo hasta su muerte.
de clase mundial.
El 2 de febrero de 2011, la represión se recrudeció en San Sebastián Bachajón. De acuerdo con las denuncias públicas de Juan, los adherentes a la Sexta fueron desalojados de la caseta de cobro por un grupo de civiles armados encabezados por Carmen Aguilar Gómez Primero y financiados por el entonces presidente estatal de la Fundación Chiapas Verde, Leonardo Guirao Aguilar, hoy presidente municipal de Chilón. El 3 de febrero, 117 ejidatarios de la Sexta fueron privados arbitrariamente de la libertad, como medida de presión para que entregaran las tierras ejidales de uso común que ya habían sido comprometidas por el comisariado ejidal oficialista en ese entonces, Francisco Guzmán Jiménez (alias Goyito). Los compañeros no se doblegaron y decidieron emprender la defensa legal de su territorio a través de la interposición del juicio de amparo 274/2011 ante el juez séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez en marzo de 2011. Vázquez Guzmán dio puntual seguimiento a este juicio y denunció la falta de imparcialidad e independencia de ese órgano jurisdiccional, desde la admisión hasta la sentencia definitiva que declaró improcedente la demanda después de dos años de trámite. Actualmente, se encuentra en curso el Amparo en Revisión 118/2013 ante el Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez.
Gracias a la solidaridad nacional e internacional, en julio de 2011 todos los presos políticos de Bachajón recluidos en Playas de Catazajá recuperaron su libertad. A finales de ese año, de manera selectiva detuvieron y torturaron a dos miembros activos de la organización, Antonio Estrada Estrada y Miguel Vázquez Deara, recluidos hasta la fecha en Playas de Catazajá y Ocosingo, respectivamente, imputándoles delitos fabricados de robo con violencia y delincuencia organizada. Juan también fue detenido sin orden de aprehensión la noche del 24 de diciembre de 2011, y pudo percatarse que Francisco Guzmán Jiménez estaba en la cárcel dando seguimiento a su detención. Fue liberado horas después sin documento legal alguno.
El 19 de junio de 2012, los ejidatarios de la Sexta intentaron recuperar el control de la superficie ejidal despojada, pero fueron desalojados por más de 800 policías; de acuerdo con las constancias del juicio de amparo 274/2011, ello se justificó con las medidas precautorias CEDH/VGOCO/MP/19/2012 emitidas por el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a petición de Francisco Guzmán Jiménez. Ante esto, Juan denunció en diversos momentos la complicidad del CEDH con el gobernador Juan Sabines Guerrero para garantizar el despojo simulando un
establecimiento del orden, en cumplimiento de una medida precautoria y presionando a su organización a suscribir los acuerdos de la
Mesa de Diálogo y Concertación para la Paz, lo que implicaba consentir la entrega definitiva de las tierras al gobierno a cambio de la liberación de los presos.
En este contexto luchó. La inoperancia del Poder Judicial de la Federación y la intervención de los tres niveles de gobierno para apropiarse de tierras y recursos naturales de este pueblo originario por medio de la violencia y la corrupción, en total inobservancia de los derechos de los pueblos indígenas, generaron las condiciones para su ejecución impune, un verdadero crimen de Estado.
Su ejemplo de vida es fuente de inspiración para sus compañeros y para quienes lo conocimos y caminamos junto a él. Bayel Jokolawal, compañero Juan.
*Abogado litigante y defensor de derechos humanos
Twitter: @defensalegalsur
FUENTE: LA JORNADA
Escuelas públicas y cuotas escolares
Enrique Calderón Alzati
El artículo tercero de la Constitución indica de manera clara y terminante que en nuestro país, la educación básica es un derecho para todos los niños mexicanos, señalando que ella debe ser obligatoria, gratuita, laica, es decir, exenta de toda enseñanza de carácter religioso y ser proporcionada obligatoriamente por el gobierno de la república.
En días pasados, en la columna de Enrique Galván, admirable columnista y analista de nuestro diario, se ha estado ventilando un punto relacionado con este tema, y de la mayor trascendencia para nuestro país, como todo lo que tiene que ver con la educación. La discusión está centrada en torno a las cuotas escolares, que en muchos planteles se vienen cobrando de tiempo atrás por varias razones, o pretextos según lo quiera uno ver.
Por un lado está la opinión de muchos padres de familia que se quejan de que esas cuotas son un abuso y se utilizan de manera incorrecta por los directivos de las escuelas para su beneficio personal. Me llamó la atención la respuesta del director de una escuela en Huatusco, Veracruz, que defiende las cuotas con argumentos que me parecen además de sensatos y totalmente realistas muy valientes, aunque ciertamente en desacuerdo con lo indicado por la Constitución. Lo que él indica es que esas cuotas son absolutamente necesarias, porque es con ellas con lo que se pueden mantener limpios los sanitarios y las instalaciones de las escuelas, así como comprar los materiales de consumo necesarios para su buen funcionamiento, incluyendo también en algunos casos, el pago de algún personal con el que las escuelas no cuentan.
De lo que este director está hablando es de un problema real, porque los recursos que debieran dedicarse a estos fines no llegan a las escuelas con mucha frecuencia, siendo desviados a otros menesteres que incluso nada tienen que ver con la educación y si bien, existen controles para que ello no suceda, las cadenas de distribución de esos materiales tienen muchos eslabones donde son desviados, por una razón o por otra, ello es un problema bastante generalizado en muchas entidades del país, incluyendo ciertamente a Veracruz. Para un director comprometido en dar un servicio digno y de buena calidad a sus profesores y estudiantes, la única opción real con la que cuenta es buscar el apoyo de los padres de familia.
En los comentarios al contenido de la columna, otro maestro lo objeta diciéndole al director que en lugar de hacer eso, él como director se debe unir a los plantones y las marchas organizadas por el sindicato, lo cual creo yo, difícilmente va a resolver el problema de esa escuela y de sus estudiantes, sirviendo seguramente más a otros fines de carácter totalmente político.
He comentado en esta columna de nuestro trabajo en escuelas de bachillerato, en donde la situación parece ser aun peor, porque hasta hace poco, la educación media superior no estaba incluida en el artículo tercero de la Constitución y si el gobierno federal y los gobiernos estatales han venido abriendo escuelas públicas, ello se ha debido en parte a los reclamos y presiones políticas de la población, más que a razones de carácter constitucional; con la reciente modificación que da a la educación media superior el carácter de obligatoria, las cuotas que actualmente reciben muchas escuelas públicas de este nivel para complementar sus raquíticos ingresos, entrarán a formar parte de esta polémica, con enormes riesgos para esas escuelas que, ya desde ahora, viven todo tipo de carencias.
En la actualidad, a diferencia de las escuelas de educación básica, la educación media superior pública es impartida y proporcionada por un conjunto de escuelas administradas por organismos que dependen y son coordinados por la Secretaria de Educación Pública, con varias modalidades de descentralización, (como el Colegio de Bachilleres, el Conalep y los Cecytes) mientras que otros dependen económicamente de los gobiernos estatales, y sus recursos provienen de las tesorerías de los estados; todo esto se ha traducido en enormes deficiencias y faltas de recursos para las escuelas, que tienen en las cuotas de los padres de familia las únicas posibilidades de funcionar, existiendo incluso modalidades en las que esas cuotas deben ser entregadas a las tesorerías estatales, sin que las escuelas puedan utilizarlas directamente, y sin recibir tampoco los recursos materiales que requieren con la oportunidad debida.
El problema es muy complejo y desde luego se resolvería en el momento que la promesa o compromiso del secretario de Educación, Emilio Chuayfet, de entregar a cada director de escuela los recursos financieros necesarios para la operación de esta, se haga realidad. Se trata ciertamente de una medida de gran importancia, incluida como parte de la reforma educativa propuesta por el gobierno federal, la cual rompe con el esquema centralista y primitivo que considera a los directores de las escuelas como personas no confiables para manejar esos limitados recursos con prudencia y honestidad para que su escuela opere en buenas condiciones.
Hoy la reforma educativa está siendo cuestionada por los maestros de escuela, por sus organizaciones sindicales e incluso por algunas autoridades educativas estatales, como una imposición inaceptable que viola algunos derechos laborales, al grado de llegar a las enormes movilizaciones que se están dando en algunos estados, desafortunadamente los escenarios parecen ser mas de fuerza, que de uso de la razón, en donde lo que debiera imponerse es la necesidad de mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, aunque ello implique nuevos esfuerzos para instrumentar los cambios en los métodos y los esquemas educativos, que hoy resultan inadecuados unos y aberrantes otros, como la herencia y el tráfico de plazas.
En este escenario el problema de las cuotas escolares es sólo uno de los incisos o propuestas del Ejecutivo, la cual me parece viable porque seguramente se trata de montos relativamente pequeños, y porque el mecanismo que se propone, se antoja totalmente viable por su simplicidad logística.
En lo personal, considero que sólo será cuando esto se haga realidad, que las cuotas de los padres de familia dejen de ser necesarias, mientras, ellas deben seguir siendo utilizadas, aun cuando no se cumpla con la Constitución, como sucede con casi todo lo que pasa en nuestro país.
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
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