Asegurar la seguridad
Luis Britto García *
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó ayer una mesa de trabajo y una asamblea con colectivos del estado de Miranda
Foto Xinhua
En el año 2012 el asesor de guerra sucia electoral J.J. Rendón aconsejó centrar la propaganda en un tema: la inseguridad. Los medios de comunicación opositores se dedicaron obsesivamente a reseñar crímenes horrendos y divulgar cifras de muertes violentas que confundían tendenciosamente homicidios y accidentes de tránsito o laborales. En el cierre de campaña electoral, el candidato opositor clamó: Que cese la violencia. La estrategia rindió dividendos, a pesar de que el estado que el candidato perdedor gobierna presenta los mayores índices de homicidios del país, seguidos por los de otros estados administrados por la oposición.
Repetidas veces señalamos que toda la campaña opositora se fundamenta en un trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas, mayo 2010), el cual no registra homicidios ni delitos reales, sino la percepción de una muestra de 5 mil 496 hogares o 16 mil 419 personas, cuyas respuestas se extrapolan como válidas para representar 28.946.101 venezolanos ¿Son las encuestas un método confiable para decidir cuestiones trascendentes y puntuales como quién será presidente de la república o el número de homicidios?
A juzgar por los resultados electorales, no. Y menos si sus métodos suscitan la sospecha y sus conclusiones el asombro. La página 67 de la encuesta del INE cuenta un total de delitos reportados de 21 mil 132 homicidios en 2009; la página 68 registra 19 mil 113 víctimas de ellos. ¿Cómo 21 mil 132 homicidios causan apenas 19 mil 113 víctimas? Sólo la matemática o la confusa categorización del INE podría explicarlo. La misma página afirma que de esos 19 mil 113 homicidios, 3 mil 151 nunca fueron denunciados ¿En qué cabeza entra que la sexta parte de crímenes tan graves y notorios como asesinatos no sea denunciada? ¿Y por qué sí se efectúa la denuncia ante el encuestador? La misma página 67 nos asigna una tasa de 75 mil 8 homicidios por 100 mil habitantes. ¿Es concebible que casi cuadrupliquemos los 22.7 de México y los 21 de Brasil y que dupliquemos ampliamente los 31.4 de Colombia, que un año antes presentaba el doble, 61 mil 7847 homicidios por cada 100 mil personas? ¿Si los tres miembros encuestados de una familia conocen un mismo homicidio, éste es registrado como un solo delito o como tres? ¿Y por qué la encuesta inquiere obsesivamente si las muertes son causadas por las FARC o por el ELN, o si el entrevistado desconfía de los tribunales venezolanos? ¿Trata de probar la aserción imperial de que Venezuela es la base de los rebeldes colombianos o de que nuestros tribunales deben ser suplantados por la Corte Interamericana de la OEA?
¿Esta supuesta percepción es veraz? En la investigación para Latinobarómetro La seguridad ciudadana: el problema principal de América Latina, Marta Lagos y Lucía Dammert afirman que cuando la opinión pública se recoge en estudios de opinión es un conglomerado de respuestas individuales que no tienen un ente articulador, es esencialmente miope, no tiene visión de futuro y refleja lo que el investigador pregunta.
Y añaden que hoy día en América Latina las crisis de representación y liderazgo le han entregado a las encuestas de opinión pública un rol y expectativas que no pueden cumplir. Ellas son vistas como sustitutas de liderazgos que nunca podrán cumplir, porque las encuestas de opinión recogen una visión estática y miope de la realidad. En todo caso, dicho estudio de Latinobarómetro, que utiliza datos de 2008, no deja tan mal parada a Venezuela. Inquirió de una muestra de ciudadanos de 20 países que calificaran, en una escala de 10, el nivel de violencia de su país. El promedio fue de 5.6; los países percibidos como más violentos resultaron, respectivamente, Guatemala, con siete; El Salvador, 6.4, Brasil, 6.3, y México, 6.2. Colombia está en el puesto seis. Los menos violentos resultaron Venezuela, Nicaragua y Chile, empatados en un puntaje de 4.8; Paraguay, 4.7; Ecuador, 4.6, y Uruguay, cuatro. El nuestro estaría en el cuarto rango de menos violento de la región.
¿Cómo se explican estas diferencias de encuesta a encuesta en la percepción de la inseguridad? Ocurre que no es lo mismo percepción que ocurrencia real de delitos. Eleazar Díaz Rangel señala en Últimas Noticias, del 16/11/2011, que en Venezuela 27 por ciento de los encuestados en 2010 dijo haber sido víctima de delitos, pero que 64 por ciento afirmó que la inseguridad es el primer problema: la percepción de la inseguridad superaba el número de delitos reales en 37 por ciento, y casi lo duplicaba, registrando la diferencia más alta de la región. Opina Díaz Rangel que la alianza de partidos de oposición y medios de comunicación explica esta diferencia. Urge entonces precisar y cuantificar la magnitud real y objetiva, y no la percepción del problema.
¿Y las cifras reales de homicidios?, se preguntará el lector. Inútilmente consultará los informes de la fiscalía: presentan sólo cifras totales de delitos, como si fueran lo mismo asesinatos que amenazas o arrebatones. Tampoco los informes de la Defensoría del Pueblo presentan cifras reales y particularizadas de homicidios. Grupo de Investigación Social Siglo XXI apunta que entre 1990 y 2000 la tasa promedio de delitos fue de mil 163.2 por 100 mil habitantes, y entre 2000 y 2008 disminuyó hasta 954.3, pero tampoco distingue entre tipos de delitos. Y en efecto, si nos referimos al número total de éstos y consultamos www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime-total-crimes,
encontramos que el país con mayor cantidad es Estados Unidos, con 11.878.218 crímenes, en una lista donde Venezuela apenas ocupa el puesto 34, con 236 mil 165 delitos. En el estudio Violencia interpersonal y percepción de la situación de seguridad ciudadana en Venezuela 2010, el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) afirma que 90.2 por ciento de los encuestados señalan la inseguridad como el principal problema a enfrentar en el país, seguido por el desempleo, alto costo de la vida, vialidad y escasez de alimentos, y que 82.9 por ciento de las personas siente que la inseguridad en el país ha aumentado, pero se basa en la citada encuesta de percepción del INE y en investigaciones hemerográficas que principalmente atestiguan la voluntad de los medios de exacerbar el pánico. Las mismas fuentes esgrimen todos los ensayos de la oposición sobre el tema. He consultado a altos funcionarios de los poderes públicos; ninguno me ha proporcionado cifras reales y fácticas de homicidios.
No es como para andar dependiendo de percepciones y subjetividades imprecisas en momentos cuando el poder real se gana o se pierde mediante campañas sobre la inseguridad. No podremos enfrentarla mientras el tema se reduzca a encuestas de percepción que alimentan el pánico mediático y a pánicos mediáticos que exacerban la percepción en las encuestas. Percepción no es lo mismo que victimización. Y esa percepción no refleja los consistentes esfuerzos del gobierno bolivariano en pro de la seguridad: abrupta disminución de los niveles de pobreza, creación de la Policía Nacional, instauración de una universidad nacional de la seguridad, incremento de la dotación y del personal de los cuerpos de orden público, campañas de eliminación de armas de fuego. Compilemos las cifras verdaderas, obremos en consecuencia y divulguemos eficazmente las medidas adoptadas para garantizar la paz y la vida. Encuestas certeras no aseguran la elección correcta, pero falsas encuestas pueden favorecer una elección equivocada.
PD: Según llevo anticipándolo hace años, la oposición demandará la anulación de las elecciones venezolanas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que siempre decide en favor de Estados Unidos. Realicé una larga campaña para que nos retiráramos de dicho organismo, hasta que todos los poderes públicos adoptaron dicha iniciativa. Pero gracias a una Gaveta Voraz que retrasó comunicar dicha decisión durante cinco meses, todavía está abierto el lapso de un año para que se introduzcan demandas contra la soberanía de nuestro país. Gracias, Gaveta Voraz, por favor concedido.
(*) Escritor venezolano, ganador del Premio Nacional de Literatura 2002 de ese país.
Aeroméxico presiona a la baja salarial
Arturo Alcalde Justiniani
¿Cree usted que es justo que una empresa pretenda reducir los salarios de sus trabajadores sólo porque sus competidores pagan menos? ¿Considera que una empresa financieramente sana tenga derecho a reducir en 60 por ciento el pago a sus trabajadores para tener más utilidades? ¿Es correcto que un patrón solicite al gobierno imponer salarios precarios a sus trabajadores sustituyendo la negociación colectiva?
Hoy, al cumplirse el plazo establecido en el convenio mencionado y cuando correspondía acatar el compromiso de revisar el Contrato Colectivo de Trabajo, Aeroméxico sorprende a los trabajadores, planteando otro conflicto colectivo de naturaleza económica, solicitando una brutal reducción de las condiciones generales de trabajo. Su intención es que el gobierno federal imponga la disminución y luego se inicien las pláticas de revisión contractual. Todo un absurdo, sólo explicable tratándose de una empresa que considera tener influencias de alto nivel para lograrlo.
El conflicto iniciado por Aeroméxico adquiere especial importancia porque pretende inaugurar una nueva política laboral, soslaya el espacio natural de la negociación colectiva que debería concluir el último día de este mes, busca convertir al Estado en verdugo de los trabajadores, esto es, presionando para que el árbitro opere abiertamente en la cancha patronal, a partir de un argumento central:
los salarios son altos porque afuera hay otros trabajadores que hacen lo mismo y cobran menos, de ahí que en su demanda plantee una comparación con los ingresos de los sobrecargos de las llamadas empresas de bajo costo como Interjet y Volaris, sin precisar que en ellas, efectivamente, se cubren salarios muy bajos gracias a los contratos de protección patronal existentes, a la nula representación sindical auténtica y al estado de indefensión de sus trabajadores.
Aeroméxico no acredita en su reclamo encontrarse en malas condiciones económicas; se trata de una empresa que está en pleno crecimiento y desarrollo, que tiene utilidades y que ha iniciado un gigantesco proceso de inversión. Desde 2009, instrumenta una estrategia corporativa mediante la cual traslada de la razón social Aerovías de México a otra de sus empresas, Aeroméxico Connect (Aerolitoral), recursos, vuelos y ganancias, presentando una falsa imagen de la condición financiera de Aerovías de México, susceptible de entender cabalmente sólo si se analiza de manera integral al Grupo Aeroméxico.
Es importante destacar que el juicio iniciado por Aeroméxico constituye además, como lo señala su sindicato, un chantaje que tiende por un lado a evitar la revisión del contrato colectivo comprometida y por el otro, a crear un modelo laboral distinto, de corte precario, mediante la reducción de 60 por ciento de las condiciones de trabajo, aplicable a los futuros trabajadores, que tiende a homologarse con los salarios miserables que reciben en Interjet y Volaris, y aunque la empresa lo oculte, también en Aeroméxico Connect, cuyos sobrecargos tienen también un sindicato blanco. Los gobiernos panistas, en su tiempo, promovieron este esquema diferenciado entre trabajadores en activo y futuros; los funcionarios encargados en ese entonces de la política laboral repetían cotidianamente sus argumentos para convencer a los sindicatos
¿Que importan los trabajadores futuros, total no tienen nombre ni apellido? Sálvate tú y deja que a los nuevos les cueste mejorar sus condiciones de trabajo. Alegaban incluso que, por tratarse de trabajadores de nuevo ingreso que aún no iniciaban su relación laboral, estaba en duda el derecho de los sindicatos para representarlos. Se pierde de vista que la estabilidad laboral de los trabajadores actuales depende en buena medida de los trabajadores futuros.
La pretensión de Aeroméxico no sólo carece de fundamentos financieros, jurídicos y éticos, también puede generar un serio impacto en sus operaciones aéreas. La profesión de sobrecargo no puede someterse a una competencia simple en el mercado; en esa lógica, todos los salarios tenderían a homologarse a los más bajos. Los sobrecargos, hombres y mujeres, desempeñan una profesión importante en las operaciones aéreas, su actividad no se reduce a otorgar servicios y alimentación a los pasajeros, son auxiliares clave en momentos de crisis y emergencia, corresponsables de la seguridad de los pasajeros; desempeñan una profesión de gran desgaste y agobio, por ello la duración de su vida profesional promedio es de ocho años. Están sujetos, además, a grandes exigencias y requieren de capacidades permanentes para conservar la licencia expedida por Aeronáutica Civil. Las jornadas que realizan se asignan según las necesidades de la empresa, conforme a una programación que suele cambiar, lo que impide al trabajador planear su vida personal y familiar. Llegan a volar hasta 20 días seguidos, lo cual afecta su equilibrio emocional, psicológico y físico, que deriva en múltiples incapacidades por estrés y depresión.
La negociación colectiva responsable informada y de buena fe es la llave para sostener relaciones laborales sanas, no la imposición de un modelo precario por la vía del Estado.
FUENTE: LA JORNADA
FUENTE: LA JORNADA
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